Fiscalía pide condena perpetua por militares del Cóndor

  DICTADURAS

18 de marzo de 2019

Fiscalía italiana pide cadena perpetua

para ex militares uruguayos

vinculados al Plan Cóndor

La Fiscalía de Roma solicitó condenar a cadena perpetua a 24 miembros de las juntas militares de Uruguay, Bolivia, Chile y Perú acusados de la desaparición de italianos en el marco del “Plan Cóndor”, de coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur entre los años 1970 y 1980, al presentar este lunes 18 de marzo una apelación de las sentencias en primera instancia.

El juicio en primera instancia concluyó el 17 de enero de 2017 con la condena a cadena perpetua para el uruguayo Juan Carlos Blanco, los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama, los bolivianos Luis García Meza y Luis Arce Gómez, y los peruanos Francisco Morales Bermúdez, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa. Mientras que otros 19 fueron absueltos o sobreseídos.

Este lunes 18 de marzo se conoció que los fiscales de Roma Francesco Mollace y Tiziana Cugini apelaron la decisión de la Justicia y pidieron se condene a cadena perpetua a los 24 acusados, entre quienes se encuentran los uruguayos: Jorge Troccoli, Pedro Mato Narbondo, José Ricardo Arab, José Nino Gavazzo y Juan Carlos Larcebeau.

También se pide cadena perpetua para: Luis Alfredo Maurente, Ricardo José Medina, Ernesto Ramas, José Felipe Sande, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y Ernesto Soca.

Culpable

Mientras que el ex canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco, fue el único de los uruguayos declarado culpable en primera instancia, quien además cumple una pena en nuestro país por los asesinatos de los entonces legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y de la maestra Elena Quinteros.

El resto de acusados son: el ex ministro de Interior boliviano Luis Arce Gómez y los chilenos: Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno, Hernán Jerónimo Ramírez, Rafael Ahumada, Manuel Abraham Vasquez Chahuan y Daniel Aguirre Mora.

Varios de los imputados ya han muerto, como es el caso de los uruguayos Iván Paulós y Gregorio Álvarez, condenado por coautoría en reiterados casos de homicidio muy especialmente agravado, quien murió cumpliendo condena en 2016.

También han muerto: el dictador de Bolivia Luis García Meza y el ex primer ministro de Perú, Pedro Richter Prada.

La fiscalía de Roma indicó que con su apelación busca “obtener la condena de cadena perpetua para quienes formaron parte de un programa de exterminio abominable, ya que los imputados son responsables de todo de lo que se les acusa porque han sido ejecutores de muerte”.

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  Piden perpetua en Italia para 24

acusados por el Plan Cóndor

18 de marzo de 2019

Entre ellos está Jorge Tróccoli, así como otros cinco ex militares uruguayos.

La Fiscalía de Roma presentó una apelación en la causa por el Plan Cóndor y solicitó que se condene a cadena perpetua a 24 responsables de esa coordinación represiva entre las dictaduras de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay. En el marco del Plan Cóndor, definido como un “programa de exterminio abominable” por la Fiscalía, fueron asesinadas 23 personas con ciudadanía italiana, y por eso esta causa se lleva adelante en Roma.

Los fiscales italianos Francesco Mollace y Tiziana Cugini aseguraron que los 24 acusados son “responsables de todo aquello de lo que se les acusa porque han sido ejecutores de muerte”.

En el juicio en primera instancia, que terminó en enero, fueron condenados a cadena perpetua ocho acusados, entre ellos el ex canciller uruguayo Juan Carlos Blanco. Los otros siete fueron los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama, los bolivianos Luis García Meza y Luis Arce Gómez y los peruanos Francisco Morales Bermúdez, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa. Otros 16 acusados fueron absueltos o sobreseídos.

Entre los absueltos estuvo Jorge Tróccoli, el único ex militar que estuvo presente en el juicio en Italia, país al que huyó para escapar de la Justicia uruguaya. Además de Tróccoli y Blanco, los demás uruguayos que habían sido acusados son el ex teniente Ricardo Eliseo Chávez, el ex coronel Pedro Mato Narbondo, el ex capitán José Ricardo Arab, el militar José Horacio Gavazzo Pereira y el marino Juan Carlos Larcebeau.

Acerca de Tróccoli, la fiscal Cugini señaló que fue el jefe de inteligencia del cuerpo de Fusileros Navales (Fusna) de la Armada uruguaya, a donde se llevaba a los prisioneros, “y que de él dependía si vivían o eran asesinados”.

La corte de apelaciones programó cinco audiencias, y la última de ellas se realizará en julio, cuando podría emitirse la sentencia.

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 Pedido de prisión perpetua en

Italia para Tróccoli y otros cinco

ex militares uruguayos

19 de marzo de 2019

Escribe: Nadia Angelucci 

El fiscal del juicio en Italia solicitó la misma condena para todos los acusados, que son 24 en total.

