DANIEL GATTI
La trama
Seis meses pasaron ya desde que tomó estado público la existencia del Comando General Pedro Barneix, un grupo paramilitar que se hizo conocer por haber amenazado de muerte vía e-mail a 13 personalidades uruguayas y extranjeras. Los mensajes, enviados el 25 de enero pasado a los correos electrónicos del comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, el diario La República y a algunos de los amenazados, se divulgaron en febrero, tras la denuncia formulada por el fiscal Jorge Díaz, uno de los “notificados” por el comando, que figuraba también en la lista de amenazados. “El suicidio del general Pedro Barneix no quedará impune, no se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos. Por cada suicidio de ahora en más, mataremos a tres elegidos azarosamente de la siguiente lista”, decía el escueto mensaje. Además de Díaz, mencionaba al ministro de Defensa, Jorge Menéndez, a la entonces directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos Mirtha Guianze, a la ex vicecanciller Belela Herrera, al magistrado francés Louis Joinet, al abogado y activista brasileño Jair Krischke, a la investigadora italiana especializada en el Plan Cóndor Francesca Le-ssa y a los abogados uruguayos Pablo Chargoñia, Juan Errandonea, Juan Fagúndez, Óscar López Goldaracena, Hebe Martínez Burlé y Federico Álvarez Petraglia. El texto terminaba: “tenemos varios más, cuyos domicilios y hábitos ya tenemos relevados”. La gran mayoría de los integrantes de la lista estuvieron vinculados en un grado u otro a investigaciones y causas judiciales sobre violaciones a los derechos humanos en Uruguay durante la dictadura. López Goldaracena era el único relacionado directamente con Barneix: patrocinó la causa por el asesinato, en 1974, del militante Aldo Perrini, por la cual fue procesado el general, que el 1 de setiembre de 2015 se suicidó de un balazo en la cabeza cuando iba a ser detenido.
La lista resultó rara por algunas de las presencias y ausencias. ¿Por qué figuraba López Goldaracena y no la jueza Beatriz Larrieux o la fiscal Ana María Tellechea, encargadas de la causa que terminó en el procesamiento de Barneix? Sobre la inclusión del ministro de Defensa se tejieron varias hipótesis. Hubo quien dijo que probablemente se debiera a que la política de Menéndez respecto de las investigaciones por crímenes de lesa humanidad era más firme que la de su predecesor, Eleuterio Fernández Huidobro. “Tal vez haya también cuestiones que poco tengan que ver con el tema de los derechos humanos, como la lucha por el poder dentro de las Fuerzas Armadas o las negociaciones por la reforma de la Caja Militar, que pueden afectar los ingresos de muchos de los retirados, y se haya querido lanzar un mensaje por elevación al ministro. Sería una de las tantas pistas a seguir”, comentó por entonces Pablo Chargoñia.
Desde aquel febrero poco trascendió sobre la marcha del expediente 89-121-2017, a cargo de la jueza penal de 16º turno Julia Staricco y la fiscal letrada penal de Montevideo de tercer turno Mónica Ferrero. El despacho judicial ha trabajado en colaboración con la Policía Científica y con la Dirección de Inteligencia.
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Se supo, sí, que no se podría saber. Lo dijo la justicia, y lo dijeron los policías que tomaron a su cargo la investigación, como sucede en el actual proceso penal uruguayo.
Algunos de los e-mails habían sido enviados desde la cuenta comandogeneralbarneix@mail 2.tor, utilizando Tor, una red que emplea el llamado “enrutado cebolla” (esa es la traducción española de The Onion Router, Tor) para encriptar mensajes y dificultar la identificación de sus emisores. El comando se valió también del sitio guerrillamail.com, radicado en Estados Unidos, que ofrece casillas de correo electrónico temporales.
Hasta ahí lo que se conoció. Hubo falsas noticias en el período, como la que circuló a fines de abril, de que se había identificado “la computadora” desde la cual se habían despachado algunos de los mensajes. Pero no era así.
