Argentina: en el 42 aniversario del golpe civico-militar

  A 42 años del Golpe de 1976

Hijos recuerda la desaparición de su

padres en las redes sociales

En la previa de un nuevo aniversario del último golpe cívico militar, HIJOS Capital inició una campaña en las redes sociales para contar sus historias y “las de miles de familias de las/los 30.000 compañeras/os detenidas/os-desaparecidas/os”. Bajo los hashtag #HistoriasDeNuestraIdentidad y #24M, la agrupación publicará hasta el próximo 24 una serie de breves reseñas.

“Soy Juan Manuel, hijo de Fernando Torrez”; “me llamo Camilo Juárez, hijo de Alicia Rosalía País y Enrique José Juárez”; “Me llamo Rosana Heinrich. Soy hija de Enrique”, se presentan al comienzo de cada una de las historias que podrán seguirse a través de las cuentas de Twitter (@hijos_capital) y de Facebook (@hijoscapital) de la organización. 

El sábado, desde las 13, los organismos de Derechos Humanos se reunirán en una una sola convocatoria para repudiar el último golpe cívico militar y para reclamar al gobierno de Mauricio Macri que “pare la mano”. El punto de reunión será en Piedras y Avenida de Mayo y desde allí marcharán hasta el único escenario que se instalará a la altura de la Pirámide de Plaza de Mayo, donde se leerán dos documentos.

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  A 42 años del golpe de Estado

argentino, organizaciones sociales

denuncian “retrocesos” y convocan a una

marcha

23 de marzo de 2018 

Organizaciones defensoras de los derechos humanos encabezarán mañana, en Buenos Aires, una movilización que se dirigirá a la Plaza de Mayo por el aniversario del golpe de Estado de 1976. Este 24 de marzo las encuentra en medio de denuncias de “retrocesos” en materia de derechos humanos durante el gobierno de Mauricio Macri, y del repudio a los intentos de liberar a represores que están cumpliendo sus condenas y de borrar la memoria de esos crímenes.

Son varias las noticias de ese tenor que preceden al aniversario del golpe. El miércoles, se supo que el intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, dispuso que se borraran los pañuelos de Madres de Plaza de Mayo que fueron pintados en la Mansión Seré, donde funcionó un centro clandestino de detención. Las pintadas eran parte de una campaña de la Asociación Seré por la Memoria y la Vida, que, en respuesta, anunció que volverían a pintar los pañuelos allí y en varias plazas.

También esta semana, se informó que Cecilia Pando, que dirige la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de la Argentina, defensora de los condenados por crímenes de la dictadura, daría clases de primaria como maestra en un colegio católico. La decisión fue revertida debido al repudio general, y del sindicato de docentes y los padres de los alumnos en particular. Distintas voces se preguntaron cómo una militante a favor de la dictadura educaría acerca del 24 de marzo. El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires manifestó que su contratación no era decisión suya sino de las instituciones privadas de enseñanza.

A estos hechos se sumó la inclusión del nombre de Alfredo Astiz, uno de los represores que son objeto de mayor rechazo, a la lista de más de 90 condenados por violaciones a los derechos humanos que según el Servicio Penitenciario Federal, que depende del Ministerio de Justicia, podrían quedar en libertad. Ayer, la Cámara de Diputados argentina aprobó una resolución para repudiar esa lista.

Varias organizaciones que convocan a marchar el sábado a la Plaza de Mayo dijeron en un comunicado que “el llamado a la unidad resulta necesario por el reclamo de la libertad de las presas y presos políticos, y para denunciar los retrocesos en las políticas de Estado de memoria, verdad y justicia, la lentitud en los procesos judiciales y la pretensión del gobierno del otorgamiento indiscriminado de las domiciliarias a los genocidas”. El comunicado, publicado por el diario Página 12, es respaldado por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Hijos Capital y Centro de Estudios Legales y Sociales, entre otros. “El gobierno de Macri y la alianza Cambiemos ha incrementado su escalada de ajuste y despidos, profundizando los retrocesos en derechos humanos”, agrega el comunicado. También el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, integrado por organizaciones sociales y políticas de izquierda, convocó en un comunicado a protestar el sábado y a “conseguir la máxima unidad de acción en las calles”.

