Reportaje al Juez Garzón

  “No hemos sido capaces

de erradicar el virus franquista”

Con Baltasar Garzón.

Gabriel Díaz

26 julio, 2019

En España hay más 114 mil personas desaparecidas, enterradas en un número indeterminado de cunetas y fosas comunes. Son parte de las víctimas de una dictadura (1939-1975) cuyos crímenes nunca han sido juzgados. Cuando Baltasar Garzón lo intentó, en calidad de magistrado de la Audiencia Nacional española hace una década, fue suspendido por el Tribunal Supremo, el mismo que en 2012 cerró toda posibilidad de justicia a las víctimas. “Las mentes de la cúpula del Poder Judicial no han cambiado desde 1944”, dijo Garzón en diálogo con Brecha.

—La televisión pública española, Tve, emitió hace unos años un concurso de baile que tenía entre sus protagonistas a la nieta del dictador Franco. Esta mujer, convertida en una celebridad, hoy es duquesa de Franco. Insólito, ¿no le parece?

—El franquismo es un fenómeno digno de mucho estudio y profundización, pero no con un abordaje de defensa o detracción absoluta. Los 40 años de dictadura pesan como una losa sobre nuestros cuerpos y nuestras mentes. Son muchos años, que llegaron después de una guerra absolutamente cruenta. La represión, las heridas y la imposición del olvido, con el paso del tiempo, producen un efecto adormecedor, casi hipnótico. Hay quienes niegan la evidencia, la existencia de los aspectos de represión reconocidos por la justicia, establecen una especie de telón de acero mental que los deja insensibles, metidos en una especie de bucle que no les permite analizar lo que pasó. Como consecuencia de todo esto se dio una banalización del régimen franquista. Eso explica la presencia de la nieta de Franco, que teóricamente no tiene por qué responder por las atrocidades de su abuelo, pero…

—Defiende públicamente lo que hizo.

—Lo reivindica como abuelo, pero también como figura, como prohombre y hacedor de todo lo que de bien tenga este país, cuando es exactamente lo contrario. Hay adormecimiento y banalización, porque realmente el tiempo de dictadura y la falta de acción contra el franquismo en la transición han ido atenuando, aparentemente, la dureza del régimen.

—Y hoy en día existe la Fundación Nacional Francisco Franco, dedicada a enaltecer al dictador.

—Esto es algo que, en Alemania, que sufrió el nazismo y el Holocausto, es inasumible, aunque desafortunadamente estamos en una fase peligrosa en la que el neofascismo está empezando a florecer otra vez. Pero una fundación de exaltación a Hitler no tiene cabida en Alemania. Aquí existe por la razón que he mencionado antes, por la banalización del franquismo y por los que decidieron que todo había pasado y que teníamos que ser europeos y más modernos que nadie. Necesitan de esa banalización, necesitan minimizar los hechos que ofenden sistemáticamente a las víctimas. Es inaceptable. Como lo es que los restos del victimario principal, Franco, quien encabezó el golpe de Estado y la dictadura durante 40 años, estén junto a los de víctimas que fueron inhumados de forma ilegal; en algunos casos, los de quienes construyeron con trabajo esclavo ese lugar.

—Se refiere al Valle de los Caídos, un monumento que el dictador ideó para sí mismo. La exhumación del cadáver de Franco de ese mausoleo, decretada en 2018 por el gobierno socialista, está resultando difícil. ¿Qué debería hacerse con todo aquello?

—En 2016 nuestro despacho de abogados tomó la decisión de exigir al gobierno de Mariano Rajoy (Partido Popular) que se extrajeran los restos de Franco y de Primo de Rivera (fundador del partido fascista Falange Española) del Valle de los Caídos y que se convirtiera ese sitio en un lugar de memoria, que dignificara a las víctimas y contara la historia de lo ocurrido. Exigíamos, además, que el jefe de Estado pidiera perdón a las víctimas en el parlamento español. Obviamente nos dijeron que no. Fuimos al Tribunal Supremo, al Contencioso Administrativo y al Tribunal Constitucional, y nos dijeron que no. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos finalmente nos dijo que no, porque los hechos habían ocurrido antes de la existencia de ese tribunal. Es una ofensa a la memoria de las víctimas. Una vez más tengo que decir que me siento abochornado.

