Fuerzas
Los dos nuevos jueces de la Corte Suprema votaron por equiparar al terrorismo de Estado con los delitos comunes, hecho que nos retrotrae a la Argentina de 20 años atrás, donde los reclamos de los organismos de derechos humanos eran considerados como subversivos.
Por Luis Bruschtein
Se pueden hacer mil discusiones técnicas sobre el fallo de la Corte Suprema, pero el contexto en el que se produce demuestra que los aspectos técnicos de la Justicia van por detrás de los políticos y más atrás de los sociales. Este fallo no se hubiera dado en el gobierno anterior. Y no por el signo ideológico que tuviera, sino por la relación de fuerzas que expresaba. El triunfo electoral de la derecha implicó un cambio en la relación de fuerzas en general, no solamente el reemplazo de un gobierno determinado por otro de distinto signo.
Los dos nuevos jueces de la Corte votaron por equiparar al terrorismo de Estado con los delitos comunes. Expresan la nueva situación, que nos retrotrae a la Argentina de 20 años atrás, donde los reclamos de los organismos de derechos humanos eran considerados como subversivos. El núcleo duro del voto a Cambiemos representa a quienes simpatizaron con los represores. Se ve con claridad en los cacerolazos. Pero el espectro más amplio de ese voto había aceptado y hasta veía con simpatía a la lucha por los derechos humanos. En la polarización ese sector se acercó al núcleo duro prodictadura y desbalanceó una ecuación que había permitido un salto gigantesco en materia de ciudadanía y conciencia democrática.
El gobierno de Cambiemos está integrado en su mayoría por ese núcleo duro que se empeñó en desprestigiar a los organismos de derechos humanos. Hicieron un debate absurdo sobre la cantidad de desaparecidos, hicieron campañas con la manipulación de denuncias de corrupción y atacaron todos los flancos de las políticas de reparación a las víctimas. El mismo Mauricio Macri dijo que iba a terminar con “el curro” de los derechos humanos. Fue una manera de esmerilar en el plano de la cultura los hitos que había logrado instalar la larga lucha de los organismos de derechos humanos.
La declaración de la Iglesia sobre una reconciliación perversa entre víctimas y victimarios precedió a este fallo de la Corte. Hay un clima que rápidamente han recuperado los viejos socios de la dictadura aprovechando el resultado electoral y el cambio que se produjo en la relación de fuerzas, otra vez desfavorable para el campo popular. Habrá que aprender la lección, la formación de consensos en una puja se da entre dos conjuntos, entre dos campos, no tres ni cuatro. Cuando el campo popular se debilita, se fortalece el contrario y se empieza a perder lo que se había ganado.
Los organismos de derechos humanos pueden mostrar una abundante y variada experiencia en la lucha desde el llano. Tienen la piel curtida para no bajar los brazos. En el campo político habrá que fortalecer el polo popular y democrático que salió debilitado con la llegada de Cambiemos para contrarrestar esta ofensiva de la derecha en el plano socioeconómico y en el de la ética y los derechos humanos.
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Organismos de DDHH rechazaron el fallo de la Corte
“Les están abriendo la puerta a los genocidas
Los organismos de Derechos Humanos repudiaron el fallo de la Corte que otorga el beneficio del 2×1 a represores condenados. “Estos delitos no concluyen hasta que no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos apropiados”, recordó Estela de Carlotto y advirtió: “Lo que no se juzga y se condena, se repite”.
Los organismos de Derechos Humanos brindaron una conferencia de prensa en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo para repudiar el fallo de la Corte Suprema que otorgó el beneficio del 2×1 a un genocida condenado. La presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, leyó un comunicado en el que denunciaron que la resolución del máximo tribunal “deja abierta la posibilidad de que los represores condenados por delitos de lesa humanidad queden en libertad”. Horacio Verbitsky, presidente del CELS y periodista de Página/12, dijo que se trata de “una ofensiva llevada adelante con una notable hipocresía” y “un operativo claramente coordinado con perfidia, mentira e hipocresía”. Vinculó el fallo con el anuncio de la Iglesia de proponer una “reconciliación” entre víctimas y victimarios del terrorismo de Estado.
“Hasta el día de hoy fue indiscutido que esta ley no regía para crímenes de la dictadura, dado que no estaba vigente durante su comisión ni durante el juzgamiento de estos delitos”, señaló Carlotto y remarcó que la reducción de pena no es aplicable a las condenas por delitos de lesa humanidad. “Estos delitos no concluyen hasta que no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos apropiados”, aclaró.
