Han pasado 10 años que la Unidad de Internación N° 8, como se llama técnicamente, es una prisión creada para albergar a los militares y policías condenados por crímenes de lesa humanidad. Una prisión “5 estrellas” para quienes han sido responsables de las horas mas negras pasadas por el Uruguay, genocidas, violadores, torturadores y que aún siguen negando de sus acciones, y de los cuales el propio Ejército uruguayo, no ha establecido Tribunales de Honor. Mismo detrás de los muros de esta “residencia”, sigue reinando la IMPUNIDAD. Presentamos dos artículos provenientes de diferentes plumas y conceptos sobre estos criminales, hasta el mismo diario El País, los recuerda y siguen pensando que “hay que dar vuelta la página”. El pueblo uruguayo y todas las organizaciones de familiares de presos politicos, así como todas aquellas que siguen pidiendo la Verdad, aplicar la Justicia y recuperar la Memoria Nacional saben claramente que la lucha por que los “desaparecidos” aparezcan, sigue, y que más fuerte que nunca seguirán reclamando : ¿Dónde Están?.-
La humanitaria reclusión
Por Marcelo Marchese
En nuestra República hay presos y presos y cárceles y cárceles. Algunas son visiones del infierno que Dante hubiese utilizado para hacer sufrir, literariamente, a algún enemigo. Otras, aunque no sean un paraíso, semejan en todo caso al purgatorio imaginado por el florentino.
En Domingo Arena los reclusos comparten tres teléfonos públicos y cada cual tiene celda propia, TV cable y un frigobar.
Se da el caso que el Goyo Álvarez disfruta de dos piezas, una para dormir y otra para recibir visitas.
Este privilegio es resultado de ciertos rasgos de carácter de nuestro expresidente y de la mentalidad “hegemónica” en aquel sitio. La cárcel de Domingo Arena es una dependencia militar.
Por lo que sospecho, ni un sólo civil de entre los civiles que torturaron a mansalva goza de la compañía de estos reclusos. Ser militar trae acarreados varios inconvenientes.
Puede suceder que la patria peligre y entonces uno es el primer candidato a regar el suelo con sangre heroica. Pero la incomodidad generada por esta horrible espada de Damocles (salvo Uruguay, casi todos los países alguna vez pueden entrar en guerra) es subsanada por beneficios innumerables.
Se jubilan con 20 años de servicio, incluyendo los años de estudio y además no cobran en función del sueldo promedio de los últimos años, como todos nosotros, sino con el sueldo del grado inmediatamente superior al que lograron detentar.
El jubilado común, si vuelve a trabajar, pierde el derecho a la jubilación, pero no los militares, que además consiguen normalmente trabajos en empresas vinculadas con la función que realizaban, empresas que precisan, para sobrevivir, como todos nosotros, de vínculos. Tal es el caso de Air Class. Pero sigamos.
Los privilegios de los militares son: una escuela propia, una justicia propia, un hospital propio. Tienen, al menos los oficiales, un lugar aparte en el Cementerio Central y su entierro no se realiza de cualquier manera sino con cierta pompa. Pueden transitar armados. Se visten con un uniforme que los distingue del resto.
Heredamos ciertos estamentos de ese pasado medieval tan defenestrado, como las Universidades y la Iglesia. Podríamos decir que nuestra República no heredó la aristocracia medieval, sin embargo esa aristocracia está representada por una casta que conoce de gradaciones, hospitales, escuelas y justicia propias, que puede portar armas (como los aristócratas de antaño) que no trabajan y además, dado el caso de ser recluidos, son cuidados de manera especial por otros integrantes de su casta.
No me parece mal que estos señores disfruten de un frigobar y TV cable. No son los únicos reclusos que gozan de estos privilegios. Los grandes narcos, me aseguran, la pasan igual de mal. Lo que preocupa es lo desparejo de su condición con el resto de los privados de libertad, que en todo caso cometieron delitos infinitamente menos graves. Pero no nos vayamos por las ramas.