—El mes pasado el Tribunal Supremo suspendió la exhumación del cadáver de Franco, llamándolo “jefe de Estado”.

—Me parece atroz que se siga diciendo que la exhumación de Franco atenta contra los principios del derecho y que el Tribunal Supremo diga, a la hora de aplazar las medidas cautelares, que Franco ejercía legítimamente como jefe de Estado prácticamente a poco de comenzada la guerra civil. En ese momento, había un régimen que era el republicano, constitucional, con un presidente que era Manuel Azaña y que lo fue al menos hasta finales de febrero de 1939. ¿Por qué se produce esto? Porque hay una asimilación del virus franquista y no hemos sido capaces de erradicarlo. Decimos que está erradicado porque necesitamos la autojustificación, pero nos falta una autocrítica real.

—Durante la transición a la democracia se pretendió enterrar este asunto, ¿cuál es el camino a tomar ahora?

—En la transición este tema se marginó, porque era más conveniente mirar hacia adelante. Se interpretó el olvido como un elemento sanador, cuando está más que comprobado que el olvido no es sanador, sino que envenena aun más. La única fórmula es que, si no puede haber una justicia retributiva, haya una justicia restaurativa mediante una comisión de la verdad. España debe ser uno de los escasos países del mundo donde todavía eso no ha existido, donde todavía debatimos sobre su conveniencia. Han tenido que ser las comunidades autónomas las que dijeran “adelante con una comisión de la verdad”, pero no a nivel nacional. En 2017 Sánchez propuso una reforma de la ley de memoria histórica (2007) con la inclusión de una comisión de la verdad, de la que ahora ya no se acuerda casi nadie. No sé qué tiene el poder que envenena de tal forma que llena la mente de olvido, hasta la de los más comprometidos; resulta vergonzoso para un demócrata estar debatiendo sobre este tema 80 años después.

—Hace más de diez años usted recibió un censo de más de 114 mil desaparecidos durante la dictadura, ¿qué ha pasado desde entonces?

—En 2008, cuando anuncié el inicio de la investigación (sobre la represión franquista), pensé que me iba a encontrar con archivos sistematizados, pero no había nada. Fueron los propios familiares los que en un tiempo récord consiguieron identificar a 114.300 víctimas. Después de ese primer censo siguió llegando identificación y se diseñó un programa informático para que digitalizara toda la información. Con el cruzamiento de datos la cifra ascendía a entre 135 mil y 150 mil víctimas. Pero, respecto de lo que es el franquismo, el Poder Judicial no ha movido un ápice para investigar en favor de las víctimas. Todo lo contrario. Se neutralizó la investigación cuando me inhibí como juez a favor de todos los juzgados competentes donde había fosas descubiertas y víctimas que estaban en la causa, pero las investigaciones se fueron cerrando sistemáticamente. Me suspendieron y después de la sentencia absolutoria a mi favor el Tribunal Supremo dictó un auto, en 2012, en el que decía que no se iban a investigar los crímenes del franquismo.

—La ley de memoria histórica, de 2007, establece que se debe elaborar un mapa de fosas comunes, ¿eso no ha ocurrido?

—Se está haciendo a nivel municipal y autonómico la identificación de fosas y exhumaciones, pero no hay fondos suficientes y existe falta de voluntad en muchos ámbitos. Tengo que reconocer al gobierno socialista de (José Luis) Rodríguez Zapatero haber promovido esta ley, pero también tengo que decir que fue una ley poco ambiciosa. Se sabía que iba a haber un sector que no iba a reconocerla, como ha ocurrido. Por eso la pregunta es por qué no ir más adelante, en línea con el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición.

—¿Cuál es la respuesta?

