Juicio en Roma: nuevo retraso
para la apelación del Estado
uruguayo y familiares
Se prevé que a fines de diciembre se confirme si pueden reabrir las causas de los imputados
Tras cuatro horas de audiencia, una vez más se retrasa la posibilidad de conocer avances en la apelación del Estado uruguayo y los familiares por el juicio del Plan Cóndor en Roma. Se prevé que a fines de diciembre se confirme si pueden reabrir las causas de los imputados que fueron absueltos en primera instancia.
Después de más de 60 audiencias llevadas a cabo entre febrero de 2015 y enero de 2017 en las que se recibió el testimonio de familiares, sobrevivientes, y peritos, el 17 de enero de 2017 la jueza Evelina Canale condenó a ocho imputados a cadena perpetua y otros 19 acusados fueron absueltos.
Este lunes comenzó la apelación y se esperaba una mayor diligencia, pero ante cambios en los jueces a cargo el proceso se dilatará hasta diciembre, explicó a Informe nacional Cristina Mihura, viuda del desaparecido uruguayo Armando Arnone.
Dos de los abogados de los acusados lograron que se aceptaran sus recursos por no haber sido notificados correctamente y el jefe de la DINA chilena logró escabullirse y evitar su notificación obteniendo un nuevo retraso judicial.
Cristina Mihura informó que la Corte italiana decidió suspender la próxima audiencia prevista para el 15 de octubre para dar tiempo a los abogados de leer la documentación y ante la agenda de los nuevos jueces. “Así será hasta diciembre”, dijo Mihura, que llamó a no generar falsas expectativas ante la posibilidad real de que la corte habilite la reapertura de discusión de nuevas pruebas y testigos.
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Plan Cóndor: el abogado del Estado uruguayo
presentó nuevas pruebas
9 de octubre de 2018
Los documentos probarían vínculos entre Tróccoli y Astiz y el involucramiento del Fusna en el secuestro de la maestra Elena Quinteros.
“Lo de hoy es un momento procesal muy importante y no será el último. La nueva documentación que hemos presentado atestigua un esfuerzo hacia la verdad, y es muy importante que el trabajo hecho por las instituciones y la comunidad uruguaya llegue hoy a Roma en ese juicio”. Con esas palabras, el abogado Andrea Speranzoni, representante de Uruguay en la causa de apelación por el juicio en Italia sobre el Plan Cóndor (coordinación represiva de las últimas dictaduras del Cono Sur de América Latina, que implicó delitos de secuestro y desaparición forzada de personas), contestó a las preguntas de la diaria al final de la audiencia de ayer.
El proceso comenzó en 1999, a partir de denuncias presentadas por 43 latinoamericanos; llegó a instancias de debate en febrero de 2015, y concluyó su fase de primera instancia el 17 de enero de 2017 con la absolución de la mayoría de los acusados (que eran 43, seis de los cuales fallecieron mientras se desarrollaban los procedimientos judiciales) y ocho condenas a cadena perpetua. Entre los imputados hay 14 uruguayos: el ex canciller Juan Carlos Blanco, único condenado en aquella ocasión; el marino Jorge Néstor Tróccoli, quien reside en Italia y está libre tras huir en 2007 de la Justicia de Uruguay, y los también militares Ricardo Eliseo Chávez Domínguez, Pedro Mato Narbondo, José Ricardo Arab, José Horacio Gavazzo Pereira, Juan Carlos Larcebeau, Luis Alfredo Maurente Mata, Ricardo José Medina, Ernesto Ramos Pereira, José Felipe Sande Lima, Gilberto Vázquez Bissio, Jorge Alberto Silveira y Ernesto Soca.
La apelación se presentó en abril de este año, y todavía no ha ingresado a instancias de debate. El tribunal, integrado por Agatella Giuffrida como presidenta y Caterina Brindisi como jueza relatora, examinó algunos recursos presentados por las defensas de los acusados, con base en problemas formales en la comunicación del depósito de las actas. Por eso se decidió postergar el informe inicial y el comienzo de la discusión para la próxima audiencia, fijada para el 7 de noviembre a las 13.00. Casi sobre el final de la sesión, el tribunal informó a las partes que Speranzoni había presentado nuevos documentos el 5 de octubre, y las invitó a examinarlos antes de la próxima instancia.
El abogado del Estado uruguayo explicó a la diaria que se trata de 13 documentos, cada uno con “mucho material referido por un lado a las acciones de Tróccoli y Larcebeau como integrantes del Cuerpo de Fusileros Navales de Uruguay [Fusna], “y por otro a las acusaciones contra Gavazzo y otras personas vinculadas con el Servicio de Información de Defensa uruguayo. “Parte de esa documentación tiene su origen en el archivo de la computadora de la oficina del servicio de inteligencia del Fusna”, señaló Speranzoni, y destacó que “entre esos documentos hay un manuscrito que una grafóloga analizó y atribuyó a Tróccoli, en el que se refiere a Alfredo Astiz”, el ex capitán de fragata argentino que actuó en el marco del centro de reclusión clandestino de la Escuela de Mecánica de la Armada se infiltró en organizaciones defensoras de los derechos humanos y ha sido condenado por varios crímenes de lesa humanidad. En ese manuscrito, Tróccoli afirma que Astiz “lo conoce perfectamente” y queda claro que ese represor argentino, llamado “el ángel de la muerte”, estaba al tanto de las operaciones uruguayas en su país, y en particular de la última de gran escala, que se llevó a cabo en 1978.
Speranzoni mencionó también varias fichas de prisioneros desaparecidos que fueron encontradas en el Fusna durante trabajos de investigación realizados en Montevideo, y un material del cual dijo que por el momento prefiere no entrar en detalles pero que, según aseguró, “relata expresamente el papel del Fusna en el secuestro de la maestra Elena Quinteros”. El abogado adelantó que, con base en el contenido de la nueva documentación presentada, tiene la intención de pedir que sean interrogados cinco nuevos testigos acerca de circunstancias específicas relativas a las acusaciones contra Tróccoli y Larcebeau.
La abogada Alicia Mejía, representante en el juicio de las víctimas Aída Celia Sanz Fernández y Guillermo Manuel Sobrino Berardi, acompañó a Speranzoni en el trabajo de investigación que se llevó a cabo en Uruguay, y expresó su satisfacción por los resultados de esa labor. Según Mejía, la nueva documentación presentada es importante para “delinear de manera más clara y completa las responsabilidades de algunos de los imputados”. “Naturalmente, la evaluación de todo el material corresponde a la Corte. Nosotros, con humildad, hemos ofrecido elementos que permitirán verificar que la tesis de la Fiscalía tenía fundamento” y contribuirán a que “el fallo de primera instancia pueda cambiar en sentido favorable a la parte acusadora”, acotó.
Speranzoni quiso subrayar el apoyo y los aportes a la investigación que realizó junto con Mejía el equipo de historiadores del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, y también de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.