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  24 de marzo 

42 AÑOS

Por Hugo Soriani

El 23 de marzo de 1976, un día antes del golpe, los veintiséis miembros de la familia Vaca Narvaja, entre los que había trece niños, se asilaron en la Embajada de México. Ya habían fusilado a casi toda la familia Pujadas, y ellos recibían amenazas de que correrían la misma suerte.

Días antes, el 10 de marzo, una patota del Comando Libertadores de América, rama cordobesa de la Triple A, al mando del capitán Héctor Vergez, había secuestrado a Miguel Hugo Vaca Narvaja, abogado de origen radical, defensor de presos políticos, dos veces director del Banco Nación de Córdoba y ministro del Interior durante la presidencia de Arturo Frondizi.

Según el testimonio de algunos sobrevivientes, Vaca Narvaja padre fue visto por última vez en el centro de detención de Campo de la Ribera, próximo a La Perla, ambos feudos del general Luciano Benjamín Menéndez.

Nada más se supo de él hasta 1983, cuando Valentina Enet, abogada, y Carlos Albrieu, biólogo, pudieron tomar contacto con la familia Vaca Narvaja y contarles lo que cada uno por su lado, de casualidad y en diferentes circunstancias, se habían enterado. Años después, en 2013, los dos repitieron su testimonio en el juicio por los crímenes cometidos en el campo de concentración de La Perla.

Valentina buscaba en 1976 a su hermano Gerardo, que había desaparecido. Ella y su padre lograron una entrevista con el coronel Raúl Fierro, jefe de      Inteligencia de la provincia. Cuando éste se ausentó unos minutos de su oficina por un llamado de su superior, el general Menéndez, pudieron mirar las fotos que el represor había puesto bajo el vidrio de su escritorio. Algunas tenían manchas rojas, como de sangre, otras estaban escritas o tachadas. Pero una, la más grande, les llamó especialmente la atención. Era la de un cuerpo decapitado.

En ese momento volvió el   coronel Fierro. Los sorprendió mirando las fotos y les dijo: “Ah muy bien, muy bien, están mirando mi álbum de recuerdos. Ese cuerpo sin cabeza es el de Miguel Vaca Narvaja, y lo mismo vamos a hacer con todos los padres que andan buscando a sus hijos, esos montoneros marxistas de mierda.”

Valentina y su padre salieron horrorizados, sin poder creer del todo lo que habían visto y escuchado.

El testimonio lo completó durante el mismo juicio el biólogo Carlos Albrieu, quien relató ante el tribunal que junto a un amigo, en abril de 1976, habían encontrado una cabeza humana adentro de una bolsa de nylon, cerca de las vías del tren, en el barrio de Alta Córdoba. “Yo estudiaba en la facultad y había visto cuerpos conservados. A esa cabeza la habían mantenido en formol. Le faltaba un ojo, tenía un bigote muy fino y una nariz larga, afilada. La llevamos con mi hermano a la Comisaría Séptima y esperamos que nos citaran a declarar, pero nunca lo hicieron. Un par de meses después, mi hermano volvió a esa misma Comisaría por un trámite personal, una renovación de su documento, y salió el tema de la cabeza encontrada. ‘Aaah, sí… la cabeza de Vaca Narvaja’, le dijo el suboficial que lo atendía.”

Carlos Albrieu buscó a la familia Vaca Narvaja cuando regresaron del exilio y se reunió con ellos. “Les conté lo que sabía y ellos me mostraron fotos de su padre. Ahí pude confirmar que el comentario del agente de policía había resultado cierto. La cabeza que habíamos encontrado con mi hermano, sin dudas, era la de Miguel Hugo Vaca Narvaja.”

