“Cualquier avance en las políticas públicas de derechos humanos siempre serán el resultado de las luchas de los pueblos”. Entrevista a Raúl Olivera*

Hemisferio Izquierdo (HI): Nos interesa pensar el golpe de Estado y la dictadura militar en su dimensión orgánica, dentro del proceso histórico uruguayo, más allá de la mirada que sólo atiende al contexto global (guerra fría) y la influencia de EUA. ¿Cuánto de la estructura económica, política y social del Uruguay de esa época está detrás del golpe del ’73 y el terrorismo de Estado?

Raúl Olivera (RO): Contestar esa pregunta nos obliga a reflexionar sobre el contexto de ese tiempo historico. En él hay que ubicar el nacimiento del Frente Amplio y la unidad sindical que lo precedió.

La hegemonía de la burguesía en el Uruguay hasta la agudización de la crisis de los años 60 y 70 era ejercida a partir de un sistema político, económico y social que amortiguaba las tensiones a partir de un importante predominio del estado de derecho. Dicho de otra manera se trataba de una hegemonía basada fundamentalmente en la “persuasión”.

Lo que entra en crisis en los años 60 y 70 es la convivencia y las formas de dominación pacífica, a partir de la crisis de las formas de desarrollo de la reproducción capitalista y el avasallamiento de una legislación que contribuía junto a las luchas obreras a contemplar las demandas económicas de los trabajadores. Eso que permitió mejoras significativas en el nivel de vida de los sectores populares y el desarrollo de los sectores medios, entro en crisis.

También entro en crisis lo que había contribuido a generar el movimiento obrero a través de sus luchas: un proceso de democratización y avance social mediante políticas culturales, vigencia de las libertades políticas y de los derechos civiles.

Ese modelo basado en una eficaz inserción del Uruguay en el sistema capitalista mundial, que permitió mantener tasas de crecimiento del producto bruto y del ingreso de los trabajadores se, agotó y la crisis estructural que padecía el Uruguay se agudizó y con ello la respuesta de las luchas populares que no aceptan el deterioro del nivel de vida.

Sin profundizar en las causas estructurales que tiene sus raíces en el fin de la segunda guerra mundial, el reordenamiento internacional del capitalismo con el avance de las transnacionales y del imperialismo, debemos concluir que es la radicalidad de estos factores que conducen a la crisis del modelo que opera como trasfondo del proceso de endurecimiento del gobierno de Pacheco Areco y la posterior dictadura militar terrorista que lo siguió.

HI: Avanzando en la historia. ¿Qué continuidades y rupturas con el terrorismo de Estado observamos a partir de 1985 y las décadas posteriores? 

RO: A pesar de ciertas apariencias, creo que no existió una ruptura y sí una continuidad en aspectos esenciales. Una salida pactada no puede leerse con el concepto de ruptura. Sin entrar al detalle de las políticas económicas, hay una continuidad marcada por la permanencia de la impunidad. Impunidad que atravesó etapas diferentes en cuanto a su profundidad. Y ella, producto de la persistencia de un reclamo que si bien desarrolló diversas estrategias, la fue “limitando” su alcance y profundidad.

Creo que hay una larga étapa donde ella dominó el escenario del Uruguay hasta determinado acontecimiento: La sentencia de febrero del 2011 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman, que obligó al Estado uruguayo a disponer que las investigaciones judiciales de las graves violaciones de derechos humanos teóricamente se pudieran investigar al restablecerse la pretención punitiva del Estado.

Eso no quiere decir que esas investigaciones fueran llevadas de manera eficaz, en un plazo razonable, garantizando el pleno acceso de las víctimas en todas las etapas de la investigación, como lo disponía la Corte IDH. Esa sentencia debe leerse como un hecho en el que se condensó un largo y costoso esfuerzo de la lucha contra la impunidad. Y no porque ella la haya derrotado, sino porque instalo un nuevo escenario en el Uruguay.

