Felipe Michelini: el “encastre” entre la Secretaría para el Pasado Reciente y el Grupo por Verdad y Justicia “no fue sencillo”
Magalí Arismendi
Estamos mejor que hace un año. ¿Podemos mostrar resultados? Todavía no”, afirmó Felipe Michelini, coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ), en referencia a los avances de este equipo junto a la Secretaría para el Pasado Reciente. “Se dice que el Grupo de Trabajo es inoperante, ya sea por desconocimiento o por mala fe”, sostuvo. Sin embargo, afirmó que existe un atraso sustancial en la investigación de los crímenes de lesa humanidad, algo que atribuye a una serie de acontecimientos. Uno de ellos fue el robo y ataque, en un momento clave, al Grupo de Investigación de Antropología Forense (GIAF) en la sede de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, luego de la visita de técnicos del equipo argentino de antropología forense que compartieron con los profesionales uruguayos sus conocimientos sobre el uso del georradar y su implementación en dependencias militares.
El otro hecho que mencionó fue la finalización del convenio entre el GTVJ y el equipo técnico de antropólogos, archivólogos e historiadores de la Universidad de la República (Udelar) para continuar la investigación. En el marco del convenio original entre ambos organismos, se creó el GIAF. Michelini explicó que el convenio finalizó en 2015 y, para no “desaprovechar” los equipos conformados, se hizo una renovación que se concretó mucho tiempo después, en mayo de este año.
Con el convenio firmado, el grupo de trabajo se fijó nuevos objetivos y espera la confirmación del acceso a gran parte de los archivos de la Marina y la Aviación que se encuentran en el Ejército, confirmó Michelini. Sin embargo, explicó que una parte del convenio no está resuelta todavía: la que refiere al acervo documental al que se enfrentarán en las dependencias a las que aún no se ha accedido.
Las directrices marcadas por el equipo de la Udelar y el GTVJ están enfocadas en dos temas centrales: uno es el apoyo de la Udelar en la digitalización de los archivos y su organización; el otro tiene que ver con el desarrollo de un plan de testimonios “más ambicioso”, adjetivó el coordinador, que explicó que lo que se busca es que la víctima o testigo pueda expresarse con más naturalidad.
Desde adentro
El GTVJ trabaja en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, aunque ninguno de los dos equipos tiene autonomía propia: la secretaría desde el punto de vista administrativo depende de Presidencia de la República, y desde el punto de vista político, del GTVJ. El grupo marca las directrices que la secretaría debe ejecutar en la práctica. El GTVJ, por su parte, es una entidad autónoma e independiente creada por el presidente Tabaré Vázquez al comenzar su mandato.
Michelini señaló que el GTVJ “le da un sentido omnicomprensivo a la búsqueda de los detenidos desaparecidos”. Explicó que la virtud de ambos organismos es su “compromiso ético y jurídico”, aunque admitió que el diseño institucional lo enriquece y al mismo tiempo hace que se proceda más lento. Según dijo, el encastre de ambos organismos “no fue sencillo”.
Sobre el vínculo entre el equipo de la Udelar y el GTVJ, Alicia Lusiardo, referente de antropología, dijo que, a diferencia de otras áreas, ellos tienen independencia en la práctica. Eso se debe a que en la mayor parte de los casos los antropólogos trabajan con la Justicia, y como cumplen con el secreto de presumario, el GTVJ no puede intervenir. Comentó que el nuevo director de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Gustavo Lancividad, se encarga de implementar la logística para que puedan concurrir a los predios y de gestionar las herramientas que el equipo necesita. Juega un rol “administrativo”, resumió.
“En materia de excavaciones estamos bien si lo medimos por las acciones, porque si lo medimos por los resultados nunca vamos a estar conformes”, resaltó Michelini, en referencia a la búsqueda que se está llevando a cabo en artillería antiaérea, en Pando, y a la nueva etapa de trabajo que se inició recientemente en el Batallón de Infantería Nº 13.
Lusiardo contó que son siete antropólogos y dos arqueólogos por predio. Se dividen en tres áreas. La primera, de investigación preliminar, se encarga de corroborar la información y de hacer entrevistas. La segunda se ocupa del trabajo de campo, que consiste en realizar intervenciones concretas en el terreno. La tercera refiere al análisis de restos óseos en el laboratorio.
Desbordados de datos
Liliana Gargiulo, referente de archivo de la Secretaría para el Pasado Reciente, precisó que el equipo técnico siempre está dispuesto a realizar visitas en los lugares que el GTVJ considere pertinente. A la hora de relevar datos en los archivos de los organismos públicos vinculados con la represión durante las décadas de 1970 y 1980, este grupo concurre acompañado por un archivólogo asignado por Gargiulo.
Una vez relevado el material de los distintos organismos, se inicia un proceso meticuloso, que tiene varias etapas. Lo primero es convertir el material analógico a formato digital. Los archivólogos desarrollan un sistema que les permite procesar la información y clasificarla dentro de un inventario en el que esta se puede categorizar como “somera”, “analítica” y “descriptiva”. También pueden utilizar un software que cuenta con los campos necesarios para organizar la información: por fecha, operación, nombres propios, etcétera. Este proceso se lleva a cabo, por ejemplo, en el cuerpo de Fusileros Navales (Fusna). “En algún momento vamos a terminar esa tarea”, afirmó Michelini. Resaltó además que tanto la secretaría como el GTVJ tienen un trabajo adicional con respecto a los archivos, teniendo en cuenta la “compleja” tarea que implica la aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales. Esa norma “le impone al Estado un límite en cuanto a la reserva de la documentación”, explicó Michelini. Agregó que, en el marco de una causa judicial, el documento probatorio de un crimen de lesa humanidad tiene que ser oficial, y no es válido uno escaneado.
Según repasó Michelini, en el Fusna se encontraron desde informes, fichas y carpetas hasta fotografías. La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos propuso realizar un acto preparatorio, llamado “Píxel de reparación”. La idea de la iniciativa es devolverles a las familias las fotografías de las víctimas. Michelini confirmó que se realizará está devolución y que será un acto simbólico, para contrarrestar la expropiación de la identidad.
Michelini aclaró que una parte de los archivos se encuentran en la secretaría, pero aún no está completo el proceso de digitalización. Gargiulo explicó que existe un convenio tripartito entre el Ministerio del Interior, Presidencia y la Udelar para trabajar con los archivos de la Dirección Nacional de Inteligencia con el fin de digitalizar y hacer la descripción archivística de los documentos de esta oficina. Para ello se está utilizando el software libre Atom, cuyo uso recomienda el Consejo Nacional de Archivos para Derechos Humanos.
El coordinador anunció que el GTVJ próximamente hará un recorrido por algunas sedes de Prefectura Nacional Naval, y admitió que es un obstáculo el hecho de que estas se encuentren diseminadas por el territorio nacional y tengan una lógica de organización distinta del resto de los organismos militares. El GTVJ hará una selección de las más emblemáticas: las que se encuentran ubicadas en la costa, como las de Colonia (Carmelo) y Rocha (La Paloma), dado que en algunas de ellas se rescataron cuerpos no identificados durante la dictadura.