Sobre la Ley de Urgencia del nuevo gobierno uruguayo

A primera sangre…

Roger Rodriguez·

Sábado, 15 de febrero de 2020·

No morirá con el dedo en el gatillo como Prudencio Correa, ni tendrá el paso dolido del Chueco Maciel, ni los años de todos del fusilado de Carlos María Gutiérrez; no lo ejecutarán por sus ideas como a Julián Grimau, ni por su lucha libertaria como a Sacco y Vanzetti, o por reclamar sus derechos como a los mártires de Chicago; no será una certera bala perdida como la que encontró a Líber Arce, ni estará en la mira telescópica que apuntó a Heber Nieto, ni en la represión a mansalva que llevó a la agonía a Hugo De los Santos y a Susana Pintos, o por la cobarde patota que asesino a Santiago Rodríguez Muela, ni el escuadrón de la muerte que sacrificó a Abel Ayala, Íbero Gutiérrez, Manuel Ramos Filippini y Héctor Castagnetto.

No existirá la excusa de un enfrentamiento social, como en el siglo pasado.

No morirá a golpes en la tortura como Luis Batalla, ni por un ataque al corazón después de la tortura como Nicanor Aldabalde, ni de tanta picana eléctrica como Gerardo Alter y Walter Arteche, ni ante los ojos de su esposa como Carlos Argenta, ni por hacer un paro ferroviario como Gilberto Coghlan, o porque le aceleraron una enfermedad como a Carlos Curuchaga, o por la mala praxis de las enseñanzas en la Escuela de las Américas como Oscar Fernández Mendieta, ni por un supuesto “síncope neurológico” como Ivo Fernández Nieves, ni acribilladas en una habitación como las pibas de abril: Diana Maidanick, Laura Raggio y Silvia Reyes, ni por haber sido policía como Pedro Lerena, ni por arrojarse de una escalera como Julián Basilicio López, ni en el “submarino” como Eduardo Mondello, ni en un “interrogatorio” como Iván Morales, ni por un balazo que se escapó como Oscar Olivera, ni por hacerle un mandado a una empresa norteamericana como Humberto Pascaretta, ni por hipertensión luego de una ducha de agua fría como Hugo Pereyra Cunha, ni por impedir que violen a una compañera como Aldo Perrini, ni por hacer finanzas como Silvina Saldaña Lapeira, ni por jugar al fútbol como Nuble Yic, ni por ayudar a otros a exiliarse como Julio Castro, o por ser sospechosamente ruso como Vladimir Roslik, o como otras tantas víctimas de la represión.

No existirá la excusa de la impunidad oficial, como en el pachecato o la dictadura.

No morirá en la Seccional 15 después de una razia como Guillermo Machado, ni en una vendetta como Rony Scarzella, ni por protestar contra la extradición de unos vascos como Fernando Morroni y Roberto Facal, ni por la locura del nazi Héctor Paladino como Enrique Delfino y Simón Lazovsky, ni diestramente “suicidado” como Villanueva Saravia, ni lo rodeará el misterio que mantienen el homicidio del contador Elías Cohen o las sospechas sobre la muerte del contador Eduardo Gómez Canon, ni será acribillado como el economista Saúl Feldman en su bunker, ni estallará con una bomba en su domicilio como Miriam Mazzeo en la calle Plutarco, ni por el loco celo sobre una propiedad como el grafitero Felipe “Flep” Cabral, ni electrocutado en el alambrado de un papero… No podrá caratularse de “ajustes de cuentas”, como definen a los crímenes sin resolución enmarcados en el ámbito del narcotráfico, de bandas vinculadas a la delincuencia, o de la conveniencia de siempre.

No existirá la excusa jurídica de la falta de pruebas. No será un caso más sin cerrar…

El asesino estará intencionalmente armado. Acechará con paciencia a su víctima hasta que ingrese al territorio de su propiedad privada, que es lo que defiende. Aguardará, con alevosía, que ponga un pie en “los balcones, terrazas, azoteas, barbacoas, jardines y garajes y/o similares” o esperará a que se acerque al galpón de su establecimiento rural, particularmente si es de noche. Podrá tener como sicario a un policía o militar, incluso retirados. Y estará habilitado a disparar, como “legítima defensa” contra el supuesto intruso… Eso sí, deberá asegurarse de que haya muerto, para que no surja ninguna versión o testimonio que contradiga que estaba defendiendo su persona, sus derechos o los de otros, ante una agresión ilegítima, o porque tenía “la convicción objetivamente fundada” de ese riesgo. El propietario homicida será amparado como “legítima defensa” y la ejecución cometida por sus eventuales sicarios podrá registrarse como una “resistencia al arresto”, ya que, por su condición de uniformados, contarán con una “presunción de inocencia” que les habilitará el “gatillo fácil”.

Y será ante esa primera sangre, que quizás nadie vea ni huela, pero de la que se sabrá más temprano que tarde, que en nuestras conciencias quedará retumbando por siempre la descarga con la que se matará a un inocente, al clarear del alba, en una mañana luminosa, una tarde gris o una oscura noche… Porque será un crimen de Estado, amparado por un Poder Ejecutivo que envió una ley de urgencia, un Poder Legislativo que en forma mayoritaria pactó aprobarla y un Poder Judicial que tendrá que aplicarla. Y todos, toda la sociedad, habremos sido sus impunes asesinos.

 

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