Las Fuerzas Armadas: un poder mediado por la
reacción del sistema político
Con el historiador Carlos Demasi
¿Qué tan importantes siguen siendo las Fuerzas Armadas como poder fáctico a más de 30 años del fin de la dictadura?
—Es difícil definirlo con precisión. No está claro cuánto retienen de poder fáctico y autónomo y cuánto resulta instituido performativamente cuando se habla de ese poder. Habitualmente ese poder se invoca desde fuera de las Fuerzas Armadas, y no por declaraciones o gestos de los mismos militares. Por ejemplo, en este momento se lo instituye simbólicamente cuando se habla de que “los generales apoyan en bloque a Manini”, ya que supone una voluntad común de los generales, lo que equivale a reinstituir simbólicamente la Junta de Oficiales Generales de los tiempos de la dictadura.
Si atendemos solamente a los hechos, es claro que las Fuerzas Armadas han podido preservar un espacio de autonomía que, por ejemplo, les ha garantizado la impunidad para los crímenes de lesa humanidad, pero ese espacio parece acotado a quienes actuaron en circunstancias específicas, definidas en la ley de caducidad. En la acción posterior, el margen de acción está marcado “de facto” por la reacción del poder político: las Fuerzas Armadas aparecen fortalecidas si el presidente no reacciona con fuerza, como ocurrió con el caso de las citaciones de Medina en 1986, o con el secuestro de Berríos o las denuncias de espionaje durante la presidencia de Lacalle; en cambio las reacciones rápidas y vigorosas, como ocurrió con la destitución del general Díaz, contribuyen a redefinir la relación en favor del poder político.
En resumen: en estos 33 años las Fuerzas Armadas retienen una cuota de poder –reducida pero relevante– que no ha sido la misma a lo largo del tiempo y que se renegocia en cada oportunidad: este arresto de Manini puede verse como otro momento en ese diálogo conflictivo.
—¿Considera que el gobierno está decidido a afectar el tamaño de las Fuerzas Armadas y el gasto público que implican, en un país de las características de Uruguay?
—Las funciones de las Fuerzas Armadas uruguayas han sido definidas de manera diferente a lo largo del tiempo, y eso ha incidido en su tamaño. Sería interesante verificar la relación actual en la cantidad de soldados y de oficiales, ya que desde los años cuarenta se organizó previendo una agresión exterior. Esa hipótesis suponía que una parte de la población civil sería movilizada e incorporada al ejército, por lo que ya se creaba la dotación de oficiales que sería necesaria en esa situación extrema. Es decir, el número de oficiales estaba previsto para una cantidad mayor de efectivos, excepto en la División de Ejército I –con sede en Montevideo–, que era la única que tenía los efectivos completos. Esta era todavía la situación en los años sesenta, y no tengo información de que haya habido una modificación estructural en la época de la dictadura o luego de ella.
—¿Qué rol estaría cumpliendo Darío Pérez? ¿El lobby militar es tan fuerte que siempre encuentra una llave que se cierra, aun en el FA?
—De eso tengo poca información, más allá de algunos datos que son públicos. El diputado Pérez ha tenido actitudes fuertemente perfilistas en varios temas, y no solamente en este. Ahora sus argumentos me resultan desconcertantes, porque si bien reconoce la necesidad de la reforma, invoca situaciones que son comunes a muchos trabajadores –no llegar a configurar la causal, ganar menos como jubilado que como activo…– y las refiere a los que ganan menos, pero las usa como argumento para rechazar todo el proyecto, sin formular alternativas para corregir las pasividades de los que ganan más, que son el verdadero problema. Invocar los derechos de los débiles muchas veces ha sido una estrategia para amparar a los privilegiados.
