Un juez de La Plata hizo lugar al pedido de dos represores para acortar el tiempo de su condena
El 2×1 para los represores sigue vigente
El juez federal Alejandro Esmoris citó el repudiado fallo de la Corte Suprema, pero ya había aplicado el mismo criterio antes de la decisión del máximo tribunal. Los dos represores beneficiados no saldrán en libertad por el momento porque los fiscales apelarán.
Por Alejandra Dandan
El juez federal de La Plata Alejandro Daniel Esmoris hizo lugar al pedido de 2×1 de dos penitenciarios de la Unidad N°9, considerada como centro clandestino de detención. Los beneficiados son los represores Ramón Fernández y Abel Dupuy, ex jefe de la U9. Ambos fueron condenados a 25 años de prisión en 2010. Esmoris se nutrió del repudiado fallo de la Corte en el caso Luis Muiña, de donde extrajo cinco apartados. Pero su postura sorprendió ya que el juez tuvo pronunciamientos semejantes: en 2016, antes de la Corte, ya otorgó el 2×1 a un represor de Mar del Plata. Los fiscales de la causa anunciaron que van a apelar, por lo tanto, ninguno saldrá en libertad por ahora.
La decisión genera preocupación en las querellas. “Demuestra que si la Corte no toma una decisión rápidamente para revertir el efecto del fallo ilegal que dictó, las consecuencias del 2×1 siguen estando”, explica la abogada Guadalupe Godoy, convencida de que pese a la sanción de la ley del Congreso, fallos así demuestran que las “puertas ya quedaron abiertas”.
El juez Esmoris es titular del Tribunal Federal Oral 2 de La Plata. Ahora también subroga el TOF 1, donde comparte espacio con Pablo Vega y Germán Castelli. Hay que decir que hasta ahora es el único de los tres magistrados de ese tribunal con esta postura. Pero la decisión cayó en sus manos porque en el fuero federal las condenas con sentencias firmes quedan a cargo de un sólo juez de ejecución, responsable del seguimiento de la pena. De hecho, desde el fallo de la Corte se presentaron unos 15 pedidos del beneficio en La Plata, según señala el sitio del Ministerio Público Fiscal. Los otros dos jueces se vienen oponiendo a todos los planteos que en la misma dirección presentaron genocidas como Christian Von Wernich y Miguel Etchecolatz.
En este caso, la novedad de Esmoris es el uso de los argumentos de la Corte. Dice que más allá de las “interpretaciones que, acerca de la aplicación del art. 7 de la ley 24.390 en su redacción originaria se han formulado, entiendo de toda justicia y, por tal ajustado a derecho, que la efectividad de dicha norma no puede supeditarse a ninguna condición”. Según lo que informa la página de Fiscales, también dio una discusión alrededor de los argumentos que rechazan el fallo de la Corte. Entendió que un hecho habilitante a la aplicación del 2×1 es que, pese a que el beneficio entró en vigencia en 1994 y fue derogado en 2001, después que se cometieron los hechos y antes de que fueran arrestados los represores, en 2006, “dicha reforma introdujo un régimen más beneficioso” por lo cual “importa una hipótesis habilitante de la aplicación retroactiva de la ley penal”. Por eso su texto dice que “corresponde que se aplique a su respecto la conocida regla del dos por uno y como consecuencia de ello, realizar un nuevo cómputo de detención”. En su planteo cita apartados del fallo “Bignone, Reynaldo, Benito Antonio y otro s/ recurso extraordinario” causa madre del Hospital Posadas en el que se analizó el caso Muiña. Y toma los argumentos del votos de Carlos Rosenkrantz y Elena Highton.
Los fiscales Rodolfo Marcelo Molina y Hernán Schapiro se opusieron al pedido. Para eso analizaron el tiempo de vigencia de la ley y el alcance. “Nunca tuvo aplicación en lesa humanidad porque cuando se sancionó tenían vigencia las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que excluían su aplicación”, dijeron. Y recordaron las obligaciones del estado argentino de juzgar estos delitos. “La aplicación al caso de la Ley 24.390 (2×1) no superaría un análisis de constitucionalidad y convencionalidad por resultar incompatible con las obligaciones internacionales del Estado en materia de persecución y sanción de graves violaciones de los Derechos Humanos y de crímenes de lesa humanidad”.
Guadalupe Godoy habla de la responsabilidad de la Corte. “Me preocupa que la clase política crea que con la ley que se aprobó está todo resuelto, está claro que hasta que la Corte no tome la decisión de revisar su propio fallo o se siga presionando para que lo haga, tendremos estos efectos”, señaló.
El viernes pasado la Sala II de la Cámara de Casación Penal de la Nación rechazó el beneficio del 2×1 de Santiago Omar Riveros. Fue el primer pronunciamiento sobre el tema del máximo tribunal penal de la Nación, ubicado por debajo de la Corte. El fallo mostró el estado de rebeldía de los jueces no dispuestos a acatar como jurisprudencia decisiones del máximo tribunal. Y aunque se supone que eso abre las puertas para que otros jueces puedan hacerlo, Godoy cree que este fallo confirma que la Corte ya dejó las puertas abiertas. “Lo más paradójico de este caso es que Dupuy era el jefe de la Unidad 9 y hasta ahora los beneficios que pidieron los subalternos suyos del 2×1 fueron rechazados. Lo que hay que recordar -agrega– es que en la Unidad 9 no sólo se torturó y hubo presos políticos. Además se asesinó a presos políticos, se construyeron libertades con enfrentamientos fraguados como el caso emblemático de Dardo Cabo y hubo desapariciones forzadas”.
El esmerado juez Esmoris aplicó este criterio en abril de 2016 con el coronel Alejandro Guillermo Duret, condenado por torturas y la desaparición de Carlos Labolita.