BOLSONARO
El presidente Bolsonaro
cuestiona la verdad oficial sobre la
dictadura de Brasil
La Comisión de la Verdad, creada por Rousseff, documentó 443 asesinatos o desapariciones y apuntó a los culpables. Nadie fue juzgado por la amnistía de 1979
NAIARA GALARRAGA GORTÁZAR
São Paulo 31 JUL 2019 –
La nostalgia por la dictadura ha sido una constante en la larga carrera política del ultraderechista Jair Bolsonaro, pero ahora es presidente de Brasil. El mandatario ha cuestionado abiertamente este martes la Comisión de la Verdad que documentó las violaciones de derechos humanos entre 1964 y 1985. El mandatario estaba siendo preguntado por la prensa sobre unos comentarios hirientes que hizo la víspera respecto a un desaparecido en los setenta a manos de los militares cuando espetó a un periodista: “¿Usted se cree la Comisión de la Verdad? Fueron siete personas nominadas por Dilma”. La presidenta Rousseff —presa y torturada por pertenecer a una guerrilla— creó el órgano que estableció la verdad oficial de aquel periodo.
El antiguo militar es el representante más poderoso de un movimiento de revisionismo histórico cada vez más visible. Hace unos meses alentó a los militares en activo a conmemorar el golpe de Estado. Las últimas declaraciones tienen su origen en unas palabras que pronunció el lunes. Bolsonaro afirmó entonces que “podría contar la verdad” sobre el destino del padre del presidente del Colegio de Abogados de Brasil, que desapareció tras ser detenido por policías durante el periodo militar. Entre quienes han cuestionado su actitud destaca la Fiscalía de los Derechos del Ciudadano, que ha recordado que “el jefe del Estado no puede mantener en secreto informaciones sobre el paradero de un desaparecido político”.
Este martes, el presidente ha rematado diciendo que los documentos oficiales sobre aquellos años son “bla, bla, bla” para añadir que “respeta la ley de Amnistía de 1979”, una norma que eximió a los represores de sentarse en el banquillo y excarceló a miles de presos políticos. Uno de los gestos más abyectos de su carrera política fue posiblemente dedicar su voto en el impeachment al coronel Brilhante Ustra, el torturador de su predecesora en el cargo. El odio visceral al Partido de los Trabajadores fue un combustible esencial de la campaña que le llevó a ganar las elecciones
La Comisión de la verdad de Brasil se cerró hace cinco años con un relato que ocupa 1.300 páginas, que documenta 443 muertos o desaparecidos, incluye a 377 responsables con nombres y apellidos además de los testimonio de las víctimas. Uno de los lugares más infames de la represión en São Paulo fue convertido en un museo llamado Memorial de la Resistencia.
El cuestionamiento de la Comisión de la Verdad es solo el último de los comentarios ofensivos, amenazantes, engañosos o directamente falsos que el capitán retirado ha hecho en los últimos días sobre asuntos diversos, incluido el periodo en que los militares asumieron el poder para impedir una dictadura comunista, según el relato que suele hacer Bolsonaro. Mintió al acusar a la periodista Miriam Leitão, de Globo, de haberse inventado que fue torturada cuando sí lo fue, mientras estaba embarazada; amenazó al periodista Glenn Greenwald, cofundador de The Intercept Brasil, el medio al que fueron filtrados los mensajes del antiguo juez Sérgio Moro, con que iba “a pasar un tiempecito en la cárcel” e insultó a los gobernadores del nordeste, la zona más pobre y afín al PT de todo el país, llamándoles paletos. También ha cuestionado recientemente los datos oficiales sobre deforestación.
Bolsonaro ha recuperado el tono que le hizo conocido entre los brasileños. Un tono que había suavizado un poco desde que asumió el poder. Ahora parece en una carrera por emular a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que ha convertido el insulto racista en una estrategia de su campaña para la reelección. El republicano ha alabado este mismo martes a Bolsonaro como “un gran caballero” con el que pretende “trabajar en un acuerdo de libre comercio”.
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Bolsonaro atacó al presidente
del colegio de abogados y le dijo
que le puede contar detalles de la
desaparición de su padre
30 de julio de 2019
El mandatario puso en duda asesinato de líder indígena denunciado la semana pasada en el estado de Amapá.
En el marco de una de las tantas polémicas que mantiene con diversos actores de la vida política y social de su país, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, atacó al presidente de la Orden de Abogados de Brasil (OAB) –la máxima entidad representativa de los juristas brasileños–, Felipe Santa Cruz, al decir que le puede “contar la verdad” sobre la desaparición de su padre durante la dictadura militar. “Un día, si el presidente de la OAB quiere saber cómo su padre desapareció durante el período militar, yo le cuento. Él no va a querer oír la verdad”, afirmó el mandatario durante una conferencia de prensa que dio este lunes en Brasilia.
