Un paso adelante
La justicia tarda pero llega, un aforismo que puede aplicarse al tribunal chileno que procesó a dos oficiales por la desaparición en 1973 de dos refugiados uruguayos. En Uruguay, en cambio, la justicia tarda y no llega.
Samuel Blixen
En el primer día de la dictadura de Augusto Pinochet, el 12 de setiembre de 1973, cuando aún humeaba el Palacio de la Moneda por el bombardeo del 11, un capitán de artillería al mando de un contingente fuertemente armado lanzó una redada contra uruguayos y brasileños exiliados. En el camión que se detuvo en la comuna de Vitacura, Santiago, viajaban 20 prisioneros. En una casa de la calle Espoz apresaron a dos uruguayos, Alberto Fontela y Juan Ángel Cendán, y a la ciudadana británica Anne Winifred Bicheno Armour, compañera de Fontela, embarazada de cinco meses.
Todos los prisioneros fueron trasladados a la Escuela Militar Bernardo O’ Higgins e interrogados por personal militar de inteligencia. Los cadetes gritaban reclamando que los mataran a todos. Cerca de la medianoche, junto con un brasileño, Tulio Roberto Quintiliano, Cendán y Fontela fueron trasladados al Regimiento de Artillería Motorizada Nº 1, Tacna (allí donde se produjo la antesala del golpe, el “tacnazo”); Ann Winifred Bichero, que solicitó seguir junto con su compañero, fue trasladada al cuartel de Blindados Nº 2 Santa Rosa y liberada dos días después.
En el Regimiento Tacna, los prisioneros fueron recibidos por los oficiales Rafael Francisco Ahumada Valderrama y Jorge Tapia Castillo, ambos de la Sección II Inteligencia, el primero responsable de los prisioneros y el segundo encargado de la documentación secreta. Cendán y Fontela fueron interrogados por su condición de ex tupamaros; Tulio Quintiliano, por su pasado militante en el Partido Comunista Revolucionario Brasileño. Los tres fueron vistos por última vez por otro ciudadano brasileño, sobreviviente, cuando el 13 de setiembre fueron sacados del Tacna en un camión.
LOS URUGUAYOS EN CHILE.
La historia oficial dice que fueron arrojados al mar en las costas de San Antonio, pero en aquellos días de setiembre, las autoridades militares y de Carabineros le dijeron a la esposa de Cendán, Ana María Varo, que habían sido trasladados al Estadio Nacional, el gran depósito de prisioneros. Ana María y Cendán habían decidido separarse momentáneamente cuando surgieron los primeros indicios del golpe. Cendán se alojó en la casa de su amigo Fontela, en Vitacura, y Ana María permaneció en su domicilio cercano a La Moneda, junto con su hija de meses. Ambas fueron trasladadas al Estadio Nacional cuando Carabineros irrumpió en su casa. Preguntó por su marido, pero el nombre de Cendán no aparecía en las listas: madre e hija fueron liberadas un mes después.
Ana María, Cendán y su hija recién nacida ingresaron a Chile cruzando la cordillera en ferrocarril en enero de 1973, en carácter de refugiados. Fontela había llegado a Chile en noviembre de 1971 cuando, internado (detenido) por medidas prontas de seguridad en Montevideo, hizo uso de la opción constitucional de viajar al exterior. Cendán y Fontela, que vivían legalmente en Santiago, se conocieron cuando ambos comenzaron a trabajar en un restorán, hasta que, tras el golpe militar, fueron capturados, interrogados, torturados y desaparecidos.
El gobierno socialista de Allende no logró impedir que la inteligencia militar y policial mantuviera una estrecha vigilancia sobre los cientos de refugiados uruguayos, argentinos y brasileños. En cuatro episodios diferentes, luego del golpe militar desaparecieron en Chile ocho ciudadanos uruguayos: Ariel Arcos Latorre, Juan Antonio Povaschuk Galeazzo, Nelsa Zulema Gadea Galán, Arazati Ramón López López, Julio César Fernández Fernández y Enrique Julio Pagardoy Saquieres, además de Cendán y Fontela.
LOS MILITARES CHILENOS.
