El movimiento de derechos humanos destacó la decisión judicial
“Una satisfacción debida a las víctimas”
Distintos organismos de derechos humanos se mostraron satisfechos por el avance de la causa judicial contra el ex jefe del Ejército, César Milani, por su desempeño durante la última dictadura. “Se trata de una satisfacción debida a las víctimas y a la sociedad que se haya decidido su procesamiento y detención preventiva”, destacó el CELS en un comunicado. “Al mismo tiempo, es imprescindible señalar que esto recién ocurre cuando Milani ha dejado el servicio activo y la jefatura del Estado Mayor y cuando ha concluido su mandato el gobierno que lo designó en ese cargo, lo cual no realza la necesaria imagen de independencia del poder y seriedad de la justicia”, agregó el organismo que impugnó el ascenso de Milani en 2013.
El CELS recordó que “entre los hechos que indicaban que Milani no era idóneo para ocupar ese cargo se encontraba la denuncia de la familia Olivera y la desaparición del soldado Alberto Ledo en Tucumán”. “Todas las causas en las que se investiga la responsabilidad de Milani en delitos de lesa humanidad se han caracterizado por múltiples demoras y postergaciones, incluida esta en la que se ordenó su detención. Es importante que las investigaciones de los crímenes del terrorismo de Estado avancen con celeridad para garantizar verdad y justicia a las víctimas y a toda la sociedad”, reclamó. “La detención de Milani demuestra la necesidad de mantener vigente la política de Verdad, Memoria y Justicia”, indicó el ex canciller Jorge Taiana, también integrante del CELS y diputado del Parlasur.
“Sentí satisfacción, es un día especial y emblemático, esperamos que siga preso”, señaló Nora Cortiñas de Madres Línea Fundadora, quien calificó a Milani como “un general de la democracia enferma”. “Fue reprobado y hubo una decisión que no fue un error, no fue una equivocación sino una decisión tomada desde la presidencia”, remarcó sobre su nombramiento al frente del Ejército. Cortiñas recordó que “en mi último hábeas corpus que hice por mi hijo Gustavo, involucré a Milani porque él era un oficial de inteligencia y quería saber si por donde había estado actuando sabía algo de mi hijo”.
“La detención de Milani es una conquista de la larga lucha por Memoria, Verdad y Justicia”, sostuvo la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. “En los días que corren, donde la derecha procesista busca levantar cabeza con los dichos de Lopérfido, Gómez Centurión y el propio Macri, defender cada juicio en marcha, cada investigación judicial abierta; sostener como un principio inalterable que el Genocidio se prueba con el testimonio de los sobrevivientes y que ellos dicen verdad; ir por todos los culpables incluidos empresarios, operadores judiciales, religiosos, embajadores e intelectuales que fueron parte del Plan de Exterminio es un deber inexcusable de todas las personas comprometidas con los Derechos Humanos”, destacó.
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El ex jefe del Ejército fue trasladado ayer a una cárcel del Servicio Penitenciario Provincial
Detuvieron a Milani tras declarar en La Rioja
El militar había sido designado en 2013, cuando se conocieron las impugnaciones por su desempeño durante la última dictadura.
l teniente general retirado César Milani, ex jefe del Ejército entre 2013 y 2015, fue detenido ayer en La Rioja por orden del juez federal Daniel Herrera Piedrabuena, quien lo había citado para indagarlo por los secuestros de Pedro Olivera y su hijo Ramón en 1977 y por el de Verónica Matta en 1976. El militar de 62 años se negó a responder preguntas durante la indagatoria y presentó un escrito en el que se declaró ajeno a los hechos que se le imputan y negó su responsabilidad en los mismos. Por la tarde fue trasladado a una cárcel del servicio penitenciario riojano. “Esperamos que la decisión del juez sea que quede detenido con prisión preventiva, por todas las pruebas y elementos reunidos en la causa”, afirmó Ramón Olivera. “Se trata de una satisfacción debida a las víctimas y a la sociedad”, sostuvo el CELS –que había impugnado su ascenso– y remarcó que la detención luego del retiro y del fin del gobierno kirchnerista “no realza la necesaria imagen de independencia del poder y seriedad de la justicia”.
