Menéndez: los tribunales de honor militares “no son funcionales” y hay que modificarlos
Antes de salir del despacho, mostró una medalla que le regaló la ex presidenta de Brasil Dilma Rousseff. “La voy a llevar en mi corazón”, dijo. Jorge Menéndez integró la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados cuando era legislador por el Partido Socialista. En 2008 asumió la subsecretaría del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), y el año pasado su titularidad, tras el fallecimiento de Eleuterio Fernández Huidobro. Hubiera preferido hablar de sus tres hijas y de su fanatismo por Peñarol, pero la entrevista, en cambio, giró en torno a anuncios y desafíos de una cartera compleja para los gobiernos del Frente Amplio. El ministro informó que este año enviará al Parlamento un proyecto para cambiar la Ley Orgánica Militar, que Uruguay está estudiando la participación en nuevas misiones de paz y que el gobierno ya aplicó el artículo 25 de la Constitución, responsabilizando a militares por los daños causados en dictadura.
-La ley marco de Defensa Nacional consagró el control civil en algunas áreas del Estado que estaban bajo control militar. ¿Se piensa seguir avanzando en ese proceso?
-La ley marco traza una línea de acción que sigue siendo prioritaria para el MDN. Determina que hay que aprobar una política de defensa nacional y una política militar de defensa. También determina que, como lo dice la Constitución expresamente, la justicia militar debe pasar de la órbita militar a la civil. En el período anterior presentamos un proyecto de ley al Parlamento que establecía esto, cambiando el código penal militar y el código del proceso militar. El proyecto no fue tratado. Lo presentamos en este período legislativo y tampoco ha sido tratado. Se ha avanzado en ese proceso [de pasaje del control militar al civil] con la creación, dentro de la estructura del ministerio, de las direcciones General, Financiero Contable, de Recursos Humanos, de Servicios Sociales. También se creó la Dirección de Políticas de Defensa, que para el ministerio es muy importante. Todas estas direcciones están encabezadas por civiles. Al frente de otras también hay civiles, como la de Asuntos Internacionales y la de Formación. Esta última acaba de generar, días pasados, un proyecto que establece cambios al decreto de 2007 que establecía las características del ingreso a las escuelas militares. El nuevo decreto, que rige para el ingreso de este año a las escuelas militares, establece que puede ingresarse sin aquellas trabas vinculadas a situaciones de las personas, como el embarazo o la opción sexual, en un escenario mucho más en línea con las leyes del país, pero también con acuerdos internacionales con los que estamos comprometidos. También tenemos la Dirección de Derechos Humanos, que tiene al frente a José Ignacio Korzeniak. Estamos trabajando en el Decreto 215, para dar a todas estas estructuras que acabo de mencionar la organización administrativa y los objetivos de funcionamiento. Este año va a estar pronto ese decreto y va a ser importante para el futuro. Además, queremos generar doctrina conjunta en las Fuerzas Armadas, establecer compras conjuntas para abaratarlas y hacerlas más eficientes, y capacitación conjunta. ¿Por qué tenemos que tener tres escuelas [por cada una de las fuerzas]? Podemos evaluar tener formación conjunta, como forma de tener un mismo criterio doctrinario, y luego, las especializaciones correspondientes. Creo que hay que trabajar en esa materia.
-¿Piensan cambiar la Ley Orgánica Militar de 1974?
-Ese es uno de los proyectos que tiene este ministerio y este ministro. Es un proyecto bastante ambicioso en el que ya estamos trabajando. Le hemos pedido al Esmade [Estado Mayor de la Defensa] que nos haga una elaboración desde dentro, que será un insumo para un trabajo que posteriormente el MDN, con otros apoyos, plasmará en un proyecto de ley que pensamos que sea la actividad central de este ministerio para 2017. Eso trae aparejadas otras cosas; por ejemplo, lo que tiene que ver con los tribunales de honor. Esto no es contra nadie, es para poner a esta área de la administración pública en línea con las grandes políticas rectoras del Estado nacional y de nuestro programa de gobierno.
-¿Se van a introducir cambios en el funcionamiento de los tribunales de honor?