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“EL PASO DEL TIEMPO ES IMPUNIDAD”

A 42 años del golpe, y a doce de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad y la reapertura de los juicios a los represores, los organismos de derechos humanos reclaman a los jueces y al Gobierno que se aceleren los procesos: sólo 60 de las 500 causas tienen sentencia firme.

Por Ailín Bullentini

Pasaron 12 años desde que las leyes de impunidad fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema, un paso fundamental en la historia argentina que permitió nada más y nada menos la reapertura sin trabas ni vericuetos de las investigaciones judiciales a genocidas por los crímenes que habían cometido 30 años atrás, durante la última dictadura cívico militar. Desde entonces, solo 60 de las más de 500 causas que nacieron llegaron a la instancia final del proceso penal nacional: la sentencia firme. Cerca de la mitad de esas causas aún no han abandonado la etapa de instrucción. Suponiendo que se eleven a juicio a lo largo de este año, el cálculo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad es abrumador: la finalización del proceso de justicia sobre el terrorismo de Estado de la última dictadura llegaría a mediados de 2024, año en el que se cumplirían 18 años de juicios, y cerca de 50 años desde los hechos investigados. Es cada vez más urgente que los procesos abandonen el ritmo cansino y fluyan con más rapidez. “El paso del tiempo es impunidad”, definió la abogada Elízabeth Gómez Alcorta.

Ayer la Procuraduría a cargo de Jorge Auat actualizó el informe sobre causas de lesa humanidad que permite observar en una foto no solo cómo circulan por el Poder Judicial, sino también cuántos represores están presos y en qué situación. En el flamante trabajo, la unidad especializada enfocó la atención en los “obstáculos procesales que conllevan enormes demoras en la tramitación de estas causas”. El informe concluyó que una causa demora 5 años y medio entre que es elevada a juicio y obtiene una sentencia firme. En ese proceso, los expedientes descansan un año en los despachos supremos, casi dos en la Cámara Federal de Casación y otro tanto a la espera de que un tribunal oral federal se conforme para ponerla a debate. Las conclusiones fueron analizadas por este diario junto a tres abogadas y dos abogados especializados en estos expedientes.   

Los tribunales

Gómez Alcorta representa a los obreros de la Ford que denunciaron a la cúpula de la automotriz por los secuestros y torturas que recibieron estando en cautiverio. El juicio, a cargo del Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín, comenzó en diciembre pasado pero debía haberlo hecho en 2014. La instrucción de la causa comenzó en 2002. Desde entonces fallecieron víctimas y acusados y con ellos se desvanecieron para siempre hechos que nunca jamás serán debatidos públicamente ni evaluados por la Justicia nacional. 

Para la abogada, la situación merece la declaración de “estado de emergencia en las causas por crímenes de lesa humanidad”. Más allá de que son imprescriptibles, es decir, que esos delitos no vencen con el paso del tiempo, lo que sí tiene fecha de vencimiento es la vida de sus víctimas y de sus perpetradores: si alguno de los dos muere, la acción penal –el delito– se extingue. “No solo queremos apurar los juicios sino también la confirmación de la sentencias. Acelerarlas es absolutamente fundamental”, sostuvo.

En nombre del Colectivo Mario Bosch, que reúne a profesionales del derecho dedicados a las querellas de las causas por violaciones a los derechos humanos, Gómez Alcorta señaló la conformación de los tribunales orales como uno de los “principales conflictos”. “Es un problema en todo el país, pero sobre todo en las provincias en donde hay un solo tribunal oral federal. Allí los juicios de lesa se colocan a la cola del resto de los juicios”, indicó. Muchas veces, como sucedió con debates orales en Formosa, Santiago del Estero o incluso el juicio de la Ford, los jueces de los tribunales orales son recusados, lo cual demora y dificulta la integración del cuerpo. “Se termina trabajando con jueces de otras jurisdicciones, de otras provincias incluso, que además de tener sus trabajos en sus territorios deben trasladarse para llevar a cabo los juicios de lesa”, apunta la abogada. Las agendas de los debates, entonces, se terminan programando una vez por semana o, incluso, cada 15 días.

