Están en alguna parte
Antropólogos buscarán restos de desaparecidos en un predio de Neptunia.
Mauricio Pérez
24 agosto 2018
El fiscal Ricardo Perciballe se propuso terminar, en un lapso de tres años, con el letargo y la incertidumbre que fueron apilando más de doscientos expedientes que denuncian crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado. En sus primeros seis meses a cargo de la fiscalía especializada solicitó el procesamiento de 25 militares, policías y civiles en ocho causas y archivó otras ocho. Además, aceleró la búsqueda de restos de desaparecidos: esta semana se ingresó al Batallón número 14 y en los próximos días se comenzará a excavar en un predio de Neptunia, en el cual nunca se trabajó.
Buscar restos de detenidos de-saparecidos y darles un cierre a todas las causas en trámite son los objetivos de la altisonante fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad, que comenzó a funcionar hace exactamente seis meses. Para cumplir con esa tarea, el fiscal Ricardo Perciballe se impuso “un lapso prudencial”: tres años.
Desde su designación en febrero, Perciballe se reunió con decenas de personas vinculadas con las investigaciones judiciales referidas al período 1968‑1985. La lista incluye a víctimas, testigos, representantes de colectivos de víctimas y abogados denunciantes, y también a militares y a sus abogados. A esto hay que sumarle los encuentros periódicos con integrantes de organismos estatales que pueden coadyuvar en la investigación: la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, la unidad especial de investigación del Ministerio del Interior –que funciona bajo la órbita de la Dirección de Asuntos Internos–, el Archivo General de la Nación, la Cátedra de Medicina Legal de la Udelar y el Archivo Judicial de Expedientes Provenientes de la Justicia Militar (Ajprojumi).
El cruzamiento de datos entre expedientes judiciales y los archivos oficiales permitió avanzar en una investigación global sobre estos crímenes, detectar nombres que se repiten en las decenas de miles de páginas analizadas y confirmar el modus operandi de la represión dictatorial en Uruguay. Detención, capucha, apremios físicos y pase a la justicia militar. “Eso es una constante en el mayor porcentaje de los casos, salvo en aquellos en los que hubo muertos o desapariciones forzadas”, explicó el fiscal a Brecha.
La siembra le permitió a la fiscalía concretar el pedido de procesamiento de 25 personas, entre militares, policías y civiles, en ocho causas distintas, y la indagatoria de decenas de efectivos cuyos nombres aparecen vinculados con la represión dictatorial. Sin embargo, también solicitó el archivo de otras ocho causas al considerar que los hechos denunciados –la mayoría ocurridos en el Interior– no están probados o que no representan crímenes de lesa humanidad.
Los testimonios recopilados permitieron definir algunos sitios de interés para la búsqueda de restos. En efecto, las autoridades ingresaron esta semana al Batallón de Infantería número 14 y en los próximos días iniciarán las excavaciones en un predio ubicado en Canelones que hasta ahora no había sido explorado. Paralelamente, está en etapa de corroboración una nueva información sobre enterramientos clandestinos en un tercer sitio para determinar si se concreta la búsqueda.
EN LA TIERRA. El martes 21, integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf) y del Grupo de Investigación en Antropología Forense (Giaf) de Uruguay ingresaron al Batallón número 14 en busca de restos de desaparecidos. El trabajo se concentró en una edificación identificada como “la enfermería y los galpones aledaños”, a los fondos del predio, a partir de una publicación del periodista Marcelo Falca que indica que debajo de los cimientos de esa edificación podría haber enterramientos (La República, 12-V-18).
La investigación periodística se basó, a su vez, en diversos testimonios y en los datos aportados por el Comando General del Ejército en respuesta a un pedido de acceso a la información pública. De acuerdo a dicha investigación se concluyó que esas edificaciones fueron construidas entre 1983 y 1987, y se contrastaron los datos con fotografías aéreas de 1981 y 1986 obtenidas por los arqueólogos José María López Mazz y Octavio Nadal, que permiten establecer que esas construcciones se hicieron sobre el final de la dictadura, en una zona de interés para la búsqueda. Los trabajos se realizaron con georradar (Ground Penetrating Radar, Gpr), una técnica geofísica no destructiva que permite detectar indicios de posibles movimientos de tierra o cavidades en el subsuelo. La información obtenida será analizada por el Eaaf, a partir de lo cual se definirá si comienzan o no las excavaciones en el predio.