Estábamos diciendo que nuestro expresidente goza de privilegios resultantes de ciertas circunstancias, las cuales, según los propios encargados de su custodia, están vinculados con una ligera demencia senil y para que nadie piense que me estoy burlando, cito al Director del Instituto Nacional de Rehabilitación “es una persona de mucha edad, tiene más de 80 años y un poco de demencia senil”.
Uno creería que estos presos mantienen entre sí algún trato igualitario o republicano, pero no es así. El que fue militar una vez lo será hasta la muerte. Entre ellos guardan el debido respeto por las gradaciones, de tal forma que un Teniente General da órdenes y aplica castigos a sus subordinados. ¿Allí dentro? Sí, allí dentro.
Resulta que para el resto de los reclusos las órdenes y los castigos aplicados por nuestro expresidente, que además, o sobre todo, fue un Teniente General, eran desproporcionadas o en todo caso ligeramente dementes y por ese motivo pidieron que los libraran del beneficio de su presencia y por una vez todos estuvieron de acuerdo, inclusive el expresidente y Teniente General, pues pidió (exigió) que lo enviaran a otro sitio pues no podía resistir las insubordinaciones de sus subordinados.
Esta orden de un superior no pudo ser cumplida, mas se le construyeron, según el Ministro del Interior, “dos contenedores” en la otra punta del patio común.
Ahora veamos la situación sanitaria de los reclusos. Según el Tribunal de Apelaciones en lo Penal (TAP) de 2º Turno, que en junio de 2013 rechazó el pedido de reclusión domiciliaria para Gavazzo por motivos de salud, “la atención sanitaria de los reclusos alojados en dicho centro penitenciario se encuentra a cargo del ejército y el encausado cuenta con una guardia de enfermería las 24 horas del día y una visita médica diaria de lunes a viernes, permaneciendo a la orden telefónica por cualquier consulta”.
El TAP sugirió u ordenó (el artículo en el cual me amparo no se pone de acuerdo en este punto) a la Unidad Penitenciaria Nº 8 que dicte un “protocolo eficaz para asegurar la atención inmediata de Asistencia Especializada de Emergencia Móvil en caso de ser necesario por parte de este o cualquier recluso”.
Vista la situación sanitaria de estos señores y esperando se cumpla la sugerencia u orden, me asalta una duda. Estos reclusos se comportan como militares y obedecen las órdenes y cumplen los castigos de sus superiores reclusos. Si uno se va de boca, por ejemplo, es dable esperar que sufra un castigo. Acaso cuando hablen entre ellos se cuadren y exclamen: “Sí, mi general” o “A la orden, mi Teniente General”.
Pero la duda me viene en relación a cualquiera de los encargados de su custodia, los cuales son militares. ¿Deben emplear también este vocabulario? ¿En ciertas ocasiones deben guardar el debido respeto por las jerarquías y cumplir las órdenes dictadas por sus superiores, cuadrándose? No afirmo nada, pero quisiera salir de esta duda republicana. Cuando Mujica dice que su postura (que pretende escudar en una decisión de la Cruz Roja) “responde a una visión humanista” me pregunto si entiende el significado de la palabra “humanista” y si entiende el sentido de las palabras “visión”, “una”, “a” y “responde”. ¿Qué tiene de humanista atenuar el castigo para con aquellos que cometieron crímenes abominables y que se han empecinado en obstaculizar la labor de la Justicia? Humanista en este caso es aquel que pretende disuadir a los violadores, arrancadores de uñas de los pequeños, introducidores de ratas engrasadas en las vaginas y castradores de hombres, a que no castren, introduzcan ratas en las vaginas, arranquen uñas a bebitos de un año o violen desde el poder del Estado. Humanista es el que intenta reeducarlos por el bien de la humanidad fijando a la vez un límite y dando un castigo ejemplarizante.
No sé de dónde surge este error de nuestro presidente, pero sospecho un vínculo con aquella creencia, compartida por su grupo y por los militares, de que vivíamos una guerra. Observo una relación con su idea de que debemos dejar atrás el pasado y unirnos por el bien del país y por lo tanto todo sirve: tanto los eucaliptus plantados a granel como las lechugas; las importaciones que arruinan a los pequeños productores y el encadenamiento productivo generado por estos pequeños productores; el latifundio y el reparto equilibrado de la tierra; las heladas y el clima benigno; la mosca del cuerno y el chancho jabalí y las vacas y las ovejas; los que introducen ratas engrasadas por las vaginas y los que salvan vidas.
