Uruguay y la inversiones norteamericanas

  Aires antisindicales

El informe de Estados Unidos sobre sus inversiones en Uruguay.

Samuel BLIXEN

Uruguay, según el Departamento de Estado de Estados Unidos, sería un paraíso para las inversiones estadounidenses si, además de mantener los privilegios impositivos, las zonas francas, los bajos niveles de corrupción, la ausencia de expropiaciones y la estabilidad política, se eliminaran las negociaciones salariales tripartitas y el derecho a la ocupación de lugares de trabajo, y se metiera en un redil los sindicatos “fuertemente izquierdistas, antimperialistas y anticapitalistas”.

La “globalización”, tal cual la popularizan los “analistas” y los actores políticos, impone a los más débiles –los productores de materias primas, los países atrasados tecnológicamente, los dependientes de inversiones directas– la ecuación globalizarse o morir. Ese aggiornamiento impone aceptar las reglas de los más fuertes, a veces en un mano a mano y otras veces en relaciones desiguales de poder entre bloques.

Algunos episodios a los que se enfrentó Uruguay en los últimos tiempos revelan las desigualdades en lo que podría llamarse “globalización de doble vía”. Es decir, los condicionantes que se reflejan no sólo en organismos internacionales –por ejemplo, el poder intangible de las “listas grises o negras” que el Gafi (Grupo de Acción Financiera Internacional) elabora para presionar y que se tomen medidas legales y disposiciones gubernamentales que aseguren la “integridad” del sistema financiero internacional–, sino también en la acción corporativa de los poderosos para seguir acumulando ventajas. Los últimos ejemplos más notorios de la relación desigual fueron las denuncias de la Cámara de Comercio uruguaya en la Oit, donde la delegación empresarial de Uruguay recibió el apoyo corporativo de la delegación del sector empresarial mundial, y la intransigencia de la transnacional brasileña Petrobras en su estrategia de provocar un conflicto con despidos, para abandonar anticipadamente sus negocios en el país sin pagar multas.

El efecto “rebote” de la globalización puede verificarse en los procesos de inversiones directas de capital extranjero en sectores productivos. Un ejemplo actual es el convenio entre el gobierno y Upm para el montaje de una segunda planta de procesamiento de celulosa (véase páginas 29‑30). Podría entenderse que, para una inversión de 2.700 millones de dólares, el inversor reclame la existencia de ciertas infraestructuras, pero la negociación da por hecha la concesión de amplias exenciones impositivas, inimaginables para un empresario nacional; un modesto productor de bebidas gaseosas nunca obtendrá una zona franca para exportar su producción. Ese efecto rebote no se extingue cuando los inversores obtienen de la “célula huésped” de sus capitales las debidas garantías a nivel de la macroeconomía y de la estructura jurídica. Van por más.

Un reciente informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el “Clima mundial de inversiones” hace un balance, en el segmento de Uruguay, sobre la realidad de 120 empresas estadounidenses instaladas en el país. En cuanto a sus intenciones, el informe es absolutamente transparente. El texto comienza admitiendo: “El gobierno de Uruguay reconoce el importante papel que cumplen las inversiones extranjeras en el desarrollo económico y sigue manteniendo un clima de inversiones favorable que no discrimina a los inversores extranjeros”. Reconoce que no existen trabas y que “los inversores pueden transferir libremente su capital y las ganancias que obtienen de sus inversiones al exterior”.

Entre las ventajas de los inversores extranjeros en Uruguay, se señala que el país está en el quinto lugar entre 12 países de América del Sur según el Índice del Banco Mundial de Facilidad para Hacer Negocios 2019 y que las empresas estadounidenses valoran los incentivos tributarios y el hecho de que la corrupción “no sea un obstáculo para las inversiones”. Se anota también que,“en 2018, Transparencia Internacional consideró que Uruguay era el país más transparente de América Latina y el Caribe” y sostiene que Uruguay es una democracia estable. “El riesgo político es bajo y no ha habido casos recientes de expropiación”.

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