07 de julio de 2018
Alegato de la querella de Abuelas en el segundo tramo del juicio por Campo de Mayo
“Se dedicaron a la sustracción de bebés”
Los imputados que llegaron al segundo juicio son el ex general Santiago Riveros y el médico militar Raúl Martín. El alegato continuará tras la feria judicial, en agosto.
La querella de Abuelas de Plaza de Mayo alegó ayer en el segundo tramo del juicio por la privación ilegal de la libertad de once mujeres embarazadas y la apropiación de sus bebés en el Hospital Militar de Campo de Mayo durante la última dictadura. “Se montó un verdadero centro clandestino destinado a la sustracción de hijos de embarazadas detenidas desde mediados del 77”, destacaron los abogados de Abuelas. El alegato continuará tras la feria judicial, el 6 de agosto, con los pedidos de penas para los únicos dos imputados: el ex general Santiago Omar Riveros, ex dueño de vidas y muertes en Campo de Mayo, y el médico militar Raúl Eugenio Martín, absuelto en un proceso anterior y juzgado ahora por un número mayor de víctimas.
Emblema del terrorismo de Estado, por Campo de Mayo pasaron miles de víctimas, incluidos niños secuestrados junto con sus padres y otros nacidos durante el cautiverio de sus madres. El primer juicio por robo de bebés en su hospital concluyó en diciembre de 2014 con condenas a Riveros, al dictador Reinaldo Bignone, al médico militar Norberto Bianco y a la partera Yolanda Arroche de Sala García, en tanto fue absuelto Martín.
El segundo juicio debió haber comenzado en 2016 pero sufrió varias postergaciones y arrancó finalmente el 2 de octubre pasado. Producto de años de dilaciones judiciales, varios médicos militares con responsabilidad en el hospital murieron impunes o lograron ser excluidos de los juicios por problemas de salud. Los imputados que llegaron al segundo juicio son Riveros, ícono del terrorismo de Estado, que era comandante de Institutos Militares y tenía a su cargo la represión ilegal en la denominada “zona de defensa IV”, y el médico militar Martín.
“Las embarazadas desaparecidas eran trasladadas a dar a luz al Hospital Militar de Campo de Mayo desde distintos centros clandestinos de detención”, explicó ayer la querella a cargo de Pablo Lachener y Alan Iud. “Se montó un verdadero centro clandestino destinado a la sustracción de los hijos de embarazadas detenidas desde mediados del 77”, precisaron, y destacaron que “el nivel de organización da cuenta de la enorme cantidad de mujeres embarazadas en situación de desaparición forzada que fueron llevadas a parir al Hospital de Campo de Mayo”. Los abogados remarcaron además “el carácter orgánico de disponer un sector del hospital para las parturientas y la orden de no registrar los datos de los nacimientos”.
En el proceso, que a un ritmo de una audiencia semanal insumió ya nueve meses, se investigan las apropiaciones de bebés y los secuestros de Beatriz Recchia de García y su hija Bárbara García Recchia, de Marcela Esther Molfino de Amarilla y su hijo Guillermo Amarilla Molfino, restituido en 2009 y que ayer acompañó el alegato de Abuelas; de María Teresa Trotta y su hija Milagros Castelli Trotta, de Rosa Luján Taranto de Altamiranda y su hija María Belén Altamiranda Taranto, y de Ana María Lanzillotto y su hijo Maximiliano Menna Lanzillotto. También los casos de Celina Amalia Galeano y su hija, de Paula Elena Ogando y su hija, y de María Cristina Cournour de Grandi, María Eva Duarte de Aranda, Mónica Susana Masri y Valeria Beláustegui Herrera y sus respectivos/as hijos/as, que todavía no conocen su identidad y a quienes buscan las Abuelas.