Verdad y Justicia se incorpora al INDDHH

  A REDOBLAR

Gobierno disolvió Grupo de

Trabajo por Verdad y Justicia; sus

competencias pasan al INDDHH

“Se pretende dar otra institucionalidad a los trabajos de búsqueda de restos de detenidos desaparecidos”, dijo el prosecretario de Presidencia Juan Andrés Roballo.

12.08.2019 

El gobierno resolvió disolver el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, y enviar al Parlamento un proyecto de ley en el que traspasa sus competencias a la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH).

“Se hizo una evaluación seria, consultado a actores sociales, a los diferentes ministerios y a la propia Institución Nacional de Derechos Humanos”, explicó el prosecretario de Presidencia Juan Andrés Roballo, en declaraciones recogidas por el programa Informe Nacional, de Radio Uruguay.

“Lo que se entendió pertinente es que esta misión debía pasar con los poderes jurídicos necesarios y los recursos necesarios a la INDDHH”, añadió.

Además, Roballo destacó que con esta decisión “se va a dar un paso contundente desde el punto de vista institucional” y se va a “consolidar una política de Estado en materia de esclarecimiento de la situación de las personas detenidas desaparecidas”.

“El Poder Ejecutivo ha hecho una inversión importante en recursos humanos y financiera, además ha tenido el impulso político e institucional en esta materia”, agregó el prosecretario.

Por otro lado, reconoció que les hubiese gustado “tener más resultados”, pero recordó que “se retomaron las excavaciones y se están digitalizando los archivos”. Además, destacó “el trabajo auxiliar y conjunto” de organizaciones sociales y organismos autónomos e independientes.

“La intención fue buscar una estructura institucional permanente, autónoma, independiente. En tanto la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente seguirá en la égida del Poder Ejecutivo”, sostuvo, y destacó que esa dependencia se mantendrá a disposición en todo lo requerido sobre la temática.

“Se otorgan los poderes jurídicos con el fin de cumplir eficientemente la misión que es obligación del Estado y que también es un derecho que tienen los familiares”, dijo el prosecretario de Presidencia de la República.

Montevideo Portal

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 DDHH

Grupo de Verdad y Justicia pasará

a la órbita de la Institución Nacional

de Derechos Humanos

El pro secretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, anunció que el Grupo de Verdad y Justicia pasará a la órbita de la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). “Ello garantiza la institucionalidad e independencia”.

12 de agosto de 2019

Roballo anunció este lunes 12 de agosto que el gobierno remitió al Parlamento un proyecto de Ley por el cual se establece que el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia de Presidencia de la República pasará a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) dependiente del Poder Legislativo.

Tras el anuncio, Roballo aseguró que el Poder Ejecutivo “mantiene la obligación absoluta de colaborar en todo lo necesario con los organismos, sea el Poder Judicial, la INDDHH o el Poder Legislativo, para el esclarecimiento de la situación de detenidos – desaparecidos”.

El jerarca de gobierno manifestó que “avanzar en materia de derechos humanos y en la búsqueda de detenidos – desaparecidos antes y durante la pasada dictadura militar (1973-1985) “ha sido una preocupación constante del presidente Tabaré Vázquez y del gabinete desde que asumió el primer gobierno en 2005”.

El Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia para la búsqueda de personas detenidas desaparecidas entre el 13 de junio de 1968 y 28 de febrero de 1985 fue creado por la Ley Nº 18.596 de 2009, con el fin de cumplir y esclarecer los crímenes de lesa humanidad ocurridos en dicho período.

Institucionalidad sólida

Por otro lado, Roballo resaltó que el Grupo por Verdad y Justicia “avanzó mucho en su cometido”, sin embargo se evalúo la “necesidad de generar una institucionalidad sólida, permanente, con independencia y autonomía, a fin de que el Estado cumpla con la obligación y garantice los avances en la búsqueda de la verdad del destino de los detenidos desaparecidos”.

Dijo que un ejemplo a ello ha sido la creación de Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad.

Destacó el esfuerzo importante del Ejecutivo en recursos humanos y financieros y resaltó que “se retomaron las excavaciones, se digitalizaron archivos y que se apoya a la Justicia en materia de pruebas y aportes de documentación”

Roballo recordó que a partir de los informes del Grupo por Verdad y Justicia se determinó que por lo menos son 196 los uruguayos detenidos desaparecidos. Además, hay otras denuncias que se están trabajando para determinar si “entran en este grupo de personas detenidas – desaparecidas”.

Evaluación seria

El jerarca de Presidencia resaltó que se realizó una evaluación “seria, consultando a actores sociales, autoridades ministeriales y a la propia Institución Nacional de Derechos Humanos” y se entendió pertinente que la misión “pase, con los poderes jurídicos y recursos necesarios, a dicha institución”.

Roballo agregó que de este modo “se termina de cerrar un cometido, la institucionalidad permanente, autónoma e independiente para el futuro, consolidando una política de Estado en materia de esclarecimiento de la situación de las personas detenidas desaparecidas”.

Por su parte la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente continuará en la órbita Poder Ejecutivo.

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El Grupo Verdad y Justicia

pasa a la Institución Nacional de

Derechos Humanos

El Gobierno elevó un proyecto para que el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia rija en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, dependiente del Poder Legislativo.