También recordó que los genocidas fueron juzgados tardíamente por la vigencia de las leyes de impunidad y que algunas condenas no se encuentran firmes “por las propias dilaciones del Poder Judicial”. “El fallo abre un panorama incierto para las condenas a los apropiadores de menores”, añadió la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y mencionó que si se aplica el nuevo criterio de la “ley más benigna” a este tipo de delitos, “los apropiadores podrían tener penas de 3 años de prisión, que son de ejecución condicional”.
Por su parte, Taty Almeida, de Madres Línea Fundadora, insistió en que se trata de delitos de lesa humanidad y se lamentó: “Pensábamos que esto ya estaba aclarado, que ya estaba aceptado legalmente”. “Nuevamente le están faltando el respeto a nuestros hijos, esto es demostrar que no tienen memoria, que no quieren tener memoria”, apuntó.
Carlotto hizo hincapié en que a los organismos les “llama la atención” que la jueza Elena Highton de Nolasco haya cambiado la postura que mantuvo en años anteriores en causas por delitos de lesa humanidad. “Para dar un ejemplo, en el fallo Magnacco de 2009, que llamativamente fue omitido por la mayoría del Tribunal, justamente Highton de Nolasco se había pronunciado de forma opuesta a la resolución que tomó hoy”, rememoró. “Votó en el sentido opuesto y en línea con los vientos de impunidad vigentes”, dijo la presidenta de Abuelas..
Charly Pisoni, de HIJOS, detacó que los dos jueces nombrados por el presidente Mauricio Macri votaron a favor de la aplicación del 2×1 al represor Luis Muiña. Sostuvo que eso demuestra que los organismos de derechos humanos no estaban equivocados cuando objetaron las designaciones de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz porque “no tenían la idoneidad moral para ocupar esos cargos”. “Este fallo hace que nuevamente nos encontremos con los asesinos de nuestros padres en las calles”, señaló.
En la conferencia se trazó una línea entre el llamado a la “reconciliación” lanzado por las autoridades de la Iglesia esta semana y el fallo de la Corte de hoy. Horacio Verbitsky señaló que se trata de “un operativo claramente coordinado”. Lita Boitano, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, le reclamó al papa Francisco “que tiene que decir una palabra” al respecto porque, a pesar de que anunció una apertura de archivos, “la autocrítica de la jerarquía no la hizo”.
Verbitsky señaló que no puede haber reconciliación porque ninguno de los genocidas admitió los crímenes, ni pidió perdón, ni buscó reparar el daño causado. “Es una enorme hipocresía que reitera el comportamiento que la cúpula eclesiástica católica ha tenido durante décadas”, manifestó el presidente del CELS. Taty Almeida también cuestionó la intención de la Iglesia y remarcó: “Jamás nos vamos a reconciliar. Ni perdonamos ni nos reconciliamos”.
“No claudicaremos en la lucha por la justicia y advertimos que agotaremos todas las instancias internacionales hasta lograr que este criterio que garantiza la impunidad sea abandonado”, cerró Estela de Carlotto, quien convocó a “todo el pueblo” a “defender los derechos conquistados que son la clave para garantizar el Nunca Más en nuestra sociedad”.
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Las repercusiones del fallo
“Es una maldad absoluta”
El fallo de la Corte Suprema, que habilita el 2×1 en beneficio de represores acusados de crímenes de lesa humanidad, generó una catarata de reacciones tanto en el ámbito político como en las redes sociales. La primera dirigente de las organizaciones de Derechos Humanos en salir a opinar fue la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien calificó como “abominable” el fallo del máximo tribunal.
En diálogo con el programa Detrás de lo que vemos, en AM750, Carlotto aseguró que el gobierno de Mauricio Macri quiere “borrarlos” de la historia para construir su propio relato: “Este gobierno ha traído el olvido y el desprestigio. Hasta han tratado de curro a los DDHH”.
La presidenta de Abuelas adelantó que apelarán a los organismos internacionales, que han tomado a la Argentina como un ejemplo en materia de política de derechos humanos: “Vamos a ver cómo destrabamos esto, cómo lo revertimos a nivel internacional”. “Tenemos un gobierno de ladrones, incompetentes y, además, mala gente. Esto es de maldad absoluta. No para nosotros, sino para los hijos de ellos”, señaló.
Carlotto aseguró que no se imaginaba esta situación. “Después de 12 años de gobierno en el que se habían puesto las cosas en su lugar, con la derogación de las leyes de impunidad y el trabajo en las escuelas. No avizoramos esto. Para nosotros esto es una sorpresa”.