En los próximos días, integrantes del Giaf ingresarán a un predio ubicado en el balneario Neptunia (Canelones) para realizar trabajos prospectivos, es decir, excavaciones. Según pudo confirmar Brecha, se trata de un predio que “desde hace muchos años” los vecinos señalan como un posible lugar de enterramientos, y que hoy pertenece a una empresa privada. El cruzamiento de algunos testimonios con información oficial permitió establecer que se trata de un área de interés para la búsqueda. Los trabajos en el predio se harán sin orden judicial, ya que los propietarios de la empresa autorizaron el ingreso del Giaf y las excavaciones. El tercer sitio se trata de un lugar en el que ya se trabajó, pero en el cual podría ampliarse el radio de búsqueda.
IDAS Y VUELTAS. En los últimos meses la Suprema Corte de Justicia (Scj) retomó su postura de declarar la inconstitucionalidad de dos artículos de la ley 18.831, de restablecimiento de la pretensión punitiva del Estado. La posición pareció implicar un freno a las investigaciones sobre los crímenes de la dictadura, un retorno a la tesis de “la muralla”. Sin embargo, Perciballe explicó que si bien la postura de la Corte “es muy clara”, aún no existe un pronunciamiento respecto a la prescripción de los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado, por lo que ninguna causa fue archivada por estos fallos. “En estos momentos no hay ningún impedimento para que las causas avancen y se resuelvan”, resumió Perciballe a Brecha.
Más allá de esto, esta norma aprobada en 2011 representa un obstáculo para el avance de las causas, ya que cada vez que un juez o un tribunal de apelaciones la invocan en un fallo se abre paso a los pedidos de inconstitucionalidad y el proceso se paraliza. Perciballe dijo que esto es parte de una estrategia válida de defensa, pero señaló que en otros casos se constata cierto abuso de las vías procesales: “Hemos visto todo tipo de chicanas –como le decimos en el mundo jurídico– interpuestas por las defensas, y lamentablemente eso sí ha entorpecido las actuaciones”. Como consecuencia, se adoptaron varias medidas para evitar estas dilatorias, entre ellas pedir que los eventuales recursos de prescripción o de inconstitucionalidad se tramiten en piezas separadas, como forma de evitar que una causa quede meses paralizada por los recursos “en cascada” de los indagados.
La actuación de la fiscalía también recibió algunas críticas. Una de ellas refiere a la no tipificación del delito de tortura para juzgar los crímenes cometidos dentro de las unidades militares. Para Perciballe, utilizar el delito de tortura vulneraría el principio constitucional de legalidad: “Si a uno le aplican submarino, picana eléctrica, caballete, colgamientos, quemaduras de cigarrillos, etcétera, etcétera, es clarísimo que estamos hablando de torturas. Pero más allá de que efectivamente lo que acontecieron fueron torturas en el sentido técnico de la palabra y en el que le da la ley 18.026 (de 2006), en el momento en que acaecieron los hechos este delito no estaba previsto, y no puedo aplicar una figura que no existía en ese momento”, argumentó. En su lugar, la fiscalía utiliza el delito de apremio físico contra los detenidos.
IMPUTADOS. Óscar Fernández Mendieta era militante del Partido Comunista Revolucionarios (Pcr). Tenía 26 años y estaba casado –su esposa estaba embarazada–; en 1973, pocas semanas antes del golpe de Estado, fue detenido por oficiales del Regimiento de Caballería Blindada número 2 de Durazno y torturado; falleció el mismo día que ingresó al regimiento, mientras era interrogado. La autopsia oficial decía que la muerte se había producido por un infarto, pero un médico allegado a la familia constató que tenía lesiones provocadas, quemaduras de cigarrillos y “un gran hematoma” en el cráneo.
En abril de 2018, casi cuarenta y cinco años después del hecho, el fiscal Perciballe ratificó la postura de la fiscal Ana María Tellechea y solicitó el procesamiento con prisión de cuatro militares por el homicidio muy especialmente agravado de Fernández Mendieta. Los imputados fueron los oficiales Daniel Blanco, Gustavo Mieres, Alberto Ballestrino –hijo del general homónimo– y Líber Molinelli, jefe del S2 (inteligencia) de Durazno. Fue la primera imputación que realizó la fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad.
