Por Leandro Grille
Ahora sabemos, por su propia confesión ante un Tribunal de Honor, que Nino Gavazzo trasladó el cuerpo de Roberto Gomensoro en marzo de 1973 y lo arrojó en el lago de Rincón del Bonete. Sabemos por los testimonios de Jorge Silveira, que era su subalterno en ese entonces, que Gavazzo lo mató seis días antes de que el cuerpo apareciera flotando en el agua. Sabemos por el testimonio del general retirado Enrique Debate que el cuerpo de Gomensoro colgaba ya sin vida en un galpón al fondo de Artillería 1 y que Gavazzo estaba junto a él con los cables de la picana. Sabemos, porque Debat lo testificó, que esa noche en el casino de oficiales sólo se hablaba de ese homicidio, que el cuerpo sería fondeado en el lago cerca de Paso de los Toros para ocultarlo y que otro de los encargados de trasladarlo sería el capitán Ruben Sosa Tejera.
Ahora que sabemos todo eso, en una secuencia violenta e inexplicable, la jueza de Canelones Elsa Montín dispuso beneficiar a Gavazzo, que goza de prisión domiciliaria desde 2015, retirándole la tobillera y suspendiéndole la vigilancia de la Oficina de Supervisión de la Libertad Asistida por un supuesto problemas de salud, mientras la jueza de Paso de los Toros, donde radicaba la causa por el asesinato de Gomensoro, resolvió no reabrir la investigación, pese al pedido del fiscal Perciballe, porque le parece que no hay suficientes fundamentos jurídicos.
Tenemos entonces, por un lado, un crimen atroz aclarado y en buena parte reconocido por su autor -por lo menos confesó que ocurrió en su cuartel y que se deshizo del cuerpo-, confirmado por su subalterno y hasta por un testigo ocular del homicidio, pero igual el Poder Judicial se niega a reabrir el caso y hacer justicia. Y todo esto cuando el asesinato de Gomensoro no está ni siquiera comprendido por los supuestos de la Ley de Caducidad porque ocurrió en marzo de 1973, tres meses antes del golpe de Estado, y así lo ratificó el Poder Ejecutivo mediante un decreto del 10 de junio de 2010, con la firma del expresidente José Mujica.
Es notable la solidez de la impunidad. No se sostiene sólo en la omertá que ha reinado en las fuerzas armadas y que ha impedido encontrar a los desaparecidos, ni en la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado ni en la poca o nula voluntad de investigar que hayan tenido las autoridades de la posdictadura. Cuando un crimen se aclara, un desaparecido aparece y se determina quién lo mató, dónde, cuándo, cómo se deshicieron del cuerpo y hasta se confirma que lo mataron antes del período comprendido por la impunidad, opera la pusilanimidad de jueces que directamente se hacen los bobos ante un caso evidente, flagrante, insoslayable, por cuya omisión de denuncia fue destituido la mitad del generalato y cayeron las autoridades del Ministerio de Defensa.
En otro orden, la actitud benefactora de la jueza Montín con este salvaje es insultante. Gavazzo es un asesino múltiple, torturador, cobarde, repudiado hasta por sus camaradas de armas. Es el peor entre los peores, y aun así goza del privilegio de la prisión domiciliara por razones de edad y salud, lo cual es harto discutible e indignante, pero si a la jauja de la prisión domiciliaria además se le quita la tobillera y la vigilancia, la diferencia con la libertad ambulatoria es una sutileza administrativa. Y Gavazzo, que sigue siendo una bestia sin ninguna clase de remordimiento, la va aprovechar para fugarse a disfrutar una fortuna mal habida, prófugo para siempre en un lugar recóndito e inaccesible para nuestra Justicia, que, por cierto, lo más probable es que ni lo busque, dado los profusos antecedentes de fanática indulgencia con los responsables de los crímenes de la dictadura.
La reapertura del caso Gomensoro es ineludible. Si no se reabre en Paso de los Toros, donde apareció el cuerpo, debe investigarse en Montevideo, donde fue asesinado. Es un caso clave que debe permitir alcanzar otras alturas, más allá de los ejecutores materiales. Porque Gavazzo no actuó solo, sino que lo hizo en el marco de instituciones que lo ampararon y el asesinato sucedió en un cuartel. Las Fuerzas Conjuntas lo encubrieron, los principales diarios difundieron la noticia falsa de que Gomensoro se había fugado y las autoridades políticas de ese gobierno del Partido Colorado estuvieron al tanto. Hay que tirar de la madeja hasta desentrañar toda la urdimbre de este homicidio, sus cómplices y sus partícipes necesarios, militares, civiles y, sobre todo, los jerarcas políticos. Los que se la han llevado de gratis todos estos años y blanden una perversa teoría de los dos demonios, para no asumir el cargo de ser el demonio omitido, el que nunca aparece como culpable, el verdadero instigador y beneficiario de los años de oprobio, o acaso nos vamos a creer que los militares actuaron solos, por sí y ante sí, despegados de todo, bajo el mando de nadie, armados de una doctrina genocida huérfana de arquitectos de guante blanco.