El Cóndor en la bruma
Por Felipe Michelini
Hace unos días se presentó el libro “A 40 años del Cóndor. De las coordinaciones represivas a la construcción de las políticas públicas regionales de derechos humanos”.
La presentación se realizó con una de las autoras, la venezolana Mónica Venegas, acompañada por la Sub Directora de Derechos Humanos y Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, Silvana Lesca, el Director del Instituto de Políticas Públicas de Derechos y quien firma esta nota. El lugar elegido para tal ocasión fue de carácter emblemático: el Palacio Legislativo. El IMPO como parte del centro de información oficial contribuyó con la publicación. El libro es una iniciativa de la Comisión de Verdad, Memoria y Justicia vinculado al pasado reciente de las Altas Autoridades en Derechos Humanos y Cancillerías del Mercosur (RAADH). Esta llegó a la conclusión que a 40 años de fundado el plan criminal Cóndor, no podía pasar desapercibido. Y por lo tanto se le solicitó al Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH) que tiene sede en Argentina, en un lugar tan significativo justamente como lo es la Escuela Mecánica de la Armada, la ESMA allí en la ciudad de Buenos Aires, que tomara acciones en ese sentido.
La iniciativa es superadora en tanto en general las respuestas al Plan Cóndor han sido de cada uno de los estados, no ha habido respuestas regionales. Yo creo que estas iniciativas, a 10 años de creada la RAADH, en los que creemos en un Mercosur que no abarque tan sólo aspectos económicos sino que sea también sea una comunidad de destino regional.
Esta no puede basarse en el desconocimiento de nuestra historia del pasado reciente, que tiene que invocar nuestra historia más lejana, pero tiene que reconocerse necesariamente en la peripecia del pasado reciente que fue de persecución, de muerte, de violación de los derechos humanos. Pero también de resistencia, de rebeldía y de construcción en la actualidad de políticas públicas que apuestan a un paradigma muy distinto. Una de estas iniciativas regionales, fue la de convocar por cada país integrante de esto que se llamó Cóndor, a presentar trabajos sobre el tema.
En el capítulo uruguayo fui invitado a participar junto con dos investigadoras que se han especializado en este particular período de la historia uruguaya que son Gabriela Fried y Francesca Lessa. Presentamos un trabajo que ha tenido en realidad muy buena acogida, en sentido de que es una obra muy fundamentada, con mucha investigación, y al mismo tiempo que expresa cierta sensibilidad frente a tan trágicos hechos y también es un acto de fe en el sentido de apostar a la justicia, sin perjuicio de analizar el plan criminal Cóndor. Este plan fue una coordinación formal y represiva de los regímenes de terrorismo de Estado en nuestra región con el objetivo de, primero, obtener información y posteriormente perseguir y exterminar a opositores políticos, líderes gremiales sindicales, intelectuales en la región sin fronteras. En una región además que tenía el Instituto del Asilo Político y del refugio muy asentados en nuestra historia, el Cóndor rompe una tradición de la política regional muy fuerte que “si tú te ibas del país, bueno, hasta ahí llegaba la persecución”. Pensemos simplemente en Artigas, que estuvo 30 años exiliado en el Paraguay.
Entonces, realmente en ese sentido fue una innovación terrible. Y además, esto no sólo se hizo pensando en la región sino fuera de la región, recordemos los atentados de Roma y de Washington por parte de la dictadura chilena con los apoyos de la operativa Cóndor en general. Recordemos en la iniciativa de mandar a oficiales uruguayos a atentar contra el legislador Koch en EE.UU. Hay que mirar, volver a recordar y denunciar lo que fue esta coordinación represiva desde la perspectiva, como el propio libro lo dice, a la construcción de políticas públicas regionales en derechos humanos en el sentido de generar conciencia, divulgar estos hechos, pero construir un presente de ejercicio de derechos.
Por supuesto, asumiendo la responsabilidad, no puede haber derechos sin responsabilidades, pero comprendiendo también que hay que estar muy atento y muy vigilante porque todos estos hechos pasaron, y nosotros queremos que no vuelvan a pasar, más allá de exigir la verdad y trabajar por la justicia, no queremos que vuelvan a pasar estos hechos tan trágicos como repugnantes. Es necesario ser conscientes, saber que no fue hace mucho que se cometieron en nuestras sociedades, que no son muy diferentes hoy del ayer. Muchos, sino la gran mayoría de los perpetradores, circulan libremente, lo que ya es grave, pero más serio es que son considerados por algunos, como personas honorables.
