Se trata del caso de 33 víctimas de torturas en el 300 Carlos.
El fiscal especializado en Derechos Humanos, Ricardo Perciballe solicitó el cierre de fronteras para los militares retirados Mario Aguerrondo, Rudyard Scioscia, Mario Franchelle, Mario Manuel Cola, Homero González, Ernesto Ramas, José Nino Gavazzo y Jorge “Pajarito” Silveira.
La información fue difundida por Televisión Nacional del Uruguay y la periodista Georgina Mayo en su cuenta de Twitter, y señala que se trata del caso de pedido fiscal es por 33 víctimas de torturas en el 300 Carlos. Así era conocido el Batallón de Infantería 13 en la zona de la Gruta de Lourdes. Entre los delitos que se les imputan se encuentran abuso de autoridad y violación de domicilio.
Gavazzo, Ramas y Silveira se encuentran procesados por varios delitos de privación de libertad, tortura y homicidio por otras causas que refieren a la represión y violación de los derechos humanos durante la dictadura (1973-1984).
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Fiscal Perciballe pidió
procesamiento de ocho ex militares por
torturas en el “300 Carlos”
31 de julio de 2018
Sólo tres de los oficiales acusados están condenados por otros delitos.
Ayer de noche el informativo de TNU dio a conocer –y luego fue confirmado por la diaria– que Ricardo Perciballe, quien está a cargo de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, pidió el procesamiento de ocho oficiales retirados por delitos de tortura a cerca de una treintena de detenidos por la dictadura que fueron recluidos en el centro clandestino conocido como “300 Carlos”, que funcionó entre 1975 y 1977 y estaba ubicado dentro del cuartel del entonces Batallón de Infantería Blindado Nº 13 (Avenida de las Instrucciones y Camino Casavalle). Los oficiales retirados son Mario Aguerrondo, Rudyard Scioscia, Mario Franchelle, Mario Manuel Cola, Homero González, José Nino Gavazzo, Jorge Pajarito Silveira y Ernesto Ramas. Los tres últimos ya habían sido condenados por diversos delitos de terrorismo de Estado. En el caso del coronel retirado Ramas, que cumple prisión domiciliaria en Piriápolis, en setiembre de 2017 la jueza penal de 2º Turno Marcela Vargas realizó una audiencia en la casa del ex militar por la causa del “300 Carlos”, pero el acusado se amparó en el derecho a no declarar. Antes se había excusado de ir a la sede judicial por razones de salud, pero el colectivo Vecinos por la Memoria de Piriápolis denunció que Ramas había sido visto paseando por la rambla del balneario, violando la prisión domiciliaria.
Perciballe confirmó a la diaria que si bien los hechos denunciados son torturas, la tipificación es privación de libertad y abuso de autoridad, ya que eran las figuras delictivas que existían en ese momento. Además, como suele suceder cuando se pide un procesamiento, el fiscal pidió cierre de fronteras para los ex militares que están libres.
Raúl Olivera, coordinador ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu, señaló a la diaria que seguramente esta decisión de Perciballe está enmarcada en una causa del “300 Carlos” que esta red de organizaciones presentó y en la que había 45 pedidos de procesamiento pendientes.
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PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y ABUSO DE AUTORIDAD
“300 Carlos”: Fiscal Perciballe pidió
procesamiento de ocho ex militares por torturas
31.07.2018
MONTEVIDEO (Uypress)- En la noche de este lunes, TNU informó que el fiscal Ricardo Perciballe, de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, pidió el procesamiento de ocho oficiales retirados, por delitos de tortura a una treintena de detenidos por la dictadura, recluidos en el centro clandestino conocido como “300 Carlos”.
Los oficiales retirados son Mario Aguerrondo, Rudyard Scioscia, Mario Franchelle, Mario Manuel Cola, Homero González, José Nino Gavazzo, Jorge Pajarito Silveira y Ernesto Ramas. Los tres últimos ya habían sido condenados por diversos delitos de terrorismo de Estado. En el caso del coronel retirado Ramas, que cumple prisión domiciliaria en Piriápolis, en setiembre de 2017 la jueza penal de 2º Turno Marcela Vargas realizó una audiencia en la casa del ex militar por la causa del “300 Carlos”, pero el acusado se amparó en el derecho a no declarar. Antes se había excusado de ir a la sede judicial por razones de salud, pero el colectivo Vecinos por la Memoria de Piriápolis denunció que Ramas había sido visto paseando por la rambla del balneario, violando la prisión domiciliaria.
Según consigna La Diaria, Perciballe confirmó que si bien los hechos denunciados son torturas, la tipificación es privación de libertad y abuso de autoridad, ya que eran las figuras delictivas que existían en ese momento. Además, como suele suceder cuando se pide un procesamiento, el fiscal pidió cierre de fronteras para los ex militares que están libres.
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DICTADURA
31 de julio de 2018
Fiscalía pide procesamiento con prisión de ocho
militares por delitos cometidos en dictadura
El fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, solicitó el procesamiento con prisión de ocho militares por los delitos de violación de domicilio, abuso de autoridad y privación de libertad cometidos entre los años 1975 y 1977, en plena dictadura cívico-militar.
La Fiscalía General de la Nación informó que el fiscal Perciballe solicitó el procesamiento con prisión de ocho militares por delitos cometidos entre 1975 y 1977.
Se trata de los militares Jorge Nino Gavazzo, Jorge Silveira, Ernesto Ramas, Mario Aguerrondo, Rudyard Scioscia, Mario Franchelle, Mario Manuel Cola y Homero González.
Las denuncias
Las actuaciones se iniciaron el 27 de Octubre de 2011, a partir de la denuncia que efectuaron dos integrantes de la organización CRYSOL, que nuclea a los ex presos políticos, en nombre de algunos de sus afiliados.
La denuncia refiere a los padecimientos que sufrieron en el Batallón de Infantería Nº 13 y en el centro clandestino de detención denominado “Infierno Grande” o “300 Carlos” quienes fueron trasladados a dichos lugares.
El centro de detención 300 Carlos funcionaba en las instalaciones del Servicio de Material y Armamento del Ejército (SMA) ubicado a los fondos del predio del Batallón de Infantería Nº 13 de avenida de las Instrucciones.
En el primero de los casos, se trata de jóvenes que de una forma u otra eran visualizados por los represores como vinculados al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN), se indica en el expediente del fiscal.
Asimismo se recuerda que ellos fueron detenidos en el año 1972 y llevados al Batallón de Infantería Nº 13.
En el segundo de los casos se trata de personas que fueron detenidas por su calidad de militantes sociales y/o políticos y vinculados al Partido por la Victoria del Pueblo (PVP). En éste caso los operativos fueron realizados entre los años 1975 y 1976 y su detención y torturas se efectuaron en el centro de detención clandestino denominado “300 Carlos”.