Dos noticias de Argentina

Detuvieron a dos sospechosos de las más de cincuenta intimidaciones al predio de la ex ESMA

“Buscan que vuelvan el silencio y el olvido”

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El fiscal Picardi informó que uno de los detenidos es trabajador desde junio pasado, se le atribuyen quince llamados con el mismo teléfono y distintos chips. El otro detenido estaría relacionado con una trabajadora. El Gobierno dijo que hay que reforzar la seguridad.

Fueron cinco amenazas de bombas durante los últimos cinco días de la última semana. El fiscal Franco Picardi había pedido a quienes impulsaban las investigaciones por las amenazas al predio de la x ESMA que no movieran un alfiler. Estaba seguro, a esa altura, a casi un año del comienzo de las llamadas, que tenía identificado a uno de los responsables. El fin de semana se hicieron los operativos. Quedaron detenidas dos personas, una de ellas trabajador del Espacio. Durante los allanamientos se encontró el teléfono desde donde se hicieron los llamados, por lo menos, de los últimos dos meses, según los datos de la fiscalía. El secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj aprovechó la noticia para volver a pedir cambios en el protocolo de seguridad del predio. La decisión fue repudiada por los organismos de derechos humanos dos semanas atrás durante una conferencia de prensa en la que explicaron que las amenazas no podían ser la excusa para las políticas que buscan intervenir en el espacio.

Las llamadas por amenazas de bombas se suceden en el predio desde junio del año pasado, pero adquirieron mayor frecuencia en los últimos meses. Llegaron a 51 hace dos semanas durante la conferencia de prensa organizada por los trabajadores de ATE para pedir celeridad en la investigación. Se sucedieron cuatro veces más la siguiente semana y llegaron al top de las cinco diarias la semana pasada. “Los llamados cancelan las visitas, cancelan los talleres educativos, suspenden las actividades, impiden que se dicten clases de las tecnicaturas de Música Popular y Periodismo Deportivo”, explicó en aquella conferencia de prensa el Directorio de Organismos de Derechos Humanos del Espacio Memoria y Derechos Humanos de la ex ESMA en un comunicado. “Cada amenaza atenta contra la tarea de trabajadoras y trabajadores de las diferentes instituciones que aquí llevan adelante políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia. Cada amenaza intenta que vuelvan el silencio y el olvido.”

La semana pasada, la fiscalía tenía los datos de los presuntos responsables, entre otras pistas en investigación. Las escuchas confirmaron dos procedencias. El fiscal pidió al juez Luis Rodríguez los allanamientos que se concretaron el fin de semana. Uno de ellos se hizo en Lomas de Zamora. Allí encontraron un celular desde donde provinieron la mayor parte de las llamadas de los últimos meses y varios chips. De acuerdo a la fiscalía, las llamadas se hacían desde el mismo teléfono pero con chips basura y lograron detectarse porque los teléfonos conservan una clave de IMEI que permitió rastrear el origen de la señal. Esta persona hacía los llamados desde el mismo predio. Y usó las antenas de la zona. Siempre de acuerdo a esos datos, las llamadas se hicieron al 911 y al conmutador del Ente.

El otro detenido no es trabajador del predio sino que está relacionado con una trabajadora. Hizo una sola llamada desde el teléfono a nombre de su padre, totalmente identificable. Los dos quedaron detenidos todo el fin de semana.

Ayer a la mañana, la fiscalía los indagó. Una de las hipótesis de la investigación es que el trabajador hacía las llamadas a pedido de otras personas, pero la hipótesis no se confirmó. Y el se negó a declarar. Él está en el Espacio desde junio del año pasado, y las llamadas que se le adjudican son 15 realizadas este año.

La figura que se les imputa es por intimación pública y es excarcelable. El trabajador del Ente fue liberado, pero quien hizo la única llamada no logró salir en libertad porque en la casa fueron secuestradas plantas de marihuana. Pese a las detenciones, la investigación continúa sobre otras líneas.

En lógica del deber cumplido, Avruj dijo durante el día que: “Esta situación pone en evidencia que, tratándose de un espacio público de esta magnitud que son 17 hectáreas, más de 30 edificios y 1500 empleados, tiene que ser controlado desde el Estado de otra manera y no puede ser delegado ese control de gestión y acceso, seguridad, así que tenemos que pensar en una nueva forma de gestionar y controlar este predio”.

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