Son torturadores confesos, asesinos seriales que en cualquier sociedad estarían condenados a las más largas penas y con el repudio social y aquí el sólo hecho de señalarlos con el dedo a algunos de ellos, ha sido un trabajo inmenso de la sociedad civil. Hay que recordar que desde el mismo momento de los hechos se reclamó por la plena vigencia de los derechos humanos, hubo actos de rebelarse con valentía a sabiendas del miedo y se construyeron redes de solidaridad, aún a costa de sufrir represalias exponiéndose en riesgo la propia seguridad e integridad personal, tanto de familiares, víctimas, abogados, periodistas y activistas.
Uno de los problemas que nos hemos encontrado con el fenómeno Cóndor es la dificultad de lograr interactuar entre los diferentes países, tanto los diferentes estudiosos como los órganos del estado que tienen el cometido de investigar estos hechos, porque cada país ha tomado también su propio camino, con avances y retrocesos, con respecto a lo que ocurrió durante el terrorismo de estado.
Debe destacarse que la publicación de esta obra es de las pocas iniciativas que aborda el tema en forma regional. Es decir, lo peculiar es que, el Plan Cóndor al principio no se tenía conocimiento, se pensaba tal vez en forma ingenua, que era una coordinación al azar, aleatoria. Después, a partir del descubrimiento de los archivos en Paraguay se llegó a la conclusión de que no, que no era simplemente un azar del destino por ejemplo, que si tú abordabas un vuelo escapándote de Montevideo y arribado en Río te detenían. Luego se fue comprendiendo que no era una cuestión casual, que además necesitaba de toda una coordinación específica y compleja, por ejemplo si se trataba de operaciones ilegales de secuestro, desde un país para ingresar ilegalmente en otro.
Pero debe resaltarse que los integrantes del Plan Cóndor, además de compartir los mismos métodos y comulgar con una misma teoría basada en la doctrina de la seguridad nacional, alentaban una implantación de un sistema económico claramente fundado en la Escuela de Chicago de EE.UU. Todo ello explica en esas connotaciones comunes también, que haya sido el Plan Cóndor, un plan criminal sistemático.
Y en ese sentido la sentencia del último viernes de mayo próximo pasado en la República Argentina, fue muy importante porque por primera vez hay una sentencia judicial de carácter penal, que reconoce la existencia de una organización ilícita abocada a la concreción de un plan. La línea de investigación en la que la propia existencia del Plan Cóndor como ese plan ilegitimo, ilegal, de coordinación de exterminio de opositores políticos llevados adelante por los Estado terroristas, está demostrado ahora ciertamente con la sentencia en la Justicia argentina.
El abordaje del Plan Cóndor se ha hecho o desde una visión macro-regional, mirando a todos los países, o se ha hecho desde perspectivas muy puntuales de qué pasó, cómo fue el Cóndor en cada país. Esta iniciativa del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur combina una cosa diferente, porque combina aportes de los países pero tratando de darle una visión más global.
Tres conclusiones: una primera es que Uruguay fue un país de origen, de tránsito y de destino del Plan Cóndor, y que fue tomado desde las decisiones más altas de la jerarquía de la época, incluyendo obviamente al dictador Bordaberry. Es decir que no fue simplemente una coordinación aleatoria por abajo de algunos funcionarios, sino que fue una decisión llevada adelante por las máximas autoridades. La segunda, que eso después tuvo implicancias aún durante la recuperación democrática siendo el caso más connotado el del Químico chileno Berríos.
Es necesario tener presente que las Fuerzas Armadas en la región mantenían la misma lógica y el mismo discurso de la doctrina de seguridad nacional, entendiendo los restablecimientos democráticos como simples concesiones tácticas, digamos, del proceso de la lucha contra el comunismo internacional y la implantación de un sistema económico basado en el privilegio estrictamente capital sin ninguna otra consideración, considerando los derechos humanos como una cuestión absolutamente desechable. La tercera, se demuestra además por los casos que se analizan en el artículo sobre Uruguay, sobre la base del trabajo de Gabriela Fried y Francesca Lessa que me hicieron el honor de permitirme colaborar con ellas, documentadamente con información obtenida de archivos con una metodología profesional, se demuestra que la concreción de estos hechos criminales contó con altísimas complicidades.
No se puede soslayar que el terrorismo de Estado en nuestro país se construyó sobre la base del terror y del temor efectivamente, a gran escala y recordarles a los jóvenes que nuestro Estado se dedicó a calificar a todos sus funcionarios públicos y sus ciudadanos en su conjunto por categorías A, B y C de acuerdo a sus convicciones ideológicas y políticas. Si un docente lo pregunta en un examen a estudiantes jóvenes, parecería una pregunta de ciencia ficción aunque lamentablemente sucedió aquí en nuestra amada y querida República Oriental.
Es necesario tener presente que esos hechos además de los responsables directos, contaron con enormes complicidades y alientos, complicidades de la cultura de impunidad que se mantiene hasta el día de hoy, en el sentido de tratar como honorables a personas que no lo son porque son confesos torturadores. Y además ahora, con un poco más de investigación, sabemos que se trata de contumaces violadores y abusadores sexuales. Que al mismo tiempo, como todo abusador sexual, mantiene una apariencia de vida de buena persona, de buen vecino, de buen padre pero en definitiva su conducta es claramente delictiva.
Y, en ese sentido, esa cultura de impunidad se ha mantenido sobre el manto de esas complicidades sin perjuicio, que mucha gente de buena fe ha sostenido de que hay que dar vuelta la página, cosa que toda la experiencia histórica indica que sí que hay que darla la vuelta a la página, que ese concepto está muy bien, pero antes hay que leerla una y mil veces. Y claramente identificar cuáles son los aspectos que deben ser mencionados y repudiados. Una sociedad, cuando identifica estas patologías, como muchas sociedades, pensemos en el nazismo, pensemos en el stalinismo, pensemos en las políticas de discriminación hacia los pueblos originarios o hacia las comunidades de origen japonés en EE.UU, en fin, se podrían poner muchos ejemplos, pero lo que hay que analizar, es la reacción a posteriori en la sociedad. Y si la reacción es convalidarlo, aceptarlo, legitimarlo, entonces el problema es doble. Porque no sólo ocurren hechos gravísimos sino que además la sociedad los acepta.
Ello hace que se eduque a las nuevas generaciones como que son conductas aceptables y por ende se reconstruye un discurso legitimador de actos repudiables, pues hay que tener presente que cuando los hechos sucedieron, que no fue de un día para el otro y que en el momento que acontecieron, hubo personas, hombres y mujeres en muchísimos ámbitos que denunciaron estos hechos, no se quedaron callados, que incluso arriesgaron su integridad personal y su vida por el sólo hecho de denunciarlo.
El Plan Cóndor fue la formalización para galvanizar unas prácticas que ya se estaban realizando en la práctica, asumiendo además que los límites territoriales del estado no importan, pues todo se justificaba en la causa de la lucha contra el comunismo y la implantación de un sistema económico basado en los lineamientos de la Escuela de Chicago. Las acciones dentro del MERCOSUR de denunciar aquellas prácticas identificando los archivos y documentos, si bien es cierto que en Uruguay no está tan avanzado como en Argentina pero está mucho más avanzado que Brasil. La creación del Grupo Por Verdad y Justicia, en los que uno de los elementos estratégicos es justamente identificar todos los reservorios de los archivos, tenerlos a disposición de víctimas y familiares, de investigadores y además que puedan ser utilizados como evidencia judicial.
Falta mucho por hacer y no es un problema de las normas jurídicas que nos rigen, sino en todo caso de interpretación armónica de estas normas por parte de los tres Poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Más allá de la cuestión judicial hay una tarea de memoria histórica, de recuperación de un relato, de avanzar en reconocer estos gravísimos hechos, divulgarlos, ponerlos en la opinión pública a sabiendas que la actuación judicial aún si fuese expedita, que no lo es, no cumple ese rol en forma eficiente. Más allá de todo, hay un tema pendiente fundamentalmente con el destino de detenidos desaparecidos, que es un compromiso ético, político y jurídico para encontrarlos, para darle una respuesta certera a los familiares, que me consta existe una voluntad explícita del actual gobierno en hacerlo. Tenemos fundamentalmente dos grandes obstáculos: uno es el paso del tiempo, ese es un elemento que obviamente no nos ayuda. Un segundo que hay un pacto mafioso de los principales involucrados que increíblemente están preocupados en asiste al festejo de los 15 años de sus nietos, pero no de darles respuestas a los familiares de las personas que ellos claramente saben que secuestraron, torturaron y asesinaron. En ese sentido el grupo de trabajo Por Verdad y Justicia, que integro, que se estableció por decreto en mayo del año pasado y que este marzo estableció las líneas de trabajo estratégicas, tiene muy presente estos aspectos y va a seguir trabajando para ello. No pedimos paciencia a las víctimas y familiares, pues a esta altura sería un pedido abusivo, si pedimos comprensión, en tanto no podemos prometer resultados, pero sí comprometer que todo lo que esté a nuestro alcance para cumplir con estos mandatos éticos, jurídicos y políticos.
Lo vamos a hacer. Iniciativas regionales de los Estados que justamente apuntan a denunciar todos estos hechos y de alguna manera intentan divulgarlos con el objetivo de concientizar para la construcción del Nunca Más, van en la buena dirección.