-Los tribunales de honor tienen un decreto regulatorio, el 55/85, que fue uno de los últimos actos de la época de facto en que estuvo al frente Gregorio Álvarez. Es un decreto de retirada. Nosotros entendemos que debe modificarse, porque hoy tenemos una nueva realidad. Los tribunales no son funcionales. Tienen su autonomía de funcionamiento, estableciendo tiempos que no son los que necesitamos para dar respuesta a una realidad que es diferente de la de años atrás. Entonces, a veces culpamos al ministerio de ciertas cosas, pero el ministerio lo que tiene que hacer es actuar en la legalidad. No puede intervenir en cuestiones que no estén en el marco de las disposiciones existentes. Sí tenemos la idea de modificar lo que tenemos.
-¿El ministerio puede hacer algo en este sentido para que los procesados por violaciones a los derechos humanos no cobren las cuantiosas jubilaciones que se les otorgan?
-Nosotros no podemos actuar por fuera de la ley, porque de lo contrario sometemos al Estado a los juicios de ilegalidad de los procedimientos. Por eso pensamos que hay cosas cuya transformación tiene mérito.
-¿Por ejemplo, modificando la Ley Orgánica Militar?
-Entre otras cosas.
-De cara a la próxima Rendición de Cuentas, ¿considera que deberían asignarse mayores recursos al área de Defensa?
-Yo estoy de acuerdo, porque formo parte de este gobierno, con las áreas que se ha definido como esenciales: educación, seguridad, salud e infraestructura. Sin desmedro de eso, nosotros tenemos funciones que nos marca la ley: velar por la independencia, por la soberanía, por la integridad territorial, por la defensa de nuestros recursos estratégicos. Para esto tenemos que tener fuerzas dotadas en cuanto al número, la preparación y el despliegue, y también recursos materiales para desempeñar las tareas que se nos piden. Hoy existen nuevas amenazas en el país: el crimen organizado, el contrabando de armas, el narcotráfico. Hoy, por ejemplo, debemos actuar junto con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca acompañando a los equipos para mantener el estatus fitosanitario del país. Tenemos que defender nuestra soberanía en el agua, evitando que los pesqueros furtivos se lleven nuestras riquezas. Para todo esto precisamos gente capacitada en el número suficiente, con el despliegue suficiente y con la estructura y los medios suficientes, y en esto pienso que debemos mejorar. Sabemos que es costoso para el Estado, y por lo tanto tenemos que buscar las mejores formas para que los medios que tenemos no le resulten al Estado, por su obsolescencia, más caros que tener medios nuevos. Nosotros hemos trabajado mucho los acuerdos de cooperación, que nos han dado posibilidades. Ya hemos conseguido algunos medios así, fundamentalmente a nivel aéreo. Tenemos ofrecimientos de buques, lo que a veces no implica pagarlos ya, sino que se trata de acuerdos entre estados que implican hacer erogaciones en el tiempo. Personalmente creo que tenemos que atender un plan sistémico y organizado para hacer que el Estado tenga una capacidad creíble desde el punto de vista de la disuasión y de respuesta ante hechos concretos. Esto no quiere decir pelearnos con otros estados. Nosotros no tenemos hipótesis de conflicto, pero sí podemos disuadir a grupos organizados que puedan vulnerar la soberanía y afectar los recursos naturales.
-La oposición ha cuestionado la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas.
-Nosotros somos conscientes de las dificultades que tenemos, y también somos conscientes de las respuestas que el país puede dar desde el punto de vista financiero, y por lo tanto actuamos con la mayor discrecionalidad para hacer que el país pueda ser soberano. Las cosas no son como se plantean, con ese criterio maximalista. Uruguay a veces puede tener equipos viejos, pero tiene sistemas de los que los equipos forman parte, para poder dar respuesta a ciertas cosas. Tenemos las capacidades que el país, mediante las asignaciones presupuestales, nos asigna. Y con eso hacemos lo que está a nuestro alcance.
-¿El ministerio va a apostar a más en la próxima asignación presupuestal?