La solución a este conflicto, que no es nuevo tanto en su análisis como en su reclamo, descansa en las manos del Consejo de la Magistratura y el Poder Ejecutivo: “Es indispensable que aceleren la integración de los tribunales, muchísimos no tienen jueces titulares”, denunció la abogada. Por otro lado, recordó una alternativa que han planteado en más de una ocasión: la conformación de tribunales orales especiales para la realización de juicios de lesa humanidad. “Hay una que habilita la convocatoria a jueces jubilados, que mantienen estado judicial, y se podría utilizar perfectamente en jurisdicciones donde hay mucho atraso, como La Plata y San Martín. Serían tribunales compuestos por jueces dedicados pura y exclusivamente a estas causas”, sintetizó.  

La siesta en Casación 

Desde La Plata, Guadalupe Godoy refuerza la lectura de Gómez Alcorta. Fue abogada de Jorge Julio López y se sabe de memoria la causa que desgrana, desde 2006, las torturas, los secuestros, los asesinatos y las desapariciones en los centros clandestinos que componen el Circuito Camps. “En La Plata el primer nudo se origina con la falta de designación de jueces para los tribunales, el nunca creado y prometido tribunal Oral Federal 3, pero no es el único. El otro es el cajoneo intencional de causas en Casación”, denunció. La sentencia de La Cacha, en Casación, “está esperando hace años y no tiene explicación. La que encontramos nosotros es la presión que está haciendo ( el ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura Jaime) Smart y otros para que siga durmiendo el sueño de los justos”, señaló.  

El abogado de Abuelas de Plaza de Mayo Alan Iud recordó que durante algunos años la Casación hizo “una fuerte bajada de línea a los tribunales orales” con la acordada 1/12 que buscaba acelerar los juicios. “El mensaje fue concreto e impactó fuerte entre 2012 y 2014, cuando las causas en instancia oral avanzaron más rápido”, apuntó. Eso produjo que los hechos sucedidos en centros clandestinos emblemáticos, como Esma o La Perla, tuvieran debates orales de gran volumen en relativamente poco tiempo.

Pero aquel mensaje no se repitió más. Y si bien la integración de la alzada no sufrió grandes cambios, “es notorio que atravesó disputas internas muy marcadas y que un grupo de jueces comenzaron a enviar mensajes claros en contra del avance de los juicios”, postuló Iud. Como ejemplos, la falta de mérito al jujeño Carlos Blaquier y el fallo que revirtió sentencia y lectura de los hechos de la Capilla del Rosario. “Revocaron condenas, frenaron indagatorias, revocaron procesamientos. Trabajaron para frenar los juicios”, insistió el abogado.

En palabras de Godoy, las consecuencias de las demoras son “directas” y apuntan a las víctimas ya que “en todos los casos donde no hay sentencia firme, a los condenados se los excarcela por vencimiento de las prisiones preventivas”. Las excarcelaciones también se empiezan a ver durante el proceso de instrucción. Dijo Godoy: “Está pasando en La Plata que se llega a juicio con todos los imputados excarcelados”. Una posible solución debería llegar, según ella, “con el compromiso de todas las partes implicadas en el proceso, Corte Suprema, Procuración, Consejo de la Magistratura, Ministerio de Justicia. Hoy no tienen voluntad”.

