Fabián Kovacic
Condena y exculpación
La justicia federal argentina sigue echando luz sobre el entramado de operaciones clandestinas de las dictaduras del Cono Sur. La tercera y cuarta partes del expediente Orletti tuvieron sentencia el lunes 11, y del juicio surgen nuevas pistas para investigar aspectos ocultos del Plan Cóndor.
Los secuestros de los uruguayos Gerardo Gatti Antuña, Victoria Grisonas y Julio César Rodríguez Rodríguez, y los argentinos Manuela Santucho, Cristina Navajas de Santucho, Gustavo Adolfo Gayá y Ana María del Carmen Pérez, y el asesinato de Estela María Moya de Gayá, fueron dilucidados por el Tribunal Oral número 1 de Buenos Aires. Todos ellos fueron víctimas del Plan Cóndor en el centro clandestino de detención Automotores Orletti en 1976.
Los responsables condenados son los policías federales Rolando Oscar Nerone, Oscar Gutiérrez y José Néstor Ferrer, y el ex agente de la Side César Alejandro Enciso. Nerone y Gutiérrez fueron condenados a seis años por el secuestro de Victoria Grisonas. José Ferrer fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Estela Moya y los secuestros de Gustavo Gayá y Ana María Pérez. Enciso recibió 16 años de cárcel por los secuestros de Gerardo Gatti, Julio César Rodríguez, Manuela Santucho y Cristina Navaja de Santucho.
Sin embargo, Nerone y Gutiérrez, que también habían sido imputados por el homicidio del uruguayo Mario Roger Julien –esposo de Victoria Grisonas–, resultaron absueltos por los jueces, que no tuvieron en cuenta los pedidos de cadena perpetua que solicitaron el fiscal Pablo Ouviña, la abogada querellante, Luz Palmas Zaldúa –en representación del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels)– y Martín Ríos, por la Secretaría de Derechos Humanos de la nación.
PISTAS SOBRE “PINO” ENCISO.
Gerardo Gatti fue secuestrado el 9 de junio de 1976 en un apartamento del barrio porteño de Belgrano y de allí fue llevado a la Superintendencia de Seguridad Federal, una repartición de la Policía Federal. Ese era el lugar habitual para llevar a extranjeros detenidos e investigados por solicitar asilo político. Luego pasó a Automotores Orletti, donde fue visto por sus compañeros del Pvp que habían sido secuestrados por la patota del paramilitar Aníbal Gordon y los uruguayos del Ocoa. Enciso integraba el grupo de Gordon y participaba de sus operativos para capturar gente en la calle. Solamente fue condenado por los secuestros de Gerardo Gatti, Julio César Rodríguez, Manuela Santucho y Cristina Navajas, todos detenidos en Orletti, porque así lo dispuso la justicia brasileña. El ex agente de la Side fue detenido en Brasil en noviembre de 2010, a pedido del juez federal argentino Daniel Rafecas, y extraditado en 2011 a Buenos Aires. Pero el Tribunal Supremo de Justicia de Brasil sólo autorizó la extradición para que fuera juzgado por secuestros y no por torturas ni asesinatos, pese a los 39 casos de secuestro y aplicación de tormentos –delitos de lesa humanidad e imprescriptibles– que pudo compilar e imputarle el juez federal Daniel Rafecas en la instrucción de la causa.
César Pino Enciso estaba casado con Magdalena, hija del temible general Otto Carlos Paladino, jefe de la Side. Vivía semioculto en un barrio de Rio de Janeiro desde fines de los años ochenta, aunque en su declaración indagatoria aseguró que en los últimos diez años regresó varias veces a Argentina sin problemas para actualizar sus documentos.
Según el juez Rafecas, además de ser yerno del general Paladino, “Pino” Enciso formaba parte del círculo cercano a Aníbal Gordon y lo acompañó en varias de sus tropelías. Ingresó a la Side el 19 de febrero de 1976 y comenzó a prestar servicios el 1 de marzo siguiente. Curiosamente, solicitó por escrito la baja el 12 de julio de ese año, aunque ésta no le fue aceptada hasta agosto mediante un escrito que no indica el día sino sólo el mes de la decisión. Para Rafecas resulta comprobado que Enciso prestó servicio en la Side y en Orletti hasta el 31 de julio de 1976, con lo cual le imputó por lo menos los cuatro secuestros por los que fue extraditado desde Brasil.