A lo largo de los días fue siendo citada la mayoría de los amenazados. El último en declarar, el 21 de junio, fue Jair Krischke, que había llegado a Montevideo para participar en la presentación de un libro sobre el Plan Cóndor. La jueza Staricco dijo a Brecha que citó igualmente a “otras personas vinculadas a los temas de derechos humanos”, por si ellas también habían sido amenazadas y no figuraban en el listado. Y que se libraron exhortos al extranjero, a Interpol y “a una de las direcciones para ver si podían determinar el origen de los correos”. Los trámites son largos, explicó Staricco. “Estamos todavía esperando novedades y eso puede tardar un tiempo.” Otro exhorto fue enviado al Ministerio de Defensa el 3 de julio para que informara si había avanzado en alguna dirección. Tampoco ese ha tenido respuesta. Staricco aseguró estar sumamente preocupada por el tema del comando. “A estas cosas hay que tomarlas en serio”, dijo. Lo mismo afirmó la fiscal Ferrero. Y también el comisario a cargo de la investigación. “No hemos logrado identificar a los autores de las amenazas, pero no archivo el caso”, clamó la jueza mostrando el relativamente voluminoso legajo del presumario.
ERRARE. Pero los amenazados se quejan. Al menos los que Brecha consultó.1 Coinciden en que en realidad no se quiere hincar el diente allí donde se debería. Y piensan que la justicia se contentará con que nada se puede hacer técnicamente para identificar a los autores de los mensajes. “El comisario me preguntó a mí si yo tenía algo para aportar a la investigación. Le dije que era él quien debía informarme a mí, que con su actitud estaba reiterando una vez más lo de siempre: que las víctimas debíamos dar la información y hacer las investigaciones porque quienes deben hacerlas no las hacen”, contó a Brecha Mirtha Guianze. Chargoñia, Fagúndez y Krischke fueron en el mismo sentido. También Francesca Le-ssa. Ignacio Errandonea, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, y Raúl Olivera, coordinador del Observatorio Luz Ibarburu, el organismo del que hasta el 1 de agosto era responsable jurídico Pablo Chargoñia, van en la misma dirección. “A la justicia le sigue costando enormemente mover los piecitos con los milicos, y al poder político empujarla a que lo haga”, graficó Errandonea. “El Ministerio de Defensa había afirmado que lo del Comando Barneix era un hecho gravísimo que no podía quedar impune. Pero después le bajó el perfil a la cosa. Y no emitió ninguna otra señal”, afirmó Olivera.
Señales, en realidad, el poder político sí emitió. En mayo, por ejemplo, la silla del Estado uruguayo estuvo vacía durante las audiencias del 162º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), en Buenos Aires. El gobierno uruguayo debía dar respuestas a interrogantes de las organizaciones de derechos humanos, entre ellas el estado de las investigaciones sobre el “caso Barneix” y el empantanamiento de las causas relacionadas con delitos de lesa humanidad cometidos bajo la dictadura. Pero los representantes del Estado prefirieron hacerse la rabona.
Antes de llegar a Montevideo para presentar Operación Cóndor. El secuestro de los uruguayos, del periodista Luiz Claudio Cunha, el brasileño Krischke debió pedir una medida cautelar ante la Cidh para que le diera las garantías de seguridad que las autoridades uruguayas no le ofrecieron.2 “Es muy lamentable todo esto. El presidente Tabaré Vázquez no se ha pronunciado sobre las amenazas de este comando paramilitar. También fue decepcionante que no hubiera representación estatal en las sesiones de la Cidh en Buenos Aires. (…) Uruguay ni dio la cara”, afirmó entonces a Brecha (23-VI-17).
Estas actitudes, algunas negligentes, otras más bien intencionadas, dice Chargoñia, son evidencias de que “no se quiere investigar, y esos mensajes la justicia los recibe. Hay que ser muy tenaz, muy audaz, para pasar por encima de esos mensajes y seguir adelante. Pocos lo hacen”.
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Mirtha Guianze tenía esa tenacidad cuando ejercía como fiscal y se ocupaba de causas relacionadas con delitos cometidos bajo la dictadura. La sigue teniendo ahora. Tanto, que fue ella la que sugirió a la justicia que se solicitara una pericia a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, y fue también ella la que se contactó con la decana María Simon para saber si esa facultad disponía de recursos técnicos, y le entregó los originales de tres de los e-mails enviados por el comando. Las pericias de la facultad no pudieron determinar el origen de los correos (“es imposible, al menos para quienes suscriben, identificar indicios del origen”, señalaron los investigadores universitarios en su informe, según leyó Staricco a Brecha). En un escrito elevado a la Cidh el 21 de junio por Guianze, Krischke y Lessa se señala que los peritos sí pudieron establecer que quienes habían mandado los mensajes “son personas con conocimientos y pericia de nivel superior, que permitirían dibujar un perfil no corriente. En suma, no son improvisados o principiantes sino expertos, lo que vuelve más preocupante la cuestión”. Los tres se preguntan por qué no se investigó, por ejemplo, “quiénes en Uruguay tienen acceso a la tecnología que permitiría enviar estas amenazas, cubriendo tan eficazmente sus rastros”.