La de ayer fue la segunda indagatoria de Milani en la semana. El martes se había presentado en Tucumán, en la causa por la desaparición forzada del conscripto Alberto Ledo, a quien el Ejército declaró “desertor” en un sumario que instruyó el entonces subteniente Milani en el Batallón de Ingenieros 141 de La Rioja. Igual que Herrera Piedrabuena, el juez tucumano Fernando Poviña deberá pronunciarse en los próximos días sobre su situación procesal.
Milani, con saco y corbata, llegó al juzgado federal riojano a las 8.30 y comenzó a declarar a las diez. Tal como había anticipado su abogado Gustavo Feldman, no respondió preguntas, sino que presentó un escrito. Allí se explayó sobre su visión del contexto histórico, su función y su conducta, e intentó rebatir las pruebas en su contra.
“Jamás he privado a nadie de la libertad, jamás he encubierto ninguna conducta que supiese delictiva y, mucho menos produje la tortura o muerte de nadie”, afirmó Milani en el texto y dio su versión de los hechos. Sobre la detención de Pedro Olivera, afirmó que “ha quedado demostrado en el expediente que yo no me encontraba en La Rioja a raíz de una actividad en comisión entre los días 10 y 15 de marzo de 1977, permitiendo sostener la imposibilidad material de encontrarme comandando un allanamiento y detención”.
Milani también se refirió a la denuncia realizada por Verónica Matta. “La misma dice haberme visto dentro de la cárcel en el mes de junio del año 1976, tiempo en el que me encontraba en comisión en la provincia de Tucumán cumpliendo actividades con mi compañía de construcciones en el periodo comprendido entre el 20/05/1976 al 17/07/1976, tal como consta en la documentación oficial de mi legajo personal”, precisó.
Milani afirmó también que “no me quedan dudas de que toda esta serie de acusaciones falsas sobre mi persona han sido parte de una campaña política y mediática orquestada a nivel nacional, en la que se me adjudicaron estos hechos para perjudicar” su figura y la del gobierno que lo designó al frente de la jefatura del Ejército.
El secretario de Derechos Humanos de la provincia, Delfor Brizuela, fue el encargado de anunciar la prisión preventiva. Antes el juez rechazó el pedido de excarcelación presentado por los defensores. Militantes de organismos corearon “asesino, asesino” mientras lo retiraban en un móvil de la Policía Federal.
La fiscal federal Virginia Miguel Carmona, a cargo de la acusación, explicó que “en la causa hay elementos sólidos como para justificar la detención” y que “se procede de esta forma para evitar que el imputado entorpezca el desarrollo de la investigación”. “Creemos que si es alojado en una unidad penitenciara vamos a facilitar la comparecencia de Milani a la justicia. De todos modos, tiene todas las garantías a su disposición. Desde 1984 hay testimonios que indican que Milani participó en los secuestros de Ramón y Pedro Olivera”, subrayó. Agregó que la fiscalía instará a que el proceso, a cuarenta años de los hechos, “se lleve adelante en un plazo razonable y sea lo más ágil posible”. La defensora Mariana Barbitta, en la otra vereda, calificó la detención como un hecho “catastrófico y arbitrario” y aseguró que el imputado “siempre estuvo a derecho”.
