Crímenes imprescriptibles

Crímenes de la dictadura

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Desde mediados de 2015, la Suprema Corte de Justicia ha rechazado todos y cada uno de los recursos presentados por efectivos militares investigados por delitos de la dictadura. Los jueces están habilitados a continuar con los juicios

La Ley de Caducidad se constituyó en un obstáculo insalvable para la investigación penal de los crímenes de la dictadura. Por ese motivo, el período de vigencia de la misma no puede computarse dentro del plazo de prescripción de los delitos cometidos en ese lapso y los jueces deben seguir adelante con la investigación. Con base en este argumento, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ha rechazado, en forma sistemática, los incidentes de prescripción interpuestos por funcionarios militares de la época citados en causas que aún se tramitan en los tribunales uruguayos.

No se trata de un argumento novedoso, ya que su primera mención por parte de la Justicia uruguaya data de 2006. El juez Penal de 1er Turno, Juan Carlos Fernández Lecchini, fue el primero en utilizar esta tesis, al habilitar la extradición de varios militares a la República Argentina por crímenes del Plan Cóndor. Pero fue el Tribunal de Apelaciones en lo Penal (TAP) de 1er Turno –integrado por los ministros Rolando Vomero (hoy retirado), Ángel Reyes y Sergio Torres– el que sentó las bases de esta tesis jurídica.

Ahora la tesis fue ratificada por el máximo órgano del Poder Judicial al habilitar la continuidad de la indagatoria penal por la muerte de Nuble Donato Yic, un militante comunista fallecido en 1975 dentro de un predio militar. “La vigencia de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado significó un claro obstáculo insuperable (irresistible) para el ejercicio de la acción penal por parte de su titular, el Ministerio Público”.

“Ello, por cuanto el ámbito preciso para la investigación, resolución, imputación y reproche a los responsables de hechos de naturaleza delictiva es, únicamente, la justicia penal que funciona en la órbita del Poder Judicial”. “Lo único cierto es que, durante la vigencia de la Ley de Caducidad, el Ministerio Público se vio impedido de ejercer su poder-deber de acción”, expresó la Corte. Y el caso deberá investigarse.

El desmoronamiento

Octubre de 2009 no fue un mes cualquiera para la Justicia uruguaya. Faltaban menos de diez días para la elección nacional, pero por algunas horas la atención se centró en los escritorios del Palacio Piria, sede de la Corte. Por unanimidad, el máximo órgano del Poder Judicial cambió la postura adoptada en los años 80 y declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad. Se consideró que la norma violentaba el principio de separación de Poderes y otros preceptos básicos del Estado de Derecho.

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