Me pregunto qué significa esa postura por la cual nos amparamos en organismos internacionales, como la Corte de la Haya o La Cruz Roja. ¿Se pretende que nos vayamos acostumbrando a seguir dictados de organismos internacionales en detrimento de la soberanía nacional? ¿Se pretende coadyuvar a la creación de un Estado supranacional?
A lo anterior sumemos la creencia que acaso tenga Mujica, muy generalizada por otra parte, de que los criminales recluidos en Domingo Arena no son presos políticos. No he logrado aún entender por qué se rechaza esta categoría para delincuentes que cometieron crímenes desde el Estado, que obraron con una obvia justificación política, que fueron adoctrinados políticamente, que fueron enseñados a torturar eficazmente por especialistas de otro Estado que destinaba recursos para esta enseñanza y que perseguían a los integrantes de otras doctrinas políticas.
Los procesados en Núremberg ¿fueron considerados criminales comunes o políticos? Si fueron considerados criminales comunes, cosa que no sé, observo cierto olvido de la ideología y del aparato político que sustentaban a estos señores. En nuestro caso sucede lo mismo. La pretendida función del Estado es garantizar nuestra libertad, pero cuando ellos se apoderaron del Estado se dedicaron no sólo a robar a mansalva, sino a perseguir a sus enemigos políticos de una manera ejemplarizante. No sólo se los torturaba para castigarlos, sino también para amedrentarnos a todos nosotros. Los militares tenían una idea muy precisa del rol “educador” de sus prácticas aberrantes.
Por esta causa, por ser un crimen político, la situación de estos presos genera tanta controversia. Algo no ha quedado del todo aclarado sobre esos años que vivimos en dictadura, por eso porfiadamente aparecen libros que escarban y revuelven en el período. Nunca una década fue tan persistente, nunca obsesionó tanto. La responsabilidad en este caso es compartida: por un lado quienes llevaron a cabo este plan sistemático; por el otro quienes pretenden olvidar y no aplicar un castigo que actúe como límite a lo inaceptable. Todas las sociedades, desde las más primitivas a las más civilizadas, se han organizado en función de límites. Nuestra democracia no ha establecido este límite y paga por eso las consecuencias: heridas que no cicatrizan y de la cuales emanan eternamente pus.
Cuando reclamábamos Verdad y Justicia necesitábamos saber qué sucedió y necesitábamos que desde el Estado se reconozca qué sucedió y por lo tanto que se actúe en consecuencia. Significaba que la Verdad no sería letra muerta, que la Verdad no es ni puede ser una elucubración de filósofos encerrados en sus gabinetes, sino que está indisolublemente ligada a la Justicia que debe determinar qué es una actitud propia de humanos y qué se convierte en conductas que nos alienan de nuestra humanidad, esto es, de nuestra Verdad como humanidad.
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El dormitorio-celda de José Sande tiene televisión por cable, aire acondicionado, computadora, calcomanías de Nacional, flores y dibujos de su hijo de tres años. Sande está sentado en una de las cuatro sillas que compró para cuando recibe visitas y sonríe dejando entrever un perno de metal en la muela, uno de los pocos problemas de salud que ha tenido desde que está preso. Habla y casi no deja hablar, pero su discurso se interrumpe por la aparición de una figura en la puerta. José Arab, otro de los reclusos, pide permiso y pasa, como vecino que se ha ganado el derecho de molestar cuando lo necesita.
—Amigo, ¿terminó ya de colocar esa antena?— pregunta Arab.
—En eso ando— responde Sande señalando el serrucho que dejó apoyado en su cama de una plaza— pero por ahora sigo sin agarrar ningún canal.
