Ex militares indagados en causa 300 Carlos no aportaron información; Observatorio Luz Ibarburu denuncia nueva estrategia para revictimizar a los testigos
La jueza penal de 2º Turno, Marcela Vargas, interrogó esta semana a tres indagados en la causa que investiga los delitos de tortura, privación de libertad, violación, lesiones personales, amenazas, atentado a la libertad personal por funcionario público de una cárcel y abuso de autoridad contra los detenidos, ocurridos durante la dictadura en el centro de detención clandestino conocido como “300 Carlos” o “Infierno grande”, que operaba dentro del cuartel del entonces Batallón de Infantería Blindado Nº 13 (ubicado en Avenida de las Instrucciones y Camino Casavalle).
Vargas trasladó la sede hasta el geriátrico donde reside el coronel retirado Homero González, militar sobre el que no pesa ninguna condena ni procesamiento hasta el momento, para interrogarlo. Según pudo saber la diaria, el acusado está en un estado de salud complicado, afectado por una ceguera, y en el interrogatorio, si bien estaba acostado, no tenía conciencia de estar en esa posición. La defensa del militar anunció en la audiencia que va a pedir nuevos informes médicos y si es necesario una pericia para demostrar que el indagado no tiene capacidad de discernimiento. Esta estrategia de las abogadas Graciela Figueredo y Rosana Gavazzo es comprensible, ya que González admitió que en el “300 Carlos” hubo torturas.
Vargas también trasladó la sede hasta el domicilio del coronel retirado Gilberto Vázquez, que cumple reclusión domiciliaria por una condena a 25 años de penitenciaría al ser encontrado como uno de los responsables de 28 delitos de homicidio muy especialmente agravado en el marco del Plan Cóndor (juez Luis Charles, 2009) y una condena de 30 años por el secuestro y desaparición de María Claudia García de Gelman (Vargas, marzo de este año). Vázquez se amparó en el derecho de no declarar, pero increpó en varias ocasiones a la jueza para “hablar” del “caso Gelman”, por el que fue condenado por ella, junto a los ex militares José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Jorge Pajarito Silveira y el ex policía Ricardo Conejo Medina.
En tanto, el miércoles, la jueza llevó a cabo una audiencia en la casa del coronel retirado Ernesto Avelino Ramas Pereira, que también cumple prisión domiciliaria, en el balneario Piriápolis. Ramas también se amparó en el derecho a no declarar. El coronel retirado se declaró imposibilitado de asistir a la sede judicial por razones de salud; sin embargo, el colectivo Vecinos por la Memoria de Piriápolis ha denunciado que Ramas fue visto paseando por la rambla del balneario, lo que constituye una violación de la prisión domiciliaria.
Las actuaciones en la causa terminaron y ahora el expediente debería pasar a la vista de la Fiscalía para que esta se expida.
Más dilatorias
Una de las preocupaciones de los abogados de las víctimas es que el 18 de setiembre, con la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal, los juzgados se fusionan y, por lo tanto, los expedientes cambiarán de sede y de magistrado actuante. Las causas viejas quedarán en unos juzgados y las nuevas ingresarán a otros, que se regirán por el nuevo código. Esta redistribución de turnos, jueces y fiscales es considerada “un volver a empezar”, a lo que se suma la espera que significarán las mudanzas.
El martes también se llevó a cabo una audiencia en el juzgado de primera instancia por la causa que investiga la muerte de Óscar Fernández Mendieta, ocurrida en el Regimiento de Caballería Blindado Nº 2 de Durazno, el 24 de mayo de 1973. Sobre el trámite de este expediente, el Observatorio Luz Ibarburu (OLI) emitió ayer un comunicado en el que expresa que “luego de un largo trámite que lleva 11 años, en los cuales las defensas de los militares imputados presentaron recursos de prescripción, de casación y de inconstitucionalidad y tuvieron la oportunidad para presentar pruebas, se esperaba que finalmente se procesara a los militares retirados Gustavo Mieres, Daniel Blanco, Alberto Ballestrino y Líber Morinelli como responsables directos de la muerte de Fernández Mendieta”. Sin embargo, los abogados del Centro Militar “dan continuidad a una estrategia de dilación de los procesos mediante un recurso inaugurado recientemente: solicitar repetir las declaraciones de varios ex presos políticos”, informa el comunicado.
Según el OLI, los pedidos de procesamiento fueron realizados el 17 de octubre de 2016 y el 12 de junio de 2017, “por considerar que surgían ‘elementos de convicción suficientes’ para responsabilizarlos como autores”. El comunicado agrega que el OLI “aguarda que este expediente sea resuelto sin más dilatorios”, y pide resolver el “fundado pedido de procesamiento de la Fiscalía, ya que debe tenerse en cuenta a la hora de resolver lo solicitado por la defensa de los militares que ella pudo solicitar esa medida de prueba con anterioridad a esta audiencia, que resulta previa a la decisión de procesar, con lo que resulta lisa y llanamente una nueva maniobra dilatoria que, además, revictimiza fuertemente a los testigos obligados a reiterar una y otra vez sus relatos”.
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ESTE MARTES HABRA AUDIENCIA PENAL POR ASESINATO POR TORTURA DE OSCAR FERNANDEZ MENDIETA
El Obervatorio Luz Ibarburu ha investigado sobre el tema
Este martes habrá una audiencia en el juzgado penal de séptimo turno de la jueza Adriana de los Santos por el asesinato por tortura del militante del Partido Comunista Revolucionario en mayo de 1973, Óscar Fernández Mendieta. Por este caso está pedido el procesamiento de cuatro militares. La denuncia fue presentada en 2006, según dijo en De diez a doce, el coordinador ejecutivo del Observatorio Luis Ibarburu, Raúl Olivera. “Ha habido un empantanamiento”, opinó y agregó que desde la organización presentarán un documento con el legajo de cada uno de los militares presuntamente involucrados. Otro de los asuntos que será analizado en este como en otros casos, dijo el activista por el Derechos Humanos, es la complicidad de médicos para el ocultamiento de las causas de decesos.
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