Ideas trasnochadas
Los militares en la gatera electoral
7 Febrero 2019
Samuel Blixen
La iniciativa de algunos “allegados” del teniente general Guido Manini Ríos de inscribir una agrupación política que impulsaría al comandante del Ejército como candidato a la presidencia estimuló diversas especulaciones sobre sus intenciones. Por supuesto que Manini, quien pasará a retiro recién en febrero de 2020, no podrá ser candidato en estas elecciones, aun cuando renuncie hoy a su condición de militar activo. Consultado en San José, donde impuso al general Gerardo Fregosi como jefe de la División de Ejército II, Manini dijo: “Es un uso que se hace del nombre, pero creo que no me corresponde contestar ese tipo de cuestiones”. Sin embargo, de inmediato comentó: “No es la primera vez que soy llamado para ocupar un cargo político”.
La irrupción de este nuevo elemento político en las gateras de la carrera electoral, que promete ser sangrienta, sólo puede ser considerada una escalada de una conducta que permanentemente cruza la línea y con un Poder Ejecutivo permisivo que ha descartado pararle la mano.
En su metamorfosis hacia un Bolsonaro uruguayo, el comandante del Ejército se propone caminar por la cornisa electoral. Y, por cierto, insistirá con la táctica respecto de la cuestión de los crímenes de lesa humanidad, en la que abundó también el flamante jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Alfredo Erramun, al asumir el cargo. Si Manini reiteró el concepto de que “el Ejército hizo, hace y hará lo posible para esclarecer los hechos y dar respuesta”, Erramun fue más allá: al negar una política de omertà, dijo que “el hecho es (para que los militares revelen sus secretos) dar garantías a los testigos para que puedan hablar”.
Ambos generales, Manini y Erramun, ocupan los cargos jerárquicos más altos del Ejército; no hay nadie por encima de ellos. Entonces, ¿cómo se comprende que un jefe ofrezca garantías para que sus subordinados hagan lo que están obligados a hacer? ¿Ese es el sentido del mando? ¿Por qué, en lugar de garantías, no dan la orden de que entreguen la información? ¿Temen que los desobedezcan? ¿Qué hace un jefe en caso de desobediencia? Queda claro que estos jerarcas, como los que los precedieron, no tienen interés en esclarecer los hechos, no digamos hacer justicia.
Precisamente, las garantías que sugería el general Erramun remiten a la llamada “solución sudafricana”, según la cual los terroristas de Estado, que cometieron sus crímenes al amparo del apartheid, los confesaron públicamente a cambio de no ser condenados judicialmente. Esa fórmula, que sugirió José Mujica cuando era presidente, ya tuvo su cuarto de hora. Una fórmula similar fue ensayada en Chile, donde el Estado renunciaba a la acción punitiva a cambio de que, en secreto, los militares informaran sobre crímenes y desapariciones. Fueron absueltos, pero después se confirmó que sus informaciones eran falsas. Otro tanto ocurrió en Uruguay: la Comisión para la Paz recibió testimonios, amparados por una promesa de secreto, según los cuales los cuerpos de los desaparecidos fueron incinerados y arrojados al mar, garantía que impidió que esos testimonios llegaran con nombre y apellido a la justicia. Después se desenterraron los restos de Fernando Miranda, Julio Castro y Ricardo Blanco. Y tampoco funcionó cuando el entonces secretario de la presidencia de Tabaré Vázquez, el abogado Gonzalo Fernández, ofreció a los más connotados exponentes de los terroristas de Estado vernáculos, en negociaciones secretas, una solución a cambio de “los huesitos”.
“Solución” trasnochada: las ofertas del general Erramun fueron tajantemente rechazadas, tanto por el coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, Felipe Michelini, como por representantes de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. En declaraciones a la prensa, Michelini dijo: “Lo que hay que hacer es redoblar esfuerzos para que a través del Estado, el Poder Judicial, la fiscalía especializada y el Poder Ejecutivo se pueda identificar información que nos lleve a dar respuestas a estos hechos”. Y Elena Zaffaroni, referente de Madres, comentó: “Las Fuerzas Armadas nunca colaboraron con la verdad y la justicia. En su seno cometieron estos delitos. No es posible que las autoridades hablen de que esperan que alguno quiera decir algo”.
De modo que hay que buscar otra explicación para la reiteración de ofertas que caen en el vacío. Los militares de la inteligencia dirían que son “acciones psicológicas” que pretenden reforzar, en el ámbito popular, la sensación de que las Fuerzas Armadas son “sensibles” a los sentimientos de los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado. Y también presionar a la justicia para que, de tanto en tanto, resuelva cuentas pendientes, como la decisión del juez Tabaré Erramuspe, quien el viernes 1 aceptó el pedido del fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad Ricardo Perciballe y condenó al coronel retirado José Puigvert a 22 años de reclusión como coautor del homicidio muy especialmente agravado de Aldo Perrini, en marzo de 1974, en el cuartel de Colonia. Perrini, vecino de Carmelo, murió como consecuencia de los brutales castigos a que fue sometido mientras era interrogado, cuando protestó por las violaciones a unas detenidas. El coronel José Baudean falleció antes de que fuera confirmada su sentencia; y el tercer implicado, el general Pedro Barneix, se suicidó antes de que se le impusiera formalmente la condena.