“Reformar el fallo de primera instancia y condenar a perpetua a todos los imputados”. Ese fue el pedido de Francesco Mollace, procurador general, en la apelación del juicio por el Plan Cóndor que se llleva a cabo en Roma, después de que la sentencia en primera instancia, de enero de 2017, condenara a la pena mencionada (que es la máxima en Italia) a ocho de los acusados y absolviera a los demás, entre ellos al ex marino uruguayo Jorge Nestor Tróccoli. Los otros uruguayos imputados en la causa, y absueltos en primera instancia, son el ex teniente Ricardo Eliseo Chávez, el ex coronel Pedro Mato Narbondo, el ex capitán José Ricardo Arab, el militar José Horacio Gavazzo Pereira y el marino Juan Carlos Larcebeau.

Las audiencias se reanudaron ayer, y la corte presidida por la jueza Agatella Giuffrida decidió sobre varias cuestiones de trámite, entre ellas la exclusión, debido a los fallecimientos de dos de los acusados –el uruguayo Gregorio Álvarez y el chileno Manuel Contreras– de las partes civiles representantes de las víctimas Héctor Giordano y Andrés Bellizzi, y en consecuencia de la región Calabria (querellante porque allí nació la madre de Bellizi), y de la Confederación General Italiana del Trabajo. Hubo luego tres alegatos, de los fiscales Tiziana Cugini y Francesco Mollace y, en representación de la presidencia del Consejo de Ministros de Italia, del abogado Luca Ventrella.

Los tres fundamentaron el pedido de apelación con argumentos, diferentes y complementarios, acerca de las responsabilidades de coautoría en los homicidios juzgados, ubicando los papeles que desempeñaron los acusados en el marco de las estructuras represivas, y subrayando que el hecho de que hayan estado vinculados sólo con parte de las acciones en modo algunos los exime de culpa. Para fundamentar esto, citaron la jurisprudencia establecida en varias sentencias de tribunales italianos, en especial vinculadas con crímenes mafiosos, en las que se estableció con claridad que no hay diferencias, desde el punto de vista penal, entre la responsabilidad de quien cometió directamente un asesinato y la de quien le ordenó hacerlo. En la misma línea, Ventrella se refirió a los juicios sobre delitos de lesa humanidad cometidos por los nazis.

Mediante esos alegatos se fue dibujado una secuencia de la acción criminal juzgada, dividida en segmentos correspondientes a su ideación, sus actos preparatorios y su ejecución. La fiscalía sostuvo, con esa base conceptual, que son igualmente responsables de un crimen todos quienes participaron en esa secuencia, aunque fuera solamente en uno de los segmentos.

Por otra parte, se destacó la presencia de nuevas pruebas, en particular las aportadas por las declaraciones del capitán de navío retirado Alex Lebel, acerca de las funciones que desempeñaba Tróccoli en las decisiones sobre interrogatorios e incluso sobre la vida o muerte de los detenidos. En los alegatos se abordó también la relación entre los secuestros de personas y los homicidios, resaltando que los acusados sabían que la primera acción conducía con frecuencia a la segunda.

Fue especialmente destacable la exposición de Ventrella, quien enfatizó que los delitos juzgados “son crímenes de lesa humanidad y de guerra”, y que “el deber de la Presidencia del Consejo de Ministros, que aquí represento, es defender a la colectividad nacional, y a cada ciudadano italiano en el mundo”. El abogado manifestó que la “sentencia histórica” en primera instancia tuvo “luces y sombras”; si bien tuvo el mérito de ser la primera en Europa que reconoció la existencia del Plan Cóndor, fueron más las sombras, debido a que “luego de trazar un marco histórico correcto, no se desprendieron de eso todas las debidas consecuencias de responsabilidad penal”.

Ventrella resaltó que “el Plan Cóndor no era sólo intercambio de información, sino un plan de exterminio. Era un programa criminal dirigido al aniquilamiento de militantes y activistas de organizaciones políticas de oposición. Su objetivo era reconstruir los organigramas de esas organizaciones para eliminar físicamente a sus jefes”, como ocurrió en numerosos casos. Por eso, argumentó, la obtención de informaciones era instrumental para la finalidad última de los homicidios. El abogado italiano se detuvo largo rato en el rol desempeñado por Tróccoli, detallando sus tareas en el cuerpo de Fusileros Navales (Fusna), su actividad como oficial de enlace con el centro clandestino de represión que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada argentina (Esma), y su admisión de responsabilidad en el libro La ira de Leviatán, publicado en 1996.

“En la sentencia de primer grado hubo un exceso de garantías, una falta de coraje, y se perdió una oportunidad histórica de hacer justicia”, aseveró Ventrella. “No podemos ser tímidos cuando se trata de hacer justicia, y por eso pido a la corte, de acuerdo con los principios legales, que vaya más allá de lo que se ha hecho hasta ahora”, concluyó.

El abogado Andrea Speranzoni, representante del Estado uruguayo, dijo a la diaria que está preparando un documento que incluirá la dimensión histórica general y un análisis de la historia personal de cada víctima, “intentando resumir las pruebas mas detalladas de la responsabilidad de cada acusado”. La próxima audiencia está convocada para el 15 de abril a las 9.00.

Nadia Angelucci, desde Roma.

 

 

 

 

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