El 13 de setiembre de 1976 el general Paladino pidió la incorporación de Enciso como agente secreto junto a otras nueve personas, para destinarlo al Departamento A II, fuera del edificio central de la Side. De esas diez personas, seis fueron integradas al Grupo de Tareas 5, entre ellos Enciso. El Gt5 operaba junto a la Policía Federal en la represión de ciudadanos extranjeros, en especial de países limítrofes. El 6 de abril de 1977 Enciso pidió nuevamente la baja y le fue otorgada un mes después, el 6 de mayo.
El juez instructor Rafecas aceptó varias pruebas de la participación de Enciso en el grupo de Aníbal Gordon. Por un lado, el sumario militar 417, elaborado por el teniente coronel Juan Ramón Nieto Moreno, asocia a Enciso con el selecto grupo secuestrador de Gordon. Según indica el oficial en el sumario, Enciso integraba el grupo y participó junto a él en el secuestro del empresario León Zavalía, que fue llevado a Córdoba, en una acción extorsiva sin tintes políticos. Según el mismo documento, otro represor, Honorio Martínez Ruiz, reconoce haber concurrido a la casona de la esquina de las calles Chiclana y Pomar, en la capital, y haber visto allí a Gordon acompañado de Enciso. Otra prueba que asocia a Enciso con la represión fue el testimonio de Rodolfo Cabanillas, un general descubierto en plena democracia por el poeta Juan Gelman como integrante del staff de Orletti. Cabanillas sostuvo ante el juez que vio a Enciso en la noche del 26 de diciembre de 1976 durante una despedida a otros oficiales, en una cena en un restaurante de la costanera. Allí estaba Enciso con su suegro y oficiales uruguayos y chilenos designados en comisión en la Side, pero cuyos nombres no recordaba. Paladino admitió haber llevado a Enciso a trabajar a su empresa de seguridad Magister Srl a partir de 1976. En 1984 Beatriz Leache, una empleada de Magister (y a la postre pareja de Eduardo Ruffo, otro amigo de Gordon), dijo a la justicia que era habitual la presencia de Enciso en Magister, y que participó del grupo que secuestró a Guillermo Patricio Kelly al cierre de la dictadura, por orden de Paladino. Finalmente, un testimonio señala a Enciso como el responsable de Automotores Orletti y de haber participado en el secuestro de los uruguayos Rosario Barredo y William Whitelaw. En el legajo 3.675 de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) figura el testimonio de un agente de inteligencia llamado Oreste Vaello, quien sostiene la versión de que Barredo y Whitelaw fueron secuestrados y llevados al Pozo de Bernal y luego entregados al personal de la Side. Según Vaello, el responsable del traslado del matrimonio fue Pino Enciso, a quien identificó además como el responsable de Automotores Orletti, por su vínculo familiar con el general Paladino.
Durante 20 años César Alejandro Enciso vivió en la mentira en el barrio Santa Teresa, de Rio de Janeiro. “Me fui de Argentina perseguido por la dictadura porque era militante de izquierda”, comentaba a los parroquianos de los bares que solía frecuentar cerca de la plaza Presidente Aguirre Cerdá. El ex represor de Automotores Orletti usaba el nombre de Domingo Echebasten y también se hacía pasar por Horacio Andrés Río Pino. Se presentaba como fotógrafo especializado en competiciones náuticas, y gracias a sus ingresos por esa actividad pudo radicarse en Brasil y adoptar a una niña que hoy ya tiene 23 años, por lo que no pudo ser expulsado del país pero sí extraditado.
CASO JULIEN-GRISONAS.
