Investigadora sobre espionaje corroboró
que hubo dinero a cambio de información,
dijo Nuñez
El diputado sostiene que las autoridades de la época tenían que saber
El miércoles será la última reunión de la Comisión investigadora sobre el espionaje militar y policial durante la democracia. En ese marco, el diputado Gerardo Nuñez informó en Puntos de vista que los antecedentes recabados serán enviados a la justicia como fin del trabajo de la comisión parlamentaria.
“La propuesta es la de llevar todos los antecedentes a la justicia teniendo en cuenta que en nuestra opinión hay delitos”, afirmó y completó: “la justicia deberá indagar e investigar”.
Además, el legislador explicó que la oposición les manifestó en una primera instancia que podrían acompañar el proyecto de resolución y el informe “pero a estas horas están haciendo sus consultas”, acotó.
“El objetivo de los frenteamplistas es que haya un pronunciamiento de todo el Parlamento, de la Cámara de Diputados para condenar este tipo de situaciones que existieron en la democracia y que tanto daño le hace”, señaló.
En ese marco, Nuñez explicó que se dieron dos tipos de espionaje: de agentes y de informantes. “Con los agentes pudimos detectar a personas que fueron militares o policías, que luego pasaron a desempeñarse con otra cobertura, tal vez cambiando la identidad o armando una historia ficticia”, detalló.
Y continuó: “los informantes son personas que sin ser policías o militares colaboraban a cambio de dinero, algo que se han comprobado”. En ese sentido, el diputado destacó que “un elemento común a los dos es que recibían importantes sumas de dinero”.
A su entender, la tarea ahora se basará en tratar de indagar sobre la responsabilidades de los mandos políticos de la época. Y, aseguró que —a su entender— “los gobiernos sabían. No tengo duda que fue de esa manera”. “Porque nadie puede producir un volumen de información tan sistematizada. de tal tamaño y que desde los servicios de inteligencia se desconozca”.
Escuchar la entrevista:
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Parlamento confirmó existencia de espionaje militar en democracia
Partidos políticos, organizaciones sociales, sindicatos y militantes fueron los principales objetivos, informó el diputado Gerardo Núñez
29 de agosto de 2018
El Parlamento confirmó la existencia de espionaje ilegal en Uruguay en la democracia posdictadura, incluso con el conocimiento de jerarcas de la época como el exministro de Defensa Nacional Raúl Iturria, durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti.
La comisión legislativa que investigó los hechos constató que fueron objeto de espionaje las organizaciones sociales más representativas del país y dirigentes de todos los partidos políticos.
En un hecho sin precedentes la comisión investigadora elevará a la Cámara de Diputados un solo informe votado por unanimidad de todos los partidos políticos. Además, los hechos serán elevados a la justicia para que determine posibles delitos y responsabilidades.
El presidente de la Comisión, el diputado frenteamplista Gerardo Núñez, dijo a Informe nacional que “la conclusión es que se confirmaron todas las presunciones” que motivaron la creación de la investigadora.
También señaló que “hubo una debilidad muy importante” en los controles a las agencias de espionaje.
Sobre la situación del exministro Iturria. manifestó que será la justicia quien deberá determinar sus responsabilidadades. Además, recordó que si bien Iturria dijo ante la comisión no tener conocimiento de la existencia de este espionaje durante su gestión, hubo varios testimonios que afirmaron haberle denunciado personalmente el espionaje.
Escuchar informe de Mónica de León
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Investigadora de espionaje
resolvió enviar documentos a la
Justicia con los votos de todos los
partidos
30 de agosto de 2018
Los diputados recomiendan elaborar un proyecto de ley que “regule el sistema de inteligencia del Estado”.
Ayer sesionó por última vez la comisión de la Cámara de Diputados que investigó el espionaje militar y policial en democracia. Se redactó un proyecto de resolución apoyado por todos los partidos políticos, algo que no sucede muy seguido. El diputado comunista Gerardo Núñez, presidente de la comisión, subrayó en rueda de prensa que la unanimidad en cuanto al documento que elevarán al plenario de la cámara demuestra “claramente” que existió espionaje ilegal en Uruguay y que se confirmaron “todas las presunciones” que motivaron la conformación de la comisión investigadora.