-Nosotros vamos a apostar a más. Sabemos que es muy difícil. Formamos parte de este gobierno. Tenemos otras fuentes de financiamiento, que son los acuerdos internacionales. Por ejemplo, hace poco tiempo incorporamos dos aeronaves Aviocar C120 en muy buen estado porque Portugal, por normas de la OTAN [Organización del Tratado del Atlántico Norte], debió discontinuar. En base a los acuerdos de defensa que tenemos con Portugal, descubrimos que existía eso y las compramos a un valor muy bajo para nuestro país: vendimos una propiedad que teníamos en Chile y con otros recursos, no presupuestales, hicimos la compra. Los aviones están dando servicio a Uruguay. La otra fuente de financiamiento es la que nos ingresa por misiones de paz, que es muy importante. El ingreso se da por dos vías: uno para pago de personal, y otro de reembolso por la utilización de materiales en misión. Eso se hace de acuerdo a la ley -antes estos recursos se manejaban discrecionalmente-, con intervención de mecanismos de contralor. Son fondos de terceros y su utilización se hace en base a criterios preestablecidos y comprobables. El Ejército hace sus compras en un 90% con fondos de la ONU. Es el caso de cuando compró los Land Rover que hoy tiene, algunos de ellos con radares para la zona fronteriza, armamentos y municiones.
-¿Uruguay está estudiando participar en otras misiones de paz?
-Sí. Es una política de Estado a esta altura. Este gobierno cree en la bondad de nuestra participación en misiones de paz, cree en el instrumento al que echa mano Naciones Unidas para llenar ese difícil momento que queda entre el conflicto y la reinstitucionalización de los países. No todas las misiones son exitosas, pero en general Uruguay cree que este es un instrumento válido. Nosotros estamos entrenando a nuestra gente a partir de misiones. Todos los funcionarios que van a misiones de paz vuelven con un plus diferente y se insertan en la sociedad de una forma mucho más positiva. Nosotros estudiamos cada misión exhaustivamente, desde el punto de vista del escenario, de la conveniencia de la misión, de las posibilidades de éxito. No vamos a cualquiera.
-¿Qué misiones tienen a estudio?
-Yo no voy a hacer públicos esos temas porque pueden no ser convenientes para la resolución final, pero tenemos más de una misión. Sí hemos dicho que no, y lo puedo decir, a participar en Malí, y a participar con fuerzas especiales en República Centroafricana. Nuestra especialidad es la protección de civiles.
-¿Qué evaluación hacen de la misión en Haití?
-Uruguay ha hecho una tarea importante. Los problemas de los países no los solucionan las misiones, los solucionan los países. Uruguay ha cumplido con los mandatos.
-Fue un tema espinoso para el Frente Amplio: hubo abandono de bancas, votos en contra. Muchos consideran que hubo una intervención indebida en Haití.
-No ha sido así para la mayoría de los países latinoamericanos que han participado, con gobiernos de izquierda muchos de ellos, que han tenido un compromiso muy importante con Haití. Pero no se le puede pedir a la misión que solucione los problemas de Haití. Se le debe pedir que cumpla con el mandato de las Naciones Unidas, y Uruguay ha cumplido. Tuvo 1.400 personas, ha ido disminuyendo a 250, y tenemos el objetivo de finalizar la misión el 15 de abril.
-El Grupo de trabajo por Verdad y Justicia (GVJ) accedió a los archivos de la Fuerza Aérea y el Ejército. ¿Hay novedades a partir de ese trabajo?
-Nosotros hemos recibido al GVJ en varias oportunidades, tenemos una relación permanente. Trabajamos muy cómodos con ellos. Hemos hecho avances. Ellos están trabajando en algún comando -no voy a profundizar sobre esto-, pero tienen las puertas abiertas para trabajar donde lo soliciten. Existen elementos nuevos, pero eso lo maneja el grupo [ver recuadro].
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En preparativos
El GVJ ha avanzado en “preparar el trabajo para el ingreso a los archivos” del Ejército y de la Fuerza Aérea, y continúa trabajando en los archivos de la Armada, dijo a la diaria su coordinador, Felipe Michelini. “Es mucha documentación y se tiene que hacer bien”, alegó. De la información recabada hasta el momento “hay temas puntuales, interesantes, que van a aportar a trabajos previos”, aseguró Michelini, pero agregó que se manejarán “con mucha prudencia”.
