Diputados blancos y colorados dijeron
que el espionaje fue parte del proceso
de restauración democrática
20 de septiembre de 2018 |
La Cámara de Diputados resolvió enviar a la Justicia toda la actuación de la investigadora de espionaje en democracia.
Ayer de mañana, en una sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados resolvió por unanimidad enviar todas las actuaciones de la investigadora de espionaje militar y policial en democracia a la Justicia, como establecía el proyecto de resolución que se había votado, también por unanimidad, en ese cuerpo a fines de agosto. No obstante, en el plenario el debate duró más de cinco horas y no faltaron las idas y vueltas entre el oficialismo y la oposición.
El puntapié inicial de la jornada lo dio el diputado comunista Gerardo Núñez, quien fue el presidente de la comisión investigadora. Subrayó que la Cámara de Diputados hizo “muy bien” en haber votado la comisión investigadora, en 2016, ya que de ese modo ratificó la “conducta histórica” del Parlamento en defensa de la democracia. Luego hizo un repaso de los hechos de espionaje que considera más significativos, como del que fue objeto el proceso de recolección de firmas del “voto verde”, para derogar la ley de caducidad. Núñez agregó que, además de espiar a partidos políticos y sindicatos, la inteligencia militar y policial llegó a infiltrarse incluso en reuniones de padres en escuelas, detallando las discusiones y fotografiando a los participantes. “Esto habla de una permanente obsesión de los servicios de inteligencia, que investigaban absolutamente todo lo que ocurría en nuestro país”, dijo Núñez. Además, subrayó que el espionaje no era un accionar individual sino orgánico, dado que varios de los documentos del “archivo Berrutti” tienen, por ejemplo, el sello del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), lo que le da carácter de “planificación institucional”. Por último, Núñez descartó que la información de inteligencia fuera recolectada de fuentes abiertas –notas de prensa, por ejemplo–, ya que la mayoría se hizo por intermedio de “fuentes cerradas”.
En esa misma línea, el diputado del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Luis Puig, remarcó la responsabilidad que tuvo el Estado, al “permitir y financiar el espionaje sistemático”; en particular, marcó que estas prácticas recayeron “con especial énfasis” sobre quienes llevaban adelante denuncias vinculadas a la violación de derechos humanos en dictadura. Para Puig, en ese sentido, se podría concluir que el espionaje en democracia es “hijo de la impunidad”.
Por su parte, el diputado del Partido Nacional (PN) Gerardo Amarilla descartó que los actos de inteligencia ilegales fueran una “política de Estado”, aun en los primeros años de la recuperación democrática, “con toda la sinergia que tenían desde la época de la dictadura”. “Estas prácticas que se realizaban, y que tal vez hoy se realicen, escapan a la responsabilidad y voluntad de los gobernantes desde 1985 hasta la fecha”, dijo Amarilla, que subrayó que fueron investigados “todos y en todos los gobiernos”. Para argumentar eso, el diputado señaló que en el archivo Berrutti hay fichas de 1991 en las que “casualmente” él mismo aparece investigado junto con otros “militantes jóvenes” del PN. Además, sostuvo que algunos de los “allanamientos clandestinos” que tuvieron a figuras políticas como objetivo fueron “bien cercanos en el tiempo”. Por ejemplo, en 2014, durante la campaña electoral, le robaron “la computadora y la tablet” a Raúl Sendic, en un acto “típico de inteligencia”.
Amarilla dijo que es necesario que el Estado tenga agencias de inteligencia que aseguren las “garantías del sistema democrático”, porque “sabemos que hay otros servicios de inteligencia que actúan en este territorio, algunos con intereses económicos y empresariales”. “El Estado uruguayo tiene que saberlo, pero debe ser como toda activad pública: reglada y ajustada a la Constitución y a la ley”, finalizó.
El diputado blanco Federico Casaretto criticó el manejo que hicieron del archivo Berrutti cuando fue encontrado, en 2006, quienes estaban a cargo del MDN, empezando por la propia ministra Azucena Berrutti. Recordó que junto con otros dirigentes de su partido fueron recibidos por la entonces ministra, ya que su mayor preocupación era que los archivos fueran desclasificados “con la mayor transparencia para todo el sistema político”. Sin embargo, Casaretto sostuvo que el proceso terminó siendo “muy turbio”, y recordó que una de las personas que desclasificaron los documentos fue Augusto Gregori Souto, ex integrante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, “hombre de confianza de José Mujica” y “reconocido porque fue el que más tierra sacó para fugarse del penal de Punta Carretas”.
En tanto, el diputado colorado Tabaré Viera se refirió al pacto del Club Naval y señaló que la salida de la dictadura no fue producto de una “derrota militar” de los dictadores, sino que “la derrota se fue produciendo a lo largo de los años, en eso que denominamos el cambio en paz, que fue un éxito”. Por lo tanto, “desarmar los aparatos de la dictadura costó mucho tiempo”, y luego de la apertura democrática “la dictadura estaba latente y siempre existía el riesgo de un fracaso y de una vuelta a esa dictadura”. Por último, dijo que en la apertura democrática no hubo “una política del gobierno” en torno al espionaje “y eso quedó claro en la investigación de la comisión”.
El diputado blanco Pablo Abdala coincidió con Viera. Sostuvo que “este tema no puede analizarse ni separarse del propio proceso histórico”, y que es evidente que a partir de 1985 el país inició “una transición de un sistema a otro”. “Evidentemente, hay situaciones en las que no se pasa del blanco al negro. En la historia no se procede por tajos”, agregó.
En el ida y vuelta también hubo tiempo para chicanas. El colorado Ope Pasquet hizo referencia a las “tupabandas” y a la biografía de Eleuterio Fernandéz Huidobro que escribió la periodista María Urruzola para demostrar la necesidad de los servicios de inteligencia, porque para resolver esos casos no basta con “los policías de la seccional”. Luego, el frenteamplista Óscar Groba sacó un libro sobre el romano Espartaco. “Yo también acostumbro a leer literatura”, ironizó.
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Enviarán a la justicia el material
de la investigadora de espionaje
Hay acuerdo en todos los partidos para eso
19 de septiembre de 2018
El plenario de la Cámara de Diputados debate desde este miércoles el informe elaborado por la comisión investigadora sobre espionaje militar y policial en democracia. Hay acuerdo en todos los partidos en enviar las actuaciones a la justicia para que se determine si se cometió algún delito.
Es así que en Cámara se presentó un solo informe firmado por todos los partidos políticos. El diputado comunista Gerardo Núñez indicó que hubo espionaje e infiltraciones de agentes militares en la actividad de periodistas, sindicatos y partidos políticos, entre otros.
El legislador indicó que no se puede concluir que el espionaje haya cesado hoy en día. Por eso, es importante que se apruebe el proyecto de ley de inteligencia a estudio del Parlamento. Se pretende regular el trabajo de las agencias de inteligencia del país, aseveró.
Desde el Partido Nacional, el diputado Gerardo Amarilla señaló que es probable que las tareas de inteligencia militar continúen en la actualidad. En ese sentido, recordó los robos de equipo informático que sufrió en 2014 el entonces candidato a vicepresidente Raúl Sendic y el robo que sufrió Pablo Da Silveira, coordinador del equipo técnico de la candidatura del nacionalista Luis Lacalle Pou.
Desde el Partido Colorado, el diputado Tabaré Viera indicó que no se puede establecer que cesó el espionaje en democracia. De todos modos, aseguró que las autoridades políticas de los gobiernos de 1985 a la fecha no han estado directamente involucradas.