“¡Fuerzas de seguridad! ¡Entréguense!”, gritaron antes de patear la puerta de la calle Mitre 1050 en el partido bonaerense de San Martín. Tras el golpe que hizo crujir la madera sonó un disparo desde dentro de la casa que impactó en la pierna izquierda de Rolando Oscar Nerone, el policía miembro del Departamento de Asuntos Extranjeros que acababa de romper la puerta.
La escena quebró la tensa calma de la siesta del domingo 26 de setiembre de 1976. En la casa se encontraban Mario Roger Julien, Lucía Victoria Grisonas y sus hijos Anatole Boris Julien, de 4 años, y Victoria Eva Julien, de 16 meses. Como se sabe, Anatole y Victoria aparecieron en diciembre de 1977 en una plaza de Valparaíso, Chile, y luego fueron adoptados por una familia chilena. Tras una ardua búsqueda internacional, la organización brasileña Clamor localizó a ambos hermanos en 1979.
Tanto Nerone como Gutiérrez fueron detenidos e indagados por orden del juez Rafecas en marzo de 2011. Si bien ambos admitieron haber participado del operativo ese domingo, insistieron en que “ni bien llegaron al lugar, Nerone recibió el disparo y huyeron sin intervenir en la detención y sin disparar un solo tiro y ni siquiera ver a los ocupantes de la casa. Según ambos el operativo lo concretó finalmente el Ejército”, aseguraron fuentes judiciales consultadas por Brecha. “Según Nerone, la orden que recibieron de sus superiores era la de detener a todos los ocupantes de la vivienda y trasladarlos al Departamento Central de Policía; según Gutiérrez, debían ir a la casa, constatar la existencia de un hombre uruguayo con documentos argentinos falsos y, en tal caso, proceder a su detención.” Asuntos Extranjeros estaba en ese momento bajo las órdenes de la Side, conducida por el general Paladino, y ambos policías pertenecían a la banda del paramilitar Aníbal Gordon.
En el legajo de Nerone aparece, con fecha de octubre de 1976, una comunicación del teniente general Ramón Nieto Moreno dirigida al jefe de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal, en la que lo pone en conocimiento de “la relevante actuación que cupo a los oficiales inspectores Nerone, Gómez Migenes y Gutiérrez, del departamento a su cargo en el Gt5, en los procedimientos que condujeron al desbaratamiento del sector militar de la organización subversiva Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales (Opr 33)”, y de inmediato alude a la herida recibida por Nerone en uno de esos operativos, el del 26 de setiembre. Se constata entonces que los tres policías integraron el Gt5, alias “La banda de Gordon”, pero no queda claro quiénes son los “superiores” a los que se refiere Nerone. O directamente se podría concluir que eran Otto Paladino, Aníbal Gordon y los militares uruguayos.
COMANDO TRIPLE A.
Gutiérrez y Nerone declararon que huyeron del lugar tras el disparo en San Martín y que no se enteraron de nada más. Pero es útil recordar las declaraciones del ex agente de inteligencia que en 2006 relató a Brecha las vinculaciones del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal con los hombres de Orletti. Según dicho testimonio, tanto “Cacho” Gutiérrez como “Roly” Nerone fueron mencionados por sus apodos como socios de la agencia privada de seguridad Magister, regenteada por Otto Paladino y Aníbal Gordon a fines de la dictadura militar. Mientras Gutiérrez terminó su carrera policial en los años de Carlos Menem, Nerone, tras recibir el balazo en la pierna –presumiblemente de parte de Roger Julien–, debió pasar a retiro. Actualmente Nerone es director de la agencia de seguridad privada Organización Anselmi Srl, fundada por otro ex policía, el comisario Jorge Anselmo, aparentemente sin antecedentes criminales. La agencia tiene su casa central en la calle Cullen, de Capital Federal, y sucursales en las localidades de Pilar y San Martín. Ironía del destino, esta última se encuentra a escasas veinte cuadras de la que fuera la casa de los Julien.
