Limbo senatorial
Siguen pendientes las venias de destitución de los militares.
Samuel Blixen
10 mayo, 2019
El senador nacionalista Javier García anunció que citará al Parlamento a los militares destituido
La destitución de cuatro generales y su pase a retiro se ha convertido en una especie de rehén de la oposición política, que por ahora se niega a otorgar las correspondientes venias. La indefinición sobre varias jefaturas acéfalas y el nombramiento de siete nuevos generales están afectando al Ejército.
La interna en el Ejército es una olla de grillos. Si la decisión de Tabaré Vázquez de pasar a retiro a tres generales y solicitar al Senado la destitución de otros cuatro generó malestar en la oficialidad, la demora de la oposición política en otorgar los votos para esas venias acrecienta peligrosamente la incertidumbre en la oficialidad superior, que aguarda el desenlace de la incógnita: ¿quiénes asumirán los destinos que quedaron vacantes?, ¿quiénes serán los siete coroneles que ascenderán a generales? Las razones de los senadores de la oposición bien pueden tener que ver con una determinación de prolongar cuanto sea posible el desgaste del presidente, reclamando información sobre los entretelones de la crisis instalada con la revelación periodística de la confesión de José Gavazzo (“yo tiré al Río Negro el cuerpo de Gomensoro”), o bien, de aumentar la tensión interna en el Ejército a la vez que evitan sancionar a los generales que no denunciaron la existencia de aquella confesión y que, simultáneamente, entendieron que la desaparición forzada de un prisionero no lesionaba el honor militar.
Cualquiera de las dos intenciones (o las dos a la vez) prolonga la incertidumbre y también la precariedad en el mando de organismos clave y de divisiones del Ejército. Si bien se logró, a los tumbos, que la jefatura máxima del Ejército no quedara acéfala con el pase a retiro del general Guido Manini Ríos (y el posterior reemplazo del fugaz sucesor, el general José González), ninguno de los siete despedidos fue reemplazado.
Tras sus críticas a la justicia, el comandante del Ejército Guido Manini fue suplantado por José González, y este, a su vez, por el general Claudio Feola, que cumplía funciones como jefe de la casa militar. González, que duró apenas dos semanas en la jefatura del Ejército, había dejado vacante la jefatura de la División de Ejército III, en Tacuarembó. Una vez conocido el contenido de las actas del Tribunal de Honor que juzgó a Gavazzo, Jorge Silveira y Luis Maurente, el presidente Vázquez no tuvo alternativa, y pasó a retiro a los generales que integraron los tribunales. El general Alfredo Erramun se desempeñaba desde enero como jefe del Estado Mayor de la Defensa (Esmade). El 2 de abril, Vázquez decidió sustituirlo por el contralmirante Fernando Pérez Arana, hasta ese momento prefecto nacional naval. Es la primera vez que un marino ocupa la jefatura del Esmade, hasta ahora monopolizado por generales de cuatro estrellas.
Los restantes destinos no han sido adjudicados aún. La jefatura de la División de Ejército I quedó vacante por la destitución del general Carlos Sequeira; otro tanto ocurrió con la División de Ejército IV tras el pase a retiro del general Gustavo Fajardo. La dirección del Imes (Instituto Militar de Estudios Superiores) quedó vacante tras la destitución del general Claudio Romano. Y la jefatura de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas quedó vacante tras el cese del general Alejandro Salaberry. La normalización en estas cuatro jefaturas depende de que el Senado resuelva aprobar las venias de destitución. Por ahora, Sequeira, Fajardo, Romano y Salaberry permanecen en actividad, pero sin destino. La indefinición de esta situación posterga los nombramientos, incluso el del jefe de la casa militar. González y Erramun ya fueron pasados a retiro, pero el nombramiento de los nuevos generales depende de la suerte de los cuatro oficiales superiores que permanecen en ese limbo senatorial.
De hecho, hay nueve generales en actividad que perfectamente podrían ocupar los cinco cargos vacantes, pero se presume que el mando supremo de las Fuerzas Armadas (el presidente y el ministro de Defensa) barajará las cartas en función de los siete nuevos generales que se integrarán a la cúpula del Ejército. Como últimamente ha quedado de lado aquella norma según la cual los oficiales de la derecha ocupaban las vacantes, perfectamente el mando supremo puede escoger a un general recién ascendido para los destinos más significativos, como lo son las jefaturas de las divisiones de Ejército. Por tanto, puede decirse que hay 190 coroneles para siete trompos. Y la competencia es más extrema si, como anunció el ministro José Bayardi, la nueva ley orgánica militar (la que va a sustituir la vigente ley de la seguridad nacional de 1974) va a reducir de 16 a 13 la cantidad de generales y de 190 a 145 la de coroneles.
La suerte de los cuatro generales cuyos pases a retiro están sujetos a la voluntad de los partidos de la oposición podría quedar resuelta el lunes 13 o el martes 14, después de la reunión de la Comisión de Defensa del Senado, en la que el Frente Amplio reclamará una definición sobre el pedido del Poder Ejecutivo. La solicitud de venia para la destitución y el consiguiente pase a retiro requiere de mayorías especiales de tres quintos. Hasta ahora, los principales voceros de la oposición en la comisión se han negado a secundar el pedido del Ejecutivo. El ministro Bayardi desestimó, en una comparecencia en la comisión, el martes 7, que los cuatro generales formularan una especie de defensa ante los senadores, como sugirió el colorado Germán Coutinho, lo que habría sido aleccionador: saber qué argumentos fundamentan la decisión de considerar que 28 homicidios no es una mácula para el honor militar. El nacionalista Javier García explicó que su partido considera que no es pertinente la solicitud de venia, porque el Ejecutivo tiene potestades para resolverlo, y, como para que no quedaran dudas sobre sus intenciones, no sólo se adhirió a la iniciativa de su colega colorado, sino que además anunció que pretende citar a los generales, aun cuando el ministro se lo prohíba. Y el senador Pablo Mieres (Partido Independiente) se sumó al rechazo, pero por razones más sólidas: el pedido está mal fundado; no es por presuntos incumplimientos en las normas de los tribunales de honor que él justifica la destitución, sino porque el propio Ejecutivo entiende que la conducta de los represores, en 28 asesinatos, no afectó el honor de las Fuerzas Armadas. Ciertos senadores frenteamplistas estarían dispuestos a impulsar la discusión en el plenario del Senado, aun cuando no tuvieran los votos necesarios para aprobar las venias.
La relación Fuerzas Armadas-poder político no podría estar más enmarañada en vísperas electorales, con un pichón de Bolsonaro que, según Opción Consultores, avanza a paso de ganso, con 2 por ciento de la intención de voto. Por si fuera poco, el Ministerio de Defensa deberá adelantarse a cualquier intento –como ocurrió en varias instancias en el pasado, y últimamente estimulado por el general Manini Ríos desde la comandancia del Ejército– de que la conmemoración del aniversario de la muerte de los cuatro soldados, que se realiza todos los años en Avenida Italia y Abacú, se convierta en un acto político de oficiales en actividad y uniformados.