Milani había sido denunciado por Ramón Olivera de haber participado, en la madrugada del 12 de marzo de 1977, en un allanamiento en el que fue secuestrado su padre, que luego fue torturado en el Batallón de Ingenieros 141. También aseguró que Milani “estuvo presente y lo hostilizó durante un interrogatorio en el que” él mismo intentó “infructuosamente denunciar que había sido torturado en su lugar de detención ilegal”. Olivera realizó una primera denuncia ante la Comisión Riojana de Derechos Humanos en 1984 y ratificó sus dichos en 2013 ante la justicia. Ayer, consultado sobre la dentición, la consideró “un hecho auspicioso”. Se inicia un “camino” para que haya “verdaderamente justicia”, se esperanzó, y manifestó su deseo de que el juez dicte la prisión preventiva. Recordó que su padre vivió hasta 1999 y “podría haber declarado tranquilamente, pero el expediente dormía en el tribunal por las leyes de punto final y obediencia debida”.
Verónica Matta, que en 1976 tenía 17 años y era delegada en el Colegio Nacional Joaquín V. González de La Rioja, declaró por su secuestro en 2014. “Había una figura que contrastaba con el resto de los presentes. Era un joven vestido de militar, muy apuesto, carilindo, y que llevaba la voz cantante. Le decía a mi viejo: ‘No se preocupe doctor’. Mi papá preguntaba: ‘¿Pero a dónde la llevan?’. ‘No le podemos decir, doctor’, le decía este militar, que para mí era Milani”, recordó en una entrevista. “Estoy profundamente conforme con la decisión, a pesar del tiempo que ha llevado y las dilaciones que permanentemente Milani planteó”, dijo ayer. “Es un día especial. Se trata de una profunda sanación tanto de mi persona como de toda una generación marcada por la represión y sus secuelas”, explicó.
Milani fue nombrado jefe del Ejército por decisión de la ex presidenta Cristina Fernández, en julio de 2013, antes de que se conocieran las denuncias en su contra. En diciembre de ese año, pese a la impugnación del CELS y los cuestionamientos de otros organismos, el oficialismo consiguió en el Senado su ascenso a teniente general, aprobado por 39 votos a favor y 30 en contra. El argumento para respaldarlo fue que no estaba procesado, postura que dividió aguas al interior del movimiento de derechos humanos. En junio de 2015 Milani pidió su pase a retiro invocando “razones personales”. Casi dos años después y a cuarenta de los delitos que se le imputan, quedó finalmente detenido.
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Denuncias contra funcionarios en Tres de Febrero
Una vuelta en Falcon
Un integrante de la Dirección de Juventud fue denunciado por mensajes reivindicatorios del terrorismo de Estado. Desde los organismos dicen que no es un hecho aislado.
Por Adrian Figueroa Diaz
En Tres de Febrero, las denuncias contra funcionarios municipales que reivindican la dictadura se convirtieron en algo habitual. Esta semana, un integrante de la Dirección de Juventud fue denunciado por haber tuiteado que aún hay quienes tienen “ganas de que los lleven a dar una vuelta en un Falcon verde”. Pero para los organismos de derechos humanos, esto no es extraño. Desde que el macrista Diego Valenzuela asumió en la intendencia vienen reclamando la renuncia del secretario de Seguridad local, un ex capitán del Ejército que participó de actos de reivindicación de genocidas y que en la comuna pone en marcha “una política de control social”.
El escándalo en la Dirección de Juventud comunal se desató días atrás, cuando se reveló que Agustín Fernández, un funcionario contratado por la gestión PRO, había publicado en su cuenta de Twitter al menos dos claros mensajes a favor del terrorismo de Estado. El primero, del 31 de enero, decía: “Acabo de ver una vieja con una remera de Evita que decía ‘Amor eterno por el pueblo’. Esto con Videla no pasaba”. El otro tuit es del 4 de febrero pasado: “Qué ganas de que los lleven a dar una vuelta un Falcon verde”.
La reacción de las organizaciones de derechos humanos fue pedir su renuncia. No bien lo hicieron, Fernández cerró sus cuentas en las redes sociales. Más tarde, el miércoles pasado, el secretario municipal de esa área, Miguel Ángel Delamer, anunció por las mismas redes que al cuestionado funcionario “le fue rescindido el contrato ni bien se conocieron sus posteos”. Ayer, Valenzuela confirmó esa decisión y buscó despegarse.
