Sobre el arresto del Gral. Manini Ríos

Presentamos el análisis de Rafael Bayce

  Tres hipótesis sobre el arresto militar

Por Rafael Bayce.

El general Guido Manini Ríos, comandante en jefe del Ejército, por varias declaraciones que son de conocimiento público, fue arrestado por 30 días, luego de una orden decretada por su superior jerárquico, el presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez. Se puede debatir extensamente sobre el grado de acierto, error y significado de la medida tomada por el presidente. De hecho, ha sido tema de diversión pública, en la modalidad de entretenimiento melodramático que practica la políticamente correcta telaudiencia de informativos. Pero también puede ser motivo de especulación politológica fina. Tratemos de sumergirnos en este punto de vista metainformativo.

Hipótesis 1: pulseada civil-militar aggiornada

Lo que popularmente puede ser visto, desde una mirada popular de boliche, como una pulseada de poder, una especie de duelo criollo desarmado entre el más encumbrado civil y el más encumbrado ‘milico’, es parte de un importantísimo proceso civilizatorio que vivió y aún vive la humanidad.

En efecto, quienes primeramente conformaron una élite encumbrada y jerarquizada fueron los mejores para las tareas físicas en las que consistía la supervivencia en los primeros tiempos: defensa, ataque, caza, pesca, carrera, saltos, lanzamiento de objetos, etcétera. Los más dotados para ello eran los más encumbrados porque la comunidad creía que dependía más que nada de ellos, por lo que se les concedían privilegios, estatus y poder. Poco después se diferenció una segunda élite: la religiosa, titular del poder no físico sino simbólico, que se creía permitía un bienestar comunal basado en la manipulación de espíritus, del más allá y  otros modos mágicos de obtención de venturas sanitaria y física.

El desarrollo de la vida sedentaria, la producción extractiva, luego agrícola ganadera, y más tarde las actividades industriales, de servicios y financieras, termina erigiendo una nueva élite, productiva y reguladora, que de caudillos y líderes religiosos avanza hacia reyes, emperadores y funcionarios de gobierno, atomizados en noblezas y, desde el Renacimiento, reunidos en Estados nacionales. Asistimos desde entonces, y aun no superamos plenamente ese estadio, a luchas de poder entre el poder militar, el religioso y el político civil, élites estas que luchan o establecen compromisos durante siglos.

Especialmente importante es el establecimiento de una codificación civil secular que subordina las élites militares y religiosas a una élite civil secular, en la que, sin embargo, se respetan ciertas jurisdicciones y competencias que diversas élites mantienen, aun dentro de esas superordinadas jurisdicciones y competencias estatales civiles profanas; se les llama, en el derecho medieval y renacentista, ‘fueros’, parcialmente autónomos del superordinado fuero civil profano gubernativo. Recién avanzado el siglo XIX, el fuero religioso, eclesiástico o canónico es subordinado al fuero superordinado común, por ejemplo en asuntos tales como delitos penales, del tipo de los sexuales que recorren el mundo hoy.

La historia atestigua la progresiva imposición del fuero civil profano político sobre los fueros religiosos y militares, cuando ya las alianzas con ellos han agotado su utilidad; la imposición del laicismo es un hito en esos procesos. Pues bien, ya pasó el tiempo de las pulseadas, salvo cuando alguna élite decide saltearse un orden normativo hecho por los civiles para imponer sus fueros elitarios anteriores, como sucedió durante los siglos XIX y XX entre nosotros. Hay momentos en que el triunfo aparente de los Estados de derecho en democracias republicanas necesita de ciertas afirmaciones públicas de autoridad para subrayar su superordinación radical.

En estos días, la recuperación de ‘Los Palomares’ y el arresto a rigor por 30 días del jefe del Ejército han sido dos actos de afirmación de poder y legitimidad legal imprescindibles, muy útiles frente a todas las demoras, omisiones y privilegios que podrían ser tildados como timoratos y pusilánimes en cuanto a la judicialización, sentencias y prisionalización de militares (y también de policías, ya que estamos). Pueden sumarse a estos aciertos el relevo del general Díaz como jefe del Ejército a raíz de acciones más cuestionables aun que las de Manini Ríos, que hizo lo que los presidentes Sanguinetti y Lacalle no se animaron con el general Medina y con los involucrados en el caso Berríos. El actual presidente Vázquez lo hace, aunque en momentos más favorables para ello. La pulseada histórica de las élites civil y militar en el mundo y en Uruguay le agrega otro valor analítico al arresto de Manini Ríos, quizás una pulseada, sí, pero de otro nivel y con otros marcos históricos y políticos que les dan otra densidad a los hechos.