Según recordó el diario O Estado de São Paulo, Santa Cruz es hijo de Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, quien era integrante del grupo Acción Popular, organización que se oponía al régimen militar. Santa Cruz Oliveira fue detenido por fuerzas gubernamentales en 1974 y nunca se lo volvió a ver. El informe Derecho a la verdad y a la justicia destaca que un documento del entonces Ministerio de Aeronáutica informó, en 1978, que Santa Cruz había desaparecido. De acuerdo con informaciones brindadas por otros presos políticos, la desaparición ocurrió el 22 de febrero de 1974 y él habría sido asesinado por integrantes del Centro de Operaciones de Defensa Interna de la ciudad de Río de Janeiro.
“Yo le puedo contar a él mi versión. Es que mi vivencia me hizo llegar a conclusiones en aquel momento. El padre de él integró Acción Popular, el grupo más sanguinario y violento de la guerrilla de Pernambuco, y vino a desaparecer en Río de Janeiro”, dijo el presidente, quien en 2011, cuando aún era diputado, afirmó que Santa Cruz Oliveira habría muerto “borracho” durante la celebración del carnaval.
Ayer Bolsonaro cuestionó nuevamente la actuación de la OAB al hablar de las investigaciones sobre Adélio Bispo, responsable por el cuchillazo recibido por Bolsonaro el año pasado durante la campaña electoral. Adélio fue considerado inimputable por la Justicia, que alegó que el atacante padece un trastorno mental, decisión que el presidente no apeló. Apoyado en una información falsa acerca de que el secreto telefónico de Bispo es protegido por la OAB –algo que fue verificado por O Estado de São Paulo–, Bolsonaro cuestionó: ¿Por qué la OAB impidió que la Policía Federal interviniese el teléfono de uno de los abogados [de Adélio]?; ¿Cuál es la intención de la OAB?; ¿Qué es lo que hace la OAB?”.
Las declaraciones del mandatario acerca de la desaparición del padre de Santa Cruz generaron una inmediata respuesta de Amnistía Internacional (AI), que publicó un comunicado en el que repudia los dichos de Bolsonaro y pide que comentarios de este tipo sean llevados a la Justicia. “Es terrible que el hijo de un desaparecido por el régimen militar tenga que oír declaraciones tan duras del presidente de Brasil, que debería ser el máximo defensor del respeto y de la justicia en el país”, afirmó la directora ejecutiva de AI en Brasil, Jurema Werneck. “Brasil debe asumir su responsabilidad y adoptar todas las medidas necesarias para que casos como este sean llevados a la Justicia. El derecho a la memoria, a la justicia, a la verdad y a la reparación a las víctimas, sobrevivientes y sus familiares debe ser defendido y promovido por el Estado brasileño y sus representantes”, se afirma en el comunicado de la entidad.
Por otra parte, durante la misma conferencia de prensa Bolsonaro hizo referencia por primera vez al caso de la muerte de un líder indígena de la etnia waiãpi denunciado la semana pasada en el estado de Amapá. “No existe ningún indicio fuerte de que ese indio fuera asesinado allá. Hay varias posibilidades y la Policía Federal está allá. A quien podíamos mandar, nosotros ya lo mandamos. Trataré de resolver el caso y de mostrar la verdad sobre lo que pasó”, afirmó el presidente brasileño.
Indígenas de la etnia waiãpi denunciaron el asesinato de uno de sus líderes durante una invasión de buscadores de oro, en una aldea ubicada en el oeste del estado de Amapá, situado en el norte de Brasil, en la frontera con Guyana Francesa. La Fundación Nacional del Indio (Funai) envió representantes al lugar, a fin de investigar el caso en paralelo al trabajo que lleva a cabo en la zona la Policía Federal. Según afirma la Funai en base a declaraciones de indígenas, los invasores de la aldea portaban armas en el momento de su ataque. De acuerdo a la denuncia realizada por los indígenas a la Policía Federal, con el apoyo del senador Randolfe Rodrigues –representante del partido ambientalista Rede Sustentabilidade por el estado de Amapá–, el asesinato de Emyra Waiãpi ocurrió el miércoles de la semana pasada durante un ataque a la aldea Mariry, información que fue confirmada por el diario Folha de São Paulo, con base en testimonios de habitantes de la zona.