Tras 36 años de la desaparición de su padre, siguió a un militar y le dijo que su abuela, de 97 años, necesitaba saber de su hijo.
Verónica Mato recuerda que tenía cinco años cuando vio por última vez a su padre en el verano de 1982. El 29 de enero Miguel Mato desapareció, tenía 28 años. Como de costumbre, ese día, sobre las seis de la mañana, salió de su casa en el barrio Conciliación a trabajar pero no llegó a destino, posiblemente porque se dio cuenta que lo estaban siguiendo. A las cinco de la tarde, se encontró con una compañera de militancia de la Unión de Juventudes Comunistas (UJC) y le advirtió que lo estaban buscando, que la cosa estaba difícil y se fue. Desde entonces, no se supo más nada de él.
Más de 36 años después, Verónica está en la puerta del juzgado ubicado en Uruguay y Convención. Es martes 21 de agosto y junto a ella hay unas diez personas más. Son alrededor de las 14.30 y de allí sale Enrique Uyterhoeven, alias Ulises, quien fue citado a declarar por delitos de tortura en La Tablada en la última dictadura cívico-militar que sufrió el país.
El hombre está junto a su abogada, comienza a caminar y detrás suyo lo sigue Verónica, sin pensarlo, por instinto. Camina una cuadra, lo intercepta y lo mira. Él también la mira. Le pide que de su testimonio que “es muy importante” para encontrar los restos de su padre; también le dice que su abuela, la madre de su padre, tiene 97 años, está muy viejita y necesita saber dónde está su hijo.
Uyterhoeven no se detiene en su caminata y le responde que no lo conoce. Ella está segura que es para zafar. Pero aún tiene esperanzas de que se pueda hacer justicia por su padre y por todos los demás que fueron desaparecidos, torturados y asesinados. Quizás, es porque es más joven y no recibió tantos cachetazos como las víctimas que también luchan como ella por verdad y justicia.
Uyterhoeven es señalado como capitán del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y reconocido por las víctimas en La Tablada, centro de tortura y reclusión de desaparecidos durante la dictadura. Allí se los torturaba para poder obtener información. En general, no estaban más de cinco meses en el lugar. Todos estaban encapuchadas y distribuidos en celdas individuales, pese a ello tenían formas de reconocerse y saber quienes estaban en el centro. Miguel Mato estuvo en La Tablada, según sus propios compañeros.
Para ese día, también estaban citados en el juzgado penal de 25º turno, a cargo de la jueza María Noel Tonarelli, Jorge “El Charleta” Guldenzoph, Jorge Grau Olaizola y Robert Terra Do Campo, pero ninguno se presentó. Este último, envió documentación alegando que no podía concurrir a la audiencia como consecuencia de un episodio de ACV. Uyterhoeven fue el único que llegó a las 14 horas como estaba pactado. Le pidió a la jueza Tonarelli que cerrara la causa por prescripción y se negó a declarar.
Cuenta Ivonne Klinger que en enero de 1982 caminaba por la calle cuando la detuvo Uyterhoeven y Jorge Grau Olaizola. Era estudiante de medicina y había participado en la ocupación de ese centro de estudios, también era militante de la UJC. Ella pudo verle la cara a ambos antes de que la encapucharan, luego estuvo en La Tablada y allí fue torturada. Por ello, presentó una denuncia. Ahora el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, logró unificar todas las denuncias por torturas en La Tablada que van desde el 1977 hasta el 1983. Las víctimas estiman que por ese centro pasaron más de 200 personas.
Están previstas más citaciones para el próximo jueves y viernes por esta misma causa.
Miguel Mato, tenía 28 años cuando desapareció.
Salió de su domicilio a la hora 06.10 para su trabajo en la fábrica FUNSA pero nunca llegó. Hizo un contacto militante con una compañera en un café de 8 de Octubre y Larravide, a quien le manifiesta que una camioneta lo venía siguiendo. Ella se asusta y Mato le dice “tú quedate, yo me voy” para tratar, así, de salir de la situación. A las 15.30 horas parte en dirección al Hospital Pasteur siendo seguido por una camioneta Volkswagen de color blanco.
