Ministerio de Defensa Nacional, Comandante en Jefe de Ejercito, Armada y Aviacion a pesar del descubrimiento de ficheros y archivos en casa del ex Coronel (r) Castiglioni, a pesar de los artículos publicados en el Semanario “Brecha”, a pesar de formarse una Comisión Parlamentaria sobre la existencia del espionaje militar en tiempos de Democracia…niegan que existan o hayan existido tales hechos.
El Estado Mayor de la Defensa y la Dirección de Inteligencia Estratégica aseguran que no hubo espionaje en democracia
El Ministro de Defensa Nacional concurrió al Senado a informar sobre la situación de la FFAA. La sesión, en carácter de Comisión General, fue sostenida en su quórum por la bancada del Frente Amplio.
El senador nacionalista Javier García sostuvo que las FFAA están en “estado crítico”. Según García ha habido un “proceso de desinversión” y una estructura con salarios muy bajos que tiene desmotivadas a las FFAA y que no están pudiendo cumplir con las funciones básicas de su rol.
Por su parte el Ministro de Defensa sostuvo que no hubo espionaje. Menéndez dijo que “institucionalmente no se han realizado actividades de esas características y que no existen en las fuerzas archivos al respecto”. Esta certeza fueron aportadas por el Estado Mayor de la Defensa y la Dirección de Inteligencia Estratégica.
Hay que recordar que Diputados aprobó una comisión investigadora sobre espionaje en democracia, a partir de 1885, luego del encuentro de un enorme archivo, con detalles de seguimientos e informes de inteligencia a los más variados actores políticos y sociales del país, en la casa del fallecido coronel Elmar Castiglioni.
El ministro de Defensa, Jorge Menéndez, informó que interrogó a los comandos de las fuerzas sobre los casos denunciados de espionaje militar en democracia. Los comandantes fueron consultados por escrito acerca de la existencia de archivos o actividades de espionaje en la institución. “Hemos tenido respuestas negativas con la firma de los tres comandantes en jefe”, señaló.
Menéndez compareció este martes en la Cámara de Senadores en régimen de Asamblea General, convocado por Javier García.
El legislador nacionalista entregó al ministro un documento con 26 preguntas sobre la situación de las fuerzas armadas, del personal militar, de las misiones de paz, de la sanidad militar y del servicio de retiro y pensiones. Al finalizar su exposición reclamó que el sistema político lidere las fuerzas armadas con sentido republicano e integrador.
Menéndez hizo una extensa presentación de su cartera haciendo énfasis en la honorabilidad y en la transparencia. Se refirió al aporte en educación a través de jardines maternales para funcionarios y familias de los barrios donde están instalados; destacó la importancia de Uruguay en misiones en el extranjero y anunció un plan de viviendas de 500 unidades para personal subalterno fuera de los barrios sumergidos.
Bajos salarios
El senador interpelante se refirió a los 17.000 soldados que ganan 14.000 pesos o menos. “La pobreza dentro de las Fuerzas Armadas es siete veces mayor de la que hay en el Uruguay en términos generales”, dijo García.
El senador oficialista Yerú Pardiñas matizó estas observaciones señalando que el salario de los soldados se ha venido recuperando con los gobiernos frenteamplistas y que no es el único sector que tiene dificultades. “El personal de tropa es parte de una serie de políticas como evidenció el ministro”, agregó.
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Casi como una anticipación a las respuestas del Ministro de Defensa Nacional, ya había salido en “La Diaria” el siguiente artículo:
Cuestionando privilegios militares
Los datos económicos relativos al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas (coloquialmente conocido como Caja Militar) son escalofriantes y reflejan privilegios que se arrastran desde la dictadura y que hasta ahora nadie se había atrevido a modificar. Los militares retirados y pensionistas suman unas 50.000 personas, y los egresos de la Caja Militar registran un déficit de 400 millones de dólares por año, pero en realidad son menos de 10.000 oficiales retirados los responsables de más de 70% de ese déficit, e hilando más fino, son 1.573 altos oficiales retirados, una cifra equivalente a 3% del total de los jubilados y pensionistas militares, los que reciben entre 133.000 y 345.000 pesos de jubilación por mes.
Estos 1.573 jubilados cobran en total casi 100 millones de dólares por año y representan el 21% del total de los egresos de la Caja Militar. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha sido el primero en dar una señal contundente para transformar esta situación. Primero promovió la discusión de la reforma de la Caja Militar, con una propuesta similar a la llevada adelante en otros colectivos (como la Caja Policial y la Bancaria), que impactaría en el largo plazo. En segundo lugar, envió al Parlamento un proyecto de ley para incrementar los aportes de las altas jubilaciones y pensiones militares y así comenzar a paliar el déficit de la Caja Militar, que tiene otro objetivo, no menor, que es dejar de tratar a los altos oficiales militares como ciudadanos privilegiados, con derechos superiores al resto de los ciudadanos uruguayos. Los datos que aporta el MEF son contundentes.
