Plan Cóndor: trece
militares uruguayos
condenados
a cadena perpetua en Roma
Sentencia reconoce existencia de la coordinación represiva y la violación a los DDHH; gobierno reaccionó con satisfacción.
Ene 5, 2020
La Corte de Apelaciones de Roma presentó los fundamentos de la sentencia en segunda instancia del juicio a los militares que participaron del Plan Cóndor. El gobierno reaccionó con satisfacción al conocerse la noticia.
Allí reiteró la condena a cadena perpetua para todos los involucrados -entre ellos 13 militares uruguayos- y el pago de haberes por el juicio en primera y segunda instancia, así como a los civiles afectados, por más de 1.000.000 de dólares.
Los fundamentos de la sentencia reconocen la existencia del Plan Cóndor en los países de la región, la violación a los derechos humanos de los demandantes y sus familias. También se reconoce el delito de homicidio voluntario pluriagravado en forma reiterada, como consecuencia de las torturas y desapariciones forzadas.
El documento, de 120 páginas, era esperado por los civiles demandantes, tras años del proceso judicial iniciado en Italia.
Aurora Meloni, familiar de una de las víctimas y querellante en el caso, manifestó su satisfacción tras haberse logrado una sentencia «contundente y neta», que no deja lugar a dudas de que el Plan Cóndor existió y se trató de «un plan de exterminio» coordinado por las dictaduras del Cono Sur en perjuicio de sus opositores.
El terrorismo de Estado fue la política, entre comillas, que llevaron adelante las dictaduras en América Latina, dijo Meloni a Informe nacional.
«No hay cómo no estar satisfechos del trabajo que han hecho los abogados», agregó.
Además indicó que la trascendencia del fallo va mucho más allá de alguna situación puntual como la de Jorge Tróccoli, uno de los condenados, quien aún está libre en Italia -aunque sin poder salir de ese país- a la espera de una resolución judicial definitiva.
Por otra parte, el secretario de la Presidencia de la República, Miguel Ángel Toma, informó que le presentarán al presidente Tabaré Vázquez los fundamentos de la sentencia, tras lo cual podría haber algún pronunciamiento oficial. Aunque Toma adelantó la satisfacción del gobierno con el fallo, en julio pasado, con motivo de la apelación del Estado uruguayo en el juicio, declaró que en esa oportunidad, «logramos establecerle al Tribunal cada uno de los hechos que son ponderados para la averiguación de la verdad material» ya que «estábamos en una situación procesal bastante complicada en la medida que originalmente la prueba no había sido del todo convincente. No se había agregado un material probatorio que era necesario». «Gracias a la actividad procesal de segunda instancia, logramos acreditar con certeza los hechos que estaban ausentes en la primera instancia.
Hoy creo firmemente que convencimos al tribunal de la culpabilidad que tienen todos los imputados y que refiere fundamentalmente a la figura de (Jorge) Tróccoli y a la figura de (José) Gavazzo. El trabajo que hizo Uruguay ha dado el resultado esperado en cuanto a que muy seriamente creo que logramos convencer a los magistrados de la segunda instancia acerca de la razón que expone Uruguay como parte civil», expresó.
En esta instancia, explicó Toma, fue de «capital importancia» la exposición de nueva documentación que «atestigua la planificación de las operaciones desde noviembre de 1977 hasta mayo de 1978, por parte del comandante de Navío Jorge Tróccoli, jefe del S2 del FUSNA y en la fase ejecutiva en la ESMA argentina».
Toma agregó que Tróccoli quedó afuera en la primera instancia por el mal manejo de la prueba y se verán las responsabilidades correspondientes.
Con respecto al papel del represor José Gavazzo como uno de mayores responsables uruguayos del Plan Cóndor en su carácter de «comandante de las operaciones del Cóndor al interior del Servicio de Información de Defensa (SID), el secretario de la Presidencia fue categórico: «en el caso de Gavazzo la prueba es abrumadora (…). Creo que no existe duda al respecto», afirmó Toma.
Condenados
En la causa están imputados los uruguayos José Ricardo Arab Fernández, José Nino Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente Mata, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca, Jorge Néstor Tróccoli Fernández, Gilberto Vázquez Bissio y Ricardo Eliseo Chávez Domínguez.
Plan Cóndor: defensa de
imputados tendrá 45 días para
evaluar si presentan
recursos de casación
6 de enero de 2020
El abogado del Estado uruguayo Andrea Speranzoni junto al secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma.