Una decisión política

El abogado Pablo Llonto coincidió con su colega platense. En la actualidad representa a las víctimas y familiares de desaparecidos que permanecieron secuestrados en Puente 12 y la Comisaría de Monte Grande, “la enorme cantidad de causas y la falta de criterio” para abordarlas es un conflicto que “se observó desde el inicio del proceso”, con la caída de las leyes de impunidad. “Se supo desde entonces que había que construir un criterio para darle prioridad a estos juicios. No fue casual que años después se creara la Comisión Interpoderes con el claro objetivo de acelerar el proceso”, contó.

Hace por lo menos un año que esa comisión, que reúne a todos los actores del proceso judicial, al Ejecutivo y a representantes del Congreso, entre otros, no se reúne. “Tenía que pensar soluciones y nunca llegó a cumplir su objetivo.” Para Llonto, la “responsabilidad central” en el atraso del proceso de justicia sobre los delitos de lesa humanidad del terrorismo de Estado “la tiene la Corte y su presidente”, Ricardo Lorenzetti.

¿Responsabilidad de qué? De carecer de “decisión política” para encontrar soluciones.

“Nunca tuvo la decisión política de darle prioridad a estas causas”, denunció y advirtió que “en Argentina alguna vez la hubo”. Se refirió al Juicio a las Juntas, que se desarrolló en 1985: “El juicio se hizo a diario. Por la mañana se tomaban testimonios, por la tarde tenían sitio las audiencias. Se trabajó durante la feria judicial. Se tomaron 833 testimonios en cuatro meses. Cuando hay decisión política de poner prioridades, se puede. Entonces también había otros delitos federales como los hay ahora y no se descuidaron”.

La lucha en instrucción

“El avance de las causas en instrucción depende de las víctimas”, aseguró Victoria Moyano, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, hija de desaparecidos y nieta recuperada. Como querellante e integrante del equipo jurídico de Justicia YA! participó de los juicios por los crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor, el Plan Sistemático de Apropiación de Menores y aguarda la concreción de los juicios orales por los hechos de los centros clandestinos de la Brigada de San Justo, Pozo de Quilmes y Pozo de Banfield.

Sabe de lo que habla cuando insiste en que “en las víctimas recae la producción de prueba ya que los juzgados, en general, se paran sobre lo que vamos aportando nosotros. Si es por ellos no se profundizan las investigaciones”. En ese sentido, Godoy hizo una lectura similar: “Si los juicios siguen caminando es por la vigencia del campo popular y por el esfuerzo cada vez mayor los organismos y querellantes. Pero se nota y mucho la ausencia de las políticas públicas que permitían un avance aceitado”, postuló.

Ante la denuncia de inacción en los juzgados, Gómez Alcorta ensayó una explicación: la falta de plata. “Si se destinaran mayores recursos a los juzgados se aceleraría la instrucción. Pero esa plata no está”. Para Moyano, el problema es, otra vez, político: “No hay plata para que se avance. Y no se avanza para frenar el proceso de juicio y castigo que las víctimas y los familiares estamos exigiendo hace 42 años”.

En su acusación, la abogada del Ceprodh amplía el espectro de impacto y le apunta también al Estado que “no aporta lo que venimos reclamando, la apertura de los archivos de inteligencia. El Estado no ha tenido la voluntad de aportar lo que tiene en sus manos”. “Estamos enfrentando las domiciliarias a los represores. Enfrentamos nuevamente a la impunidad a la cara. Estamos en un momento muy difícil, pero no vamos a rendirnos”, concluyó Moyano.

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OPINION DEL PREMIO NOBEL DE LA PAZ

Hagamos caminar la memoria

Por Adolfo Pérez Esquivel

Siempre señalo que la memoria nos ayuda a comprender el presente y construir nuevos caminos. Los sobrevivientes a la dictadura militar en Argentina tenemos la responsabilidad de transmitir a las nuevas generaciones no sólo lo vivido durante esa época de terror, persecuciones, desapariciones, exilio, cárcel, torturas y un modelo económico neoliberal excluyente, sino además la necesidad de comprender por qué se llegó a esa situación donde las libertades democráticas de los pueblos fueron sometidas por la violencia y se impuso el totalitarismo.

