La sentencia de Asís: balance de un proceso judicial que se extendió por más de 15 años
A una semana de leído el fallo de la Tercera Corte de Asís de Roma en el juicio por el Plan Cóndor -procedimiento judicial dirigido a esclarecer las responsabilidades por la desaparición, durante las dictaduras latinoamericanas de las décadas de 1970 y 1980, de 43 ciudadanos latinoamericanos de origen italiano-, que empezó en 1999 y llegó a instancias de debate en febrero de 2015, continúan las polémicas y las quejas acerca del veredicto: ocho cadenas perpetuas y 19 absoluciones, 13 de las cuales fueron para imputados uruguayos. Para Uruguay la sentencia ha sido un golpe muy duro, en la medida en que sólo fue declarado culpable Juan Carlos Blanco, canciller de la dictadura, mientras que resultaron absueltos los militares acusados de haber actuado directamente en los secuestros y desapariciones de las víctimas. La situación de Jorge Néstor Tróccoli, que dejó Uruguay y logró escapar a la extradición, deja un especial sabor amargo que será muy difícil asimilar también en Italia, donde reside el ex marino.
Más allá de las palabras rituales de la fiscalía y de los abogados, que recordaron que “es una sentencia y, como tal, debe ser respetada”, vale la pena analizar el fallo para entender cuál fue la mirada de la Corte, mientras se esperan los fundamentos, que serán emitidos en 90 días y que nos dirán si hubo faltas en la construcción de la prueba llevada ante los jueces, cuáles fueron y de qué manera sería apropiado integrarlas.
Giancarlo Capaldo, fiscal a cargo del juicio y que, luego de haber acumulado pruebas y edificado la acusación durante más de 15 años, frecuentó escasamente el aula del juicio y dejó que su sustituta, Tiziana Cugini, llevara adelante el trabajo, se declaró satisfecho: “Esta sentencia afirmó cosas muy importantes […]. [Se probó] la existencia del Plan Cóndor como operación sistemática de eliminación de opositores políticos, gracias a un acuerdo entre varios países. […] logramos probar las responsabilidades de los más altos cargos de las juntas militares; […] consideramos que este es un importante paso adelante”. Capaldo destacó la “calidad” de la sentencia a costa de la cantidad de imputados que él llevó ante la Corte y que fueron declarados inocentes. Con la sentencia del martes se establecieron las responsabilidades en las muertes de 11 ciudadanos de origen italiano desaparecidos (José Montiglio, Omar Venturelli, Daniel Banfi, Gerardo Gatti, María Emilia Islas de Zaffaroni, Bernardo Arnone, Juan Pablo Recagno, Luis Stamponi, Mafalda Corinaldesi, Ismael Viñas Gigli y Horacio Campiglia); para los casos de cuatro italianos (Andrés Bellizzi, Marta Landi, Alejandro Logoluso y Héctor Giordano) los imputados fallecieron, y para ocho casos (Juan Maino, Jaime Donato, Edmundo Dossetti, Ileana García Ramos, Raúl Gambaro, Julio D’Elía, Yolanda Casco y Raúl Borrelli) hubo absoluciones. Ninguna condena fue emitida por las desapariciones de los 20 uruguayos (Alberto Corchs Laviña, Elena Paulina Lerena Costa de Corchs, Alfredo Fernando Bosco Muñoz, Guillermo Manuel Sobrino Berardi, Gustavo Alejandro Goycochea Camacho, Graciela Noemí Basualdo Noguera de Goycochea, María Antonia Castro Huerga de Martínez, José Mario Martínez Suárez, Aída Celia Sanz Fernández, Elsa Haydée Fernández Lanzani de Sanz, Atalivas Castillo Lima, Miguel Ángel Río Casas, Eduardo Gallo Castro, Gustavo Raúl Arce Viera, Juvelino Andrés Carneiro da Fontoura Gularte, Carolina Barrientos Sagastibelza de Carneiro, Carlos Federico Cabezudo Pérez, María Asunción Artigas Nilo de Moyano, Alfredo Moyano Santander, Célica Élida Gómez Rosano) por las que estaba acusado Jorge Néstor Tróccoli.