—El Poder Judicial nunca ha tenido voluntad de profundizar en ese tema. Es el elemento que ha fallado estrepitosamente. Todas las reclamaciones son sistemáticamente desestimadas. Ni una sola vez, ningún juez, ante una noticia de una muerte violenta, fue a presenciar una exhumación, a levantar el cadáver. Ni uno, nunca. Si un juez recibe la información de que ha aparecido un cadáver en medio del campo, ese juez irá. Pero si dices que se ha exhumado un cuerpo de una fosa y que tiene cinco tiros en la cabeza, el juez no irá y alegará que el crimen ha prescrito porque es de la guerra civil.

—Es decir, las víctimas quedan a la deriva.

—Las víctimas se han ido asociando, reuniendo esfuerzos y no aprovechándose de subvenciones, como dicen la extrema derecha y algunos otros. Ha sido muy dificultoso porque el miedo continuó, porque después de la transición no hubo respuesta. En 2012, en el juicio contra mí (por investigar el franquismo), las víctimas comparecieron. Estaba seguro de que iba a ser la única vez que delante de un tribunal de justicia en España se iba a escuchar el testimonio de las víctimas del franquismo, y así fue. Pero hubo un antes y un después, como ocurrió con la detención de Pinochet en Londres (1998) o de (el represor argentino Adolfo) Scilingo en España (1997). De la negación de la justicia española a investigar los crímenes del franquismo surgió la querella presentada ante la jueza Servini de Cubría en Argentina y que hasta el día de hoy sigue investigándose allí. O sea, todavía hay un rayo de esperanza.

—Parece que en el seno del Poder Judicial no estamos ante un tema generacional, sino ideológico.

—Las mentes de la cúpula del Poder Judicial no han cambiado desde 1944. Hay un elemento llamativo. Cuando en 1978 se aprueba la Constitución, hasta ese momento se juraban los principios del movimiento nacional y las leyes fundamentales del reino, que eran leyes franquistas, es decir, preconstitucionales. Pero, luego, ninguno de los jueces que ejercían como tales hasta ese momento renovó su juramento con la Constitución. Eso podría haber sido un acto de reparación simbólica, hubiera sido importante. ¿Por qué no se hizo? Porque no se aceptaba, porque nos obligaron a asimilar el franquismo sin enterarnos de lo que había ocurrido. Hemos tenido que ir aprendiendo a golpe de información secuestrada, de lecturas y mítines prohibidos, autoformación…

—Hay historiadores, investigadores, que critican la liviandad con que se trata ese periodo, el de la guerra y la dictadura, en los actuales planes de estudio.

—Todo viene de lo mismo, nos ha faltado y nos falta una dosis de humildad histórica muy grande. Yo insisto muchas veces en que ya no es cuestión de quién es franquista y quién no lo es. Es cuestión de decidir que son las víctimas las que tienen el derecho y que esas víctimas existen. Renuncio a decir que tú eres malo y yo soy bueno. Lo que quiero es reconocer a unas y a otras víctimas en sus contextos. Durante 40 años se reconoció a una serie de víctimas, las de los vencedores, y se denostó y humilló a los vencidos. Bueno, equilibremos esta situación. Empecemos por asimilar que nos falta una cultura democrática de aprendizaje de nuestra propia historia.

—Cuando en 1977 se aprobó en España la ley de amnistía, el ex diputado vasco Xabier Arzalluz hablaba de la necesidad de establecer el olvido por ley.

—Claro, eso suena a las leyes de obediencia debida y de punto final, suena a las leyes de caducidad. El poder se protege a sí mismo, aun cuando sea de distinto signo político. A veces, con buena voluntad, se piensa que mirando hacia adelante se obtiene seguridad, pero te das cuenta de que si el piso no está firme, al final se mueve. En España no tenemos el piso firme. Ese es uno de los déficits democráticos de nuestro sistema que tan ejemplar se ha postulado a sí mismo. Que después de 80 años una persona conservadora y otra persona progresista, una persona que tuvo ancestros en el bando vencido o del vencedor, republicanos o fascistas no puedan hablar y hacer una reflexión en la discrepancia es muy grave. Eso significa que no ha habido un proceso de educación durante la democracia.

