Uruguay: los defensores de los militares hacen “tiempo”

La indagatoria penal y los crímenes de lesa humanidad

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Tribunal cuestionó “chicanas” jurídicas de militares

Un Tribunal de Apelaciones planteó a los jueces penales la necesidad de establecer mecanismos procesales para evitar que los recursos recurrentes presentados por los abogados de militares investigados por violaciones a los derechos humanos se transformen en un factor dilatorio y de revictimización de los denunciantes.

“La justicia tardía no es justicia”. Se trata una muletilla extendida entre todos los operadores del sistema judicial, que refiere a que la demora en la resolución de un conflicto supone un perjuicio para las personas similar a la propia inacción del sistema. El transcurso del tiempo, el paso de los años sin que las personas obtengan una resolución –favorable o desfavorable– implica mantener abierto un conflicto y eso puede, muchas veces, incrementar el daño sufrido.

Esto se ha transformado en un asunto recurrente en relación a las investigaciones por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Organizaciones de la sociedad civil –como Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Crysol y el Serpaj– han denunciado en forma sistemática las dilaciones en la tramitación de estos procesos, en virtud de los recursos de inconstitucionalidad, clausura y prescripción presentados por las defensas de los militares indagados por estos hechos.

Esa situación fue cuestionada, semanas atrás, por el abogado Pablo Chargoñía –integrante del Observatorio Luz Ibarburu– en declaraciones a Caras y Caretas. “El grueso de los casos está en etapa presumarial, en presumarios que están demorando demasiado tiempo, producto del cúmulo de excepciones y de la demora de los tribunales; esa demora es un éxito de la defensa”, señaló. Las causas están “soportando la demora de todo el sistema” con “la situación dramática de que muchas de las víctimas y de los victimarios han fallecido”. “Y justicia demorada es justicia denegada”, afirmó Chargoñía.

La misma crítica planteó la abogada Marina Morelli, denunciante en la causa por el homicidio de Pedro Lerena, en 1975. Morelli planteó ante la Justicia la necesidad de que el proceso tenga una resolución en un plazo razonable, ya que se trata de una causa que lleva más de treinta años tramitándose en los tribunales uruguayos, y que se ha visto extendida por los sucesivos recursos presentados por las defensas.

En este marco, un Tribunal de Apelaciones constató la existencia de demoras en la tramitación de estas causas y reclamó a los jueces penales que se adopten las medidas procesales necesarias para evitar que estos recursos se transformen en un obstáculo para la indagatoria, que devenga en una “revictimización” de los denunciantes “por vía del orden procesal”.

chicanas

Una exhortación

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