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En 2013 el ex agente de inteligencia estadounidense Edward Snowden, gestor de una de las mayores filtraciones de documentos clasificados de la historia, concluyó que la Agencia Nacional de Inteligencia, para la cual él trabajaba, había conseguido “quebrar” la red Tor y conocer la dirección IP de muchos de sus usuarios (The Washington Post, 4-X-13).
Guerrilla.com, otra de las plataformas utilizadas por los barneixistas, fijó entre sus “términos y condiciones” que su servicio no sea utilizado para difundir “cualquier contenido acosador, abusivo, difamatorio, ofensivo, de mala fe, poco ético o ilegal”. Y sostiene que accionará para identificar y sancionar a quienes violen esos principios. Medios para ello, es de suponer, deben tener. Partiendo de la base de que las amenazas de muerte calzan en varios de esos contenidos prohibidos, ¿no es posible que el Estado uruguayo se dirija a ese sitio para que tome las medidas que deba tomar, o a su país sede, Estados Unidos, para que lo ordene? ¿No puede ser acaso guerrilla.com uno de esos sitios “caza bobos” de los que se valen los servicios de inteligencia para seguir y controlar a grupos “terroristas”?
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Quizá la mayor molestia –frustración, rabia, indignación– de varios de los amenazados sea precisamente esa: que quienes están a cargo de las investigaciones sobre el caso del Comando Barneix no relacionen las amenazas de este grupo paramilitar con otros hechos recientes. Sin ir más lejos con el robo, en abril de 2016, de computadoras y discos duros del laboratorio del Grupo de Investigación en Antropología Forense (Giaf) de la Facultad de Humanidades, encargado de la búsqueda de restos de desaparecidos, y las amenazas apenas veladas lanzadas a sus integrantes, cuyos domicilios aparecían marcados en un mapa dejado en el local por quienes lo invadieron. O por qué no se vinculó a este comando con páginas web, publicaciones, de personajes probablemente pertenecientes a la misma “sensibilidad” que los autores de las amenazas. O con declaraciones de “amigos” confesos del general Barneix. “Habría mucho para explorar, pero no se lo hace. ¿Por qué? Es una de las cosas que me carcomen”, dijo a Brecha Krischke desde Porto Alegre. Cuando Guianze le trasladó esa misma preocupación al comisario de inteligencia que la recibió, la respuesta del oficial fue que él estaba a cargo “únicamente del caso del comando” y que el resto no era de su incumbencia. Staricco se lo confirmó a Brecha: “por ahora no se ha hecho ninguna vinculación”, dijo la jueza.
HOMENAJES. “Perdí un amigo”, lamentó el 2 de setiembre de 2015 el general Guillermo Cedrés un día después del suicidio de Pedro Barneix. El entonces presidente del Centro Militar negó que Barneix tuviera algo que ver con la muerte por torturas de Aldo Perrini tras intentar defender a una detenida que estaba siendo vejada por un militar. En el auto de procesamiento de Barneix, que se había encargado del interrogatorio de Perrini, la jueza Larrieux recogió los testimonios de torturas, incluidas violaciones, dados por hombres y mujeres que las padecieron en el Batallón número 4 de Colonia del Sacramento.
Barneix –integrante, además, de una comisión del Ejército a la cual el presidente Vázquez encargó, durante su primer mandato, un informe sobre el lugar de entierro de los desaparecidos que resultó una burla– fue enterrado el 4 de setiembre en el Panteón del Ejército en el Cementerio del Norte, con honores fúnebres. Un mes después el Centro Militar le brindó un nuevo homenaje. Al frente de la institución estaba ya su nueva directiva, presidida por el general Carlos Silva Valiente. La muerte de Barneix, dijo entonces el flamante jerarca, “fortalece nuestra unidad” y “pone en evidencia la estigmatización de las Fuerzas Armadas perpetrada por una minoría violentista, ideológicamente retrógrada y reaccionaria”. Y concluyó: “la lucha sigue” (El País, 3-X-15).
