Sobre el Observatorio Luz Ibarburu

logobrecha

Desde afuera no se ve

“Justicia” y “derechos humanos” son dos principios que no siempre estuvieron en un mismo enunciado. Tres jóvenes que están realizando una pasantía en el Observatorio Luz Ibarburu ahora no logran concebir a uno sin el otro. Entrevistadas por Brecha, hablaron de la experiencia ganada en justicia y violaciones a los derechos humanos en dictadura, y sobre el porvenir.

Angelina de los Santos

 

Observatorio Luz Ibarburu

El Observatorio Luz Ibarburu (Oli) nació con el objetivo de patrocinar y dar seguimiento a causas penales de crímenes de dictadura, y democratizar el acceso a esa información, pero también con el de aunar la “experiencia del movimiento sindical, de las organizaciones sociales y el pensamiento académico en cuanto a derechos humanos y violaciones durante el terrorismo de Estado”, explicó a Brecha su coordinador, Raúl Olivera. Dos años atrás el equipo del Oli planteó a la Universidad de la República la necesidad de trabajar en conjunto; fue así como surgió un convenio de colaboración y participación, y se generó la primera pasantía de la Facultad de Derecho con una organización social. Hasta ese momento se coordinaba con el Poder Judicial y la Fiscalía General de la Nación. Ahora están por concretarse otros con la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y con la Facultad de Información y Comunicación.

En 2015 el Oli recibió a Leonardo di Césare, su primer pasante, que ahora integra el equipo jurídico del Oli, y en abril de este año a Florencia Otero y Sofía Nopitsch, ambas en sexto año de la carrera de derecho, y a Fiorella Garbarino, que acaba de recibirse de abogada. Las muchachas trabajan relevando datos de la base de datos del Oli, haciendo procuración de las causas a las que dan seguimiento (véase recuadro “En números”) y sistematizando información.

Ninguna de las tres tiene más de 25 años y ninguna de las tres conocía en profundidad qué implicaba el terrorismo de Estado (la formación en facultad es casi nula en ese aspecto) ni había trabajado sobre violaciones de los derechos humanos en ese período, sin embargo, en diálogo con Brecha, todas señalaron que el conocimiento y acercamiento a los procesos judiciales de estas causas cambió su pensamiento y accionar. “Acá me di cuenta de que había que ser más empático con estas cosas, que había que darle más trascendencia a la temática porque estamos hablando de justicia”, sostuvo Otero, y agregó: “No se puede escatimar porque no haya tiempo, presupuesto o porque a veces uno cree que, como pasó hace tanto, hay que darle importancia a los temas que siempre están presentes, como la inseguridad… Estamos hablando de graves violaciones a los derechos humanos. Son asesinatos, muertes, desapariciones, torturas. No importa el tiempo que haya pasado, esas personas necesitan justicia”. Nopitsch contó que trabajando como pasante confirmó lo que ya sospechaba de antes: que estas causas son llevadas “de una manera lentísima” en comparación a las ordinarias, y que incluso a algunas “no se les da mucha pelota”. “Llegar acá y ver que la mayoría de los casos todavía no tienen sentencia, que hay causas que empezaron en 1984 (véase recuadro “Uno de tantos”) y todavía están en presumario, que hay muchas causas que se archivaron simplemente porque no se le dio trascendencia a la denuncia”, todo eso es jodido. Olivera lo planteó así: “Cuando se habla de un caso, ya no es un simple expediente; no es un montón de papeles, es un montón de otras cosas… No es una tarea fácil, por lo que enfrentás: a veces la impotencia de no poder resolver, otras veces con que no hay justicia. Eso afecta”.

Desde 2011 (con el hito que marcó la sentencia del caso Juan Gelman versus el Estado uruguayo) las tres pasantes perciben una apertura en cuanto al tratamiento jurídico y social de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Otero opinó que después del primer gobierno de izquierda y de la sentencia internacional del caso Gelman “se dio una nueva oportunidad a las causas que se archivaron, y de a poco se empezó a investigar”. Garbarino aseguró que la crítica internacional a Uruguay produjo presión para que se empezara a combatir la ignorancia sobre el asunto. Nopitsch coincide en que hubo presión y “apertura”, pero al igual que sus compañeras advierte que “todavía falta mucho por hacer”. “Lo vemos acá, una y otra vez: la justicia funciona muy lento, hay cosas que hasta son predecibles, como las defensas a las que aluden los indagados, que se usan sólo para dilatar”. Por ahí es que las tres ven que la cosa puede mejorar: con la “agilidad y mayores garantías a la que se apuesta en el Código del Proceso Penal”, resumió Otero.