Lo ocurrido en la Argentina no fue un hecho aislado en el continente, donde se implantó la Doctrina de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y la operación Cóndor. Hoy, a 42 años del golpe militar tenemos que analizar dónde estamos, qué pasa con las políticas de derechos humanos en nuestro país y el continente.

No hace falta una lectura muy profunda para constatar graves retrocesos impulsados por el actual gobierno nacional: cierran escuelas, desmantelan hospitales, aumentan la inflación, los despidos de trabajadores/as, aumentan la pobreza y el hambre actual y futura porque nos están endeudando en el exterior a niveles insostenibles como continuadores del mismo modelo neoliberal de la dictadura. Ante el lógico aumento de los conflictos sociales, la respuesta fue fomentar más represión de las fuerzas de seguridad, y más persecución y encarcelamiento político de los opositores por pensar distinto, como denunció la ONU, la OEA y acaba de denunciar Amnistía Internacional. Cómo si fuera poco han creado la “doctrina Chocobar” de matar y luego preguntar, y continúan insistiendo en dar el beneficio de prisión domiciliaria a condenados por crímenes de Lesa Humanidad como Astiz y Etchecolatz. Parece que para este gobierno la vida no vale, o al menos la vida de algunos.

Podría continuar señalando las violaciones de los derechos humanos y de los pueblos por el gobierno nacional y los provinciales, pero lo central es que después de mucho tiempo logramos unir criterios, voluntades y fuerzas para enfrentar la violencia del Estado y la pérdida de derechos del pueblo. 

Necesitamos de la unidad en la diversidad, dejar a un lado los partidismos mediocres y buscar los consensos de todos los sectores sociales, políticos, culturales y religiosos. Necesitamos construir más espacios de reflexión crítica y construcción social, para saber el país que queremos y hacia dónde vamos.

El desafío es grande pensando lo que ocurre en el continente. Los golpes de Estado están avanzando en la región con nuevas modalidades: golpes parlamentarios, judiciales y mediáticos. Vivimos un proceso de recolonización que debemos resistir generando medios alternativos para enfrentar el accionar de la prensa canalla que busca denigrar y acusar a opositores sociales, sindicales, políticos para justificar un sistema de dominación.

Tengamos en cuenta que democracia y derechos humanos son valores indivisibles, si se violan los derechos humanos se debilitan las democracias y se abre el camino al totalitarismo. Estamos frente a desafíos superadores para construir un nuevo amanecer para nuestro pueblo. No olvidemos que lo que sembramos recogemos.

Este 24 de marzo nos movilizamos por más Memoria, Verdad y Justicia, porque son 30.000, fue un genocidio y decimos Nunca Más.

* Presidente del Servicio Paz y Justicia.

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24 DE MARZO
Escrito por: Lisando de Antueno

Aunque se escriban mil libros, ellos no están; aunque se cincelen mil granitos con sus nombres, ellos no están; aunque se hagan canciones, poemas, inscripciones o leyendas para ellos, ellos no están…

Sus verdugos los quisieron perdidos para nosotros, escamoteados, que fueran un segmento seccionado de nuestra humanidad, un hueco en nuestra mente, un interrogante sin respuesta.

Pero sus verdugos no consiguieron su objetivo: su forma física puede no estar, pero ellos siguen y seguirán vivos y presentes en todos y cada uno de nosotros. Ellos no han desaparecido, están en cada madre y en cada padre, en los hermanos, en los hijos, en los amigos.

Están en el aula, en la fábrica, en las calles, en la intimidad de los hogares.

Revolotean a nuestro alrededor y nos miran, nos interrogan y nos exigen que no olvidemos. La única muerte verdadera es el olvido y ellos nunca morirán.

Reclaman nuestra Memoria para que develemos la Verdad, para que resplandezca la Justicia.

MARZO-2018.-

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