“Es muy importante que exista una condena de todo el sistema político a estas actividades, que fueron inconstitucionales y que intentaron avasallar la democracia”, agregó el legislador. No obstante, Núñez dijo que el Partido Nacional y el Partido Colorado expresaron algunas salvedades sobre el informe que redactó el Frente Amplio (FA), en particular sobre el punto número 8 de las conclusiones. Allí se señala que el espionaje ilegal se desarrolló “debido a la falta de controles institucionales y democráticos por parte de los responsables políticos que tenían a su cargo los ministerios y por consiguiente el manejo y control de las agencias de inteligencia correspondientes”.
Núñez sostuvo que, por ejemplo, el nacionalista Raúl Iturria, quien fuera ministro de Defensa Nacional durante la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti (1995-1998), dijo ante la comisión investigadora “no tener conocimiento sobre acciones de espionaje” durante su mandato; pero ante la misma comisión “hubo quienes manifestaron haber informado a Iturria sobre el espionaje ilegal que se venía desarrollando” en el Batallón de Ingenieros Nº 2 de Florida, donde estaba al frente “nada más y nada menos que Eduardo Ferro, hoy prófugo de la Justicia”, subrayó.
De todas formas, el diputado destacó la labor de la comisión, de casi dos años, en los que, a pesar de las diferencias con la oposición, “se trabajó con el foco puesto en los victimarios” y no se utilizó el desarrollo de la investigación para hacer “circo mediático”, sino para trabajar con seriedad en un tema que “nos preocupa a todos”. “Todos los uruguayos que tienen convicciones democráticas, sin importar el partido político al que votan, se preocupan por estas acciones, que se extralimitaron muchísimo y merecen una condena de todo el Parlamento. Esta comisión, además, fue la primera en la historia del Parlamento que investigó a los servicios de inteligencia, y tuvo la presencia de un ex presidente [Sanguinetti]. Son aspectos que quedarán en el anecdotario histórico de esta comisión”, afirmó Núñez.
Por último, el legislador evaluó que a partir del trabajo realizado no se puede afirmar ni negar que siga existiendo espionaje ilegal. No obstante, subrayó hechos como el robo de materiales en el Grupo de Investigación en Antropología Forense de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, las amenazas que recibieron los investigadores y las que reciben “permanentemente muchos militantes por los derechos humanos”, que, a primera vista, “tienen muchos puntos en común con las prácticas que se desarrollaron en dictadura y que permanecieron en democracia”.
Condena y prevención
El proyecto de resolución que se enviará a la Cámara de Diputados consta de seis artículos. En el primero se resuelve remitir a la Fiscalía General de la Nación “todas las actuaciones correspondientes” a la comisión investigadora de espionaje (esto es, la documentación recibida y las versiones taquigráficas de las sesiones), “como consecuencia de haberse detectado la existencia de hechos de naturaleza delictiva”. En el segundo artículo se expresa una “clara e inequívoca condena política a estas prácticas incompatibles con la democracia, que constituyen un ataque a la Constitución, a la libertad y a los derechos colectivos e individuales de la ciudadanía”, y se recomienda al Poder Ejecutivo “aprobar una resolución en idéntico sentido”. El tercer artículo formula también una recomendación al Poder Ejecutivo; en este caso, que haga investigaciones administrativas “en todos los ministerios y dependencias implicadas [por los testimonios ante la comisión y los documentos que esta manejó], para profundizar y establecer responsabilidades sobre quienes desarrollaron espionaje ilegal, buscando a su vez asegurar la erradicación de estas prácticas”.
Por otra parte, y con miras al porvenir, se recomienda a la Cámara de Representantes la aprobación de un proyecto de ley “que regule el sistema de inteligencia del Estado, estableciendo particularmente el control parlamentario y la previa venia de la Cámara de Senadores, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 187 de la Constitución de la República para la designación de su director”. Por último, el proyecto resuelve que se disponga la publicación, en el sitio del Parlamento en internet y en una edición impresa de hasta 200 ejemplares, de “todas las actuaciones” de la comisión investigadora.