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-¿Por qué no se hizo esto antes?
-Pienso que en este ministerio, desde 2005, todos los ministros han dado su aporte positivo a la defensa nacional. Cada uno con su impronta, aportando lo que la realidad del momento les ha permitido. No me corresponde a mí hablar sobre otros períodos, sí sobre lo que tengo responsabilidad de hacer. Y mi responsabilidad es arrojar luz sobre las etapas de nuestro país en las que no existió luz. Y también luchar por el presente y por el futuro, por los derechos humanos de todos. Eso también tiene que ver con la forma en la que vive la gente. Nosotros tenemos un montón de funcionarios que trabajan en este ministerio que están por debajo del índice de pobreza, con muchas dificultades desde el punto de vista habitacional y salarial.
-¿Qué características tendrá el proyecto de reforma de la Caja Militar?
-Se está elaborando. No vamos a hacer exposición pública de esto hasta que no sea consensuado con el Poder Ejecutivo, pero se está trabajando y el objetivo es que se discuta en el Parlamento este año.
-El ministerio inició una investigación interna para determinar si hubo espionaje de militares en democracia. ¿Hubo avances?
-Acá hay una investigación que está realizando la Justicia. El Parlamento también está investigando. Nosotros tenemos total voluntad de aportar todo lo que tengamos. Después, internamente, estamos trabajando, y veremos los resultados a los que podamos llegar, tratando siempre de dar luz a los hechos que eventualmente hubieran ocurrido, y buscando fundamentalmente que todas las actuaciones que se realicen sean en el marco de la Constitución y las leyes de la República. Acá, en este país, hoy, no hay espacio para actuar por fuera de la Constitución y la ley. Quien lo haga no tiene cabida en las dependencias de este ministerio. Eso está claro.
-¿Han encontrado indicios de que militares en actividad hayan participado en espionaje?
-No voy a informar de eso en este momento.
-¿Se ha tomado alguna decisión respecto de algún funcionario por este motivo?
-Decisiones que se hayan tomado sobre funcionarios no hay, por el momento.
-Pero la investigación continúa.
-Exactamente.
-La oposición lo interpelará este mes por la compra de un avión que será utilizado para viajes de las autoridades de gobierno. Se cuestiona el dinero que se gastará en esa compra y el mecanismo de adjudicación.
-Nosotros seguimos adelante con el proceso de compra. Reiteramos el gasto; estamos convencidos de que será una compra que redundará en beneficio del Estado, porque es un avión multipropósito. Todas las preguntas de carácter técnico las vamos a contestar en el ámbito para el que fuimos convocados. No vamos a establecer, pese a que se ha intentado, una discusión de carácter público. Vamos a dar todas las respuestas en el Parlamento para esclarecer a los legisladores, pero fundamentalmente al pueblo uruguayo, que es el que hace la erogación. Nuestro objetivo es echar luz sobre todos los procedimientos, que nosotros creemos que se han hecho adecuadamente.
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Contra ellos
El GVJ solicitará al Poder Ejecutivo que responsabilice a los militares procesados por violaciones a los derechos humanos por las demandas por daños que puedan iniciar víctimas de la dictadura, al amparo del artículo 25 de la Constitución, que faculta al Estado a ir contra sus funcionarios si hubiera existido dolo en su actuación, repitiendo lo que pagó por concepto de reparación. Menéndez aseguró que tanto él personalmente como ministros anteriores ya han firmado resoluciones en las que, “como lo determina la Constitución”, el Estado “repite sobre personas que han violado derechos humanos y contra las que se han realizado demandas por parte de civiles”. “Nosotros hemos repetido, como corresponde de acuerdo a las leyes”, aseguró el ministro. Menéndez no quiso mencionar los nombres de los militares contra los que el Estado repitió acciones, pero según pudo averiguar la diaria, firmó, entre otras, resoluciones contra Gregorio Álvarez, ya fallecido, y contra el marino retirado Juan Carlos Larcebeau.
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-Nosotros no podemos actuar por fuera de la ley, porque de lo contrario sometemos al Estado a los juicios de ilegalidad de los procedimientos. Por eso pensamos que hay cosas cuya transformación tiene mérito.