Lo que queda por el camino
18 de enero de 2020
Escribe: Fabiana Larrobla
La suspensión de las investigaciones históricas sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado uruguayo (1968-1985)
Ilustración: Ramiro Alonso
Desde el 1º de marzo de 2020 las investigaciones que se realizan sobre detenidos desaparecidos, fallecidos y asesinados políticos por responsabilidad del Estado, prisión política y tortura, agencias represivas, centros de detención y personal oficial y subalterno que actuó en el marco de las operaciones represivas desplegadas por el Estado uruguayo entre 1968 y 1985 serán suspendidas.
Esas investigaciones comenzaron en 2005 y están a cargo del Equipo de Investigación Histórica (EIH). Se desarrollan en el marco de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, en convenio con la Universidad de la República hasta diciembre de 2016, y a partir de 2017 bajo la modalidad de contrato directo con Presidencia.
Los múltiples arreglos institucionales realizados durante los 15 años de gobierno progresista no lograron consolidar ni garantizar la continuidad de estas investigaciones, en tanto no se generó ningún ámbito específico que las pusiera a salvo de las vicisitudes y voluntades políticas de los gobiernos de turno. Esto produjo un clima de incertidumbre casi permanente en torno a su futuro.
Finalmente la Ley 19.822, aprobada en 2019, que transfiere la responsabilidad de la búsqueda de detenidos desaparecidos a la Institución Nacional de Derechos Humanos, sin indicar ni considerar qué sucederá con las investigaciones mencionadas, y en combinación con el resultado electoral, aclara el panorama, confirmando –por omisión– su clausura.
Como se afirma en un artículo publicado en el Informe sobre derechos humanos del Servicio Paz y Justicia:1 “[…] la situación de las personas ejecutadas y las personas torturadas, no se traslada a la Institución Nacional de Derechos Humanos, esta tarea […] quedó por el camino”.
Cuáles son los resultados de las investigaciones
Investigar sobre las circunstancias en que se cometieron los crímenes de lesa humanidad con el objetivo del esclarecimiento de la verdad y la realización de justicia requiere del diseño de una metodología compleja, que incluye el análisis de distintos elementos de carácter contextual y particular.2 La construcción de este diseño ha posibilitado profundizar en la comprensión de las distintas dimensiones que componen las lógicas de funcionamiento de un Estado autoritario y terrorista, permitiendo avances sustanciales en las investigaciones, las que no pueden considerarse como concluidas en la medida en que aún resta mucho por develar. Así es que intentaré sintetizar los aportes y avances, pues conocer qué se ha investigado y sus resultados es lo que nos permitirá dimensionar la gravedad de su suspensión.
Documentación y archivos
En otro artículo publicado en la diaria me referí a la complejidad que tiene el abordaje de documentos producidos por un Estado que funcionó simultáneamente con un aparato legal y con uno clandestino. Poder echar luz en donde se construyó intencionalmente la oscuridad ha requerido implementar diversas estrategias de indagación. Una de ellas se materializó en la sistematización, clasificación y análisis de miles de documentos que se encuentran dispersos en distintos repositorios, archivos o depósitos, organizándolos de forma tal que la documentación esté al servicio de las investigaciones y no a la inversa.
Esto permitió un rápido cruzamiento de datos e información, entendiendo que los documentos no hablan por sí solos y que adquieren relevancia en la medida en que son ubicados en un contexto determinado y en diálogo con otra documentación. Por otro lado, y con la intención de difundir y reproducir el conocimiento adquirido, se inició la confección de un manual sobre cómo leer y analizar este tipo de documentos, que se encuentra hoy en la etapa de “borrador”.
Víctimas de desaparición forzada y asesinato político
Uno de los ejes de las investigaciones ha sido la elaboración y publicación de fichas personales de las víctimas. La confección comenzó en el año 2005, y en 2011 se incorporó la dimensión del asesinato político. Hasta el momento se han confeccionado 397 fichas personales, que son regularmente actualizadas y se nutren de los avances que se logran, a la vez que se corrigen errores en la información, integrando nuevos datos, producto de la labor investigativa. Como ejemplo destacamos modificaciones relevantes realizadas en las fichas personales de Elena Quinteros, Juan Manuel Brieba, Héctor Giordano, Rafaella Filipazzi y Ary Cabrera, entre otras.3
Resta aún una considerable cantidad de fichas por actualizar. En ese sentido, lo más preocupante refiere a las 122 fichas correspondientes a las víctimas de asesinato político en dictadura (1973-1985), debido a la gran cantidad de nueva información que ha sido procesada y que no ha podido ser incorporada todavía, teniendo en cuenta –además– que son de acceso público y constituyen una referencia ineludible para la Justicia y las organizaciones vinculadas a la temática.
La incorporación de nuevos casos
Los listados de víctimas están siempre en revisión y no es posible intentar forzar un cierre. Desde el inicio de estas investigaciones a la fecha, esos listados han sido modificados año tras año. En junio de 2019 se llegó a un total de 196 casos de desaparición forzada, y a 201 de asesinato político o fallecimiento por responsabilidad estatal. Un mes después, y como resultado de investigaciones enmarcadas en la respuesta a un oficio judicial, se detectó un caso de desaparición forzada que no había sido registrado. Se trata de un ciudadano argentino presumiblemente secuestrado en el trayecto de su viaje a Uruguay, Pablo Horacio Osorio Yamuni, que se constituye así en el detenido desaparecido número 197. Cuatro meses más tarde se obtuvo información sobre el caso número 198: un ciudadano uruguayo detenido desaparecido en Argentina, Aldeber Elgart, secuestrado el 21 de junio de 1977.
