Elena Zaffaroni, Nilo Patiño y Matilde Severo, ayer, en el Ministerio de Defensa Nacional. Foto: Santiago Mazzarovich
Viejos conocidos
Familiares se reunió con Huidobro y denunció amenazas a abogados y antropólogos previas al robo al GIAF.
En diciembre de 2011, luego del hallazgo de los restos del maestro Julio Castro, asesinado por la dictadura cívico-militar, los antropólogos que integraban el grupo que trabajaba en ese momento en la búsqueda salían del Batallón Nº 14 cuando fueron interceptados por dos motos. Sus tripulantes los insultaron y amenazaron, y les exigieron que no continuaran con la investigación. En ese momento, los antropólogos no hicieron la denuncia porque no le dieron mayor importancia al hecho. Varios abogados querellantes en causas vinculadas a la última dictadura también han recibido amenazas. Estas situaciones fueron denunciadas ayer por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, en una reunión que mantuvieron, en la sede de la cartera, con el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro. Familiares pidió una reunión con los ministerios de Defensa y del Interior para denunciar estas amenazas, anteriores al robo cometido en el Grupo de Investigación en Arqueología Forense (GIAF) durante la Semana de Turismo en el que, además, se amenazó a los antropólogos.
Fernández Huidobro había declarado a Radio Nacional que el robo es “un hecho grave” y “no es de delincuentes comunes”. Ayer reiteró su preocupación por el hecho, pero dijo a Familiares que la investigación es del Ministerio del Interior.
“Para nosotros el mensaje es muy claro. Estamos seguros de que esto tiene que ver con el terrorismo de Estado, con gente vinculada a esa época, que trabaja en la inteligencia. Acá hubo un trabajo de inteligencia, lo que no es poca cosa, suponemos que puede haber una vinculación con militares”, dijo a la diaria Nilo Patiño, integrante de Familiares. Según contó Patiño, el ministro admitió durante la reunión que “hay un grupo de militares retirados que siguen activos” y que a algunos de ellos “los tienen identificados”, pero que “no los pueden investigar sólo por opinar” o por desarrollar actividades que no son ilícitas. En el mismo sentido se expresó el Ministerio del Interior: fuentes de esa cartera dijeron a la diaria que tienen identificados a militares retirados que realizan actividades de inteligencia, pero que la investigación sobre el robo la está llevando a cabo la Justicia y no corresponde que el ministerio proporcione nombres.
Por otra parte, el jerarca ofreció a Familiares la apertura de todos los archivos del ministerio. “Nosotros le reiteramos la resolución que adoptamos cuando él asumió, respecto de que nosotros consideramos inconveniente que él se mantenga en el cargo”, relató Patiño.
Con reserva
El juez penal de 4º Turno, Eduardo Pereyra, a cargo de la investigación por el robo en el GIAF, se reunirá hoy con el fiscal de Corte, Jorge Díaz, que le entregará datos del informe que elaboró la Dirección General de Información e Inteligencia Policial. Ayer no hubo indagatorias; el viernes sí declararon los nueve profesionales que trabajan en el GIAF, en calidad de indagados. También confirmó que serán convocados los responsables de Grupo Gamma.
“La empresa es una voz importante en todo esto, pero también hay otras”, se limitó a responder el magistrado.
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HOY está GARANTIZADA la impunidad.
Integrantes de Madres y Familiares Detenidos Desaparecidos se reunieron esta mañana con Huidobro y le brindaron más información respecto a amenazas sufridas por integrantes de los equipos de trabajo, incluso en la puerta de los predios militares como el Batallón 14. “A la salida del Batallón 14, cuando se sacaron los restos de Julio Castro, dos motos se acercaron a un auto que iba con antropólogos y los insultaron”, dijo el vocero de los Familiares, Nilo Patiño. En el robo perpetrado al GIAF en la Facultad de Humanidades, los arqueólogos recibieron una amenaza a través de un mapa en el que los delincuentes marcaron los lugares de residencia de cada uno de los profesionales. Familiares no había denunciado antes las amenazas sufridas, según dijeron, para no darle relevancia.
Bonomi dijo ayer que quienes cometieron este robo están vinculados a un pasado muy lamentable y el grupo Madres y Familiares Detenidos Desaparecidos sospecha de algunos militares retirados. La reunión transcurrió en un clima de “respeto” pero con “diferencias marcadas” y Familiares dejó en claro que no comparten la visión de Huidobro sobre la búsqueda de desaparecidos. De todas formas, se seguirán reuniendo mientras él siga siendo ministros. La organización se reunirá con Bonomi en los próximos días. Por su parte, el grupo Verdad y Justicia se reunirán con el rector de la Universidad de la República, Roberto Markarián, por el robo. El encuentro será mañana en el rectorado de la Udelar, según confirmó a Telenoche el integrante del grupo, Felipe Michelini. Michelini dijo que luego de la reunión se realizará un anuncio aunque no quiso adelantar detalles al respecto. Además, aseguró que en los primeros días de mayo se reunirán con el presidente, Tabaré Vázquez.
Hubieron mas amenazas
El vocero de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Nilo Patiño, aseguró que antes de lo ocurrido en la sede del Giaf hubo amenazas a antropólogos y abogados. Integrantes de la organización se reunieron este martes con el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, para analizar el tema del robo y amenaza al Grupo de Investigación de Antropología Forense (Giaf) y solicitarle que se investigue a fondo el caso. El vocero, Nilo Patiño, dijo a Informe Nacional que lo ocurrido en la Facultad de Humanidades destapó amenazas anteriores que no se habían hecho públicas, tanto a antropólogos en 2011, cuando trabajaban en el batallón 14 y encontraron los restos del maestro Julio Castro, como a abogados que trabajaron en casos posteriores. Patiño señaló que Huidobro se alineó con las expresiones del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, a quien Familiares también solicitó una entrevista.
Y aún no se abren los archivos
Integrantes del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ) serán recibidos este miércoles 6 de abril a las 11 horas por el rector de la Universidad de la República Roberto Markarian y el prorrector de Extensión y Relaciones con el Medio, Hugo Rodríguez. Durante el encuentro se analizarán los términos de un nuevo convenio de trabajo entre la Universidad y la Presidencia de la República para el estudio del pasado reciente. El GTVJ está integrado por Felipe Michelini (coordinador), Mario Cayota (coordinador alterno), Susana Andrade, Emilia Carlevaro, Macarena Gelman, Olimar Olivera, Pedro Sclofsky. Creado hace casi un año por el presidente Tabaré Vázquez, el grupo debe recopilar y sistematizar la información disponible en causas judiciales u otras investigaciones oficiales o extraofiales, además de «proponer al Poder Ejecutivo principios rectores y las medidas pertinentes a fin de asegurar la accesibilidad de la información». También se le encomendó la creación y mantenimiento de registros que aseguren el acceso a la información. Tendrá especial atención «en los planteos realizados por personas u organizaciones de la sociedad civil, que por la razón que fuere, se hayan visto impedidas de acceder total o parcialmente a la información de referencia. De igual forma procederá con las personas o instituciones que tengan con conocimiento de la existencia de documentación que no haya sido relevada anteriormente», dice el decreto.