—¿Fue tibio el Ejecutivo ante las reiteradas críticas de Manini Ríos? Lo sancionó pero lo podía haber destituido. Vázquez relevó al general Carlos Díaz por haber participado en un asado con Julio María Sanguinetti y Yamandú Fau en 2006…
—No creo que haya sido tibio, incluso la sanción ha sido criticada por demasiado severa, pero tal vez se ha demorado. Tampoco me parece que la reunión de Díaz con los políticos haya sido menos relevante que esto, más bien creo que fue mucho más grave porque implicaba realizar una operación política que involucraba conjuntamente a civiles y militares. En ese momento Vázquez marcó una frontera muy fuerte que no iba a permitir que nadie traspasara. En el caso actual, y frente a declaraciones “desobedientes” del comandante, el poder político ha ido graduando progresivamente las sanciones: el arresto llegó cuando el comandante acusó elípticamente a un ministro de mentir.
—¿Cómo interpreta el alineamiento de la oposición con las Fuerzas Armadas, y su negativa a las reformas?
—La actitud de la oposición puede tener fundamentos cuando se opone a las reformas en las Fuerzas Armadas, pero no me parece que sean buenos sus argumentos. No se entiende la razón de reclamar una reforma total de todas las fuerzas antes de votar la reforma de la Caja Militar, cuando no se ha reclamado nada similar ante la modificación del régimen de retiro de otras categorías profesionales. ¿Acaso parece necesaria una ley que redefina y regule la función de “bancario” o la de “profesional universitario” antes de modificar sus respectivas cajas? Más extraños parecen los argumentos que explican las reformas como una forma de “venganza” o “asfixia” del gobierno hacia las Fuerzas Armadas, como si el FA hubiera sido el único enemigo de la dictadura.
Todavía más criticable es la reacción frente a la sanción a Manini. Rescato la declaración de Los Jóvenes Blancos y la que, luego de algunas vacilaciones, emitió (Pablo) Mieres. Pero el resto de los líderes de la oposición ha guardado silencio o, queriendo criticar al gobierno, ha hecho causa común con el comandante. Esto parece mostrar un síntoma de “brasileñización” de una oposición política que parece privilegiar otros valores por encima del mantenimiento del sistema democrático. Algunos casos resultan casi escandalosos. Sanguinetti pretende argumentar que cuando el gobierno constitucional aplica una sanción prevista en el reglamento lo hace para “humillar” a las Fuerzas Armadas. Recuérdese que en su primer gobierno hubo dos casos de generales que pasaron a retiro por hacer afirmaciones “inconvenientes”. El caso del Partido Nacional es también muy chocante. Algunos de sus principales dirigentes, o referentes, como el presidente de la Comisión de Defensa del Senado (Javier García), pretenden equiparar la opinión de un ministro de Estado y la de un comandante en funciones, sin atender al debido respeto del texto constitucional que por su juramento todos se han comprometido a custodiar.
El caso de (Sergio) Botana, cuando compara la situación de Ferreira Aldunate en 1984 con la de Manini, es muy desconcertante. En definitiva, cabe preguntarse si el confundido es Botana o si es verdad lo que dijo recientemente Juan Raúl Ferreira y ya no queda nada de wilsonismo en ese partido.
Ferro sin jubilación
La última noticia que tuvo un organismo oficial uruguayo del prófugo Eduardo Ferro fue en el Servicio de Pensiones y Jubilaciones Militares. Ferro, quien mediante una artimaña legal y con apoyo de los amigos “nostálgicos” franquistas fue puesto en libertad en Madrid cuando se tramitaba su extradición a Uruguay, pretendió cobrar su jubilación, que ronda los 120 mil pesos.
Para ello era necesario que el coronel retirado, acusado de múltiples crímenes de lesa humanidad, que está fuera del país desde agosto de 2017 y con paradero desconocido desde diciembre de ese año, diera pruebas de que sigue vivo. La “fe de vida” que envió a Uruguay en fechas que las fuentes no pudieron precisar estaba testificada por un escribano, pero fue rechazada.
Según los criterios vigentes, el pasivo interesado debe presentarse en un consulado uruguayo para demostrar que las personas por él autorizadas pueden efectuar el cobro de la jubilación. Ferro no se presentó al consulado en España donde supuestamente fue fechado el documento inválido con el que pretendió cobrar.
Esté donde esté, deberá hacerlo para cobrar la jubilación y será entonces que se activará la solicitud de captura de Interp