COMUNICADO
Centro Militar acusa al Fiscal Jorge
Díaz de “llevarse por delante”
pronunciamientos contra la derogación de
la Ley de Caducidad
10.03.2018
CUEVA GOLPISTA
MONTEVIDEO (Uypress)- Mediante un comunicado, el Centro Militar cuestiona la nueva Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad, y acusa duramente al Fiscal General de la Nación, Jorge Díaz.
El grupo de militares retirados asegura, además, que no se puede juzgar delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (1973-1985), ya que en Uruguay esos delitos se tipifican como tales desde 2002.
“Hemos asistido recientemente a la creación de la Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad, lo que, al margen de restar recursos humanos y materiales al primer escalón de combate al delito, que hoy flagela a nuestra sociedad, los vuelca en pos del rencor y el pasado reciente, ya investigado y juzgado, habiéndose procesado a más de treinta personas, algunos de los cuales han fallecido en prisión”, señala el comunicado, que consigna La República.
Recuerda que el Tratado de Roma, “que configurara por primera vez tales delitos, fue instrumentado y ratificado por nuestro país a partir de junio de 2002”, por lo que “antes de esa fecha no existían en nuestra legislación: ¿dónde queda, entonces, el principio de la no retroactividad de la ley penal? ¿Por qué no se respeta la misma vara jurídica que otorgó las amnistías?, involucrados en delitos de subversión”.
“Parafraseando al extinto ministro de Defensa Nacional, Fernández Huidobro, estos son artilugios pergeñados en el Norte para ser usados en el Sur, distrayendo la atención de sus propias violaciones; de hecho, ni Estados Unidos ni Israel, países potencialmente beligerantes, han ratificado jamás dicho Estatuto”.
“Además, parecería que al señor Fiscal de Corte no le afecta llevarse por delante sendos pronunciamientos de la ciudadanía, hoy cercada por el delito y los delincuentes, por medio de los cuales se ratificó la vigencia de la ley de Caducidad. ¿Seguirá siendo el Pueblo el soberano, o, en este devenir de atrocidades, ya no se le tendrá más en cuenta?”
“Además, juzgar delitos anteriores a su configuración significa desconocer la vigencia de los códigos y la jurisprudencia toda. Por tanto, al no estar vigente ese delito en los códigos respectivos, esto simplemente no debería tener lugar”.
“Este principio es, por otra parte, un instrumento de seguridad para los pueblos; de no existir, los individuos quedan a merced de la completa subjetividad y ansias personales del magistrado de turno; la justicia se partidiza y se torna en herramienta de venganza para algunos: ¿es esto lo que queremos para nuestro país?”, señala el comunicado.
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Mariana Mota: No corresponde
que el Centro Militar emita opiniones
sobre políticas públicas como la
designación de Fiscales
Entrevistada en InterCambio la magistrada Mariana Mota, integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos, lamentó la declaración emitida el jueves 8 por el Centro Militar criticando la asignación de recursos públicos a la nueva Fiscalía especializada en Derechos Humanos (DDHH).
“Es preocupante” que desde ámbitos militares vinculados a las violaciones de DDHH durante el Terrorismo de Estado en nuestro país, se siga operando a nivel mediático para evitar la circulación de información referida al tema y la intervención activa del Estado para hacer Justicia, valoró.
Además, puntualizó Mota, “el Centro Militar tiene” entre sus miembros a “militares activos que no deberían expresar opinión política con la excepción del voto”.
En cuanto al Centro Militar como tal y más allá de la condición de activo o pasivo de cada uno de sus integrantes, “no corresponde” que esa organización emita “opiniones sobre políticas públicas” como, por ejemplo, “los fiscales designados por decisión del Estado”.
“No corresponde que lo manifiesten”, recalcó la jueza, valorando asimismo como “preocupante” que “se pronuncien sobre hechos que los involucran” y alrededor de los cuales manejan “información que podrían aportar y no lo hacen”.
También recordó que “hay otros militares que lamentablemente no pasaron por los Juzgados para responder por esos hechos”, cuando “deberían tener otra actitud” en virtud de que “fueron funcionarios del Estado”.
La creación de la Fiscalía de DDHH implica “una medida largamente reclamada por las organizaciones sociales” de lucha por la Memoria y los DDHH, “buena medida pero que no es suficiente” porque “quien investiga es el juez” y el Poder Judicial tiene otra visión del tema que la de la Fiscalía.
De hecho, “la posición de la Corte (Suprema de Justicia) desde el año 2013” no está alineada con la perspectiva internacional en la materia. Ello dificulta, entre otros perjuicios graves, el avance de la Justicia porque “el tiempo siempre juega en contra” del curso de las causas en función del “tiempo biológico de testigos e indagados”.
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