Recursos infinitos
Defensa de militares cuestiona creación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad
Mauricio Pérez
7 febrero, 2019
Una nueva estrategia judicial amenaza el avance de las investigaciones por los crímenes de la dictadura.
Mientras el nuevo jefe del Esmade, Alfredo Erramun, plantea la posible “reconciliación” de los uruguayos (véase a continuación la nota de Samuel Blixen), en los estrados judiciales los militares investigados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura continúan con la estrategia implementada desde hace años: dilatar lo más posible el desarrollo de las causas.
La defensa de los militares reclamó ante la Suprema Corte de Justicia (Scj) la presunta inconstitucionalidad de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, creada en febrero de 2018, que tiene a su cargo la investigación de todas las causas por crímenes de la dictadura. Estos recursos se presentaron entre noviembre y diciembre de 2018, “en todos los expedientes” en los que participó esta fiscalía, dijeron fuentes del Centro Militar a Brecha.
En su primer año de trabajo la fiscalía hizo avances importantes. El fiscal Ricardo Perciballe pidió el procesamiento de una treintena de militares, policías y civiles en 12 causas diferentes (veáse Brecha, 24-VIII-18). La más reciente fue la imputación de los militares Jorge Silveira, Antranig Ohannessian y Julio Litovsky, y del ex policía Silcar Lara Borges –ex jefe del Departamento IV de la Dnii– por delitos de privación de libertad, abuso de autoridad y atentado violento al pudor cometidos contra un grupo de 26 ex presas políticas (Búsqueda, 7-II-19).
Ante esto los militares decidieron apuntar sus dardos contra el trabajo de la fiscalía y, sobre todo, su origen. La estrategia tuvo como efecto inmediato la paralización de todas las causas, hasta tanto la Scj se pronuncie sobre el recurso. Y ameritó una dura respuesta del fiscal Perciballe, quien afirmó que estos recursos tenían un solo objetivo: dilatar el proceso.
AUTODEFENSA. Los escritos presentados por los militares se sustentan en dos argumentos. El primero refiere a la supuesta violación del principio de igualdad; se alega que esta fiscalía implica una “discriminación”, ya que fue creada para juzgar solamente a militares y policías partícipes del proceso cívico-militar. El segundo apunta al concepto del “juez natural”, que hace referencia al magistrado (y también al fiscal) que asume una causa basándose en criterios generales y objetivos definidos por ley. Según la interpretación de los militares, con esta fiscalía se crea un proceso excepcional y esto no otorga las garantías de independencia e imparcialidad que deben regir todo proceso judicial.
En su respuesta –a la que accedió Brecha–, Perciballe afirmó que la creación de esta fiscalía procuró mejorar la persecución de estos crímenes y que esto no implica discriminación alguna, ya que actúa para “una universalidad importante de causas”. “El tratamiento diferente no es a las personas (que por cierto incluyen diferentes grupos militares, policías o asimilados y aun paramilitares o parapolicías), sino al fenómeno criminal en sí. Se intenta dar una respuesta diversa frente a una realidad compleja y muy diferente a la criminalidad común”, señaló. Fue lo mismo, comparó, que se hizo con la persecución de la macrocriminalidad y la creación de juzgados y fiscalías especializados en crimen organizado.
Además, argumenta, no se vulnera el principio de juez natural, ya que no se deben confundir las funciones de jueces y fiscales en el proceso. Según Perciballe, en el caso de los fiscales, sólo se violentaría la Constitución si esta fiscalía se utilizara para “beneficiar a la persona (imputada) mediante la solicitud de archivo” de la causa, ya que es en esa instancia cuando “el fiscal tiene la llave de la acción” penal. En el caso contrario, si pidiera el procesamiento –como sucede en estos casos–, todo ese proceso judicial será controlado por un juez, primero, y por un tribunal de apelaciones después: “Aun cuando se pretenda amañar la actuación del Ministerio Público, siempre habrá un control judicial que despeje las dudas”.
JUICIO POLÍTICO. Los alegatos militares tuvieron también un fuerte contenido político. Por ejemplo, en un escrito firmado por el abogado Carlos Bustamante –en representación del médico militar Nelson Fornos Vera– se señalaron supuestas intenciones espurias detrás de la creación de la fiscalía, y la existencia de un ánimo “vindicativo” de parte del gobierno.
Según ese escrito, la creación de la fiscalía fue un “mensaje político-partidario”con el cual “el gobierno logra direccionar las decisiones en el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado”. “Es una ley parcializada o de cancha flechada. Es una ley de guerra o de posguerra, que contiene en forma manifiesta un desquite, una revancha o una represalia de claro signo ideológico”, señala el recurso.
Por su parte, Perciballe dijo que estos argumentos representan un “agravio gratuito” a los legisladores, y que la realidad demuestra lo contrario: esta fiscalía tuvo un amplio respaldo del sistema político y fue aprobada con votos de todos los partidos con representación parlamentaria. “Por tanto, ni es una creación del gobierno ni hay un ánimo vindicativo detrás”, puntualizó.