Por los casos de los cuatro argentinos (Stamponi, Corinaldesi, Viñas y Campiglia) fueron condenados los bolivianos Luis Arce Gómez y Luis García Meza, los peruanos Francisco Morales Bermúdez Cerruti, Pedro Richter Prada, Germán Ruiz Figueroa y el uruguayo Juan Carlos Blanco, que fue condenado también por las muertes de Banfi, Gatti, Islas Zaffaroni, Arnone y Recagno. Dos de los 11 chilenos -Rafael Ahumada Valderrama y Hernán Jerónimo Ramírez Ramírez- fueron condenados por los homicidios de Juan Montiglio y Omar Venturelli.
Si entramos en el detalle de la sentencia, vemos que todas las absoluciones se debieron al hecho de que la Corte consideró que no se probó el crimen de homicidio, mientras que el crimen de secuestro de persona ya prescribió; eso produjo la cadena de absoluciones. En ese mecanismo es culpable también Italia, que todavía no ha legislado el crimen de tortura, que no existe en el Código Penal de ese país y que, en todo caso, aunque se hubiera tipificado, no podría ser utilizado actualmente, debido al principio de irretroactividad de la norma. Duele pensar en todos los testigos que coincidieron para relatar las torturas sufridas; duele, aun más con este resultado, imaginar el proceso de evocación de hechos horribles al que fueron sometidos.
Es evidente que, frente a este panorama, los bolivianos, los peruanos y los argentinos reivindiquen una plena satisfacción; no puede ser así para los chilenos y los uruguayos. Al mismo tiempo, es cierto que el juicio de Roma valió la pena. No fue un gasto de dinero público -como dijo el abogado de Tróccoli-, sino el modo de llevar al centro de la reflexión el tema de la Justicia universal y de lograr unas condenas significativas en torno al aparato político del Plan Cóndor. No es poco, aunque todavía no sea suficiente.
Que familias y víctimas uruguayas salgan tan dolidas del juicio es entendible. Esto tiene que ver, más que con la sustancia de la sentencia, con la percepción de que en Uruguay no hay una política pública clara en el campo de los derechos humanos. Se podría discutir esto durante horas, pero sobre memoria, verdad y justicia hay un discurso oficial y una realidad que no se ajustan por completo entre sí. Eso es muy triste.
Aclarando
En la edición del martes 17 de enero publicamos una nota previa al pronunciamiento de la Tercera Corte de Asís del Tribunal de Roma, bajo el título “El día después”. En aquel artículo, mencionamos, en el segundo párrafo, que uno de los acusados era el coronel Pedro Mato Narbondo, que actualmente está en Brasil. Esa afirmación es correcta, pero unos párrafos más adelante, en una segunda referencia a la nómina de militares uruguayos acusados en Roma, hablamos de Pedro Narbondo y no de Pedro Mato Narbondo. Vale aclarar, para evitar confusiones, que el militar acusado no tiene nada que ver con Pedro Narbondo Álvarez, el ex director del Instituto de Ciencia Política, fallecido en noviembre de 2015.
Nadia Angelucci desde Roma, Italia
OPINION
Gran actuación del teatro uruguayo en Italia
Por Juan Santini
Una de las interesadas en el juicio desarrollado en Italia contra los violadores de los Derechos Humanos, Victoria Moyano, hija de desaparecidos, en declaraciones a la prensa, afirmó que Sendic realizó “toda una representación, un teatro”, cuando a su entender no representa a ese grupo.