“El Poder Ejecutivo mantiene la obligación absoluta de colaborar en todo lo que sea necesario con los organismos, sea el Poder Judicial, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo o el Poder Legislativo, para el esclarecimiento de la situación de detenidos desaparecidos”, afirmó Roballo en conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros este lunes 12, en Torre Ejecutiva.

Subrayó que avanzar en materia de derechos humanos, y particularmente en la búsqueda de personas detenidas-desaparecidas, fue una preocupación del presidente Tabaré Vázquez y del gabinete desde que asumió el primer gobierno en 2005.

Recordó que, por un decreto rubricado en 2015, se creó el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia —para la búsqueda de personas detenidas desaparecidas entre el 13 de junio de 1968 y 28 de febrero de 1985— con el fin de cumplir y esclarecer los crímenes de lesa humanidad acaecidos en el país en el período establecido en la ley 18.596.

Explicitó que ese grupo “avanzó mucho” en su cometido, pero que se evalúo la necesidad de generar una institucionalidad sólida, permanente, con independencia y autonomía, a fin de que el Estado cumpla con la obligación y garantice los avances en la búsqueda de la verdad del destino de los detenidos desaparecidos. Sostuvo que un ejemplo a este impulso fue crear la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad.

“A partir de los informes del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia se determinó que en Uruguay el número de personas que se encuentran en esta condición asciende a, por lo menos, 196. Hay otras denuncias que se están trabajando para determinar si entran en este grupo de personas detenidas desaparecidas”, comunicó.

En la oportunidad, remarcó que se hizo una evaluación seria, consultando a actores sociales, autoridades ministeriales y a la propia Institución Nacional de Derechos Humanos, a partir de la que se entendió pertinente que esta misión pase, con los poderes jurídicos y recursos necesarios, a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

“Con este relevante proyecto de ley que se remite este lunes 12 al Parlamento se termina de cerrar un cometido, la institucionalidad permanente, autónoma, independiente para el futuro, consolidando así una política de Estado en materia de esclarecimiento de la situación de las personas detenidas desaparecidas”, aseguró Roballo, quien agregó que las bancadas del Frente Amplio analizarán el tema en forma prioritaria.

“La intención fue buscar una estructura institucional permanente, autónoma, independiente. En tanto la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente seguirá en la égida del Poder Ejecutivo», sostuvo, y destacó que esa dependencia se mantendrá a disposición en todo lo requerido sobre la temática.

“Se otorgan los poderes jurídicos con el fin de cumplir eficientemente la misión que es obligación del Estado y que también es un derecho que tienen los familiares. El Poder Ejecutivo ha hecho un esfuerzo importante en recursos humanos y financieros y un impulso político institucional en esta materia”, dijo el prosecretario de Presidencia de la República, quien ejemplificó al mencionar que se retomaron las excavaciones, se digitalizaron archivos y que se apoya a la Justicia en materia de pruebas y aportes de documentación de causas.

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  El Ejecutivo quiere asignar

a la INDDHH la búsqueda de

los desaparecidos y el esclarecimiento

de su situación

13 de agosto de 2019

Se disolvería el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, en el que sólo quedan dos de los siete integrantes.

Después del Consejo de Ministros de este lunes, el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, anunció en conferencia de prensa que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que otorga a la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) el cometido de la búsqueda de personas detenidas desaparecidas “en el marco de la actuación ilegítima del Estado”, entre 1968 y 1985. De esta manera, el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ), creado en 2015 por el presidente Tabaré Vázquez, dejará de existir. Roballo dijo que los derechos humanos y, particularmente, la búsqueda de los desaparecidos “fue una preocupación” de Vázquez y del gabinete, y que por eso se creó el GTVJ, “con el fin de cumplir y esclarecer los crímenes de lesa humanidad acaecidos en el país” en los períodos establecidos por la Ley 18.596 (13 de junio de 1968 hasta el 28 de febrero de 1985). El prosecretario valoró que el GTVJ “avanzó mucho en su cometido”, pero se ha evaluado “la necesidad de generar una institucionalidad sólida, permanente, con independencia y autonomía con el fin de que el Estado cumpla con su obligación y garantice estos avances en la búsqueda de la verdad”. Según Roballo, “se hizo una evaluación seria consultando a actores sociales, a diferentes ministros y obviamente” a la INDDHH, y se entendió pertinente que “esta misión debía pasar con los poderes jurídicos y los recursos necesarios” a la INDDHH, “porque en sus cometidos amplios se puede entender que tiene esta misión”.

El coordinador del GTVJ, Felipe Michelini, dijo a la diaria que lo que se intenta es “trasladar algunos de los cometidos, no todos”, porque según el decreto que creó el grupo, este tiene “cometidos más amplios” que la “búsqueda y el esclarecimiento” de la situación de los detenidos desaparecidos. Agregó que si se aprueba el proyecto, que entró este lunes al Parlamento, habrá una transición entre el GTVJ y la INDDHH, y luego aquel dejará de funcionar, “sin perjuicio de que ya tiene una fragilidad, ya que de los miembros que el presidente [Vázquez] designó quedan dos de siete”.

Vale recordar que de los designados, Mario Cayota dejó el GTVJ para pasar a ser embajador en el Vaticano, el pastor Adhemar Olivera renunció por motivos de salud, la diputada suplente Susana Andrade lo hizo por medio de una carta pública, la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos abandonó el grupo en marzo de 2018, y finalmente también renunció Pedro Sklofsky, por lo que permanecían sólo el coordinador y la diputada Macarena Gelman.

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  SIQUE

 

 

 

 

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