Pase a la justicia
Investigadora: espionaje militar en democracia fue “sistemático y planificado”.
SAMUEL BLIXEN
Los diputados que investigaron el espionaje militar en democracia concluyeron que dichas prácticas, “sistemáticas y planificadas”, involucraron “a gran parte” de la estructura de los Servicios de Inteligencia del Estado y “constituyeron su principal objetivo de trabajo”. En el informe, al que accedió Brecha, se considera que se trata de actos ilegales y en función del consenso obtenido en la comisión, la Cámara aprobará la realización de una denuncia penal.
Vaso medio lleno: el informe final de la comisión investigadora sobre las prácticas de espionaje militar y policial en democracia, aprobado con salvedades por los representantes de todos los partidos, contiene tajantes conclusiones, importantes recomendaciones y una determinación unánime de que la justicia se pronuncie sobre eventuales delitos cometidos por oficiales y personal subalterno de las Fuerzas Armadas, que realizaron allanamientos clandestinos, escuchas clandestinas, vigilancias, seguimientos e infiltraciones durante las tres primeras décadas de gobiernos democráticos.
Vaso medio vacío: los diputados blancos y colorados de la comisión, aun admitiendo la existencia de pruebas concluyentes sobre el carácter sistemático, generalizado y extendido en el tiempo de ese espionaje, se abstuvieron de acompañar dos afirmaciones: una, que en muchos casos los ministros y responsables políticos tenían conocimiento de dicho espionaje; y dos, que este fue posible por la debilidad de los controles institucionales y democráticos. Las salvedades de los partidos tradicionales implicaron una evidente contradicción respecto de las conclusiones con las que estuvieron de acuerdo y significan apenas un intento formal de no cuestionar a las organizaciones a las que pertenecen, y que ostentaron el control político en el período investigado.
SIN RESPUESTAS. El informe, presentado en la investigadora por su presidente, el diputado comunista Gerardo Núñez, comienza señalando que “la comisión no tuvo acceso pleno al denominado ‘Archivo Castiglioni’, ya que el Poder Judicial no lo habilitó por encontrarse en fase presumarial”. El secreto presumarial se extiende desde el 2 de octubre de 2015, fecha en que fue allanada la casa del coronel Elmar Castiglioni, y hasta ahora, que se sepa, no hubo ninguna consecuencia judicial. El pasado 5 de junio, “luego de transcurrido un año, es decir, el plazo que está estipulado legalmente para el acceso a los casos que están bajo la etapa de presumario, la comisión volvió a solicitar este acceso al archivo, amparada, precisamente, en la ley que así lo estipula”, consigna el pedido a la Suprema Corte de Justicia firmado por todos los diputados de la investigadora. “Hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta. Entendemos que es un elemento de preocupación que no se esté brindando toda la información necesaria para que el trabajo de esta comisión se desarrolle de acuerdo con los objetivos que marcó la Cámara de Representantes al crearla”.
No obstante, la comisión tuvo acceso al llamado “Archivo Berru-tti” y logró ubicar importante documentación que prueba los extremos del espionaje militar. Junto con esa documentación, la comisión recabó testimonios de peritos, periodistas, políticos, magistrados, y ex ministros. “De las 167 invitaciones realizadas —dice el informe— en 63 las personas citadas aceptaron y concurrieron. (…) Hubo 24 invitaciones a las que no se obtuvo respuesta, y dos que no se pudieron realizar debido a que no fue posible contactarse con las personas a ser invitadas. De las 72 declinaciones, telefónicas y por correo electrónico, una fue por viaje y tres por motivos de salud, mientras que las restantes 69 no tuvieron ninguna fundamentación.” El informe subraya que “las declinaciones fueron de miembros y ex miembros del Ejército, quienes casi corporativamente rechazaron la invitación”.
CONCLUSIONES. El espionaje ilegal en democracia, según la comisión, fue “sistemático y planificado” contra partidos políticos, sindicatos, gremios estudiantiles, organizaciones de derechos humanos, entes del Estado, el Poder Ejecutivo, personalidades, periodistas, integrantes del Poder Judicial y empresas. Ese espionaje involucró “a gran parte de la estructura de los Servicios de Inteligencia del Estado y constituyeron su principal objetivo de trabajo”.
Una consideración especial fue la relación entre oficiales de Inteligencia, militares y policiales, con la Cia: “agentes de Inteligencia policial y militar junto a funcionarios de la Cancillería, desarrollaban tareas de espionaje en condición de colaborador o de doble agente al servicio de la embajada de Estados Unidos de América en Uruguay a través de la Cia”; y recibieron pagas por ello.
La primera afirmación que motivó una “salvedad” establecía que las prácticas de espionaje “en varios casos estaban en conocimiento de los mandos, militares, policiales y civiles, según surge de documentación de los citados archivos de Inteligencia y también de los testimonios brindados en la comisión por ex jefes de estos servicios, en particular policiales y ex militares”. Hay una referencia expresa al ex ministro de Defensa Raúl Iturria, quien en comisión dijo desconocer la existencia de espionaje durante su mandato, lo que fue refutado por un coronel que denunció el espionaje desarrollado por el coronel Eduardo Ferro en Florida, y cuyos pormenores fueron comunicados en su momento al ministro Iturria.
La otra salvedad estaba referida al siguiente párrafo: “El espionaje ilegal se desarrolló debido a la debilidad de los controles institucionales y democráticos por parte de los responsables políticos que estaban al frente de los ministerios y por consiguiente la responsabilidad institucional y política sobre las agencias de inteligencia”. Según se informó a Brecha, el texto definitivo del informe, enriquecido con aportes del Partido Independiente, mantiene las afirmaciones cuestionadas, por lo que las “salvedades” serán debidamente expresadas en la discusión general de la Cámara.
En las conclusiones la comisión afirma que “estas prácticas fueron posibles por la permanencia, en algunos casos casi intocada, de los servicios de inteligencia heredados de la dictadura”; y que “fueron realizadas por funcionarios del Estado financiadas con el Presupuesto Nacional y usando recursos materiales y logísticos del Estado en la mayoría de los casos, pero también con recursos recibidos de agencias de inteligencia extranjeras”.
En las recomendaciones, la comisión sugiere “establecer controles mediante instrumentos legales y administrativos sobre la operativa de los Servicios de Inteligencia del Estado”. En particular, “el control parlamentario y la previa venia de la Cámara de Senadores, de acuerdo al artículo 187 de la Constitución de la República, para la designación del director de Inteligencia. Asimismo deberán establecerse rendiciones de cuentas periódicas, de los responsables políticos y operativos de estos servicios”. Algunas de estas recomendaciones están incluidas en el proyecto de ley sobre las estructuras de Inteligencia, a consideración del Parlamento. También recomiendan a los ministerios del Interior y de Defensa realizar las investigaciones administrativas correspondientes, así como investigaciones en el ámbito de empresas estatales que en su momento fueron espiadas.
Aun con salvedades, el informe fue aprobado por consenso, lo que para el diputado Núñez (quien será el miembro informante cuando Diputados analice el resultado de la investigación) “no es algo común”. Ese apoyo responde a la gravedad de los hechos confirmados y por ello el acuerdo incluye el pasaje formal de todos los antecedentes a la justicia penal, y la consiguiente denuncia, que seguramente será aprobada por mayoría parlamentaria.