En números

Hasta hoy la justicia uruguaya no realizó ninguna imputación por violencia sexual ni por el secuestro de niños durante la dictadura. En abril de este año el juez José María Gómez procesó por primera vez por el delito de tortura en concurso formal con un delito de abuso de la autoridad al sobrino del dictador Gregorio Álvarez, el coronel Rodolfo Álvarez, por el crimen cometido contra el dirigente del Sunca Gerardo Riet en 1980.

Sólo en el 42 por ciento de los delitos por desaparición forzada se condenó a los responsables; en otras palabras, de los 192 casos de desaparición forzada denunciados, se han dictado procesamientos o condenas sólo en 80. Esos números son los que brindó a Brecha Raúl Olivera, del Observatorio Luz Ibarburu (Oli), que patrocina 44 causas de víctimas o de denunciantes familiares.

Actualmente la justicia uruguaya tiene 187 procesos penales en etapa presumarial o sumarial por graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, más 19 expedientes derivados de esos procesos. A su vez, hay 74 expedientes inactivos o archivados, según el informe que el año pasado publicó el Oli.

Uno de tantos

Un domingo de tarde de 1978 el “Yano” Universindo Rodríguez estaba en Porto Alegre, caminando rumbo al estadio junto a los dos hijos de Lilián Celiberti (que tenían 3 y 7 años), cuando militares uruguayos y brasileños los secuestraron. El 12 de noviembre de 1978 el capitán uruguayo Eduardo Ferro mandó a los suyos y a los brasileños, en el marco del Plan Cóndor, a secuestrar a Universindo y Lilián, ambos militantes del Partido por la Victoria del Pueblo, y a torturarlos. Al día siguiente los cuatro fueron trasladados en forma clandestina a Uruguay y separados; a los días los militares uruguayos decidieron regresar con Lilián a Porto Alegre porque ella les había dicho que ese viernes en su casa se haría una reunión con otros militantes políticos. Al llegar los militares se encontraron con un mensaje para Lilián, en el que le pedían que llamara a sus compañeros “urgente”, para cerciorarse de que estaban bien. Los mismos militares la obligaron a llamar, y ella, en código, les dijo lo previsto para esos casos: “El viernes mándenme a la prensa”. En lugar de los militantes, llegaron dos periodistas brasileños, Luis Claudio, de Veja, y Juan Scalco, de Placard. Ferro secuestró a los periodistas, pero “los tuvo que soltar, claro, y el escándalo fue enorme” (véase Brecha, 7-IX-12). El 18 de noviembre los militares volvieron con Lilián a Uruguay; Universindo seguía privado de su libertad sin que se supiera su lugar de detención; lo mismo pasó con los niños, que según se lee en el expediente penal del caso estuvieron en “diversos lugares en Montevideo sin que pudiera precisarse direcciones y sin que su familia pudiera saber de ellos”. Recién el 25 de ese mes los militares dieron su versión oficial respecto a la situación de los detenidos: alegaron que habían pretendido ingresar a Uruguay con armas, documentos falsos y material de propaganda subversivo. Universindo fue a parar al Batallón de Infantería número 13, conocido como “el infierno grande”. Luego de varios meses ambos fueron encarcelados en los penales de Libertad y Punta de Rieles, hasta 1984. Al salir, el 22 de febrero, ambos denunciaron tortura, secuestro y privación de libertad; fueron los primeros en realizar una denuncia penal contra el terrorismo de Estado. Sin embargo, su demanda fue archivada al entrar en vigor la ley de caducidad. En febrero de 2011 pidieron la reapertura de la causa, según informó oportunamente La Diaria, pero todavía hoy está en estado de presumario. Treinta y tres años después ni siquiera hay indagados.

 

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.