He quedado avergonzado de los últimos acontecimientos que se produjeron en Italia a raíz de la sentencia que iba a adoptar el Supremo Tribunal Italiano. Se trasladó una corte de personalidades encabezada por el Lic, Raúl Sendic, en representación del gobierno uruguayo. Luego de conocer el resultado, Sendic dijo a radio Uruguay que se sentía “defraudado” por la resolución, pero que no podía juzgar al tribunal italiano por su decisión. También afirmó que sentía la “tranquilidad de que el Estado uruguayo dio los pasos necesarios”.
¿Defraudado de qué?
De acuerdo al Diccionario de la Real Lengua española, defraudar es en su segunda acepción:
2. tr. Frustrar, desvanecer la confianza o la esperanza que se ponía en alguien o en algo.
Defraudado me sentí, cuando me fue a representar un personaje, que cuando el Capitán de Navío Jorge Troccoli me estaba torturando en el FUSNA, Raul Sendic estaba de Ejecutivo de una cadena de supermercados en Malmo Suecia.
Tranquilidad de qué el entonces Embajador en Italia Carlos Abin, en representación del Estado Uruguayo, salvara al Comandante del FUSNA Jorge Troccoli de ser enviado a la cárcel en Italia. ¿Esos fueron los pasos necesarios?
O parece ser una política coherente del Poder Ejecutivo: Proclamar la Defensa de los derechos Humanos y en la práctica hacer todo lo contrario, como el tero. Eso sí, regar toda la administración nacional y departamental de Comisiones de Defensa de los Derechos Humanos, integrada por personas remuneradas que atienden estos problemas, se encargan de hacer un expediente para pasearlo por todas las dependencias correspondientes hasta que duermen el sueño de los justos.
Quiero trasmitir mi experiencia personal. Desde el año 68, cuando era dirigente de la FEUU, en todas las Medidas Prontas de seguridad, iban a mi casa a buscarme y aprovechaban, los integrantes de la Dirección Nacional de Inteligencia policial, para llevarse muchas cosas de valor. Durante la Dictadura, el Ejército me fue a buscar el mismo 27 de junio, posteriormente localizaron la casa donde me había mudado clandestinamente, tuvieron como un mes y no quedó nada. Cuando me detuvieron, en otra casa clandestina, fueron a donde vivía y sucedió lo mismo. Gracias a la Ley de Amnistía recobré la libertad 6 años después, pero por diagnóstico médico se comprobaron lesiones irreversibles, producidas por la tortura
Cuando gana las elecciones el Frente Amplio, se comienza a discutir una Ley Reparatoria de los Derechos Humanos violados por el Estado uruguayo. Desde ese momento, se comienza a dar la polémica interna en el Frente Amplio. Los senadores José Mujica y Lucía Topolanky, manifiestan: que ellos no “agarraron los fierros para cobrar una pensión” en términos similares se manifestó el entonces Presidente del BPS y actual Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Enrique Murro: “yo no estuve preso para cobrar una pensión” .
Después de largas discusiones se votó la Ley Reparatoria, por la cual se nos otorgó una pensión especial a todos los que estuvimos presos y por otras causantes.
Yo consideré que esa reparación no era justa para mi caso y me presenté, junto a otros compañeros, ante la Justicia, solicitando una ampliación de esa reparación por parte del Poder Ejecutivo.
El Poder Ejecutivo designó al Ministerio de Defensa para que defendiera los intereses de ese Poder. El abogado del Ministerio de Defensa, basó su alegato en que nosotros no teníamos derecho a reparación porque esos delitos habían prescrito. ¿Qué fue lo que aprobó el Estado Uruguayo en lo relativo a la no prescripción de los delitos de derechos humanos?. Esta misma concepción fue la que tuvo el Poder Ejecutivo cuando Juan Gelman se presentó solicitando reparación por el asesinato de su hija y el secuestro de su nieta. Tuvo que recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que para vergüenza de los uruguayos, dictaminó que se le debía reparar.