El intendente sostuvo que Fernández no tenía ningún rango político. Sin embargo, según Luis Cambá, integrante de la Comisión de Familiares y Compañeros de Detenidos Desaparecidos de Tres de Febrero, el ahora ex funcionario no era un contratado más. Tenía responsabilidades ejecutivas y estuvo a cargo de los programas “Parlamento Juvenil” y “Operativo Frío”, entre algunas de las iniciativas de la Subsecretaría de Participación Ciudadana municipal.
Esa comisión de derechos humanos fue la que denunció el caso y exigió a Valenzuela que diera explicaciones públicas sobre el escándalo. No obstante, la primera reacción surgió desde el bloque de concejales del Frente para la Victoria (FpV), cuyos integrantes presentaron una declaración de repudio por la apología del terrorismo de Estado.
No obstante, el caso de Fernández “no es un hecho aislado”, consideró la concejala del FpV Cristina Heredia, quien anticipó a este diario que harán “una denuncia penal, en principio, contra Fernández”.
“Esto está en síntoma con algo más general”, insistió la legisladora en referencia a las denuncias que tanto el bloque del Frente para la Victoria como las organizaciones de derechos humanos sostienen desde 2015 contra el secretario de Seguridad local, Juan Manuel Lucioni, un militar que en 2006 fue pasado a retiro por participar con su uniforme del Ejército de un acto en Plaza Francia organizado por Cecilia Pando.
El reclamo por este funcionario llegó hasta el despacho de Valenzuela. Durante una reunión con integrantes de la Comisión de Familiares y Compañeros de Detenidos Desaparecidos defendió a Lucioni al sostener que este “era un niño” en los años ‘70 y que, por ello, no había participado de la represión. “Nosotros no lo acusamos de eso sino de reivindicar el terrorismo de Estado”, aclaró Cambá. En Tres de Febrero, añadió, “la política de derechos humanos está ceñida a una política de seguridad, de sitiamiento”. Según denunció, “hay policías por todas partes” que “a los pibes no los dejan ni estar en las plazas”. Los revisan y les piden documentos “de manera agresiva y con insultos”.
En otro hecho llamativo en la comuna, hace días renunció a la Secretaría General del municipio Juan José Gómez Centurión, hijo de homónimo ex militar carapintada y titular de la Aduana que negó el genocidio y la cantidad de desaparecidos. La dimisión ocurrió luego de las polémicas declaraciones de su padre, y fue para asumir otro cargo en el área de Asuntos Metropolitanos del gobierno de María Eugenia Vidal.
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La detención del ex jefe militar Milani por crímenes de la dictadura generó distintas reacciones en Argentina
El ex titular del Ejército argentino César Milani fue detenido el viernes en la provincia de La Rioja como sospechoso de allanamiento ilegal, imposición de torturas y privación ilegítima de la libertad de Pedro Olivera, Ramón Olivera y Verónica Matta en 1977, durante la última dictadura argentina.
Milani se presentó ante la Justicia el viernes de mañana para declarar por el caso. Después de cuatro horas, el juez federal a cargo, Daniel Herrera Piedrabuena, finalmente ordenó su “detención con prisión preventiva” para evitar una posible obstaculización en la investigación.
El hombre que lideró el Ejército argentino de 2013 a 2015 fue imputado por crímenes que tuvieron como víctimas a tres riojanos. El primero se cometió el 12 de marzo de 1977, cuando un grupo de militares comandado por Milani entró a la casa de Pedro Olivera y lo detuvo “para verificar sus antecedentes”, según se puede leer en la resolución judicial citada por la agencia de noticias Télam. Olivera fue “trasladado al entonces Instituto de Rehabilitación Social [IRS] donde fue víctima de torturas que consistieron en golpizas estando encapuchado, lo que le produjo la parálisis de medio cuerpo”, de acuerdo con el documento.