El déficit de la Caja Militar casi se duplicó en diez años, y hoy es el 1% del Producto Interno Bruto. El crecimiento anual de las transferencias a la Caja Militar es sustancialmente mayor que el registrado por el gasto en educación o en salud. Las transferencias de Rentas Generales financian 87% de los egresos de la Caja Militar, es decir, sus ingresos genuinos representan sólo 13% de sus egresos. La transferencia promedio que hace Rentas Generales por cada pasivo del Banco de Previsión Social (BPS) es de 1.600 dólares por año, pero la que le hace en promedio a un pasivo militar es de 8.100 dólares por año. Y peor aun: la transferencia que el Estado hace a cada uno de los 1.573 oficiales de la franja de ingresos más alta en promedio es de 53.000 dólares por año.
El proyecto de ley de creación de una prestación pecuniaria de asistencia al Servicio de Retiro y Pensiones de las Fuerzas Armadas (como se ha denominado) promovido por el MEF y enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento contiene los criterios de justicia y equidad de otros impuestos progresivos aprobados por gobiernos del Frente Amplio (FA). En primer lugar, las jubilaciones y pensiones que no superen los 50.100 pesos no tendrán ninguna carga adicional. Queda claro que los oficiales retirados con menor rango o subalternos quedan excluidos de este aporte. A partir de jubilaciones y pensiones que superen los 50.100 pesos, los porcentajes de la tasa aplicada son incrementales. Se empieza con una tasa de 2% para esta primera franja que llega a un tope de 53.440 pesos; y la tasa de la última franja es de 20% para jubilaciones y pensiones a partir de los 133.600 pesos.
De aprobarse este proyecto, los aportes realizados por los oficiales por esta carga ascenderán a unos 40 millones de dólares al año, contribuyendo a disminuir el déficit de la Caja Militar en 10%. Como muestran estos datos, esta es una medida paliativa y transitoria, que ayudará económicamente en el corto plazo, pero resulta apenas un paso en dirección de culminar y aprobar un proyecto de ley de reforma de la Caja Militar. El problema de la Caja Militar se debe analizar desde dos perspectivas.
En primer lugar, en relación con los principios de igualdad, solidaridad y justicia distributiva que debe contener todo sistema de previsión social. Es decir, con la situación actual de la Caja Militar, la sociedad no está tratando por igual a los ciudadanos que se encuentran en la misma situación: no tienen las edades de retiro del resto de las personas en actividad, no los afectan los topes jubilatorios y pueden continuar en actividad. Tampoco existe una relación entre los aportes realizados por los oficiales militares durante su vida activa y las jubilaciones y pensiones que cobran desde que se retiran de la actividad. Por otra parte, es un problema estructural insostenible económicamente. Los datos aportados por el MEF muestran que en la Caja Militar aumentan los pasivos y bajan los activos, mientras que en el régimen general se revirtió esta tendencia. Las jubilaciones y pensiones militares no tienen tope y aumentan en términos reales, mientras que las jubilaciones del BPS tienen un tope, y las transferencias en términos reales se mantienen constantes.
Los ingresos genuinos de la Caja Militar se redujeron a la mitad, mientras que los del BPS se incrementaron en 25 puntos porcentuales. La edad promedio de retiro militar es de 49 años, y la jubilación que estos pasivos reciben puede llegar a ser 50% mayor que el último sueldo en caso de los oficiales, y de 200% en caso de los subalternos. Recordemos que una persona que aporta al BPS y se jubila con 60 años obtiene 45% del promedio de los sueldos recibidos durante los últimos diez años. La solución de fondo es la reforma de la Caja Militar, que debe modificar esencialmente tres variables: el aumento de la edad de jubilación, una modificación del cálculo de la tasa de reemplazo (la relación entre el valor de la jubilación y el último sueldo recibido en actividad), y un tope máximo que reduzca sustancialmente las jubilaciones y pensiones, equiparándolas con el régimen general establecido por el BPS.
El MEF también tiene una propuesta de proyecto de ley para la reforma de la Caja Militar que, según anunció el presidente Tabaré Vázquez, entrará en los próximos días al Parlamento. Para terminar este proyecto, se ha desarrollado una larga discusión entre el MEF, el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Llegar a un acuerdo entre estos ministerios no ha resultado fácil. Tampoco resultará fácil la discusión para llegar a un acuerdo en la bancada parlamentaria del FA. Todavía hay sectores que no comparten que la reforma de la Caja Militar encarna los principios más caros de la izquierda.
La reforma de esta caja expresa criterios de equidad, igualdad y justicia, y, por lo tanto, una reforma adicional progresista en cuanto a la distribución del ingreso. A pesar de las acciones corporativas y de las presiones impulsadas por grupos como el Centro Militar, el Club de la Fuerza Aérea, el Club Naval y el Círculo Militar, entre otros, es fundamental e imperioso seguir impulsando la eliminación de privilegios de las Fuerzas Armadas obtenidos durante la dictadura, mecanismo imprescindible de consolidación democrática.
Gustavo Buquet
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Y LA COMISION INVESTIGADORA COMIENZA ESTE JUEVES 24/11/2016
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