Hipótesis 2: provocación de la derecha global

Una hipótesis radical, pero más conspirativa y paranoica, leería en las declaraciones de Manini (ya con antecedentes convergentes), más que un round actual y aislado de una pulseada civilizatoria secular, y más que un momento en la recuperación de la autoridad civil en el Uruguay posdictadura, quizás una jugada destinada a testear los límites que acciones y declaraciones militares tienen ante un poder civil que tiene a la Constitución y a la ley de su lado, pero que ha sido pisoteado antes y que no se ha animado a usarlas recientemente.

El test incluiría ver cuándo y cómo reacciona el gobierno ante un conflicto; la reacción de la opinión pública, de la interna partidaria y gobernante, la respuesta de la oposición, y la de los subordinados de la ‘familia’/corporación militar. En esta hipótesis extrema, Manini sería pieza clave en uno de los muchos procesos de erosión de partidos y gobiernos progresistas y de izquierda de la región que comandan Estados Unidos y sus aliados. Personalmente, no creo que el asunto sea geopolíticamente tan pesado, pero no se puede descartar totalmente que en un momento u otro haya acciones de test o de provocación similares. Vayamos ahora a una tercera hipótesis, sugerida por Mujica, aunque no sé si el veterano político calibró la significativa peligrosidad de lo que está implicado en sus dichos.

Hipótesis 3: juegos de poder y marco legal

Mientras se discutía el grado de acierto del arresto resuelto y se ventilaba la interna gubernamental que terminó así y no en destitución como otros proponían -y como sucedió con el general Díaz-, Mujica pateó el tablero analítico: “Si Manini no hace una gestualidad como la que hizo, pierde respeto y consideración con sus subalternos… Si se hace el bobo, queda como falto de carácter. Hizo lo que tenía que hacer. Por más que suene a contradicción, los dos hicieron lo que tenían que hacer”.

Es una frase de anarco, que entiende muy bien las lógicas de facto, y secundariza claramente lógicas institucionales. Si los dos, Vázquez y Manini, hicieron lo que tenían que hacer, el sistema normativo de un Estado de derecho es secundario, tanto para sustentar decisiones como para justificarlas. Según esta lógica de facto predominante en el discurso y narrativa de Mujica, pese a que la Constitución, la ley y reglamentos internos de servicio prohibían lo hecho por Manini y habilitaban un espectro de sanciones, el general habría estado bien porque, por sobre todo, era un superordinado que velaba por sus subalternos, su suerte y su prestigio ante ellos.

No se nos escapa la importancia del raciocinio, pero si Manini estuvo bien, por qué se lo sanciona; si ambos estuvieron bien según una lógica de poderes de facto, los dichos de Manini habrían sido deontológicamente adecuados pese a ser legalmente transgresores; los de Vázquez sumarían las lógicas endógenas de poder, las político electorales y las legal institucionales. Si ambos son juzgados como habiendo estado bien, entonces se privilegian las lógicas de facto frente a las de jure; y entonces Vázquez estuvo bien, no porque estuviera del lado de jure, sino porque marcó su autoridad civil frente al poder militar y porque legitimó a su gobierno, a su partido y mejoró su popularidad con reflejos político electorales; pero no tanto porque aplicó la Constitución, la ley y los reglamentos internos de servicio.

Las razones de jure parecen ser, en el mejor de los casos, secundarias, ya que quien ignoró el orden normativo es juzgado como ‘haciendo lo que tenía que hacer’. Si el transgresor legal no es nunca criticado, sino comprendido y aprobado en su transgresión, la razón que le asiste a quien lo sancionó -porque ambos ‘hicieron lo que tenían que hacer’-, sería la de las lógicas de facto que llevaron a esa pulseada, y no las razones de jure e institucionales que terminaron en la sanción resuelta, entre otros resultados posibles. Manini habría hecho lo que tenía que hacer, así como alguien sumergido en una subcultura criminal debe salir a delinquir para cumplir con las expectativas y necesidades de sus grupos de pertenencia y de referencia, lo que tampoco debería ser criticado, sino comprendido en el deber ser endógeno en el que está inmerso y al cual sigue. No hay ninguna lógica predominante colectivamente; cada uno hace su juego en una realidad de facto, hipócrita o ignorantemente velada por una institucionalidad y normatividad superficial de jure.

La reflexión de Mujica es tan interesante analíticamente como factible de ser calificada de lumpen-anarca, porque sustenta más una lógica y moralidad de guerrilla urbana que una de institucionalidad política en un Estado de derecho; algo de su pasado sigue vivo, tan interesante, debatible y temible como todo lo suyo. Elija, lector, entre las tres hipótesis interpretativas; o trate de hacerlas compatibles.

 

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