Dos días más tarde, se detuvo a Ramón Olivera, hijo de Pedro, a quien se acusó de pertenecer a la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo. La resolución establece que Ramón también fue trasladado al IRS, en donde “sufrió amenazas, torturas y tormentos, quedando alojado en un calabozo”. Allí, el hijo de Pedro “fue vendado en los ojos, le ataron las manos por la espalda, fue subido a un vehículo en donde le insinuaban que iban a matarlo, lo bajaron y comenzaron los castigos” mientras lo interrogaban. Cuatro años más tarde, Ramón quedó en libertad y a disposición del juez federal Roberto Catalán, que también está involucrado en esta causa, según el documento judicial. Ramón Olivera denunció a Milani ante la Comisión Riojana de Derechos Humanos en 1979 y 1984, pero la causa no avanzó por insuficiencia de pruebas.
El tercer hecho tiene que ver con Verónica Matta, que aseguró que Milani comandó el operativo de su “detención ilegal” en julio de 1976, cuando ella tenía 17 años. En su declaración, Matta dijo que fue detenida por ser delegada en el Colegio Nacional Joaquín V González de La Rioja, donde estudiaba y donde además conoció a Alberto Ledo, un soldado riojano desaparecido en Tucumán, caso en el que también está implicado Milani. Denunció haber sido obligada a declarar “bajo tortura”, mientras le preguntaban por Ledo y por los profesores de su colegio. Milani negó cualquier vínculo con estas acusaciones y su defensa argumentó el jueves que se debe cerrar la causa. Sin embargo, el juez rechazó ese pedido argumentando que “no estaban dadas las condiciones para plantear ese recurso” y Milani quedó detenido el día después.
La abogada de Milani, Mariana Barbitta, dijo a una radio que la prisión preventiva dictada contra el ex militar es “absolutamente arbitraria e indignante”, ya que “no hay riesgo de fuga ni entorpecimiento” de la investigación. El sábado, la defensa pidió al juez Herrera Piedrabuena que revoque la decisión de mantenerlo preso mientras avanza el juicio.
Mientras se analiza este pedido, Milani está recluido en el servicio penitenciario provincial de La Rioja. Ayer, la abogada denunció que su cliente está detenido en condiciones “paupérrimas” y “alarmantes” y no descartó la posibilidad de presentar un recurso de hábeas corpus si “se agrava” la situación. Agregó que Milani fue encarcelado en un momento “conveniente” para el gobierno del presidente Mauricio Macri, con el propósito de que se desvíe la atención de los casos del Correo Argentino y el ajuste en las jubilaciones.
La detención de Milani provocó diferentes reacciones en el oficialismo, que celebró la resolución judicial y cuestionó la honestidad del gobierno anterior. La vicepresidenta argentina, Gabriela Michetti, dijo que el fallo de La Rioja revela la “hipocresía” del kirchnerismo y las organizaciones de derechos humanos, que “defendían al general Milani” a pesar de que existían “sospechas de que había tenido algo que ver con las barbaridades que la dictadura generó” en el país. “Es incoherente”, concluyó en declaraciones a una radio.
En el mismo sentido, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dijo que la sentencia final de la Justicia determinará si el “compromiso con los derechos humanos del gobierno anterior” era una “postura demagógica” o “un compromiso real”. A su vez, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, acusó a los organismos de derechos humanos de negarle el apoyo a la familia Olivera y haberla “maltratado”.
En tanto, el diputado del Frente para la Victoria Juan Cabandié, hijo de desaparecidos, dijo que recibió “con alegría” la detención de Milani, la cual, dijo, fue posible “gracias a la política de derechos humanos que impulsaron Néstor y Cristina Kirchner” en sus respectivos gobiernos.