En el pasado uno era de los azules y el otro de los verdes, pero ahora los une una misma realidad. Sande ofrece un café, de esos que tiene en el mueble junto a las frutas y los chocolates, y su compañero rechaza la invitación. Es miércoles después del mediodía y Arab recién se levanta. Todavía está con el salto de cama blanco, el pijama y las pantuflas; apenas le dio el tiempo de almorzar la pasta casera que su esposa le había llevado cuatro días antes. Nada hace pensar que ese hombre de 76 años, que habla de álgebra y filosofía moderna, cumplirá dentro de dos semanas sus primeros 10 años de reclusión de una condena de 25, por el homicidio de 28 personas durante la última dictadura uruguaya (1973-1985). A Sande le dieron 20 años, también por los asesinatos del llamado “segundo vuelo”.
Las celdas de Sande, Arab y los otros cinco reclusos de la cárcel de Domingo Arena no tienen llaves ni horarios para apagar la luz. Si bien hay una guardia militar que custodia el perímetro y unos policías que controlan a quien entra y sale durante las 34 horas de visita que hay por semana, lo más peligroso es un perro salchicha llamado Poli que olfatea a todo recién llegado. El resto tiene la impronta de un residencial de ancianos cercado con alambre de púas.
La Unidad de Internación N° 8, como se llama técnicamente, es una prisión creada hace 10 años para albergar a los militares y policías condenados por crímenes de lesa humanidad. Pero a una década de que Tabaré Vázquez haya inaugurado este predio que el Ministerio de Defensa le cedió al de Interior, solo queda claro que es una reclusión con fecha de vencimiento.
La cárcel de Domingo Arena —nombre de la calle en la que está ubicada en Piedras Blancas— cabalga a la par de la biología de quienes la ocupan; acá solo la muerte o la enfermedad la van desocupando. No se reemplazan las ausencias, sino que van contando los días hasta que el público objetivo de ese centro carcelario finalmente se agote y se cierre una etapa en la historia reciente de Uruguay.
Desde hace 10 años fueron procesadas 29 personas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Antes había sido encarcelado el civil Juan Carlos Blanco, por la muerte de la maestra Elena Quinteros. En tres casos la Justicia revocó el procesamiento de quienes no tenían otra causa. Del resto, seis ya fallecieron, cinco están en el hospital, cuatro cumplen prisión domiciliaria, cuatro están encerrados en Coraceros y otros siete en Domingo Arena.
Para mantener la vida en prisión de José Arab, José Sande, Jorge Silveira, Pedro Freitas, Ricardo Medina, Enrique Rivero y Ernesto Soca el Estado invierte en el salario de unas 100 personas, más comida, mantenimiento, traslados y TV cable. Los reclusos cuentan con una enfermera que los visita todos los días —por más que algunos también tienen su seguro privado—, y tienen la posibilidad de ver en vivo los partidos del fútbol uruguayo.
En el comedor hay un televisor LED de 32 pulgadas, en diagonal a la estufa a leña, que siempre está apagado. Los presos miran la TV en sus celdas y los espacios comunes son solo sitios de paso. El patio es el lugar de reunión cuando el día está lindo. Es allí donde Medina aprovecha para caminar, Soca escucha la radio y Rivero mira pasar los aviones de su Fuerza Aérea: “Cómo se extraña volar”, dice este aviador sentenciado en 2010 a 19 años de cárcel por la detención y muerte de Ubagesner Chaves Sosa, cuyos restos fueron los primeros hallados de un desaparecido.
Cuando se les da la posibilidad de hablar, todos estos presos dicen que están encerrados “injustamente”, que “no hay pruebas contundentes” y que “algún día se sabrá la verdad”. Sin embargo, la mayoría ya tiene condena y hasta la confirmación de la Suprema Corte de Justicia, contrario a lo que sucede con el resto de los reclusos.
La gravedad de los delitos por los que fueron sentenciados los hoy prisioneros de Domingo Arena, hace que parte de la sociedad uruguaya se indigne por el tipo de castigo que cumplen en relación a otros presos. Sin embargo, para la exfiscal Mirtha Guianze, que llegó a procesar a 20 personas y que hoy integra la Institución de Derechos Humanos, “no se trata de que estos presos estén en malas condiciones, sino de que todos deberían tener un trato digno”.