—Tiene que ver con la memoria histórica.

—En España hay un malentendido con respecto a lo que es la memoria, precisamente porque no la hemos practicado. La memoria no es abrir viejas heridas ni remover huesos, como se ha dicho por aquí. La memoria de las víctimas se proyecta siempre hacia el futuro, no son ajustes de cuentas con el pasado. Busca una sociedad nueva que se nutra de diferentes valores, partiendo del conocimiento de lo acontecido. Si planteas estos temas a un político en el propio parlamento español, no sé cuál sería el resultado, falta muchísima educación en las cuestiones de memoria, sin necesidad de ideologizar las respuestas.

—En Uruguay ha habido dos consultas ciudadanas que refrendaron la ley de caducidad, la ley del olvido uruguaya, diría Arzalluz. ¿Cree que es conveniente someter a voto popular cuestiones como esta?

—Normalmente, es un acto de cobardía de los gobernantes, que cuando no saben qué hacer acuden al pueblo. Sí puede ser oído, pero perseguir a los criminales, disponer acciones de justicia frente a ellos, establecer los mecanismos de reparación son cuestiones que no le corresponden al pueblo, sino a las instituciones, al sistema democrático y a sus normas.

—Las cuestiones de memoria a menudo provocan reacciones furibundas. Usted estuvo con el presidente mexicano, Manuel López Obrador, poco después del envío de la carta al rey de España en la que pedía una reflexión sobre lo ocurrido durante la colonización. ¿Habló del tema?

—Estuve con el presidente en mayo de este año y la carta decía más de lo que se publicó, pedía precisamente una reflexión conjunta. La necesidad del perdón de los españoles parece evidente, pero después de que los españoles estuvieron allí se cometieron muchas atrocidades por los criollos y luego por los propios ciudadanos mexicanos. Él entiende que es así y que la labor del perdón es una labor colectiva. No dijo en ningún caso que sólo les correspondía a los españoles. Además, cuando te encuentras con los pueblos originarios de América Latina, sus planteamientos son totalmente diferentes, más abiertos e integradores, de justicia igualitaria. Este es el camino, no el otro, no el del casco, la bota y el caballo, sino el de la mano tendida y el aprendizaje mutuo. Al final lo colectivo es lo que nos va a hacer sobrevivir. Supongo que llegaremos a ese punto, pero es necesario que el casco del conquistador lo perdamos de una vez.

Algunos datos básicos

Números de una infamia continuada

En España sigue pendiente la recuperación de restos de los fusilados que aún permanecen en fosas y cunetas. Es el segundo país del mundo con más desaparecidos: 114 mil según las estimaciones hechas por historiadores y familiares. El primero es Camboya. Desde 2000 se han abierto más de 740 fosas y se han recuperado 9 mil esqueletos. Se desconoce cuántas quedan por abrir (El País, de Madrid, 26-VI-19). Franco creó, asimismo, 300 campos de concentración que funcionaron desde el sublevamiento militar de 1936 hasta finales de los años sesenta y encerraron a entre 700 mil y un millón de españoles, que pasaron en ellos una media de cinco años (eldiario.es, 11-III-19).

En tanto, los restos del dictador permanecen enterrados en el mausoleo del Valle de los Caídos. Compuesto por una basílica, un monasterio y un cuartel de juventudes, está situado a 58 quilómetros de Madrid en un terreno de 1.377 hectáreas y para su construcción se empleó la mano de obra de 20 mil presos políticos. Allí yacen, además, los restos de 33.833 personas, miles de ellos sin identificar, integrantes de ambos bandos de la guerra civil. Mantener el Valle de los Caídos le cuesta al Patrimonio Nacional español 1,8 millones de euros anuales. Es el quinto monumento más visitado de España.