Abogado de Uruguay consideró fundamentación de la Corte de Roma como “oportuna, equilibrada y estructurada”
La Corte de Asís de Apelaciones de Roma presentó los fundamentos de la sentencia que emitió el 8 de julio del año pasado en la causa Plan Cóndor, y que condenó a cadena perpetua a los militares retirados uruguayos Pedro Mato, José Nino Gavazzo, José Ricardo Arab, Ricardo Medina, Luis Maurente, José Sande, Ernesto Soca, Ernesto Ramas, Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, Jorge Tróccoli, y Juan Carlos Larcebeau, y a otros seis chilenos y bolivianos, por encontrarlos responsables del delito de “homicidio voluntario pluri agravado continuado”.
La parte denunciante involucra a 13 víctimas uruguayas del Plan Cóndor, la coordinación represiva que establecieron las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay contra militantes de organizaciones sindicales, sociales y partidos de izquierda, y al propio Estado uruguayo.
Este proceso comenzó en 1999 cuando Aurora Meloni, Cristina Mihura, Luz Ibarburu de Recagno, Maria Bellizzi y Martha Casal de Gatti se presentaron ante la Fiscalía de Roma para intentar juzgar en la Justicia de ese país a criminales de lesa humanidad que continuaban impunes en Uruguay y otros países de la región. Así nació la mega causa Plan Cóndor.
En el documento presentado el 27 de diciembre, de 120 páginas, la Corte describe en detalle las pruebas testimoniales aportadas por testigos con las que queda en evidencia, por ejemplo “la sinergia criminal realizada por personal de la SIDE [Secretaría de Inteligencia de Estado] argentina, del SID [Servicio de Información de Defensa] uruguayo y del relativo OCOA [Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas]”.
Por otra parte, se puede constatar en los fundamentos, la importancia de las pruebas entregadas por la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente uruguaya durante el juicio. Por ejemplo, se cita información proveniente de un dossier de contrainteligencia “relativo a Jorge Tróccoli”, y otro referido a Juan Carlos Larcebeau, cuando ambos desempeñaron tareas en el cuerpo de Fusileros Navales de la Armada Nacional, una unidad de la Marina que fue utilizada para la represión, secuestro, tortura y desaparición de personas. Los documentos aportados registran las actividades de los oficiales imputados en coordinación con la Marina argentina para la “labor antisubversiva”.
Otro documento aportado por el Estado uruguayo “describe de manera detallada la constitución, el funcionamiento y el propósito de una oficina que tomó el nombre de Computadora. Esta constituye uno de los principales instrumentos de inteligencia dirigido a dar cuerpo a la planificación de las líneas de supresión. La Computadora fue creada por Jorge Néstor Troccoli Fernández, unido a Larcebeau, a partir del año 1976 en el organigrama del Estado Mayor del FUSNA [Cuerpo de Fusileros Navales] […] La Computadora ha representado un sistema de extrapolación, recolección y explotación de la información utilizada para la lucha antisubversiva conducida por el FUSNA, adquiridos de las declaraciones de personas secuestradas y torturadas hasta la muerte”.
En muchos de estos documentos se comprueba que la coordinación represiva no sólo se hizo entre las cúpulas, sino también entre los mandos medios, por ejemplo del FUSNA y los militares argentinos que operaban en el centro clandestino de detención Escuela de Mecánica de la Armada.
Vale recordar sobre este largo proceso, que dos de los imputados fallecieron: Iván Paulós y Gregorio Álvarez, y que el único militar retirado que cumple prisión en Italia es Tróccoli. Justamente, huyó a ese país en 2007 para no presentarse ante la Justicia uruguaya, que lo investigaba por los mismos delitos.
Consultado por la diaria, el abogado que representa al Estado uruguayo, Andrea Speranzoni, dijo que tras “una primera lectura”, la fundamentación le pareció “oportuna, equilibrada y estructurada; los Jueces han dado cuenta de las pruebas adquiridas en primera instancia y en la apelación, recogiendo la lectura de la documentación militar propuesta en la discusión final de la Fiscalía de Roma por las partes civiles”. De acuerdo al proceso judicial italiano, ahora “la defensa de los imputados tendrá 45 días para evaluar la propuesta de un recurso de casación y será mi tarea y la de todos los demás abogados de la parte civil, defender junto a la Acusación Pública este excelente resultado ante la Suprema Corte”, explicó el abogado sobre lo que resta.
