Fracasó la primera audiencia del
megajuicio por violaciones a presas
políticas
Los citados por la jueza Julia Staricco no fueron ubicados
La primera audiencia del juicio iniciado por un grupo de 28 expresas políticas que denunciaron haber sido víctimas de abusos sexuales como parte del método de tortura que se aplicó en cárceles y cuarteles durante la dictadura militar, no se concretó, aseguró en Puntos de vista el periodista Julio Scavino.
En ese marco, contó que Federico Álvarez Petraglia, abogado patrocinante del grupo de mujeres, contó que se debe a que no fueron ubicados los citados.
Desde este martes y hasta el 20 de abril continúan las audiencias.
Scavino destacó que en el mismo inicio del proceso comienza a quedar claro que no será un asunto de trámite fácil y que, según la exfiscal Ana María Tellechea, es una demanda de las más importantes que hay pendientes. Lo que ratifica el hecho de que sea la primera de peso que pone en marcha el nuevo fiscal especializado en Derechos Humanos, Ricardo Perciballe.
Tellechea, que se jubiló recientemente, estuvo preparando el caso desde que se presentó en 2011. La exfiscal, una referencia en materia de Derechos Humanos y en rigor la primera candidata del Fiscal de la Nación para hacerse cargo de la nueva fiscalía especializada, fue homenajeada por la Orden de abogados de Brasil y el Grupo tortura nunca más con la medalla Chico Méndes, que se entrega anualmente desde hace 30 años, resaltó el periodista.
Escuchar aquí la columna:
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Postergación en causa por tortura y
violencia sexual
11 de abril de 2018
Se postergó la reactivación del proceso por las denuncias de violencia sexual y tortura que realizaron 28 mujeres en 2011, tras dos años de trabajo con un grupo multidisciplinario de profesionales. Uno de los abogados de la causa, Miguel Migliónico, explicó a la diaria que ayer no hubo audiencias porque uno de los médicos citados no concurrió al juzgado, y a otros acusados, al parecer, aún no fue posible enviarles las citaciones porque no se averiguaron sus domicilios.
El abogado adelantó que sí se ubicó a tres médicos más que declararán mañana (si concurren), y que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos tiene la potestad de pedir la ampliación de la información sobre domicilios “para volver a insistir” con las citaciones. Según dijo Migliónico, se hizo una lista de las personas a citar para consultar a los ministerios de Defensa y del Interior, pero esa gestión no tuvo éxito, ya que se informó, por ejemplo, que “no se pudieron encontrar datos en el sistema de gestión policial”. Los delitos denunciados fueron cometidos de 1972 a 1983, y entre los acusados hay personas cuyos nombres se reiteran en las causas sobre terrorismo de Estado, como los de los militares Wellington Sarli y Manuel Cordero. Las denunciantes no fueron citadas, porque el juzgado ya dispone de las declaraciones que les tomó en 2011. Cabe señalar que en el tiempo transcurrido desde la presentación de las denuncias, dos de ellas ya fallecieron.
Una de esas denunciantes de la causa, Antonia Yáñez, que fue militante de la Unión de la Juventud Comunista, recordó que durante la dictadura hubo médicos que controlaban el estado físico de las personas que eran sometidas a sesiones de tortura, para indicarles a los interrogadores hasta dónde podían seguir aplicando tormentos a sus víctimas. Yáñez narró que, en su caso, fue víctima de tortura y desnudez forzada (violencia sexual), y que denunció a los participantes en esos delitos que pudo identificar, entre ellos el entonces coronel Gustavo Taramasco, que era jefe del cuartel de La Tablada.
La jueza penal Julia Staricco marcó que se hicieran 15 audiencias del 9 al 30 de abril, en respuesta al pedido de la fiscalía especializada. Migliónico manifestó su deseo de que todas ellas se puedan concretar para que haya avances en la causa, en la cual las mujeres denunciantes “pusieron su energía y esfuerzo desde hace seis años”. Sobre la Fiscalía especializada opinó que mediante sus acciones se puede ver la “responsabilidad y el compromiso” que demuestran, con la intención de llegar, después de tantos años, al esclarecimiento de delitos de lesa humanidad cometidos en dictadura.