Según Guianze, el castigo les está llegando a personas mayores, “no es eso lo que se persigue, sino mantener la memoria”. Para la exfiscal los presos de Domingo Arena son solo un puñado de los muchos responsables de delitos que dejó la dictadura. Dice que “quedaron enormes expedientes sin resolver”, que “apenas se procesó a dos personas laterales por abusos sexuales contra mujeres”, y que los procesos judiciales están siendo demasiado “largos y secretos”.
Medina es uno de los reclusos que tiene más interés por estos procesos y escribe sobre Derecho como pasatiempo. A diferencia de Arab, que está “cansado de todo” y que prefiere que su hija abogada sea quien se encargue de lo legal, a Medina los casos jurídicos le apasionan. Fue a él quien la Justicia le encontró documentación reservada en su computadora. Y él es una prueba de la información que maneja este tipo particular de presos.
Por eso la exministra de Defensa, Azucena Berruti, justifica que se haya creado una cárcel especial. “Reunir a estos expolicías y militares con los presos comunes podría crear una situación de difícil control, ellos saben de inteligencia y de seguridad”, afirma la exjerarca que negoció la creación de este recinto, y que entiende este hecho, 10 años después, como una de las decisiones “más complejas” que le ha tocado sortear en su gestión.
En el terreno.
La cárcel de Domingo Arena ocupa 3.400 metros cuadrados y es la 17ª parte del predio militar que la envuelve, espacio al que también acceden los reclusos bajo custodia. El patio con piso de hormigón ocupa la mitad del centro de reclusión, luego hay un pabellón central con biblioteca, baños, cocina, comedor, aparatos de gimnasia, lavarropas, y unas 15 celdas en donde están alojados seis de los presos.
Jorge “Pajarito Silveira está en una zona aparte. Su habitación, conocida en la interna como “el apartamento”, es un espacio más amplio y fue diseñado para albergar a los presos con problemas de conducta. Desde hace unos años, cuando Silveira denunció que Arab lo había amenazado, lo cambiaron para allí. Tiene su huerta propia que, según los compañeros, un soldado es quien la trabaja. No saben si hay dinero de por medio o lo sigue haciendo por jerarquía militar.
No es lo único que los compañeros hablan de Silveira. También comentan que se ha llevado prostitutas a la cárcel en los 10 años que lleva recluido, que desprecia al personal subalterno y que ha encabezado una huelga de hambre, algo “inadmisible” para la disciplina militar. El “Pajarito” no se defiende porque dice que “no habla con la prensa”.
Los privilegios de Silveira provocan la mayor tensión que hay en la cárcel Domingo Arena. Hace un año y medio, el semanario Búsqueda relató un encontronazo protagonizado por el exdictador Gregorio “Goyo” Álvarez a la hora de repartir los bizcochos, pero el nonagenario ahora está internado en el Hospital Militar.
Soca (67), el más joven de los presos, fue quien se había peleado con Álvarez. Aquel enfrentamiento dejaba entrever otra fisura que, sin nombrarla, está presente en esta cárcel: las jerarquías. Mientras Álvarez llegó a ser comandante y presidente de facto (1981-1985), Soca era parte del personal subalterno; un simple sargento. Hoy este exsoldado es el único que trabaja en Domingo Arena para redimir la pena.
Desde hace más de un año que Soca sale con un carrito con baldes de agua y jabón a lavar los autos de la dependencia militar, aledaña a la cárcel. Hace ocho horas de trabajo diario, ayuda en el gallinero del establecimiento y en el traslado de la comida. Según sus compañeros eso “le ha hecho muy bien” y lo “despejó” de su afectación psicológica por miedo a ser extraditado a Argentina.
Soca fue acusado de participar en las torturas y matanza de las 28 víctimas de Automotores Orletti. Recibió una condena de 15 años, y por cada dos días de trabajo se le descuenta uno de encierro. El resto de los reclusos prefiere no descontar días de prisión. Hay un motivo de edad y hay razones ideológicas. Para Medina, “redimir la pena es para los delincuentes”. A Arab le “daría mucha vergüenza que un soldado le tenga que dar órdenes”.
