Aires antisindicales
El informe de Estados Unidos sobre sus inversiones en Uruguay.
Samuel BLIXEN
Uruguay, según el Departamento de Estado de Estados Unidos, sería un paraíso para las inversiones estadounidenses si, además de mantener los privilegios impositivos, las zonas francas, los bajos niveles de corrupción, la ausencia de expropiaciones y la estabilidad política, se eliminaran las negociaciones salariales tripartitas y el derecho a la ocupación de lugares de trabajo, y se metiera en un redil los sindicatos “fuertemente izquierdistas, antimperialistas y anticapitalistas”.
La “globalización”, tal cual la popularizan los “analistas” y los actores políticos, impone a los más débiles –los productores de materias primas, los países atrasados tecnológicamente, los dependientes de inversiones directas– la ecuación globalizarse o morir. Ese aggiornamiento impone aceptar las reglas de los más fuertes, a veces en un mano a mano y otras veces en relaciones desiguales de poder entre bloques.
Algunos episodios a los que se enfrentó Uruguay en los últimos tiempos revelan las desigualdades en lo que podría llamarse “globalización de doble vía”. Es decir, los condicionantes que se reflejan no sólo en organismos internacionales –por ejemplo, el poder intangible de las “listas grises o negras” que el Gafi (Grupo de Acción Financiera Internacional) elabora para presionar y que se tomen medidas legales y disposiciones gubernamentales que aseguren la “integridad” del sistema financiero internacional–, sino también en la acción corporativa de los poderosos para seguir acumulando ventajas. Los últimos ejemplos más notorios de la relación desigual fueron las denuncias de la Cámara de Comercio uruguaya en la Oit, donde la delegación empresarial de Uruguay recibió el apoyo corporativo de la delegación del sector empresarial mundial, y la intransigencia de la transnacional brasileña Petrobras en su estrategia de provocar un conflicto con despidos, para abandonar anticipadamente sus negocios en el país sin pagar multas.
El efecto “rebote” de la globalización puede verificarse en los procesos de inversiones directas de capital extranjero en sectores productivos. Un ejemplo actual es el convenio entre el gobierno y Upm para el montaje de una segunda planta de procesamiento de celulosa (véase páginas 29‑30). Podría entenderse que, para una inversión de 2.700 millones de dólares, el inversor reclame la existencia de ciertas infraestructuras, pero la negociación da por hecha la concesión de amplias exenciones impositivas, inimaginables para un empresario nacional; un modesto productor de bebidas gaseosas nunca obtendrá una zona franca para exportar su producción. Ese efecto rebote no se extingue cuando los inversores obtienen de la “célula huésped” de sus capitales las debidas garantías a nivel de la macroeconomía y de la estructura jurídica. Van por más.
Un reciente informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el “Clima mundial de inversiones” hace un balance, en el segmento de Uruguay, sobre la realidad de 120 empresas estadounidenses instaladas en el país. En cuanto a sus intenciones, el informe es absolutamente transparente. El texto comienza admitiendo: “El gobierno de Uruguay reconoce el importante papel que cumplen las inversiones extranjeras en el desarrollo económico y sigue manteniendo un clima de inversiones favorable que no discrimina a los inversores extranjeros”. Reconoce que no existen trabas y que “los inversores pueden transferir libremente su capital y las ganancias que obtienen de sus inversiones al exterior”.
Entre las ventajas de los inversores extranjeros en Uruguay, se señala que el país está en el quinto lugar entre 12 países de América del Sur según el Índice del Banco Mundial de Facilidad para Hacer Negocios 2019 y que las empresas estadounidenses valoran los incentivos tributarios y el hecho de que la corrupción “no sea un obstáculo para las inversiones”. Se anota también que,“en 2018, Transparencia Internacional consideró que Uruguay era el país más transparente de América Latina y el Caribe” y sostiene que Uruguay es una democracia estable. “El riesgo político es bajo y no ha habido casos recientes de expropiación”.
Pese a ello, se consigna que las inversiones extranjeras “siguen en niveles bajos en comparación con el período previo a 2015. La inversión nacional y las inversiones extranjeras directas disminuyeron significativamente entre 2015 y 2018”. En el informe se confiesa un objetivo que generalmente no se consigna: “Con un pequeño mercado de consumidores de alto nivel de ingresos, Uruguay también puede ser un buen mercado de prueba para productos estadounidenses”, lo que implica que se trata de un tipo de inversión inestable y engañosa, un capital que puede retirarse en las primeras de cambio.
El informe cita a Uruguay XXI y al Ministerio de Economía, para los que “cerca de la mitad de los inversores extranjeros están satisfechos o muy satisfechos con el clima de inversión en Uruguay, principalmente con su Estado de derecho, su estabilidad macroeconómica, su ubicación estratégica y sus incentivos para las inversiones”. Y subraya la satisfacción de los inversores con las zonas francas y los puertos libres.
ALERTA, SINDICATOS. No obstante, 30 de las 120 empresas estadounidenses que operan en Uruguay “expresaron sus preocupaciones sobre los altos costos laborales e impuestos, los sindicatos y los conflictos laborales”. A partir de ahí, el informe se convierte en una herramienta de presión del Departamento de Estado que coincide con todos los movimientos, en los ámbitos nacional e internacional, de ataque al sistema de negociación colectiva y a su carácter tripartito: obrero, empresarial y gubernamental.
Al respecto, el texto denuncia la existencia de sindicatos “particularmente agresivos”, cuya actividad “intensifica rápidamente los conflictos laborales”. El informe del Departamento de Estado señala “la preocupación de muchos inversores estadounidenses y regionales por el hecho de que los sindicatos puedan, legalmente y sin mayores repercusiones, ocupar los lugares de trabajo y de ese modo suspender las operaciones”. También se hace eco del discurso de “representantes del sector privado” sobre la estrecha relación de los sindicatos con el gobierno actual. Esa relación “implica que los consejos de salarios tripartitos en ocasiones aumentan los salarios sin preocuparse demasiado por si las empresas tienen la capacidad de absorber los mayores costos”.
El informe atribuye a los gremios “posiciones fuertemente izquierdistas, antiimperialistas y anticapitalistas”, que representan “un movimiento obrero dominante” y el proceso de “desaceleración del comercio”, que se suma a “los altos impuestos y los bajos márgenes de ganancias corporativas”. Consultado por Brecha, el diputado frenteamplista Gerardo Núñez hizo una acertada síntesis del espíritu del documento del Departamento de Estado: “Es una intervención en los asuntos internos del país. Es preocupante que una embajada analice tan detalladamente las relaciones laborales y criminalice a la organización sindical. Sus apreciaciones sobre la relación del gobierno con los trabajadores tienen un fuerte tufo a guerra fría”.
Teniendo en cuenta que el secretario de Estado Mike Pompeo fue hasta su nombramiento, en abril de 2018, director de una Cia que él visualizaba “agresiva, brutal, despiadada e implacable, a favor del espionaje masivo de líderes extranjeros” y que su jefe, el presidente Donald Trump, calificó los países de América Latina de “países de mierda”, el informe difundido por la embajada de Estados Unidos en Montevideo puede considerarse una excepción en cuanto a moderación, lo que no invalida los peligros de su contenido, coincidentes con el discurso de la oposición política de derecha en tiempos de campaña electoral.