A esta le siguieron otras. Una de ellas fue el pedido de procesamiento con prisión de seis personas por las torturas cometidas contra presos políticos en las entrañas del Batallón de Ingenieros número 4 de Laguna del Sauce, entre 1972 y 1976 (Brecha, 25-V-18). Este recayó en los oficiales Artigas Rivera Bianchi –ex jefe del batallón–, Víctor Stocco –jefe del S2–, Nelson Silveira y Plácido Gregorio Amorín, el juez sumariante Julio Antonio Techera y el médico militar José Luis Braga. En esta causa se libró un pedido de captura internacional contra el que fuera también jefe del S2, Dardo Barrios, y se pidió la citación de dos oficiales, entre ellos, un juez sumariante.
La indagatoria sobre los delitos cometidos en el Grupo de Artillería número 1 y durante la Operación Morgan (operativo militar contra militantes del Pcu y la Ujc) derivó en la imputación de José Nino Gavazzo, Jorge “Pajarito” Silveira y Ernesto Ramas –los tres condenados por crímenes de la dictadura–, y la citación de varios oficiales en calidad de indagados. Gavazzo y Silveira volvieron a ser imputados por las torturas ocurridas en el 300 Carlos, centro clandestino de detención ubicado en el Batallón número 13. En esta causa también se pidió el procesamiento de los militares Mario Aguerrondo, Rudyard Scioscia, Mario Franchelle, Mario Manuel Cola y Homero González.
Otras dos causas con pedidos de procesamiento recientes fueron el secuestro en Brasil y traslado clandestino a Uruguay del matrimonio de Universindo Rodríguez y Lilián Celiberti y el homicidio de Nelson Berreta. En el primer caso fueron imputados tres militares (Glauco Gianone, José Bassani y Carlos Rosell); por el segundo, el oficial Leonardo Vidal Antúnez.
Asimismo, ratificó dos pedidos de procesamiento aún pendientes. Por un lado solicitó –como lo hiciera la fiscal Mariela Luzi– procesar al policía José Lemos Pintos y a Jorge Guldenzoph, alias “Charleta”, por los ilícitos cometidos en la Dirección Nacional de Inteligencia y Enlace –hoy Dnii–. Guldenzoph, ex militante del Pcu devenido empresario, fue denunciado como activo colaborador en la represión dictatorial. Por esta causa también se pidió la captura internacional de Ariel Ricci, otro ex militante comunista acusado de colaborador, y se citó a una decena de ex policías. El otro caso fue por las torturas perpetradas en el Grupo de Artillería número 2 en Flores. Se pidió enjuiciar al coronel Mario Simón y al médico militar Nelson Fornos, en línea con los argumentos utilizados por la fiscal Gabriela Rusiñol. Ninguno de estos ocho dictámenes fue resuelto por la justicia.
Seis de las ocho causas archivadas refieren a hechos ocurridos en Tacuarembó. En cinco se estableció que no existían indicios de tratarse de crímenes de lesa humanidad; en la otra, referente a un militante del Mln que se suicidó antes de ser detenido, no se pudo establecer un nexo causal entre la muerte y el operativo represivo. Otro caso archivado fue la muerte de Roberto Barbeito Felippone, en el penal de Libertad en 1978, y el último, un caso ocurrido en Carmelo. La investigación determinó que en 1980 en la subprefectura de Nueva Palmira (Colonia) se mantuvo diez días privado de libertad a un hombre, que era indagado por varios delitos comunes. Perciballe entendió que esta persona sufrió una violación de sus derechos como parte de un proceder ilegítimo y arbitrario de las autoridades, pero los hechos “no encartan en las condiciones requeridas para ser considerados de lesa humanidad y por ende imprescriptibles”. En su análisis, esto demuestra que la investigación “no está flechada”: “Se solicitaron tantos archivos como pedidos de procesamiento. Si bien desde la fiscalía hay un compromiso muy grande con este tema, a los fiscales nos rigen los principios de objetividad y de legalidad. En ese marco, en las causas en las que no esté probado lo que se denuncia o no se constate que estamos frente a delitos de lesa humanidad, vamos a solicitar el archivo”.
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DERECHOS HUMANOS
26 de agosto de 2018
Batallón 14: jueza autorizó presencia de denunciantes y dictaminó que se les
brinde toda la información
La jueza penal Isaura Tórtora amparó el derecho de denunciantes de presenciar diligencias y ser informados respecto al estado de la causa por posibles enterramientos de detenidos desaparecidos en el Batallón 14.