Pero Nerone ya había sido investigado en 1975 por el periodista Rodolfo Walsh. Ese trabajo fue rescatado en el libro Como los nazis, como en Vietnam, del periodista Alipio Paoletti. En agosto de ese año Walsh detectó un comando de la Triple A especializado en el asesinato de exiliados latinoamericanos refugiados en Buenos Aires, según un acuerdo secreto firmado por el comisario Alberto Villar con altos jefes policiales de Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay y Bolivia. Parte de los papeles de ese acuerdo fue descubierta por la investigadora uruguaya Clara Aldrighi en documentos desclasificados en Estados Unidos en 2002. Este comando de la Triple A dispuso de una casa operativa en Buenos Aires y estaba integrado por siete oficiales y dos suboficiales de la Superintendencia de Seguridad Federal. El jefe era el titular del Departamento de Asuntos Extranjeros, comisario Juan Gattei, y el encargado de operaciones era el inspector Juan Bautista Pietra. El responsable de inteligencia era el entonces joven inspector Rolando Oscar Nerone. Según Walsh, uno de los nexos entre la Cia y la Triple A era Gattei, egresado en 1962 de la Escuela Interamericana de Policía de la Agencia Internacional para el Desarrollo (Aid), cobertura de la Cia.
¿CUÁL EJÉRCITO?
Según las versiones que publicaron los diarios La Nación y La Razón el 28 de setiembre de 1976 sobre los hechos ocurridos en la casa donde se encontraban Mario Julien y Victoria Grisonas con sus hijos, “las fuerzas de seguridad fueron recibidas por una balacera desde el interior de la casa donde se encontraba un grupo de delincuentes subversivos”. El lenguaje de las notas periodísticas delata el guión militar y la censura sobre los hechos vinculados a la represión ilegal. Sin embargo, los vecinos del lugar testimoniaron en la instrucción de las causas y los juicios orales sobre la presencia de tanques del Ejército y transportes militares, además de autos particulares y policiales. Según los sobrevivientes de Orletti, tanto Gordon como sus hombres solían vestir ropas del Ejército en los operativos y en los interrogatorios. Al mismo tiempo, de acuerdo al testimonio de los vecinos, tanto Mario Roger Julien como Victoria Grisonas fueron brutalmente golpeados en la calle por personal militar. Recuerdan también que los golpeadores fueron increpados por otros hombres porque querían a Victoria con vida. ¿Qué datos podría aportar y a quienes podrían interesarles? ¿Argentinos o uruguayos? Más tarde varios testigos aseguran haberla visto en Orletti junto a sus hijos. Allí se perdió su rastro.
CASO MOYA.
José Ferrer era un oficial de inteligencia de la Policía Federal y como tal participaba de las investigaciones sobre militantes políticos extranjeros arribados a Buenos Aires. El tribunal comprobó su participación en el operativo que el 14 de setiembre de 1976 terminó con el secuestro de Gustavo Gayá, Ana María del Carmen Pérez y el homicidio de Estela María Moya de Gayá, ocurrido en un departamento de la avenida Forest al 1000, de la Capital Federal.
Con estas condenas la justicia avanzó no sólo en la dilucidación de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Orletti, sino en la aportación de nueva prueba sobre los grupos de tareas que operaban en esos años. Nadie duda de la existencia del Gt5 como fuerza de tareas integrada por la Side y la Policía Federal, como tampoco quedan dudas sobre las oficinas de la Superintendencia de Seguridad Federal ubicadas en la calle Moreno, donde funcionaba el archivo y se hacía el análisis de los datos de extranjeros sospechosos para las fuerzas armadas. Por ahí pasaron muchos detenidos de los que por ahora poco se sabe su destino. Según funcionarios judiciales y fiscales, las cuestiones comprobadas en este juicio abren la puerta a nuevas investigaciones y por ende a nuevos expedientes judiciales en el futuro.
Habrá que esperar al 23 de noviembre, fecha en que el tribunal oral dará a conocer los fundamentos de la sentencia del lunes, para saber por qué Nerone y Gutiérrez fueron exculpados del asesinato de Mario Julien, contra todas las pruebas aportadas por la querella y la fiscalía. Es posible que ese día se inicie un nuevo capítulo de la historia del Plan Cóndor.