Rafael Francisco Ahumada Valderrama había sido capitán asistente del presidente Allende hasta las vísperas del golpe. El teniente Jorge Luis Tapia Castillo era ayudante del general Ramírez Pineda, en el Tacna, y tuvo el privilegio de ser uno de oficiales que ingresó al Palacio de La Moneda para reconocer el cadáver de Salvador Allende. En las sucesivas audiencias judiciales a partir de 1989 ambos exhibieron profundos problemas de memoria: no recordaban la presencia de uruguayos y brasileños apresados en los días del golpe y menos la de los chilenos que integraban el Grupo de Amigos Personales, un equipo de seguridad de Allende que abandonó en el último instante La Moneda, tras la orden insistente del presidente, sólo para ser algunos abatidos a tiros en la salida lateral del Palacio y otros detenidos y trasladados al Tacna.
Ahumada tuvo una activa participación en los crímenes de la dictadura chilena. Comenzó con el asesinato y desaparición de los dos uruguayos y el brasileño que, se sabe, fueron interrogados directamente por él. En esos mismos días siguió con el interrogatorio de unas cuarenta personas que fueron detenidas saliendo del palacio de la Moneda, el 11 de setiembre. Permanecieron en las caballerizas del Tacna hasta la madrugada del 13, cuando unos veinte prisioneros, entre ellos el médico francés George Klein, fueron trasladados en camiones hasta el campo de tiro Peldehue, donde fueron obligados a cavar sus propias tumbas, antes de ser fusilados.
El pelotón de fusilamiento estaba a las órdenes del capitán Ahumada: quizás entre las víctimas estaban Cendán y Fontela. En 2008, Ahumada y otros 13 oficiales, uno de ellos argentino, fueron procesados en los tribunales de París por el juez Roger Le Loire a 20 años de prisión, en ausencia, por la de-saparición de cinco ciudadanos de origen francés, entre ellos, el capitán Ahumada. Pero el Estado chileno rechazó el pedido de extradición francés en 2013, a raíz de la condena confirmada en 2010.
Desde 2008, por el juicio de los ciudadanos de origen francés desaparecidos, Ahumada estaba impedido de viajar al exterior, en particular a Europa, a raíz del pedido internacional de captura. Y además enfrentaba otros dos riesgos: los juicios en España y en Italia, por la Operación Cóndor, uno impulsado por el juez Baltasar Garzón y el otro por el fiscal Giancarlo Capaldo. Finalmente Ahumada no integró la lista de los 38 militares chilenos y argentinos procesados por Garzón, pero sí la lista de los 28 terroristas de Estado que fueron juzgados en enero de este año por la Tercera Corte del Tribunal Penal de Roma.
El célebre juicio de Roma por el plan Cóndor, que insumió décadas de investigación de magistrados italianos, concluyó en su primera instancia con un desencanto furibundo: decenas de familiares de víctimas argentinas, uruguayas, bolivianas, chilenas y peruanas aportaron pruebas y testimonios contundentes contra los 28 acusados, entre ellos 16 uruguayos. La lista se había reducido sustancialmente por argumentos burocráticos: en principio los acusados eran 140. Pero la sentencia sólo condenó a seis: a un solo uruguayo, Juan Carlos Blanco, y a dos de los siete chilenos, uno de ellos, Rafael Ahumada, a cadena perpetua.
El coronel retirado Ahumada no se sintió amenazado por el fallo de Roma, como no se sintió amenazado anteriormente por el fallo de París. Pero seis meses después fue sorprendido por el dictamen del juez chileno Mario Carroza Espinosa, ministro de fuero, quien el 8 de junio decretó su procesamiento –y ordenó su captura– y el del también coronel retirado Jorge Tapia Castillo, como coautores del delito de secuestro calificado (desaparición forzada) cometido contra los uruguayos Cendán y Fontela, y el brasileño Quintiliano. La causa, iniciada por las compañeras de los dos uruguayos, parecía dormida. Quizás fue un sacudón la sentencia de Roma que, pese a sus avaros procesamientos, no dudó en condenar a cadena perpetua al coronel Ahumada, de notorio y extenso prontuario.
De la misma forma que en el caso del agente Eugenio Berríos, en éste de la desaparición de uruguayos en Chile la justicia trasandina va un paso adelante de la justicia uruguaya.