Sobre un antiguo escenario poblado de sombras durante muchos años, la mencionada sentencia proyectó un cono de luz. ¿Porqué? Por la sencilla razón de que para cumplir con esa sentencia el Estado uruguayo –conducido por el Frente Amplio-,no tenía más remedio que tomar algunas medidas que hasta ese momento tenía poco interés en llevar a cabo (recordemos la polémica Huidobro-Cores): que la Ley de caducidad que durante un cuarto de siglo había impuesto la impunidad, no siguiera impidiendo ni obstaculizando las futuras investigaciones y eventuales sanciones de los responsables.

De cómo llegamos a ese escenario y de cómo se siguió gestionando el llamado pasado reciente en el Uruguay hasta nuestros días, es lo que demuestra esa continuidad de la que hablamos.

Hay un periodo de tiempo en los procesos que vivieron las sociedades latinoamericanas en los años 80 y principios de los 90, que se ha dado en denominarse «de transición» entre los regímenes autoritarios (dictaduras) y las «democracias» restauradas. Aún reconociendo que dichas transiciones tuvieron sus particularidades y especificidades en los distintos países que sufrieron dictaduras en el cono sur, analizar lo que sucedió en el Uruguay nos permite entender y explicar algunos aspectos poco o insuficientemente analizados. Entre ellos la llamada «justicia de transición» y la continuidad de la impunidad hasta nuestros días.

En el Uruguay, una suerte de transición en paz, buscó por todos los medios abstenerse de la persecución penal y la punición de las graves violaciones a los derechos humanos de la dictadura. Para legitimar esa opción, desde la derecha se argumentó que así se facilitaba una transición pacífica. Mientras que desde algunos sectores de la izquierda, a partir de la teoría de los dos demonios, se abonaba en el mismo sentido: dar vuelta la pagina.

La aprobación de la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado, fue la más importante herramienta jurídica de exención de una persecución penal. De ahí, que las exigencias de responsabilidad y justicia por parte de las organizaciones defensoras de los derecho humanos, siempre estuvieron en conflicto —de mayor o menor intensidad— con los esfuerzos que desde el Estado y el sistema político se realizaron para abstenerse de buscar la verdad y emprender la persecución penal. El precio de la paz que debía pagar la sociedad, era la ausencia de justicia.

Si la transición fue el periodo de tiempo en que las fuerzas de la dictadura negociaron la entrega del poder, resulta interesante establecer cuándo comenzó ese tiempo de la transición, cuándo terminó, y cuánto poder se entregó en el marco de esa negociación que supo ser presión y desacato al orden institucional.

Ese proceso se intentó y por largo tiempo se logró realizar con absoluta plenitud, obviando que el restablecimiento de los principios democráticos, necesariamente pasaba por resolver una condición básica para un Estado de derecho: la necesidad colectiva de conocer la verdad en pos de la justicia. En nuestro país la transición estuvo sujeta a determinadas negociaciones políticas que se desarrollaron a la interna de las fuerzas que sostenían la dictadura, a la interna del bloque opositor a la misma y entre ambos bloques. Durante muchos años fue absolutamente predominante un relato a partir del cual el arribo a una «democracia» que se transa con los sectores autoritarios en el poder siempre implica inevitablemente aceptar que ese arribo a un estadio democrático significa en mayor o menor medida una subsistencia de resabios del estadio anterior autoritario. Eso seguramente explica que recién ahora y a desgano se preste atención al espionaje en democracia.

Esos son los costos, el precio que hace posible esa transición nos repetían. Esa es la continuidad con la que se aseguraba la coexistencia armónica entre pasado y presente, aun al costo de haber generado una naciente desconfianza respecto al Estado y sus instituciones.

HI: ¿Es posible pensar el hoy a la luz de la sombra que aún se proyecta de esa brutal ofensiva de la clase dominante por medio de la dictadura militar?

