Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia:gesto positivo y destacable
El Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia que en la actualidad coordina el Dr. Felipe Michelini ha venido trabajando para dar cumplimiento a las disposiciones del Decreto que oficializó su constitución en el año 2015, apenas asumió su segunda presidencia el Dr. Tabaré Vázquez.
Ha venido trabajando en los diferentes ámbitos de manera tenaz y constante aunque a un ritmo de avance, en cuanto a resultados concretos, lento. El tiempo pasa. Nos vamos volviendo viejos.
En la actualidad se encuentra preparando, de manera colectiva, un documento a entregar al Presidente de la República con un conjunto de recomendaciones y sugerencias para potenciar el compromiso gubernamental en materia de DDHH del pasado reciente tal como le fuera encomendado en su debido momento, en el Decreto 131/2015.
Está en nuestro poder el borrador de trabajo del Grupo. Acerca del mismo es prematuro emitir ningún comentario. En líneas generales recoge lo obvio, lo que fuera señalado en su debido momento por la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (diciembre de 2012) y también lo mencionado por el Relator Especial de la ONU, en setiembre de 2014 luego de llevar a cabo una visita durante el gobierno de José Mujica
Lo llamativo y novedoso de la situación, lo que motiva esta columna de opinión colectiva es el hecho de que el Grupo de Trabajo, antes de la aprobación del documento, ha puesto en circulación un borrador para conocimiento de las organizaciones sociales involucradas en la temática, recabando opiniones, sugerencias y comentarios. Algo inédito y sorprendente en un medio en el cual abunda el secretismo, la altanería y la soberbia al interactuar con la sociedad civil organizada. En el reino de “es lo que hay, lo toman o lo dejan” es un gesto de gran valor. Significativo. Esperemos y seguiremos militando para que gestos de esta naturaleza se extiendan y se profundicen, se naturalicen en el relacionamiento con la sociedad civil.
Como colectivo adherimos al reclamo de mayor transparencia y cristalinidad en la designación de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia.
Más allá de las coincidencias o discrepancias, las coincidencias son muy grandes, saludamos públicamente el gesto de consultar formalmente a nuestro colectivo y recabar nuestra opinión. Somos la organización que representa a miles de luchadores sociales y políticos que hicieron una contribución decisiva para restablecer la institucionalidad democrática y luego para afirmarla y generar las condiciones para el Nunca Más.
Las leyes reparatorias, una parte de las obligaciones estatales, aprobadas en los últimos 10 años fueron sumamente importantes y valiosas, luego de décadas de impunidad y de cultura vergonzosa de impunidad. Nuestro colectivo desempeñó un gran papel para apoyar a los gobiernos en su labor de fortalecer la democracia y la institucionalidad, implementando a cabalidad las normas de DDHH, muy especialmente la norma de referencia, la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas. Las fallas y carencias comprobadas de las leyes, obedecen en parte al hecho de no haber consultado, escuchado y negociado lo suficiente con las organizaciones representativas de las víctimas en su momento.
La dictadura cívico militar fue un verdadero desastre, una hecatombe nacional que benefició a un pequeño y reducido grupo de sectores económicos que se enriquecieron mientras los trabajadores y los sectores populares veían descender sustancialmente su poder adquisitivo y su nivel de vida.
Nuestro colectivo de ex presos políticos, desde su constitución y aún desde antes, ha batallado para que el Estado cumpla con sus obligaciones, legales, políticas y éticas para que los hechos del pasado no vuelvan a repetirse. La implementación en la realidad uruguaya, a rajatabla de la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas, es el estándar de calidad para evaluar el proceso transcurrido y definir los desafíos del presente.
El poder judicial hasta el momento ha sido y parece seguir siendo, salvo honrosas y dignas excepciones, con su inoperancia y parsimonia, el talón de Aquiles de la afirmación democrática. Solo un pequeño y conspicuo núcleo de asesinos y torturadores ha sido condenado, y no ha habido ni un solo Tribunal de Honor que los expulse de las FFAA como corresponde. Hasta sigue vigente una ley jubilatoria privilegiada, aprobada en plena dictadura, que los ampara. El Estado gasta 400 millones de dólares por año para solventar el déficit de “la caja militar”. 1573 ex oficiales, en su mayoría la columna vertebral del proceso, se llevan anualmente 100 millones de dólares, con aguinaldo incluido.
El Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia ha demostrado en la ocasión una gran sensibilidad y una adecuada metodología para conversar y negociar. Además de otras medidas, se necesita, como es público y notorio, una nueva ley.
Las recomendaciones que formule el Grupo serán de gran importancia, al igual que la presencia y la participación de las organizaciones en la preparación del anteproyecto de ley.
Crysol siempre está para aportar. Nunca es fácil. Bien, muy bien, por el Grupo de Trabajo. Al César lo que es del César.