ACCIÓN Y REACCIÓN. Una semana después Silva Valiente concedió una entrevista al semanario Búsqueda. Se refirió allí a un contexto de “ataques” a las Fuerzas Armadas, que en esa ocasión limitó al plano político y judicial, y dijo que había, entre los uniformados de hoy y de antes, un alto grado de unidad por encima de “diferencias generacionales”. “La mayoría de los oficiales (en actividad) están integrados acá”, afirmó refiriéndose al Centro Militar. “Tengo hijos militares en actividad y mucho contacto con toda la fuerza y la familia militar, que son unas 150 mil personas”, agregó. Y al responder a una pregunta sobre sus objetivos al frente del Centro (“buscar la unidad de las instituciones militares” fue el primero que citó) lanzó esta frase: “Todavía no tengo claro cómo no han pasado cosas debido a las constantes presiones y ataques que se reciben de fuera. Aún no entiendo cómo ningún efectivo se ha salido de la línea cometiendo acciones no deseadas ante tanta presión”.
—¿Como cuáles? –le preguntó el periodista.
—Que reaccionen, que la gente reaccione ante los ataques y las presiones. Que no haya sucedido demuestra que los generales tienen una gran capacidad de control sobre la tropa, pero es mucha gente. Esa es una preocupación muy constante en estos momentos para nosotros.
Silva Valiente mencionó otra de sus preocupaciones: “la defensa legal de los camaradas detenidos. (…) Estamos llevando presas a personas después de 40 años de los hechos, esto parece Nuremberg” (sic).
En semanas y meses siguientes el coronel volvió sobre los mismos temas, ampliándolos. Dijo que podría haber entre sus camaradas desbocados motivaciones políticas pero también económicas, ante la posibilidad de una reforma de la Caja Militar que les redujera ingresos. Al responder a las clásicas 40 preguntas de Gerardo Tagliaferro (Montevideo Portal, 15-XI-15), abundó sobre lo declarado a Búsqueda. Matizando. Ya no estaba tan seguro de la capacidad de los mandos para controlar a sus subalternos: “las Fuerzas Armadas son una organización vertical, pero cuando se les empieza a agitar, a atacar, y se les sacan recursos y los oficiales y el personal subalterno tienen que hacer pininos para sobrevivir, pueden pasar cosas no deseadas”. Sostuvo en un primer momento que pensaba en actos individuales, pero ante el apriete del periodista admitió que podrían también ser grupales. Preguntado sobre si en las Fuerzas Armadas actuales las definiciones “nacionalistas y anticomunistas” del pasado seguían siendo la norma, dijo que nada había cambiado.
El 26 de mayo pasado, en su discurso por el 114 aniversario del Centro Militar, Silva Valiente mencionó otra vez los ataques combinados a las Fuerzas Armadas: “Por un lado está la amenaza de los posibles impuestos que están concibiendo para los retiros y pensiones, y por otro tenemos las acciones tendenciosas que intentan desprestigiar la función militar, a nuestros camaradas presos y a sus derechos”.
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Silva Valiente no sólo dirige el Centro Militar. Es también presidente, desde 2014, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Oficiales de las Fuerzas Armadas (Caofa), una entidad de intermediación financiera que actúa como un banco, pero que no está sujeta a control del Banco Central, según señalaron a Brecha fuentes del Bcu. Hay quienes, igualmente, le atribuyen a Silva Valiente intenciones políticas.
El domingo 13, en elecciones en las cuales no tuvo competencia, como tampoco la había tenido en las anteriores, el coronel fue electo por un nuevo período de tres años al frente de la cooperativa financiera. Según se consigna en su página web, Caofa tenía, al cierre de su ejercicio de 2016, un capital social cercano a 199 millones de pesos y había registrado una ganancia neta de 13.350.243 pesos. En febrero la entidad decidió ampliar su base social y “aumentar sus vínculos con la familia militar, apoyando a partir de ahora a profesionales universitarios sin jerarquía de oficial que tengan o hayan tenido relación con las Fuerzas Armadas, suboficiales en situación de actividad con derecho a retiro o retirados y sus pensionistas, familiares de socios hasta el segundo grado de consanguinidad”. No estará lejos la cooperativa de pasar de sus actuales 4.006 socios a abarcar a todo el universo del familión. Toda una probable potencia económica.