Arab llegó a estudiar Ingeniería y fue mayor en el Ejército. Si bien gran parte de sus charlas en la cárcel rondan en las enfermedades —sus camaradas lo embroman de “hipocondríaco”—, es uno de los presos que pasa más horas leyendo. En su celda tiene una biblioteca con títulos sobre matemáticas —fue profesor—, novelas de Don Brown y literatura religiosa. Desde hace unos meses dejó de ir a la misa de los domingos que ofrecen en la reclusión. Pero su habitación está llena de estampitas, cruces y un póster del papa Francisco, junto a las camisetas de Nacional y Atenas.
En el caso de Arab la comida es otro de sus pasatiempos. Además de los platos caseros que le lleva su esposa, tiene acumuladas cajas de fábricas de pasta y rotiserías, y en la heladera, al lado de una Sprite Cero, guarda celosamente unos chocolates suizos.
El resto del ocio, aunque confiesa que cada vez le da menos espacio, lo dedica al trabajo en la carpintería. Frente a su cama, atrás del televisor plano, tiene colgados serruchos, destornilladores, cinceles y martillos.
Junto a Freitas, que casi no ve y no escucha, Arab es de los que pasa más horas encerrado y sin ánimo. Medina, en cambio, aprovecha a caminar como también lo hace Rivero. Sande juega a la paleta con los soldados o repara computadoras. Soca trabaja y escucha la radio. Silveira recibe visitas y ve al soldado cultivar la huerta. Son las rutinas que continúan en una cárcel que se está quedando vacía.
Una carrera contra la biología y las demoras.
El 18 de octubre de 2002, el juez Eduardo Cavalli procesó con prisión a Juan Carlos Blanco por el “homicidio especialmente agravado” de Elena Quinteros. Desde entonces ya son 30 las personas procesadas por delitos ocurridos durante la última dictadura, tres de los cuales fueron revocados. La cifra de presos podría ser mayor si “los juzgados no estuvieran tan saturados”, reclama Raúl Olivera, coordinador del Observatorio Luz Ibarburu, que lleva el conteo de los casos. Según Olivera solo el juzgado penal de 7° turno tiene más de 60 expedientes sin resolver. “No es que pidamos un juzgado especializado, pero sí descongestionar para que las causas avancen”. La exfiscal Mirtha Guianze cuestiona el que no se haya avanzado “casi nada” en relación a las violaciones a mujeres. Solo hubo dos procesados (Héctor Amodio Pérez y Asencio Lucero). Para Guianze los juicios deberían ser públicos y orales, como en los otros países de la región. “Esto daría más garantías y aceleraría los procesos”. El nuevo Código Penal prevé este tipo de juicios, pero no aplica para las causas que ya están en trámite. Por eso Olivera afirma que “no se espera ningún cambio”.
Presos que juegan con los beneficios de la edad.
Sobre uno de los muebles de su celda, José Sande tiene cuatro paletas de madera. Casi todos los días aprovecha para pelotear unas horas junto a los militares que custodian la cárcel de Domingo Arena. Antes iba con algunos de sus compañeros reclusos, pero la vejez y la falta de voluntad fue bajando la cantidad de participantes. Cada vez que Sande quiere jugar a la paleta debe pedir permiso, porque la cancha está fuera del cerco que controla el Ministerio del Interior. Es una formalidad, no es que teman su fuga. De hecho los presos de Domingo Arena pueden portar serruchos, tijeras, y elementos que en un centro de reclusión convencional serían objetos peligrosos. “No hay problemas de relación entre estos presos y el exterior, no existe el temor a la fuga o el mal comportamiento”, explica Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para las cárceles.
Según Petit, lo “ideal es que no haya diferencias entre los presos, pero por la edad y por el tipo de reclusos no sería conveniente juntar” a estos privados de libertad con otros. El comisionado no sabe qué será de esta cárcel el día después del cierre.
TOMER URWICZ 27 ago 2016