MIGUEL MATO
Testimonio de Brenda Fagián de Mato ante la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron: “(…) Un día él me dijo: “Mamá, están desapareciendo compañeros; no sé si estoy siendo vigilado. Lo único que te voy a pedir es que si algún día llego a desaparecer, tomes el primer ómnibus que pase y te vayas de aquí”. Esto sucedió el día antes de su desaparición. Yo le respondí: “Soy vieja; si te llegan a agarrar y te hacen cualquier cosa, yo no me voy a ir. Si me llegan a agarrar y me torturan delante de tí, no te preocupes. Si no tenés nada que decir, no lo digas, porque yo ya viví mi vida”. Esto me lo dijo el 28 de enero de 1982, mientras tomábamos mate juntos. El viernes desapareció.”
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Fiscalía de Derechos Humanos pidió a la
Justicia que solicite información de los militares
Grau y Alonza
25 de agosto de 2018
Gundelzoph, ex militante del Partido Comunista, figura “de viaje”
La Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad pidió ayer a la jueza penal de 25º Turno, María Noel Tonarelli, encargada de investigar la causa de violaciones de derechos humanos durante la dictadura en La Tablada, que solicite información sobre el teniente Jorge Grau Olaizola y el capitán José Alonza en el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. En particular, la Fiscalía pidió que se consulte en la llamada Caja Militar si cobraron la jubilación, cuáles son sus domicilios y, si reciben la jubilación en el exterior, que se identifique el lugar.
La jueza citó el martes a Jorge Gundelzoph, alias Charleta, ex militante del Partido Comunista que pasó a colaborar con los militares; a Grau, al capitán Robert Terra do Campo y al teniente coronel Gustavo Adolfo Taramasco. Los citados no comparecieron al juzgado, por lo que la jueza iba a ordenar la conducción de los indagados mediante la Policía, pero el procedimiento no se pudo efectuar ya que no fueron ubicados. El abogado Pablo Chargoñia, del Observatorio Luz Ibarburu, explicó a la diaria que Gundelzoph, según la Policía, se encuentra “en este momento de viaje”. Sobre Alonza, varias personas le han informado que falleció, pero la Justicia no lo tiene registrado en el expediente. Taramasco, según figura en el obituario de El País, falleció el 4 de noviembre de 2009.
Ayer, cuatro víctimas declararon en el juzgado de Tornarelli. Chargoñia manifestó que “los relatos de lo que vivieron en ese lugar son terribles”. A fines del año pasado, la Justicia dispuso la “medida de no innovar” hasta que culmine la investigación judicial, buscando prevenir cualquier tipo de alteración del lugar.
La semana pasada solamente compareció ante el juzgado el ex militar Enrique Uyterhoeven Castiglioni, alias “Ulises”. Al salir, según informó el portal Ecos, Verónica Mato, hija del desaparecido Miguel Mato, lo siguió una cuadra y le pidió su testimonio para poder encontrar los restos de su padre. La próxima semana habrá tres días de audiencias: el martes declaran tres víctimas y el miércoles y el jueves están citados a declarar dos civiles “colaboracionistas” de los militares. Según explicó Chargoñia, una de estos últimos es Hilda Diez, que fue detenida durante la dictadura y luego se casó con el militar “Ulises” y un colaborador señalado por las víctimas de apellido Jorge.
En paralelo, esta semana el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad Ricardo Perciballe ingresó al Batallón de Infantería 14, ubicado en Toledo, Canelones, con antropólogos uruguayos y argentinos, para iniciar la búsqueda con georradar y detectar si hay anomalías en el terreno. La investigación surgió a raíz de una denuncia presentada por el periodista Marcelo Falca, del diario La República. Según dijo Perciballe a la diaria, los técnicos le solicitaron 20 días para presentarle un informe sobre los resultados.
Por otro lado, a partir de datos que surgen de diversos testimonios y de información oficial, el Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF) realizará excavaciones en busca de restos de desaparecidos en un predio en Neptunia. Según informó ayer el semanario Brecha, el predio pertenece a una empresa privada y fue denunciado por los vecinos como “un posible lugar de enterramientos”. El fiscal confirmó a la diaria que es “un trabajo que se está haciendo hace tiempo con la Intendencia de Canelones”, y a la brevedad se “comenzará con las excavaciones”.