Speranzoni también consideró este resultado judicial como “importante en el panorama de la justicia europea e internacional que se ocupa de crímenes contra la humanidad, que tanto sufrimiento han infligido a tantas personas, a las comunidades nacionales y a la comunidad internacional”. “Esta sentencia será, además, importante para contribuir a conservar y a transmitir la memoria de lo que han sido las torturas, desapariciones y homicidios de miles de personas en Uruguay y en América Latina, y para que aquello que acaeció en los años del Plan Cóndor, no se repita nunca más”, concluyó.
Corte de Roma confirma
condena a Trócoli y Gavazzo
La Corte de Apelaciones de Roma dio a conocer los fundamentos de la sentencia en segunda instancia del juicio a los militares que participaron de la coordinación represiva conocida como Plan Cóndor.
El documento de más de 100 páginas reconocen la existencia del Cóndor en los países de la región, la violación a los derechos humanos de las víctimas y reitera la condena a cadena perpetua para los involucrados responsables del delito de “homicidio voluntario pluri agravado continuado», homicidio voluntario pluriagravado en forma reiterada, como consecuencia de las torturas y desapariciones forzadas.
Entre represores condenados están chilenos, bolivianos y 13 uruguayos: Pedro Antonio MATO NARBONDO, José GAVAZZO, José Ricardo ARAB, Ricardo José MEDINA BLANCO, Luis Alfredo MAURENTE, José SANDE LIMA, Ernesto SOCA, Ernesto Avelino RAMAS, Jorge SILVEIRA, Gilberto VASQUEZ, Jorge Nestor TROCCOLI, Juan Carlos LARCEBEAU, Martin MARTINEZ GARAY, Manuel VASQUEZ CHAHUAN, Orlando MORENO VASQUEZ, Daniel AGUIRRE, Carlos LUCO ASTROZA, Pedro Octavio ESPINOZA BRAVO.
Según dice a texto expreso la sentencia «responsables del delito de homicidio voluntario pluri agravado continuado respectivamente atribuido a los motivos de acusación y de la imputación y de homicidio voluntario pluriagravado respectivamente atribuidos y condena cada uno de ellos a la pena de cadena perpetua y al pago de los gastos procesales de este grado y del primer grado del juicio».
Para esta instancia fue relevante la nueva documentación que deja establecida la planificación de las operaciones desde noviembre de 1977 hasta mayo de 1978, del marinero Jorge Tróccoli, quien fungió como jefe del S2 del FUSNA que operó también en la fase ejecutiva en la ESMA argentina.
Sobre Trócoli pesa una orden de captura en Italia y se espera que se haga efectiva está sentencia.
En La Red de La30, de la mañana de Radio Nacional, conversamos con Silvia Bellizzi, una de la querellantes de la causa y con Jorge Ithurburu, integrante de la Fundación 24 de Marzo que viene acompañando a las víctimas desde Roma.
El activista reconoció el cambio de estrategia del Estado uruguayo que mediante un nuevo abogado patrocinante logró retomar la causa. El Estado uruguayo es parte querellante, junto con los familiares, el gobierno italiano y colectivos de DDHH como Abuelas de Plaza de Mayo.
Según dijo Ithurburu se espera que a partir de esta confirmación y pasado los 45 días para la apelación que tienen ahora los reos se avance sobre el proceso contra Trócoli y otros dos represores de nacionalidad chilena y argentina que se espera sean capturados «antes de fin de año».
Por su parte Silvia Bellizzi, testigo en la causa, dijo que a pesar del cambio de gobierno en nuestro país se espera que esta determinación de la Justicia Italiana sea un impulso para las investigaciones en los estrados nacionales. Bellizzi reconoció que pese a los avances en los últimos periodos de gobierno aún esperan la entrega de los expedientes del Estado que puedan aportar datos para esclarecer que pasó con las víctimas que aún permanecen desaparecidas.
Bellizzi y su madre, María, denunciaron el caso de su hermano Andrés Humberto Bellizzi Bellizi, que permanece detenido desaparecido desde abril de 1977 en Buenos Aires.
En el año 1999 María Bellizzi junto a Aurora Meloni, Cristina Mihura, Luz Ibarburu de Recagno y Martha Casal de Gatti se presentaron ante la Fiscalía de Roma para llevar a juicio a criminales de lesa humanidad que continuaban impunes en el Uruguay.
Silvia reiteró que la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad «permanente», que se sigue perpetrando mientras no se conozca el destino de la víctima.
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