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Caofa y el Centro Militar comparten muchas otras cosas. Para empezar, sus referencias ideológicas. La cooperativa reproduce en su página web el medio de comunicación oficial del Centro Militar, el semestral El Soldado, que comenzó a ser editado bajo la dictadura, en 1974. También otro periódico, el mensuario Nación, vinculado a los Tenientes de Artigas, que se define como un “órgano de prensa nacional y popular” y está en el año de su décimo aniversario. Los estilos de uno y otro son distintos –castrensemente pomposo el primero, hasta chabacano el segundo–. Y sus redactores difieren: en Nación escriben, por lo general, “civiles”, y en El Soldado, por lo general, militares. Pero en aversiones y afinidades electivas ambas publicaciones coinciden. Nación, dirigido por el profesor de derecho César Jóver, que se presenta en su perfil en Facebook como candidato a diputado por la lista 25 del Partido Nacional, en Lavalleja, publica a menudo notas del periodista antichavista venezolano Ángel Arellano, del filósofo argentino ultraderechista Alberto Buela, de Gustavo Vargas, un experto en comunicaciones de la Armada uruguaya relacionado con el grupúsculo neonazi Orgullo Skinhead que estuvo preso durante dos años y medio por una serie de atentados cometidos en Montevideo en 1999. Articulistas de Nación definen como “amigos” a los integrantes del Foro Libertad y Concordia, lanzado en 2011 por el puñado de militares presos en la cárcel de Domingo Arenas; El Soldado, más circunspecto, los evoca como “camaradas” y “presos políticos”.
El familión. Roger Rodríguez es uno de los periodistas de investigación especializado en temas de derechos humanos más conocidos del medio uruguayo. Sus trabajos han permitido, entre muchas otras cosas, ir armando una trama, hilos rojos que unen la prédica, el accionar, los contactos –nacionales e internacionales– de una galaxia ultraderechista que abarca a militares, civiles, organizaciones, publicaciones (en papel y en redes sociales). En el semanario Caras y Caretas, entre 2011 y 2012, Roger fue tejiendo esa madeja a lo largo de una quincena de notas documentadas. Una de las primeras de la serie es particularmente jugosa. Se titula “La ofensiva de los indagables” (4-II-11) y cuenta cómo se fue federando esa trama en torno al Foro Libertad y Concordia (al que Nación, casi simultáneamente, definía desde su portada como “Nuevo actor social en el escenario uruguayo”). Dice el copete del artículo: “Son oficiales retirados. Egresados de las promociones de 1971 a 1974, participaron de la represión de la dictadura. Muchos de ellos pueden ser encausados judicialmente por torturas. Se organizan en una ‘confederación’ presidida por un ‘comando coordinador’. Los asesoraron represores argentinos y Uno América. Surgieron de una web de temas militares. Crearon un Facebook al que adhieren familiares, políticos, fascistas, nazis y grupos de extrema derecha. Se autodenominan Foro Libertad y Concordia y declararon una ‘guerra psicopolítica’ contra el Poder Judicial y el gobierno”3.
Nacido en diciembre de 2010 a partir de la web uruguaymilitaria.com, el Foro se hizo conocer meses después por cartas enviadas a los comandantes de las tres armas filtradas adrede a la prensa y por intervenciones públicas de algunos de sus voceros, como los coroneles Juan Pérez y Juan Carlos Araújo Sbarra, este último egresado de la estadounidense Escuela de las Américas (Soa), experto en heráldica y conferencista del área “psicosocial” del Centro de Altos Estudios Nacionales. El Foro se estructuró en torno a diez secciones o “equipos de tareas”, recogiendo una idea planteada en la web de Caofa por Araújo e inspirada por represores argentinos, como el coronel Horacio Guglielmone, presidente de la Unión de Promociones, una organización creada en 2005 en Buenos Aires para defender a los “camaradas” que habían participado en la “guerra contra el terrorismo”.