Luego, desde la cuenta oficial de Twitter de las Abuelas, se convocó a una conferencia de prensa para las 18 de hoy
Minutos después, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, habló en el mismo programa de la AM750 y defendió el fallo de la Corte: “Estoy de acuerdo con 2×1 si el fallo se ajusta a la ley”.
l fallo de la Corte Suprema, que habilita el 2×1 en beneficio de represores acusados de crímenes de lesa humanidad, generó una catarata de reacciones tanto en el ámbito político como en las redes sociales. La primera dirigente de las organizaciones de Derechos Humanos en salir a opinar fue la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien calificó como “abominable” el fallo del máximo tribunal.
En diálogo con el programa Detrás de lo que vemos, en AM750, Carlotto aseguró que el gobierno de Mauricio Macri quiere “borrarlos” de la historia para construir su propio relato: “Este gobierno ha traído el olvido y el desprestigio. Hasta han tratado de curro a los DDHH”.
La presidenta de Abuelas adelantó que apelarán a los organismos internacionales, que han tomado a la Argentina como un ejemplo en materia de política de derechos humanos: “Vamos a ver cómo destrabamos esto, cómo lo revertimos a nivel internacional”. “Tenemos un gobierno de ladrones, incompetentes y, además, mala gente. Esto es de maldad absoluta. No para nosotros, sino para los hijos de ellos”, señaló.
Carlotto aseguró que no se imaginaba esta situación. “Después de 12 años de gobierno en el que se habían puesto las cosas en su lugar, con la derogación de las leyes de impunidad y el trabajo en las escuelas. No avizoramos esto. Para nosotros esto es una sorpresa”.
Luego, desde la cuenta oficial de Twitter de las Abuelas, se convocó a una conferencia de prensa para las 18 de hoy.
Minutos después, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, habló en el mismo programa de la AM750 y defendió el fallo de la Corte: “Estoy de acuerdo con 2×1 si el fallo se ajusta a la ley”.
Avruj criticó a Estela por sus declaraciones y dijo que su enojo la hace quedar “mal ubicada” y lanzó una polémica advertencia: “La señora de Carlotto tiene mucha vinculación con el Gobierno y recibe mucho apoyo y ayuda de la administración que ella considera como ladrona, incompetente y de mala gente”.
El secretario intentó evitar una opinión directa sobre el fallo (“hay que respetar la división de poderes”, repetió), pero ante la insistente pregunta de si estaba de acuerdo o no con el contenido más allá de la cuestión legal, señaló que “siempre estuve de acuerdo con que los derechos humanos son para todos” y “por sobre todos nosotros está el marco regulatorio de la ley”.
El fallo sumó también rechazos desde el sector de la educación. El gremio de docentes Ctera señaló que “repudia enérgicamente la decisión de la Corte”. “Esta medida vergonzosa es un retroceso en todas las conquistas en materia de derechos humanos que son un ejemplo en el mundo”, remarcó el sindicato que conduce Sonia Alesso, que añadió que seguirá “junto a Madres, Abuelas, HIJOS y organismos de derechos humanos acompañando todas las acciones necesarias para sostener las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia”.
En la misma línea, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA se manifestó en contra del fallo del máximo tribunal que beneficia a un genocida. “Resulta alarmante que la misma Corte que demora el tratamiento del caso de Milagro Sala otorgue beneficios a represores de la última dictadura cívico militar”, expresó el decano Glenn Postolski. Además, vinculó la decisión con la reciente iniciativa de la Conferencia Episcopal Argentina para una “reconciliación” entre los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado y los responsables de la dictadura cívico-militar.
Redes sociales
La reacción en las redes no se hizo esperar y la Corte Suprema se convirtió rápidamente en trending topic en Twitter. #NoNosRenconciliamos fue el hashtag elegido por la agrupación H.I.J.O.S para luego lanzar una serie de tweets en contra de la resolución de la Corte:
Con absoluta crudeza, el hijo de desaparecidos y secretario de Derechos Humanos de Santa Cruz, Horacio Pietragalla, tuiteó una foto de una fosa común clandestina:
Por su parte, la dirigente del PTS y abogada de DDHH, Myriam Bregman analizó que la Corte Suprema está “indultando” de hecho a represores:
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La Corte Suprema argentina concluyó que se le debe aplicar a un represor un régimen que reduce su condena
Organizaciones sociales y activistas por los derechos humanos manifestaron ayer su indignación por un fallo de la Corte Suprema de Justicia argentina por el cual un represor de la dictadura se beneficia con la Ley 24.390. Esta norma, conocida como “2×1”, computa dos años de pena cumplida por cada uno de prisión preventiva a partir del tercero. La decisión dividió a la corte, porque para algunos de sus integrantes no debería aplicarse en condenas por delitos de lesa humanidad.