Con la dimensión del asesinato político ocurre algo similar, sobre todo en el período 1968-1973. Se han ido incorporando nuevos casos de muertes que no habían sido consideradas porque se produjeron en el marco de las Medidas Prontas de Seguridad y se trata de ciudadanos que no tenían vínculo alguno con organizaciones políticas o sociales.
Por otra parte, el EIH realizó una investigación primaria sobre 81 denuncias de posibles casos de desaparición forzada, y a partir del análisis de la documentación contenida en ellas concluyó que 41 de estas debían ser investigadas con mayor profundidad, en el entendido de que existen elementos que lo justifican.
Sobre la dimensión represiva del Estado uruguayo
El abordaje integral de este campo ha permitido registrar importantes avances que refieren al funcionamiento del Servicio de Información de Defensa, del Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), de la ex Dirección Nacional de Información e Inteligencia, del Cuerpo de Fusileros Navales y del resto de las unidades militares.
Como ejemplo mencionaré los avances sobre el OCOA. Se elaboraron informes sobre su funcionamiento entre los años 1971 y 1984, y sobre sus centros clandestinos de detención, dando cuenta del origen de la agencia, las distintas etapas de su desarrollo, su organización interna y divisiones, cometidos y operativa, sus bases de funcionamiento, el personal que revistió en ese órgano, así como información referida a personas secuestradas. Se aportaron nuevos datos acerca de los circuitos represivos diseñados en cada etapa, permitiendo indagar en los recorridos de los detenidos por distintas unidades militares una vez que eran “evacuados” de la base del OCOA. También se construyeron tablas de oficiales que cumplieron funciones en la agencia a partir de documentación a la que se ha tenido acceso, las que no pueden considerarse definitivas en la medida en que constantemente surgen nuevos elementos que se incorporan al análisis.
Cooperación
Un área de trabajo fundamental fue la cooperación con la Justicia y con organizaciones de la sociedad civil. A partir de 2011, y cada vez con mayor frecuencia, las investigaciones del EIH comenzaron a ser demandadas desde esos dos ámbitos, y se respondió con informes técnicos que recogen los resultados de las investigaciones y cuyo contenido se acompaña con el soporte documental que lo fundamenta.
A la fecha se han respondido aproximadamente 136 oficios judiciales vinculados a las distintas causas en curso provenientes de juzgados penales, de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, y exhortos recibidos desde el exterior (aproximadamente 40 sobre casos de desaparición forzada, 20 sobre prisión política, 56 sobre casos de asesinato y 20 sobre represores y agencias represivas). A estas solicitudes se agregan otras 70 de distinto origen (leyes reparatorias, víctimas o familiares, organizaciones de derechos humanos y comisiones de memoria). Estas respuestas incluyen información y análisis sobre contexto, acerca del operativo represivo, la trayectoria de las víctimas, la agencia operativa o unidad interviniente, centros de detención, funcionamiento y personal asignado a las operaciones, etcétera.
Asimismo, el equipo ha sido convocado en calidad de testigo calificado a aportar información en diferentes causas judiciales, tanto en Uruguay como en Argentina (Plan Cóndor, por ejemplo). En esta línea, también se colaboró en el proceso de apelación por los crímenes del Plan Cóndor ante la Corte de Roma, analizando y seleccionando diversa documentación oficial en conjunto con el abogado del Estado uruguayo, Andrea Speranzoni.
En la actualidad, y hasta el 28 de febrero, el equipo trabaja exclusivamente sobre estos oficios, realizando un esfuerzo extra con el objetivo de responder la mayor cantidad de solicitudes pendientes. No obstante, es posible que una cantidad considerable de estas quede sin respuesta.
Y entonces…
La necesidad de superar la fragmentación y trascender el abordaje individual de los crímenes cometidos por el Estado como si se trataran de delitos comunes resulta urgente si deseamos seguir construyendo el camino de la verdad y la justicia. Para esto es indispensable reconocer que los avances se registran cuando se realizan investigaciones que integran todas las dimensiones del terrorismo de Estado. El EIH ha transitado ese camino por voluntad y decisión propia, pero la continuidad de estas investigaciones y la posibilidad de que el conocimiento acumulado no se disperse y pueda ser trasmitido desde la propia práctica de la investigación no dependen de la voluntad personal de de las integrantes de este equipo.4 Se requiere la suma de más voluntades para construir un espacio que antes no fue consolidado por las políticas públicas implementadas, asumiendo el desafío de continuar con la construcción de la verdad en cooperación con la Justicia, una verdad que incluya a todas las víctimas del terrorismo de Estado y a todas las dimensiones que lo componen.
Fabiana Larrobla es coordinadora del Equipo de Investigación Histórica.
- Chargoña, P.; Di Césare, L. y Garbarino, F. “Después de la disolución del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia”. Informe sobre derechos humanos, Servicio Paz y Justicia, pág. 73. ↩
- Al respecto de la metodología pueden leer el artículo de Figueredo y Larrobla “Una aproximación a la metodología de investigación de los crímenes de lesa humanidad en las dictaduras del cono sur. La experiencia del Equipo de Investigación Histórica, Uruguay”, disponible en: com.uy/U08. ↩
- Las fichas se encuentran disponibles hasta el momento en el sitio web de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente: sdh.gub.uy. ↩
- El EIH está integrado en la actualidad por Fabiana Larrobla (coord..), Magdalena Figueredo, Graciana Sagaseta, María del Carmen Martínez, Isabel Cedrés, Paula Duffour y Juana Urruzola. ↩