La justicia determinó que la fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad debe aportar toda la información que posee sobre la investigación por posibles enterramientos de detenidos desaparecidos en el Batallón 14 a los denunciantes.
La jueza penal Isaura Tórtora autorizó además que los denunciantes participen y estén presentes en todas las diligencias que se realicen en el predio.
La denuncia
Esta semana equipos de arqueólogos realizaron relevamientos en el batallón 14 a partir de una denuncia presentada por Marcelo Falca, periodista de La República, con el patrocinio del abogado Óscar López Goldaracena.
Dicha denuncia fue presentada en el marco del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) en marzo pasado. Con el apoyo de los arqueólogos José López Mazz y Octavio Nadal, se solicitó a la Fiscalía que disponga pasar el georadar en una Enfermería construida alrededor de 1983 y en una dependencia que sirve de alojamiento para el personal militar cuya construcción data de fines de la década de los setenta, precisa La República.
El mismo medio explica que datos aportados por militares y testimonios recogidos por integrantes de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, apuntaban a la existencia de posibles enterramientos debajo de ambas construcciones. Al tiempo que también se cruzaron datos aportados por el Comandante en Jefe del Ejército general Guido Manini Ríos, como resultado de un pedido de acceso a la información pública en el marco de la Ley 18.381.
La denuncia señala que los arqueólogos López Mazz y Nadal, que integraron el primer equipo técnico de Presidencia para la búsqueda de restos de los desaparecidos, cotejaron fotos aéreas y pudieron confirmar que en las tomas de 1981, la enfermería no existía y que, en cambio, a fines de 1983, ya estaba en pie.
Sin embargo los denunciantes no fueron informados ni se les permitió el acceso a las acciones realizadas esta semana.
López Goldaracena entiende que el denunciante tiene derecho a participar en todas las etapas indagatorias, “especialmente cuando se trata de crímenes de guerra o genocidio, porque se trata de casos en donde las víctimas somos todos”.
Ante esa falta de información el periodista Marcelo Falca presentó ante el juez de la causa, una solicitud para que se amparen sus derechos como denunciante, se le autorice a asistir a la diligencia de pasaje del georradar y se le informe sobre el estado del trámite al haber pasado 60 días desde la presentación de la denuncia, la cual fue aceptada por la justicia.
“Incómoda e histórica”
López Goldaracena dialogó con Informe nacional sobre la resolución de la justicia a su petitorio de ser informados sobre todo lo que tenga que ver con la denuncia y poder estar presentes en las diligencias que se hagan y consideró que “el resultado fue muy satisfactorio por lo que implica”.
A su vez destacó lo que expresó en su alegato: que se trataba de una “audiencia incómoda pero al mismo tiempo histórica”.
Y explicó que incómoda porque enfrentó a dos partes “que debían estar juntas coadyuvando en el esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos y no enfrentadas”, e “históricas porque más allá del fallo que saliera iba a implicar un principio para seguir en las futuras causas de derechos humanos”.
El abogado adelanto que la próxima semana se reunirá con el fiscal Ricardo Perciballe para que le aporte la información sobre el caso, y precisó que éste le confirmó que en las próximas semanas estarán los resultados de los trabajos del equipo que hizo el relevamiento.
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Batallón 14: jueza autorizó el ingreso de los denunciantes
Fiscalía debe aportarles la información que posee sobre posibles enterramientos, según la jueza
La justicia determinó que la fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad aporte toda la información que posee sobre la investigación por posibles enterramientos de detenidos desaparecidos en el batallón 14 a los denunciantes.
Además, la jueza penal Alicia Tórtora autorizó a que estén presentes en las diligencias que se realicen en el predio.
Esta semana equipos de arqueólogos realizaron relevamientos en el batallón 14 a partir de una denuncia presentada por Marcelo Falca, periodista de La República, con el patrocinio del abogado Óscar López Goldaracena. Pero los denunciantes no fueron informados ni se les permitió el acceso.
López Goldaracena indicó a Informe nacional que la próxima semana se reunirá con el fiscal Ricardo Perciballe para que le aporte la información sobre el caso. “El resultado fue muy satisfactorio por lo que implica”, dijo el abogado. “La audiencia fue incómoda e histórica”, dijo y explicó que enfrentó a dos partes que debían estar juntas.
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