Rápidamente Araújo, narra el periodista, fue sumando retirados, entre ellos “los coroneles Manuel Urrutia (de la logia Tenientes de Artigas y agregado militar en China entre 2006 y 2008), Julio C Morinelli, Carlos Óscar Angelero (…), Walter Forischi (secretario general del Centro de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas, quien defendió al procesado sargento Ernesto Soca en un artículo del periódico Nación) y Walter Villanueva (también egresado de la Soa)”. Las “tandas” fueron afluyendo: la “Éxodo del pueblo oriental”, integrada por el general Miguel Dalmao, procesado por el asesinato de Nibia Sabalsagaray, muerto en 2014; la “General Melchor Pacheco y Obes”, de la que formaba parte el coronel Juan Carlos Gómez, procesado por la muerte de Roberto Gomensoro Josman; la “Sean los orientales tan ilustrados como valientes”, a la que perteneció el coronel Wellington Sarli, extraditado a Chile por el asesinato en Uruguay, en 1992, del ex agente de inteligencia de la dictadura de Pinochet Eugenio Berríos. Y varias otras. Muchos otros uniformados acusados de violaciones a los derechos humanos también se arrimaron (los nombres, en las notas de Caras y Caretas, abundan). A través de Guglielmone, relata Rodríguez, Araújo se contactó con Uno América, una organización que reúne a partidos de derecha y extrema derecha de toda América y que lidera el venezolano antichavista Alejandro Peña Esclusa, preso en su país desde 2010 por participar en actos terroristas. Al mes de constituido el Foro surgió un grupo “de apoyo” en Facebook que llegó a tener más de 2 mil “amigos”, entre los que figuraron inicialmente políticos uruguayos –en su gran mayoría blancos y colorados, incluso de primerísimo plano–, la propia Uno América y grupos neonazis y fascistas locales y latinoamericanos, que en algún caso participaron en acciones de desestabilización en Ecuador, Bolivia y Venezuela, e italianos. El perfil de Facebook desapareció hace años, a medida que se fueron desvinculando dirigentes políticos y “amigos” quejosos del cada vez más acre olor a nazi-fascismo que lo fue rodeando.
En sus notas, Rodríguez divulgó los documentos constitutivos del Foro. Su “misión” era definida así: “luchar para eliminar las acciones del enemigo sobre los camaradas y alcanzar la liberación de todos los prisioneros políticos, militares, policías y civiles”, y “formar opinión pública, psicosocial y política para alcanzar el objetivo, en principio por medios legales”. No hay desperdicio tampoco en los cometidos fijados a los diez “equipos de tareas” (político y psicosocial; propaganda; jurídico; prisioneros; familia; internacional; organización; inteligencia; militar; finanzas y logística). Algunos de los textos son particularmente llamativos. El “equipo” de inteligencia fue encargado de “ejecutar acciones de búsqueda, análisis y diseminación”, el militar (¡el militar!) de “acciones de coordinación con las Fuerzas Armadas, centros, clubes, cooperativas y eventualmente otras fuerzas amigas”, el de familia de “acciones de apoyo con nuestras familias y participación de esposas, hijos y familiares de acusados y prisioneros en coordinación con familiares de caídos y víctimas civiles”…
En otros de sus artículos Rodríguez hace una genealogía de los grupos neonazis en Uruguay, menciona a la pléyade de organizaciones que comenzaron a reactivarse desde la salida de la dictadura, sus relaciones con militares retirados y en actividad, sus vínculos con grupos extranjeros.4
La serie de notas le valió al periodista que uno de los integrantes del Foro, el teniente coronel Héctor Marcos Varela González, publicara en Internet datos sobre su domicilio y su lugar de trabajo, con mapa incluido, y que en el grupo de amigos se debatiera sobre la conveniencia de escracharlo. Varela era prosecretario de la Agrupación Maldonado de la Organización de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas, encabezada por los coroneles José Baudean (muerto en 2012) y Eduardo Ferro, otros dos represores acusados de torturas y desapariciones.
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En su diálogo con Brecha, Mónica Ferrero insistió en que cualquier dato que se arrimara a la justicia sería bienvenido. “Si el periodismo pudiera tener algo, que por favor lo haga llegar”, dijo la fiscal.
- Pablo Chargoñia, Mirtha Guianze, Belela Herrera, Juan Fagúndez, Óscar López Goldaracena, Francesca Lessa y Jair Krischke.
- La jueza Staricco dijo a Brecha que cuando Krischke llegó a Montevideo se benefició de las protecciones “adecuadas”. El activista y abogado brasileño volvió a negarlo en los últimos días.
- En 2011 el entonces presidente del Círculo Militar, el general Ricardo Galarza, mencionó entre los “enemigos” a las organizaciones defensa de los derechos humanos, que habían “remplazado a los grupos terroristas”.
- Casualmente, Roger Rodríguez se encontraba en el céntrico bar Los Girasoles, unos viernes atrás, cuando una quincena de ultraderechistas irrumpió en el local, destruyendo todo.