En unas 40 causas se deberá sortear la integración de un quinto ministro para resolver
División en la Corte sobre pedido
de militares de apartar a una
ministra complica avance
de decenas de expedientes
Escribe Victoria Fernández
El excomandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos no daba tregua con sus críticas al sistema judicial. Convencido de que sus camaradas juzgados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura (1973-1985) no estaban recibiendo un trato imparcial de la Justicia, fue incrementando el tono de sus reparos hasta que decidió ponerlos por escrito y presentárselos al presidente Tabaré Vázquez. Tras recibir la carta, en la que Manini Ríos cuestionaba la falta de garantías para los militares investigados y afirmaba que muchos habían sido condenados sin pruebas, el mandatario entendió que había llegado demasiado lejos y lo destituyó del cargo.
Bernardette Minvielle
Pocos días después de esas turbulencias, la ministra de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Bernadette Minvielle fue entrevistada en el programa radial En Perspectiva. La magistrada sabía que las críticas de Manini Ríos al rol de la Justicia estarían sobre la mesa, y dudó sobre si era conveniente responder sobre el tema. Pero tras pensarlo decidió que podía defender la actuación de los jueces. “Discrepo en cuanto a que no hubo un juicio justo, que no tuvieron garantías; es más, tuvieron todas las garantías habidas y por haber, tuvieron un abogado, interpusieron excepciones de inconstitucionalidad, excepciones de prescripción, hicieron uso de cuanta dilatoria había, en el ejercicio legítimo del derecho de defensa”, declaró Minvielle al periodista Emiliano Cotelo el 20 de marzo. Y agregó: “Algún juez debió haber parado el carro, pero no se les paró el carro, al contrario, se los dejó correr muchas veces, y con eso se iban los años”.
Los comentarios de Minvielle irritaron a los militares investigados. Cinco días después, la defensa de varios de ellos pidió que la ministra se aparte de las causas penales sobre la dictadura que están a estudio de la Corte. Según informó Brecha el 5 de abril, los militares alegaron que Minvielle demostró falta de imparcialidad al referirse a los recursos de excepcionalidad y prescripción como “dilatorias”.
La ministra rechazó la recusación, por lo que el asunto pasó a estudio de los otros cuatro integrantes de la Corte, que deben resolver si el planteo de los militares es admisible y si corresponde apartarla de los expedientes.
El asunto no será sencillo. Según informaron a Búsqueda fuentes de la corporación, los ministros están divididos sobre si admitir el recurso. Como la decisión debe tomarse por mayoría, y Minvielle no puede intervenir, la Corte deberá sortear entre los ministros de Apelaciones un quinto integrante para que defina el empate. Las fuentes indicaron que la ministra Elena Martínez y el ministro Jorge Chediak se inclinan por admitir el recurso, mientras que Eduardo Turell y Luis Tosi entienden que debe rechazarse.
Si los ministros mantienen sus posiciones, será necesario sortear un quinto integrante en cada uno de los expedientes en los que se presentó la recusación.
Según dijeron las fuentes, la ministra Minvielle fue recusada en aproximadamente 38 causas. Hay otros 16 expedientes en los que, hasta el momento, no se presentó recusación, por lo que en ellos podrá intervenir.
La preocupación de la Corte, explicaron las fuentes, es que, debido al “empate”, el asunto se resolverá de acuerdo a la opinión del quinto integrante —que se sorteará para cada expediente—, lo que posiblemente provoque que haya “sentencias contradictorias”: en algunos casos el recurso podría rechazarse y en otros admitirse. “Es un lío”, resumió uno de los consultados.
Años atrás ocurrió una situación similar, aunque el reclamo no fue de parte de los indagados, sino de los acusadores. Un grupo de fiscales pidió recusar a cuatro ministros de la Corte luego de que el presidente de ese entonces, Jorge Ruibal Pino, dijera que las causas sobre derechos humanos se encontrarían con una “muralla” en el máximo tribunal. La declaración se produjo luego de que la Corte declarara inconstitucional la ley que dispuso que los delitos de la dictadura no prescriben. En ese caso, un tribunal especial rechazó la recusación.
“Gravedad inadmisible”.
La primera demanda de recusación que interpusieron las abogadas Rossana Gavazzo y Estela Arab, patrocinantes de varios militares indagados por los crímenes de la dictadura, fue en el expediente que investiga a los oficiales retirados Gustavo Mieres, Alberto Ballestrino y Líber Morinelli por el asesinato del militante comunista Oscar Fernández Mendieta. En el escrito, al que accedió Búsqueda, argumentaron que las declaraciones de Minvielle son de una “gravedad inadmisible e injustificable”, que afectan “su imparcialidad en la decisión a tomar en futuros pronunciamientos”.
“Máxime cuando, actualmente, se encuentran pendientes de su decisión múltiples excepciones de inconstitucionalidad”, plantearon. Según las abogadas, el “alto cargo” que ocupa Minvielle “le impide sin duda tales pronunciamientos”. Sostener que “el ejercicio legítimo de la defensa puede ser considerado una ‘dilatoria’, y que se le debe poner límites”, muestra un “preconcepto” de la ministra que “vulnera las garantías del debido proceso de los indagados”. Y concluyeron: “¿Se puede esperar justicia independiente e imparcial en estas circunstancias?”.
La ministra rechazó “categórica y contundentemente” la recusación planteada. En su respuesta sostuvo que debe ser desestimada, primero, porque fue presentada de forma “extemporánea”. Y sobre todo porque las opiniones vertidas en la entrevista ya habían sido expresadas en una sentencia que redactó como ministra del Tribunal de Apelaciones Penal de 3er turno.
En esa sentencia, de 2016, el tribunal exhortaba a los jueces de primera instancia a que evitaran las “dilatorias injustificadas” producto de los recursos que se presentaban “por goteo” y que provocaban la “continua paralización” de las causas, indicó Minvielle.
“Mis dichos en el programa radial En Perspectiva se limitaron a reeditar aquel pronunciamiento”, sostuvo. Y agregó que “no se critica la estrategia defensiva”, sino que “se exige a los jueces de instancia la consideración ordenada y dirigida del proceso que permita que la tan manida eficacia judicial no se resuelva en una quimera”.