Grupo de Trabajo: Investigarán ilícitos económicos de la Dictadura
El Grupo de Trabajo se apresta a firmar un convenio con la Universidad de la República (Udelar) para investigar los eventuales ilícitos económicos cometidos durante la dictadura
El Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia definió los lineamientos centrales de trabajo para los próximos meses de cara a la investigación sobre los hechos ocurridos durante la última dictadura. En este marco, el grupo definió entre sus prioridades la investigación de uno de los aspectos más controversiales de los hechos ocurridos durante el proceso cívico-militar: los ilícitos económicos.
El Grupo tiene previsto firmar un acuerdo con la Universidad de la República (Udelar) para conformar un equipo de investigadores sobre los ilícitos económicos que se cometieron en esos años, según afirmó su coordinador, Felipez Michelini, a Caras y Caretas Portal. “Es uno de los puntos que se acordara con la Udelar. El convenio está en fase de implementación; la firma es inminente”, expresó Michelini.
En este sentido, la investigación sobre los ilícitos económicos de la dictadura tendrá dos ejes, dijo Michelini. Una parte refiere a los crímenes de lesa humanidad cometidos con fines económicos, es decir, el cúmulo de actividades represivas que tuvieron un interés económico como sustento. La otra parte refiere a la sustentabilidad económica del régimen del terrorismo de Estado.
El Grupo de Trabajo aguarda por estas horas una propuesta concreta de la Udelar para finiquitar la firma del convenio, lo que implicará la incorporación de investigadores “para abordar este tema”. Se estima que se incorporarán investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas, pero no se descarta que también lo integren técnicos de otras facultades.
Michelini explicó que, hasta el momento, la investigación histórica sobre los hechos de la dictadura estuvo centrada en la búsqueda de los detenidos desaparecidos y, más recientemente, en las violaciones a los derechos humanos cometidas contra los presos políticos. Para esta nueva etapa de la investigación se utilizarán los archivos y documentos ya analizados, pero con un abordaje puntual sobre el tema de los ilícitos económicos. “Uno encuentra lo que busca”, señaló Michelini.
Los ilícitos económicos de la dictadura es un tema que no fue abordado en su globalidad por parte del Estado uruguayo, pese a que fue expresamente excluido de la Ley 15.848, de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. El inciso B, del artículo 2º de la norma excluyó del amparo de la caducidad “los delitos que se hubieren cometido con el propósito de lograr, para su autor o para un tercero, un provecho económico”.
Asimismo, el Grupo de Trabajo tiene previsto abordar otros ejes de trabajo. En particular, se apuesta a la recopilación masiva de testimonios, el apoyo a víctimas y familiares y el estudio de los archivos recuperados, así como la continuidad de la investigación histórica y de las excavaciones en busca de restos de detenidos desaparecidos en predios militares. En relación a la campaña de testimonios se apuesta a recopilar información sobre el conjunto de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
Detenidos desaparecidos
En tanto, Michelini confirmó que se retomaron los trabajos de búsqueda de restos de detenidos desaparecidos en el Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea Nº1, de Empalme Olmos, un área de “muchos interés” para los investigadores. Según pudo saber Caras y Caretas Portal, el Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay (GIAF) reinició hace dos semanas los trabajos en la zona.
La búsqueda en esta unidad -conocida como “La Montañesa”- se inició tras información recibida por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de que allí se habrían realizado cinco enterramientos clandestinos: “cuatro hombres y una mujer”. Estos datos eran coincidentes con un croquis presentado en 2008 ante la Justicia por el abogado Óscar López Goldaracena sobre un presunto lugar de enterramiento clandestino en esa unidad militar. Ese croquis le fue dejado en forma anónima, por debajo de la puerta, pero brindaba datos concretos, referidos a la desaparición de “El Gordo Marcos” (Luis Eduardo Silveira), un militante del MLN, muerto en cautiverio.
En tanto, se estima que el GIAF comenzará a trabajar en breve en un área del Batallón de Infantería Nº 13. En ese predio fueron encontrados en 2005 los restos del escribano Fernando Miranda. Varios testimonios recopilados desde entonces refieren a que se trata de un posible lugar de enterramientos clandestinos, lo que implicó varios ingresos al predio. Los últimos trabajos debieron suspenderse tras el hallazgo de una mina antitanque “viva” (detonable) en el predio. Ahora se aguarda la autorización de la jueza Penal de 2º Turno, Marcela Vargas, para reiniciar los trabajos en el batallón. También se está procesando información sobre otras zonas de interés.
Otro de los puntos relevantes es que la Secretaria de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, que dependen del Grupo de Trabajo, absorvió los grupos de historiadores y de antropólogos, que anteriormente trabajaban en convenio con la Udelar. El nuevo sistema le otorga un marco jurídico “más claro desde el punto de vista funcional y administrativo” a los integrantes de estos equipos y permite una continuidad del trabajo bajo las directivas del Grupo de Trabajo, lo que evita que las excavaciones se suspendan por la caída de los convenios con la Udelar y la doble dependencia jerárquica de estos funcionarios.