RO: Creo que en la lucha contra la impunidad se juega una parte importante de las batallas políticas, ideológicas y culturales de nuestros tiempos. Allí, en esa lucha a largo plazo, se torna imprescindible hacer valer aquellas normas del derecho humanitario que fueron creadas con el esfuerzo de la sociedad civil en todos esos años, justamente para impedir la continuidad de los autoritarismos propios de una democracia tutelada. En ese marco y con ese horizonte se deben desarrollar desde la sociedad civil diversas estrategias a nivel político, cultural, ideologico y judicial de acuerdo al escenario existente en la que se deben calibrar las correlaciones de fuerzas existentes. Es a partir de asimir eso, que desde la sociedad civil se deben articular esfuerzos para conjuntar esfuerzos colectivos que permitan darle continuidad a la lucha por los derechos políticos, sociales, económicos y culturales que el capitalismo está impedido de atender.

Siempre sostuvimos que la impunidad en el Uruguay no era el simple efecto de la Ley de caducidad, sino fundamentalmente el resultado de conductas políticas articuladas desde el poder del Estado. Fue a partir de ese convencimiento que, evaluamos el desarrollo de ese proceso en el que tenia vital importancia la construcción de un escenario político. La importancia del escenario político para la concreción de los avances de las luchas ciudadanas, encuentra ejemplos sobresalientes en las campañas del voto verde y rosado con los que se intentó eliminar la Ley de Caducidad.

El hecho de que en esas dos acciones no se haya logrado el máximo de los objetivos concretos que se planteaban —la anulación de la Ley de Caducidad— no debería oscurecer en los futuros pasos a dar, la importancia de la «construcción del escenario» como elemento cardinal para la materialización de los actuales objetivos de instalar a nivel de las desiciones de las fuerzas política consecuentemente de izquierda una cultura de derechos humanos que pasa en primer término por una voluntad política de persecución criminal de los crímenes del terrorismo de Estado.

Estamos convencidos que las luchas que debe desarrollar la sociedad civil en contra de las diversas formas del autoritarismo estatal, se instala siempre en escenarios donde la táctica tiene que analizar con objetividad sus propias fuerzas, las que debe enfrentar y el «momento político» en que se desarrolla cada etapa del desafío concreto. La profundidad y el alcance de las reivindicaciones están casi siempre determinada por esas condiciones originales en que se desarrolla cada etapa de lucha. Y sobre todo, se necesita una mirada estratégica que tenga en cuenta el escenario futuro que se irá construyendo en el proceso de la lucha misma.

Esa construcción de los escenarios, no es algo dado. No es una construcción producto de un devenir inexorable. Hay que trabajar en el anudamiento y la articulación de sus distintos componentes. Un error frecuente en la conducción de luchas como las que hoy tenemos planteadas, es no percibir que los escenarios cambian y si no se asimilan esos cambios se corre el riesgo de perder el tren de la historia. Por ejemplo, si nos hubiéramos congelado en el escenario de frustración popular, que se instaló con la derrota del voto Verde y posteriormente el voto Rosado, eso podría habernos impeddo definir con claridad el cómo recomenzar la lucha, incorporando adecuadamente el dato de esos fracasos y el nuevo escenario existente por el cual nos vimos obligados en un principio a recluir la lucha, en el limitado derecho a la verdad (cumplimiento del artículo 4o) de una ley que se rechazaba y con razón se catalogaba de inconstitucional y violatoria del derecho internacional.

 

Nos instalamos en aquel escenario y desde él avanzamos hasta materializar los logros hasta hoy alcanzados. Hoy podemos concluir, que el mérito de esa estrategia contra la impunidad es haber desarrollado una táctica que supo identificar adecuadamente los distintos elementos de cada escenario y no congelarse en ellos. El aspecto negativo fue el tiempo que insumió.

Si desde la sociedad civil y desde las organizaciones de izquierda se actúa directamente sobre la realidad y se impulsa que el Estado promueva los mecanismos institucionales más eficaces para la mejor defensa de los derechos humanos en una sociedad democrática, estaremos contribuyendo en forma sustancial a darle sentido a la lucha por los derechos de la gente. A entender que cualquier avance en las políticas públicas de derechos humanos siempre serán el resultado de las luchas de los pueblos.

* Raúl Olivera Alfaro es Coordinador Ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu.