SIEMPRE LA MEMORIA

DE “BRECHA” – 1/07/2016

Mariana Cianelli

LLEGAR A TIEMPO

10-11-casa-Punta-GordaDesde la vuelta a la democracia, Uruguay ha avanzado tímidamente en el cuidado, la preservación y el reconocimiento de los sitios en los que la dictadura dejó su huella. Un proyecto de ley elaborado por el senador Marcos Carámbula y organizaciones sociales de derechos humanos parece cambiar la pisada del Estado en materia de memoria.

El destino y los usos de los sitios por donde pasó la dictadura son de lo más diversos. Existen dependencias que, indiferentes a su pasado, continúan en el mismo lugar y con funciones similares a las de la época, como son los casos del Batallón 13 y el Batallón 14. Otras unidades militares, la de Fusileros Navales, por ejemplo, cambiaron de locación. Algunas fueron demolidas, como el Batallón Florida de Infantería número 1, en Buceo, donde actualmente hay viviendas del Banco Hipotecario del Uruguay.

Las cárceles, en su mayoría, continúan perpetuando su uso original. Otras mutaron ampliamente, como la cárcel de Punta Carretas y la de Miguelete. La primera se convirtió en un lujoso shopping, en la segunda funciona el Espacio de Arte Contemporáneo (Eac).

Centros clandestinos de detención como el 300 Carlos y la Cárcel del Pueblo siguen bajo la órbita del Ministerio de Defensa Nacional (Mdn). La casa de Punta Gorda donde operó el centro clandestino de torturas conocido como Infierno Chico está en manos de privados.

La memoria y la historia aguardan allí, latentes, a ser visibilizadas, resignificadas y apropiadas por la sociedad. Un borrador de proyecto de ley redactado por el senador Marcos Carámbula y organizaciones de la sociedad civil vinculadas a los derechos humanos busca revertir la línea que ha tenido el Estado en el cuidado de estos lugares desde la salida de la dictadura hasta la actualidad.

 LA MATERIALIDAD DE LA MEMORIA. En su exposición de motivos el proyecto establece que la creación de sitios de memoria es una “herramienta a disposición del Estado para cumplir con su obligación en materia de justicia, verdad, memoria y reparación. Su materialidad es testimonio de los hechos allí ocurridos y constituye un patrimonio cultural para las generaciones del presente y del futuro”.

En diálogo con Brecha, Carámbula adelantó las características de una iniciativa que pretende poner a tiro las acciones del Estado en materia de verdad, memoria y justicia. Actualmente el borrador está siendo elaborado, en permanente consulta con Crysol (asociación de ex presos políticos), Ágora (Asociación de Identidad, Derechos Humanos y Memoria Canaria) y la Comisión por la Memoria de los Fusilados de Soca.

En agosto se realizará un encuentro nacional en el que se trabajará en el ajuste y el enriquecimiento del proyecto. A esa reunión asistirán legisladores, organizaciones sociales, el Grupo de Trabajo por Verdad y Memoria, la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), la Secretaría de Derechos Humanos y Memoria, de la Presidencia de la República, y expertos argentinos vinculados a la redacción de la ley de sitios de memoria de su país.

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