Sobre “los archivos”

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Mal de archivos

En diciembre de 2004, cuando se estaban cerrando las actividades del seminario “Archivos y Derechos Humanos” en el edificio central de la Universidad de la República (Udelar), se abrió paso entre los participantes una mujer canosa de presencia firme y serena. Era Azucena Berrutti, ya nombrada por el presidente electo Tabaré Vázquez como su futura ministra de Defensa Nacional. Los allí presentes contuvieron la respiración. Y enseguida se miraron, aliviados y contentos, porque su comparecencia parecía augurar un porvenir optimista en relación con el tema que los convocaba.

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Ha pasado más de una docena de años, y muchas veces me he encontrado evocando y evaluando ese momento, tratando de decidir cuánto de esa promesa se ha cumplido y cuánto queda aún pendiente. ¿Dónde poner el énfasis: en lo que inequívocamente se ha logrado, o en los sucesivos fracasos de los reclamos de apertura integral y transparencia real respecto de la documentación de lo que seguimos llamando “pasado reciente” (básicamente la dictadura y sus prolegómenos)? ¿Y qué nuevos desafíos y oportunidades se han abierto en el lapso transcurrido desde entonces?

Empecemos por los logros. En primer lugar, es claro que era acertada la intuición de muchos de que existía registro documental oficial de lo sucedido durante los años de dictadura, incluyendo las más graves violaciones a los derechos humanos y el funcionamiento del aparato represivo. Kilómetros lineales de documentación dan fe de esa afirmación en las cámaras del Archivo General de la Nación (AGN) en la calle Convención, en las dependencias de la ex Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) de la Policía en su sede de la calle Maldonado, en el local de la actual Secretaría de Derechos Humanos (SDH) de Presidencia de la República en la galería Caubarrère, y en los depósitos del subsuelo del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros lugares.

Se cuenta, además, con un marco normativo adecuado a estándares internacionales que apunta a regular la preservación y puesta en servicio de los materiales de archivo. Y también es cierto que unas cuantas decenas de personas han accedido a esos repositorios y han utilizado esos documentos en sus investigaciones dentro y fuera del sistema judicial. No es poco. Ni es mérito exclusivo de los gobiernos del Frente Amplio: algunos tímidos pasos se habían dado durante el último año de la presidencia de Jorge Batlle (2000-2005). Pero mucho se debe a la acción de la misma Azucena Berrutti al frente de su ministerio y al esfuerzo subsiguiente de otros políticos, funcionarios, militantes, historiadores, familiares de las víctimas, empleados de la Justicia, periodistas, archiveros y otros ciudadanos con variados intereses en esa documentación.

Sin embargo, lo cumplido dista de ser suficiente. A nadie que lea estas páginas con cierta frecuencia escapará el estado de insatisfacción de esos mismos actores: nunca falta quien salga a protestar cada vez que son exiguas las pruebas ante un juez o cuando escasean las fuentes para construir conocimiento sobre algún aspecto de ese pasado que, en realidad, ya no es tan cercano aunque siga abierto como herida para muchas personas.

La insatisfacción tiene múltiples causas y no son las mismas para todos los insatisfechos. Es posible, sin embargo, enumerar algunos problemas que afectan a cualquiera que pretenda acceder a los documentos que se han detectado en estos años.

Para empezar, se trata de series documentales generalmente incompletas, y su gestión no ha sido menos fragmentaria. El peor caso en ambos sentidos es el de la documentación del Ministerio de Defensa Nacional. Los materiales disponibles hasta el momento no pertenecen al archivo orgánico de esa cartera, sino que provienen de varias agencias de inteligencia y se han ubicado de modo casi aleatorio. En 2006 se localizó una serie de armarios con rollos de microfilm que, por gestión de la misma Berrutti, fueron procesados y luego puestos bajo responsabilidad del AGN. Gran parte del procesamiento se realizó en secreto, y los documentos digitalizados están hoy en día disponibles al público con las restricciones del marco normativo vigente, que no son pocas. Por otro lado, en 2015 se incautó, en el contexto de una causa judicial, un gran volumen de documentación en el domicilio del militar fallecido Elmar Castiglioni. Se sabe poco sobre su contenido y su procedencia exacta, aunque se creó una comisión investigadora parlamentaria para tratar ambos asuntos y, fundamentalmente, para establecer responsabilidades por la continuidad de algunas tareas de espionaje luego del fin de la dictadura. Más recientemente se ha comunicado la existencia de un archivo en la sede de Fusileros Navales (Fusna) de la Armada Nacional. Lo han visto algunas personas vinculadas al movimiento de derechos humanos, pero no se ha especificado públicamente qué tratamiento y destino se le dará.

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