El fallo de la Corte Suprema responde a un recurso presentado por la defensa de Luis Muiña, uno de los condenados por los crímenes cometidos en el hospital Posadas, en Morón. En 2007 Muiña fue detenido y en 2011 se lo condenó a 13 años de prisión por integrar un grupo parapolicial que actuó dentro del hospital y creó allí un centro clandestino de detención conocido como “El Chalet”, recordó la agencia de noticias estatal Télam. Muiña fue considerado responsable de la privación ilegal de libertad y las torturas que sufrieron Gladys Cuervo, Jacobo Chester, Jorge Roitman, Jacqueline Romano y Marta Graiff. Los cinco fueron detenidos cuatro días después del golpe de Estado, el 28 de marzo de 1976, durante un operativo con tanques y helicópteros con el que se ocupó el hospital. Esa operación fue liderada por Reynaldo Bignone, que por entonces era secretario del Estado Mayor del Ejército y después se convertiría en el último presidente de la dictadura.
La sentencia de Muiña fue confirmada en 2013, y ese mismo año un tribunal dispuso que se aplicaba al caso la Ley 24.390. Otro tribunal, de mayor jerarquía, anuló esta decisión, que le habría permitido a Muiña salir de la cárcel en noviembre de 2016. Pero ayer la Corte Suprema volvió a otorgarle ese beneficio al ex represor.
Una mayoría de tres integrantes de esa corte (Elena Highton, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz) consideró que siempre corresponde la aplicación de la ley más benigna a un condenado, sin importar qué delito cometió. Otros dos magistrados (Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda) estuvieron en desacuerdo porque ese criterio se aplica cuando una ley sucede a otra, y en cada caso “requiere la evaluación de si la ley posterior al hecho es la expresión de un cambio en la valoración de la clase de delito correspondiente a los hechos de la causa, lo que no ha ocurrido en el caso”. Entendieron, además, que como los delitos de lesa humanidad son de carácter permanente, durante el tiempo en que se están cometiendo las leyes no se suceden, sino que coexisten.
También el fiscal Martín Niklison consideró que no se aplica a este caso la Ley 24.390, porque esta norma entró en vigencia en 1994 y fue derogada en 2001, por lo tanto no estaba vigente ni al momento de los secuestros ni cuando el procesado cumplía con la prisión preventiva. De acuerdo con Télam, el fiscal señaló que incluso en los años en que estaba vigente la ley, Muiña contó con la impunidad que le daban las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
El secretario de Derechos Humanos argentino, Claudio Avruj, se refirió ayer a la decisión judicial: “Estoy de acuerdo con el 2×1 de la Corte si el fallo está ajustado a la ley. Hay que ser respetuosos del fallo de la Corte. Por sobre todos nosotros está el marco regulatorio de la ley”. De acuerdo con el diario La Nación, el jerarca aclaró que él “permanentemente” condena “el proceso sistemático de desaparición, tortura y muerte” de la dictadura, pero que la Justicia “tiene que ir trabajando y tomando decisiones con total independencia”.
También opinó Cecilia Pando, la presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de la Argentina, que defiende a los represores condenados. “¡Excelente fallo de la Corte!”, tuiteó, “Hay que volver al Estado de derecho”.
Muy distinta fue la reacción de Taty Almeida, vocera de la organización Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. “No les importa nada, basurean la memoria de nuestros hijos. Es un día nefasto”, dijo. También la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, repudió el fallo en declaraciones a la radio AM 750: “Es una estafa a la moral social, nos están destruyendo no sólo en lo económico, sino en lo moral. Estoy indignada, sorprendida”. La dirigente agregó que “estos delitos no concluyen hasta que no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos apropiados”, y dijo que “lo que no se juzga y se condena, se repite”.
En redes sociales las críticas de distintas organizaciones de defensa de los derechos humanos se multiplicaban. En Twitter, la ex presidenta argentina Cristina Fernández publicó: “Hace unos instantes, como en el Juego de la Oca, la Argentina retrocedió 20 años en materia de derechos humanos”. Fernández cuestionó que “los dos nuevos jueces de la Corte Suprema [Rosatti y Rosenkrantz] votaron equiparar el terrorismo de Estado con los delitos comunes”, recordó que “el mismo [presidente] Mauricio Macri dijo que iba a terminar con ‘el curro’ de los derechos humanos”, y consideró que “este fallo no se hubiera dado en el gobierno anterior”, el que ella lideró.