En nuestro caso, la jueza de Primera Instancia, el Tribunal de Segunda Instancia y la Suprema Corte de Justicia consideraron que esos delitos de Derechos Humanos, habían prescripto. Ahora, como lo hizo el Poeta Juan Gelman, vamos a recurrir la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Poder Ejecutivo sigue aferrado a una monstruosa y aberrante tesitura.
Me pregunto: ¿que fue a hacer el integrante del Poder Ejecutivo, el Lic. Raul Sendic a Roma? A sentirse defraudado porque el Tribunal no considero esa tesis de la prescripción de los delitos, sino que falló por otros motivos. O para lavarse políticamente de la mentira de la Licenciatura pidiendo la entrevista con Bergoglio, para que le perdonara los pecados cometidos.
¿Porqué el Poder Ejecutivo y el Frente Amplio tienen esta tesitura sobre los Derechos Humanos?
Porque el Frente Amplio tiene dos grandes vertientes, una la de los que iban a arreglar el país por la vía armada y otra, contrapuesta a esa, que fue la de defender la Democracia.
La vertiente de la vía armada siempre denostó la lucha por los Derechos Humanos, porque es parte fundamental de la concepción de la Democracia. “No agarramos los fierros para cobrar una pensión”
Solamente en el primer Gobierno de Tabaré Vázquez y en particular la Ministro de Defensa Dra. Azucena Berruti, hicieron los pasos necesarios para defender los DD HH y realizar las investigaciones de la violación de esos DD HH, que se realizaron durante la Dictadura. Luego hubo un limbo y con la ascensión de José Mujica, quien designó a Eleuterio Fernández Huidobro, no solo no se hizo nada al respecto, sino por el contario, se clausuraron todas las investigaciones. Yo diría que se fue más lejos, parece que la alianza forjada en el Batallón Florida, entre los Tenientes de Artigas y el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, fue la que dirigió el Ministerio de Defensa. Con la muerte de Fernández Huidobro fue designado el actual Ministro Jorge Menéndez y con carácter de “Comisario Político” Daniel Montiel, como Subsecretario, pese a estar investigado por el Juzgado del Crimen Organizado, por haber perdonado una cuantiosa multa a FRIPUR y por ende a los hermanos Fernández, cuando era Director de DINARA
Hemos soportado en estos últimos períodos terribles afrentas por parte de un Ejército que se mantiene incólume desde la Dictadura: Misa Oficial del Comandante en Jefe del Gobierno, con invitación oficial, uniforme de gala y discursos de la Edad Media. Violación nunca vista a la “bendita” laicidad, que es orgullo de los uruguayos.
Participación del Jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la República Gral. Alfredo Erramun al sepelio de uno de los mayores asesinos de éste país y por supuesto Jefe de los Tenientes de Artigas, el siniestro Goyo Álvarez. Por esta acción, SOLAMENTE FUE AMONESTADO por el Ministro de Defensa.
Búsqueda, publica en su edición del 26/1/2017 que el Goyo Alvarez cobraba $ 173.000 de jubilación y que los demás asesinos más de $ 100.000. Estas jubilaciones se traspasan como pensiones a sus familiares.
Hemos visto por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas amenazas e insultos al gobierno, por querer modificar el régimen de jubilaciones de la Caja Militar, régimen impuesto en la Dictadura Militar, insultos y amenazas que no tuvieron ninguna repuesta por parte del Gobierno ¿Estamos en una democracia tutelada o se respecta el Pacto del Batallón Florida?
Eleuterio Fernández Huidobro como Ministro de Defensa, actuaba más como el Comandante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que como militante del Frente Amplio, era más milico que los propios milicos.
El periodista Carlos Pelaez denuncia que la Dra. Mirtha Guianze expresó: “que la Comipaz entregó al tribunal italiano documentos que a la justicia uruguaya se negaron”.
La secretaria de la Comipaz era Graciela Jorge, integrante del Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros) .
Carlos Pelaez concluye: “Ha llegado la hora de discutir en serio el papel que han jugado notorios ex dirigentes tupamaros en el mantenimiento de la impunidad”.